Por Bruce Ackerman
(Articulo publicado en el Diario La Nacion, de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 2006, traducido del artículo original aparecido en The American Prospect)
Tras cinco años de gobierno republicano, argumentan los autores de este polémico texto, EE.UU. es hoy un país más inseguro y desigual. Luego de su publicación original en The American Prospect, este "manifiesto" recibió el apoyo de personalidades del progresismo estadounidense
El texto que reproducimos a continuación fue escrito en respuesta a las críticas del historiador Tony Judt, quien en un artículo que reprodujo Enfoques el 10 de septiembre pasado -y que provocó una polémica que trascendió más allá de los ámbitos académicos de Estados Unidos- acusó a los intelectuales progresistas norteamericanos de haber tolerado de manera pasiva e incluso legitimadora la invasión a Irak.
Mientras los políticos y las lumbreras de la extrema derecha nos tildan de partidarios de Osama ben Laden, Tony Judt, en un ensayo ampliamente discutido y apasionadamente debatido, publicado en la London Review of Books, acusa a los liberales norteamericanos, sin distinción, de haber consentido la catastrófica política exterior del presidente Bush. Ambas acusaciones carecen de sentido y soporte.
Claramente, éste es un momento en el que los liberales debemos definirnos. Lo verdaderamente importante es que la mayoría de los liberales, incluyendo a los abajo firmantes, hemos mantenido nuestro curso durante estos terribles cinco años. Hemos sido coherentes en el repudio público de las desastrosas políticas de la administración Bush y nuestro diagnóstico, desgraciadamente, ha sido confirmado por los hechos. La debacle de Bush es una consecuencia directa del repudio de los principios liberales. Y si este país se va a recuperar, debemos comenzar por restablecer esos principios.
* * *
Todos nosotros nos hemos opuesto a la guerra en Irak porque era ilegal, imprudente y destructiva para la posición moral de Estados Unidos. Esta guerra alimentó, y continúa haciéndolo, jihadistas cuyo compromiso con la violencia horrible e injustificada quedó ampliamente demostrada por los ataques del 11 de septiembre y las masacres en España, Indonesia, Túnez, Gran Bretaña y otros lugares. En lugar de darnos más seguridad, la guerra en Irak ha puesto en peligro la seguridad común de los norteamericanos y de nuestros aliados.
Creemos que el Estado de Israel tiene el derecho fundamental de existir, libre de ataques militares, dentro de fronteras seguras cercanas a las de 1967, y que el gobierno de EE.UU. tiene una responsabilidad especial en el logro de una paz duradera en Medio Oriente. Pero el gobierno de Bush perdió. Fracasó en el intento de seguir un curso firme y constructivo. Desalentó los proyectos de un acuerdo honorable palestino-israelí. Alentó los desproporcionados ataques de Israel contra el Líbano luego de las incursiones de Hezbollah, lo que redundó en muertes y una vasta destrucción material.
No nos equivoquemos: creemos que el uso de la fuerza puede, a veces, estar justificado. Apoyamos el uso de la fuerza norteamericana, junto a nuestros aliados, en Bosnia, Kosovo y Afganistán. Pero la guerra debe ser el último recurso. La enfática confianza de la administración Bush en la intervención militar es ilegítima y contraproducente. Crea enemigos innecesarios, degrada la defensa nacional, distrae de los reales peligros e ignora la imperiosa necesidad de edificar un orden internacional que contemple en forma pacífica las aspiraciones de poderes en ascenso en Asia y América latina.
La mala aplicación del poder militar también pone en peligro la libertad de los norteamericanos en casa. El presidente reclama autoridad como comandante en jefe para mandar a prisiones militares a ciudadanos norteamericanos sin ningún juicio civil o militar que les permita enfrentar las acusaciones. También reclama el poder para realizar escuchas telefónicas sin garantías, en violación directa de lo que indica el congreso. Estas usurpaciones presagian lo que podrían ser medidas aún más drásticas si tuviera lugar otro ataque en suelo estadounidense.
* * *
Al mismo tiempo, el presidente toma el poder inconstitucionalmente en otros frentes. Busca liberarse a sí mismo mediante cientos de decretos, afirmando, con un gesto y agresividad sin precedentes, su derecho a ignorar el control del congreso. Tal desprecio por los representantes del pueblo raya en la pretensión monárquica.
Las políticas de pánico del gobierno distraen de cuestiones importantes de justicia social y protección del medio ambiente. Sin remordimientos, el presidente busca socavar el principio de impuestos progresivos. Bajo la excusa del patriotismo, promueve amplios recortes impositivos para los ricos a expensas de políticas que puedan fortalecer los lazos comunes que nos unen como comunidad.
Reafirmamos el gran principio del liberalismo: que cada ciudadano tiene el derecho a los medios elementales para tener una buena vida. Creemos apasionadamente que las sociedades deberían brindar un trato igualitario a sus ciudadanos dentro de la ley, más allá de su lugar de nacimiento, raza, sexo, propiedad, religión, identidad étnica o predisposición sexual. Queremos volver a dirigir el debate a las cuestiones centrales de preocupación del norteamericano medio, su derecho a la vivienda, a la salud, a la igualdad de oportunidades para el empleo y a salarios justos, al igual que a la seguridad física y a un ambiente sustentable para nosotros y las futuras generaciones.
En lugar de asegurar estos principios, el presidente y su partido ven la supresión de votos con indulgencia y proponen nuevos requerimientos para poder votar, lo que hará aún más difícil a los pobres y ancianos ejercer sus derechos democráticos. La negación de la realidad del gobierno llega a su pico en su rechazo a reconocer a la ciencia cuando describe el cambio climático mundial que ya se está produciendo. Contra el consejo de todos los expertos serios, el gobierno falló groseramente en su responsabilidad hacia nuestra descendencia. Una y otra vez atentó contra el protocolo de Kyoto y no alentó la conservación energética. Insistimos en un claro corte con estas políticas vergonzosas. Nuestro gobierno debería liderar la reducción de gases que producen el efecto invernadero y reconocer nuestra responsabilidad como mayores generadores de polución. Deberíamos invertir masivamente en recursos energéticos que tuvieran en cuenta el control ambiental y ayudar, al mismo tiempo, a restaurar nuestra base productiva.
El desprecio de la administración por la ciencia está unido con el desdén general por la razón, un prejuicio que cualquier sociedad moderna debería haber dejado atrás. Ya sea en materia de investigación científica, el control de la natalidad, la política exterior, los costos de los medicamentos o la manera en que se toman las decisiones, el gobierno de Bush ha desafiado a la evidencia y a la lógica, saboteando a sus propios funcionarios profesionales. Rechaza consultar a expertos y críticos serios. Actúa en secreto, desafía los poderes del congreso. Se niega a identificar a aquellos a los que se solicita consejo y hasta esconde los nombres del equipo del vicepresidente. Asfixia a los funcionarios que intentan cumplir con su tarea. Llama a compinches cuya lealtad no puede compensar su incompetencia. Cuando se lo desafía, responde con mentiras y distorsiones.
* * *
La razón es indispensable para el autogobierno democrático. Esta verdad evidente era un compromiso fundamental para nuestros Padres Fundadores, que creían que era compatible con el derecho de todo norteamericano, contemplado en la Primera Enmienda, al libre ejercicio de la religión. Al debatir las políticas en el ámbito público, nuestro gobierno debería fundamentar sus leyes de manera tal que pudieran ser aceptadas por la gente más allá de sus creencias religiosas. El compromiso público con la razón y la evidencia es básico para una democracia pluralista. Sin embargo ha sido erosionada por el actual gobierno en una campaña que todavía se desvive por complacer a su ala de extrema derecha.
Las fallas de este gobierno en respetar el proceso de la razón pública ha generado predecibles consecuencias, ninguna de ellas buena. El gobierno de Bush no ha podido proteger a sus ciudadanos del desastre -de enemigos externos el 11 de septiembre de 2001 y del huracán y las inundaciones que afectaron la costa del Golfo en 2005-. Ha llevado a la guerra en Irak a un callejón sin salida. Es incapaz de presentar una estrategia para poner un final sostenible a nuestra intervención militar.
Insistimos en que nuestro país debe ser defendido vigorosamente contra sus reales enemigos, los islámicos radicales que se organizan para atacarnos. Pero la seguridad no requiere la tortura o el rechazo de las garantías básicas del debido proceso. Por el contrario, la conducta sin leyes de la administración y sus violaciones de la Convención de Ginebra sólo dañan nuestra posición moral y nuestra habilidad para combatir a los llamados de ideólogos violentos. Al defender la tortura, el gobierno de Bush se involucra precisamente en el tipo de relativismo ético que pretende condenar. Mientras tanto, rechaza enfrentar su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib, Guantánamo y otros lugares. Al haber errado en un plan para contingencias obvias, ha buscado como chivo expiatorio a personal militar de bajo rango cuando deberían ser identificados y castigados errores de comando más importantes.
Nos negamos a limitar nuestras críticas a personalidades. Creemos que los abusos de poder que han sido usuales bajo el mando de Bush no deben ser adjudicados sólo a él -y al vicepresidente-, sino al movimiento conservador que ha deteriorado, durante décadas, la habilidad del gobierno de actuar razonable y efectivamente por el bien común.
* * *
Amamos a este país. Pero el verdadero patriotismo no consiste en bravatas o calumnias. Reside en la lealtad a nuestros grandes ideales constitucionales. Somos una república, no una monarquía. Creemos en la ley, no en las prisiones secretas. Insistimos en la justicia para todos, no en los privilegios para pocos. Al repudiar estos ideales norteamericanos, la administración Bush deshonra a este país y daña nuestro reclamo por un liderazgo democrático en el resto del mundo.
Será un trabajo duro reparar este daño. Representará algo más que derrotar a la extrema derecha en las elecciones. Debemos comprometernos en grandes actos de imaginación política e inspirar a la nueva generación para que adopte los principios liberales y los adapte con ingenio en un nuevo siglo.
Por Bruce Ackerman y Todd Gitlin
Traducción: María Elena Rey
© LA NACION y The American Prospect
Por qué escribir un manifiesto
Prestigioso referente de los derechos civiles, Ackerman defiende los valores centrales de su país
La ineficacia corrompe, especialmente durante un año de elecciones legislativas y poca actividad: no hay un líder de la oposición, no hay una plataforma partidaria coherente, no hay un imperativo de establecer un programa coherente para el ejercicio responsable del poder. En tiempos de necesidad, cualquier cosa que sirva para ganar un distrito electoral es buena para el partido. Y si los demócratas ganan la mayoría en el senado o la cámara de representantes (o en ambas) el 7 de noviembre, es porque los moderados se han unido a los liberales para repudiar los extraordinarios errores de la administración de George W. Bush.
En el escenario más optimista, los demócratas no podrán aprobar leyes demasiado ambiciosas debido al veto presidencial. Será grande la tentación de pasar los próximos dos años en una política de escarbar y exponer las equivocaciones del presidente, del vicepresidente y de sus socios neoconservadores. Algo de esto es absolutamente necesario, pero Bush y sus secuaces ya están en retirada. Los demócratas no deberían permitir que la perspectiva de vetos presidenciales les impida proponer al país leyes serias para el futuro -lo que pondrá a los republicanos a la defensiva- e invitar a los norteamericanos a ir más allá de la política del miedo.
Esto requiere visión, y la tarea no se ve facilitada por los esfuerzos de elegantes radicales que niegan cualquier diferencia real entre los neoconservadores y sus antagonistas intelectuales. Es fácil señalar a prominentes halcones liberales, pero también lo es identificar a los palomos conservadores serios, basta con observar al instituto Cato, de extrema derecha. Deberíamos ir más allá de las personalidades individuales para reconocer el aliento y la fuerza de la oposición liberal al curso actual y para definir una agenda liberal convincente para el siglo XXI. Este no es un trabajo para los opinadores de la prensa escrita ni para los grupos de expertos de Washington. Requiere un debate mucho más amplio.
Este es, por lo menos, el pensamiento que nos llevó a Todd Gitlin y a mí a escribir un manifiesto que podría atraer a un amplio espectro de intelectuales, de historiadores a poetas y de filósofos a novelistas, así como a economistas ganadores del Nobel y líderes en leyes, ciencias políticas y sociología. Desde que apareció en el sitio de The American Prospect , el manifiesto ha recibido cientos de apoyos adicionales, incluidos los de Joyce Appleby, ex presidente de la American Historical Association; Oscar Hijuelos, novelista ganador del premio Pulitzer, y Daniel Okrent, ex editor de The New York Times . Esta respuesta inicial sugiere una amplia determinación de convocar al país de regreso a sus fundamentos liberales.
Considero este manifiesto como el primer paso de una empresa que llevará una década de reafirmación de la importancia de los valores liberales para Estados Unidos. La magnitud del fiasco Bush quedará más clara con cada mes que pase. La única cuestión real es si este oscuro momento marca el comienzo de una declinación catastrófica o si provocará un vigoroso debate y una renovación de los valores centrales de la nación, que esta administración echó irreflexivamente por la borda.
B.A .
© Bruce Ackerman
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/enfoques/nota.asp?nota_id=855767
LA NACION | 05.11.2006 | Página 3 | Enfoques
lunes, 31 de diciembre de 2007
domingo, 30 de diciembre de 2007
Cómo fue la pauta publicitaria del Gobierno nacional en 2007
Informe preliminar de la ADC
Cómo fue la pauta publicitaria del Gobierno nacional en 2007
El documento de la ADC analiza las campañas realizadas con fondos públicos y la distribución geográfica de la publicidad oficial. En los primeros diez meses del año, el Poder Ejecutivo Nacional ya llevaba gastado un 29 por ciento más del total invertido en 2006 y se excedió en un 33 por ciento del presupuesto original. No hubo avances en los proyectos presentados para regular la materia.
(20 de diciembre, 2007) En los primeros diez meses del año, el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 270.729.286 pesos, un 29,14 por ciento más del total gastado durante 2006. Además, excedió en un 33 por ciento el presupuesto previsto para este año, que fue de 202.792.000 pesos.
Los datos surgen de un informe que presentó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre la inversión publicitaria del PEN durante los primeros diez meses de 2007. El documento –que se basa en información proporcionada por la Secretaría de Medios como consecuencia de pedidos de información pública- forma parte del monitoreo que viene realizando la ADC sobre el tema. Es un anticipo del informe que la organización elaborará a principios del año que viene sobre la inversión publicitaria estatal y su distribución durante todo 2007.
Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de 127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones. En todos los casos los presupuestos originales fueron largamente superados por la ejecución final.
El aumento del gasto en concepto de publicidad oficial –si está debidamente justificado- no debiera ser problemático en sí mismo. Sin embargo, en un contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y sí una gran discrecionalidad en la utilización de dichos fondos, el aumento exponencial de los montos destinados a publicidad oficial genera preocupación por su posible impacto en los medios de comunicación y en el debate público.
El análisis de las campañas
El reporte discrimina la inversión publicitaria según las campañas y avisos publicitarios contratados en los primeros diez meses de 2007 e incluye una lista de las campañas y sus costos.
Una de las campañas que merece ser seguida de cerca es la de visitas presidenciales, que promociona la presencia del presidente en distintos lugares del país y fue una de las que más dinero público requirió. En los primeros diez meses de 2007, implicó un total de 15.093.285 pesos y ocupó el cuarto lugar de las campañas publicitarias impulsadas por el PEN, y el primer lugar de las ordenadas por Presidencia de la Nación. En el trimestre inmediatamente anterior a la campaña electoral de 2007 (agosto, septiembre y octubre), “Visitas” ocupó el cuarto puesto de las campañas más caras (7.165.355 pesos) superada sólo por la campaña “Padrones electorales” (11.180.843 pesos), “Trabajo Registrado” (8.141.464 pesos) y “Accidentes de Tránsito” (7.190.564 pesos).
Otra de las que ocupa un lugar preferencial en la lista de las principales campañas es la de “institucionales”, de distintos organismos públicos centralizados y descentralizados. Estos avisos demandaron en conjunto, en los primeros diez meses de 2007, un total de 7.903.175 pesos, ubicándose en el octavo lugar de las campañas más costosas de ese período. En algunos casos representaron la mayor inversión publicitaria de un organismo.
La ADC considera que la publicidad oficial, si es correctamente utilizada, puede ser un instrumento importante en la comunicación de políticas públicas, la promoción de derechos y el impulso a la participación ciudadana. En cambio, la pauta estatal no debe impulsar –explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni promocionar la figura de funcionarios públicos.
Distribución geográfica de la pauta
Otra de las características verificadas en los primeros diez meses de 2007 es que la inversión publicitaria directa (esto eso, invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras, agencias de publicidad u otros) en el rubro de diarios, revistas, radios y TV tendió a concentrarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires y los de distribución nacional, y el porcentaje que se dirigió a medios del interior fue relativamente bajo.
Las provincias que mayor pauta del gobierno nacional en forma directa han recibido son –en orden decreciente- Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz. El informe incluye la lista de los proveedores provinciales que mayor cantidad de pauta oficial en los rubros diarios, revistas, radios y TV recibieron del Gobierno nacional en forma directa.
Necesidad de regulación legal
La ADC viene advirtiendo sobre la ausencia de criterios y mecanismos claros de adjudicación, una situación que favorece la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial. Es necesario, entonces, que se dicte una adecuada legislación que regule la planificación, producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado.
Actualmente hay seis proyectos en el Congreso: cuatro en Diputados y dos en el Senado (el informe incluye un cuadro comparativo de los mismos). Hasta ahora no hubo avances sustanciales en el trámite de los mismos. Sin embargo, la ADC celebra que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados haya iniciado un proceso de consultas sobre algunos proyectos con distintos sectores, y espera que en 2008 pueda, finalmente, debatirse y aprobarse un marco normativo adecuado.
Cómo fue la pauta publicitaria del Gobierno nacional en 2007
El documento de la ADC analiza las campañas realizadas con fondos públicos y la distribución geográfica de la publicidad oficial. En los primeros diez meses del año, el Poder Ejecutivo Nacional ya llevaba gastado un 29 por ciento más del total invertido en 2006 y se excedió en un 33 por ciento del presupuesto original. No hubo avances en los proyectos presentados para regular la materia.
(20 de diciembre, 2007) En los primeros diez meses del año, el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 270.729.286 pesos, un 29,14 por ciento más del total gastado durante 2006. Además, excedió en un 33 por ciento el presupuesto previsto para este año, que fue de 202.792.000 pesos.
Los datos surgen de un informe que presentó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre la inversión publicitaria del PEN durante los primeros diez meses de 2007. El documento –que se basa en información proporcionada por la Secretaría de Medios como consecuencia de pedidos de información pública- forma parte del monitoreo que viene realizando la ADC sobre el tema. Es un anticipo del informe que la organización elaborará a principios del año que viene sobre la inversión publicitaria estatal y su distribución durante todo 2007.
Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de 127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones. En todos los casos los presupuestos originales fueron largamente superados por la ejecución final.
El aumento del gasto en concepto de publicidad oficial –si está debidamente justificado- no debiera ser problemático en sí mismo. Sin embargo, en un contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y sí una gran discrecionalidad en la utilización de dichos fondos, el aumento exponencial de los montos destinados a publicidad oficial genera preocupación por su posible impacto en los medios de comunicación y en el debate público.
El análisis de las campañas
El reporte discrimina la inversión publicitaria según las campañas y avisos publicitarios contratados en los primeros diez meses de 2007 e incluye una lista de las campañas y sus costos.
Una de las campañas que merece ser seguida de cerca es la de visitas presidenciales, que promociona la presencia del presidente en distintos lugares del país y fue una de las que más dinero público requirió. En los primeros diez meses de 2007, implicó un total de 15.093.285 pesos y ocupó el cuarto lugar de las campañas publicitarias impulsadas por el PEN, y el primer lugar de las ordenadas por Presidencia de la Nación. En el trimestre inmediatamente anterior a la campaña electoral de 2007 (agosto, septiembre y octubre), “Visitas” ocupó el cuarto puesto de las campañas más caras (7.165.355 pesos) superada sólo por la campaña “Padrones electorales” (11.180.843 pesos), “Trabajo Registrado” (8.141.464 pesos) y “Accidentes de Tránsito” (7.190.564 pesos).
Otra de las que ocupa un lugar preferencial en la lista de las principales campañas es la de “institucionales”, de distintos organismos públicos centralizados y descentralizados. Estos avisos demandaron en conjunto, en los primeros diez meses de 2007, un total de 7.903.175 pesos, ubicándose en el octavo lugar de las campañas más costosas de ese período. En algunos casos representaron la mayor inversión publicitaria de un organismo.
La ADC considera que la publicidad oficial, si es correctamente utilizada, puede ser un instrumento importante en la comunicación de políticas públicas, la promoción de derechos y el impulso a la participación ciudadana. En cambio, la pauta estatal no debe impulsar –explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni promocionar la figura de funcionarios públicos.
Distribución geográfica de la pauta
Otra de las características verificadas en los primeros diez meses de 2007 es que la inversión publicitaria directa (esto eso, invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras, agencias de publicidad u otros) en el rubro de diarios, revistas, radios y TV tendió a concentrarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires y los de distribución nacional, y el porcentaje que se dirigió a medios del interior fue relativamente bajo.
Las provincias que mayor pauta del gobierno nacional en forma directa han recibido son –en orden decreciente- Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz. El informe incluye la lista de los proveedores provinciales que mayor cantidad de pauta oficial en los rubros diarios, revistas, radios y TV recibieron del Gobierno nacional en forma directa.
Necesidad de regulación legal
La ADC viene advirtiendo sobre la ausencia de criterios y mecanismos claros de adjudicación, una situación que favorece la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial. Es necesario, entonces, que se dicte una adecuada legislación que regule la planificación, producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado.
Actualmente hay seis proyectos en el Congreso: cuatro en Diputados y dos en el Senado (el informe incluye un cuadro comparativo de los mismos). Hasta ahora no hubo avances sustanciales en el trámite de los mismos. Sin embargo, la ADC celebra que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados haya iniciado un proceso de consultas sobre algunos proyectos con distintos sectores, y espera que en 2008 pueda, finalmente, debatirse y aprobarse un marco normativo adecuado.
Evaluando la Ley de Acceso a la Informacion del Reino Unido
The Times
February 6, 2007
Freedom - only if we can get the information
Heather Brooke
Two years on and the Freedom of Information Act has been enough of a success to warrant its possible demise.
While it was always naive to think that politicians would welcome open government, recent proposals have surprised even sceptics. Maurice Frankel, director of the Campaign for Freedom of Information, has described the Government as “taking a scythe to its own Act”.
The proposals put forward by the Department for Constitutional Affairs blithely ignore the recommendations of its parliamentary select committee that endemic delay and poor enforcement are endangering the law’s effectiveness. Instead, the Government held secret meetings and hired a private consultancy headed by Sir Andrew Turnbull, the former Cabinet Secretary, to make the case that the Freedom of Information Act is too expensive.
While these actions are bad news for democracy, they do at least show that the law was proving to be effective.
One of the strongest benefits of freedom of information (FoI) is that it has replaced propaganda and polemic with empirical evidence. Citizens now have a more factual and detailed understanding of problems facing local schools, councils, the criminal justice system, the NHS and, of course, central government. We know, despite constant rhetoric that the NHS is “better than ever”, that at least 13 NHS trusts are technically bankrupt, with no chance of meeting a legal obligation to balance their books. We know that prosecution rates vary across Britain in what amounts to a postcode lottery of justice, and that police increasingly use cautions for serious crimes such as rape and burglary.
We know the number of school pupils expelled for drugs and violence, how many of those on probation have committed violent crimes, which restaurants are failing their hygiene inspections and the details of many private finance contracts signed by public authorities. We have a list of post offices scheduled for closure, the surgery success rates of some surgeons and know that hospitals in England are each charging patients up to £1.5 million a year for parking.
In Scotland, which has a slightly different law and a tougher enforcement regime, citizens discovered the precise details of MSPs’ expenses, leading to the first head to roll from freedom of information — that of David McLetchie, the former Conservative leader, over questions about taxi misuse. Scotland now has one of the most transparent parliamentary expenses systems in the world, and perhaps it is no coincidence that claims have plummeted. In England, a Bill to exempt MPs from the Freedom of Information Act was sneaked through the Commons on January 19 without any debate. David Maclean, the former Conservative Chief Whip, introduced the measure in a Private Member’s Bill that would effectively allow MPs to keep secret the details of all their expenses.
Perhaps the greatest disclosure has been the full listing of European Union farm subsidies. We know now that the biggest subsidies go to the richest landowners and the biggest agribusinesses such as Tate & Lyle (£233 million over two years). An EU-wide movement for full disclosure in all countries is gaining ground (www.farmsubsidy.org).
And there have been key Information Tribunal rulings: Alistair Mitchell v Information Commissioner (October 10, 2005) narrowed the exemption for court records so that those created by a private company (for example, a court reporting firm) are not covered and should be disclosed; in Derry City Council (December 11, 2006) — regarded by many as Northern Ireland’s greatest victory under the Freedom of Information Act — the tribunal ruled that the council should disclose details of an agreement between Derry City airport and Ryanair and that to do so would not breach confidentiality.
But there are far more things we do not know. The true cost of identity cards remains a secret as Tony Blair refuses to release the Gateway review and minutes of meetings. Nor do we have the detailed report of the fatal shooting of Jean Charles de Menezes, or the aftermath of the July 7 bombings. The public do not have access to detailed listings of crimes, nor easily accessible court records or writs. It is still difficult to get direct contact details for public servants or a detailed breakdown of expenses claimed by MPs south of the Border.
Even so, an empowered, informed electorate utilising its right to know is proving too much for some politicians. The first proposed change to the law will allow the Government to aggregate campaigners, journalists, lawyers and academics according to their “legal body” and refuse requests made by the same individual or organisation if the combined cost of answering their requests exceeds the limit of £600 for central government and £450 for other public bodies. This would ration requests to possibly just one per quarter to the same authority.
Added to this, Lord Falconer of Thoroton wants to include in the cost the time spent consulting, reading and “thinking” about FoI requests, thus providing an incentive for making the system as bureaucratic, complex and unwieldy as possible. The people most affected will be those seeking out meaningful and important information in the public interest. In the US, these groups are eligible for a fee waiver; in the UK they are targeted for special obstruction.
The proposals were intended to go through as secondary legislation but after sustained criticism, the Government announced last December that it would hold a public consultation that will end on March 8. It has not set a date for the regulations to be introduced. The consultation paper is available on www.dca.gov.uk.
Meanwhile, the Cabinet is apparently split on whether to back the Private Member’s Bill. The Lord Chancellor has told ministers that to exempt MPs from FoI inquiries will damage public confidence in the principles of open government and add to the perception of its “being increasingly secretive”.
So two years on, freedom of information stands at a crossroads. The British FoI law was always the poor relation of the far more democratic laws of Scandinavia and the United States, but if even this dim beacon of democracy is extinguished we will have to reconsider seriously whether we can call ourselves an informed electorate.
The writer is author of Your Right to Know (second edition, Pluto Press)
THE ACT
GOOD
Covers 100,000 public bodies including public services contracted out to private companies Generally requests are free for the public apart from postage and photocopying Law creates a statutory duty on public bodies (Section 16) to provide advice and assistance to help requesters to formulate their requests
BAD
No new public bodies designated under Section 5 of the Act despite repeated promises Central clearing house creates another layer of secretive bureaucracy Public interest extension abused with impunity Information Commissioner failing to enforce the law in a timely way
February 6, 2007
Freedom - only if we can get the information
Heather Brooke
Two years on and the Freedom of Information Act has been enough of a success to warrant its possible demise.
While it was always naive to think that politicians would welcome open government, recent proposals have surprised even sceptics. Maurice Frankel, director of the Campaign for Freedom of Information, has described the Government as “taking a scythe to its own Act”.
The proposals put forward by the Department for Constitutional Affairs blithely ignore the recommendations of its parliamentary select committee that endemic delay and poor enforcement are endangering the law’s effectiveness. Instead, the Government held secret meetings and hired a private consultancy headed by Sir Andrew Turnbull, the former Cabinet Secretary, to make the case that the Freedom of Information Act is too expensive.
While these actions are bad news for democracy, they do at least show that the law was proving to be effective.
One of the strongest benefits of freedom of information (FoI) is that it has replaced propaganda and polemic with empirical evidence. Citizens now have a more factual and detailed understanding of problems facing local schools, councils, the criminal justice system, the NHS and, of course, central government. We know, despite constant rhetoric that the NHS is “better than ever”, that at least 13 NHS trusts are technically bankrupt, with no chance of meeting a legal obligation to balance their books. We know that prosecution rates vary across Britain in what amounts to a postcode lottery of justice, and that police increasingly use cautions for serious crimes such as rape and burglary.
We know the number of school pupils expelled for drugs and violence, how many of those on probation have committed violent crimes, which restaurants are failing their hygiene inspections and the details of many private finance contracts signed by public authorities. We have a list of post offices scheduled for closure, the surgery success rates of some surgeons and know that hospitals in England are each charging patients up to £1.5 million a year for parking.
In Scotland, which has a slightly different law and a tougher enforcement regime, citizens discovered the precise details of MSPs’ expenses, leading to the first head to roll from freedom of information — that of David McLetchie, the former Conservative leader, over questions about taxi misuse. Scotland now has one of the most transparent parliamentary expenses systems in the world, and perhaps it is no coincidence that claims have plummeted. In England, a Bill to exempt MPs from the Freedom of Information Act was sneaked through the Commons on January 19 without any debate. David Maclean, the former Conservative Chief Whip, introduced the measure in a Private Member’s Bill that would effectively allow MPs to keep secret the details of all their expenses.
Perhaps the greatest disclosure has been the full listing of European Union farm subsidies. We know now that the biggest subsidies go to the richest landowners and the biggest agribusinesses such as Tate & Lyle (£233 million over two years). An EU-wide movement for full disclosure in all countries is gaining ground (www.farmsubsidy.org).
And there have been key Information Tribunal rulings: Alistair Mitchell v Information Commissioner (October 10, 2005) narrowed the exemption for court records so that those created by a private company (for example, a court reporting firm) are not covered and should be disclosed; in Derry City Council (December 11, 2006) — regarded by many as Northern Ireland’s greatest victory under the Freedom of Information Act — the tribunal ruled that the council should disclose details of an agreement between Derry City airport and Ryanair and that to do so would not breach confidentiality.
But there are far more things we do not know. The true cost of identity cards remains a secret as Tony Blair refuses to release the Gateway review and minutes of meetings. Nor do we have the detailed report of the fatal shooting of Jean Charles de Menezes, or the aftermath of the July 7 bombings. The public do not have access to detailed listings of crimes, nor easily accessible court records or writs. It is still difficult to get direct contact details for public servants or a detailed breakdown of expenses claimed by MPs south of the Border.
Even so, an empowered, informed electorate utilising its right to know is proving too much for some politicians. The first proposed change to the law will allow the Government to aggregate campaigners, journalists, lawyers and academics according to their “legal body” and refuse requests made by the same individual or organisation if the combined cost of answering their requests exceeds the limit of £600 for central government and £450 for other public bodies. This would ration requests to possibly just one per quarter to the same authority.
Added to this, Lord Falconer of Thoroton wants to include in the cost the time spent consulting, reading and “thinking” about FoI requests, thus providing an incentive for making the system as bureaucratic, complex and unwieldy as possible. The people most affected will be those seeking out meaningful and important information in the public interest. In the US, these groups are eligible for a fee waiver; in the UK they are targeted for special obstruction.
The proposals were intended to go through as secondary legislation but after sustained criticism, the Government announced last December that it would hold a public consultation that will end on March 8. It has not set a date for the regulations to be introduced. The consultation paper is available on www.dca.gov.uk.
Meanwhile, the Cabinet is apparently split on whether to back the Private Member’s Bill. The Lord Chancellor has told ministers that to exempt MPs from FoI inquiries will damage public confidence in the principles of open government and add to the perception of its “being increasingly secretive”.
So two years on, freedom of information stands at a crossroads. The British FoI law was always the poor relation of the far more democratic laws of Scandinavia and the United States, but if even this dim beacon of democracy is extinguished we will have to reconsider seriously whether we can call ourselves an informed electorate.
The writer is author of Your Right to Know (second edition, Pluto Press)
THE ACT
GOOD
Covers 100,000 public bodies including public services contracted out to private companies Generally requests are free for the public apart from postage and photocopying Law creates a statutory duty on public bodies (Section 16) to provide advice and assistance to help requesters to formulate their requests
BAD
No new public bodies designated under Section 5 of the Act despite repeated promises Central clearing house creates another layer of secretive bureaucracy Public interest extension abused with impunity Information Commissioner failing to enforce the law in a timely way
Censura y Publicidad Oficial
Diario Perfil
9 de Septiembre de 2007
Censura y publicidad oficial
La Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por nuestro país nos reconocen el derecho a la libertad de expresión sin censura previa.
Roberto Saba*
2007-09-09
00:16:58
La Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por nuestro país nos reconocen el derecho a la libertad de expresión sin censura previa. Por otra parte, el Estado tiene el deber de dar a publicidad sus actos y llevar a cabo campañas de información que den cuenta de sus políticas, difundan la necesidad de darse una vacuna o el vencimiento de un impuesto. Estas se llevan a cabo, muchas veces, a través de la publicación de avisos pagos en los medios de comunicación. A esto nos referimos cuando hablamos de publicidad oficial.
Nadie, ningún medio, tiene derecho a recibir publicidad oficial. Pero todos los que reciben esos avisos tienen derecho a no dejar de recibirlos como consecuencia del contenido crítico de lo que publiquen. Si un gobierno, municipal, provincial o nacional, retira la publicidad oficial de un medio en represalia porque está disgustado con algún contenido, incurre en lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos llama “censura indirecta”. A diferencia de la censura directa, la indirecta es sutil, intenta operar sobre el miedo futuro del medio presionado y de los otros. Cada vez que se retira publicidad oficial, se intimida a ése y a todos los medios que la reciben y no quieren perderla. Esto se agrava en muchas provincias, donde la publicidad oficial es el sustento principal del medio. Ese retiro de publicidad no opera sólo como censura, sino que también nos priva a todos de gozar del derecho de recibir información. Cada voz que se calla nos perjudica porque sólo conoceremos una campana. Pierden la democracia y el debate público.
El reproche y prohibición de la censura indirecta ha sido puesto de relieve por la sociedad civil nacional e internacional y por el relator de la OEA para la Libertad de Expresión. Había sido sugerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Emisiones Platenses SA y confirmado esta semana en un formidable fallo, en un caso que enfrentó al diario Río Negro contra el gobernador Sobisch. Allí el juez Lorenzetti sostuvo que “el comportamiento de la provincia de Neuquén configuró un supuesto de presión, puso en riesgo la integridad del debate público y afectó la libertad de prensa”. Estas palabras deben llegar al Gobierno nacional y otros gobiernos provinciales que podrían estar llevando a cabo prácticas similares. El silencio y la autocensura nos perjudican a todos. La democracia pierde porque nos privan de gozar de nuestro derecho a saber.
*Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
9 de Septiembre de 2007
Censura y publicidad oficial
La Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por nuestro país nos reconocen el derecho a la libertad de expresión sin censura previa.
Roberto Saba*
2007-09-09
00:16:58
La Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por nuestro país nos reconocen el derecho a la libertad de expresión sin censura previa. Por otra parte, el Estado tiene el deber de dar a publicidad sus actos y llevar a cabo campañas de información que den cuenta de sus políticas, difundan la necesidad de darse una vacuna o el vencimiento de un impuesto. Estas se llevan a cabo, muchas veces, a través de la publicación de avisos pagos en los medios de comunicación. A esto nos referimos cuando hablamos de publicidad oficial.
Nadie, ningún medio, tiene derecho a recibir publicidad oficial. Pero todos los que reciben esos avisos tienen derecho a no dejar de recibirlos como consecuencia del contenido crítico de lo que publiquen. Si un gobierno, municipal, provincial o nacional, retira la publicidad oficial de un medio en represalia porque está disgustado con algún contenido, incurre en lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos llama “censura indirecta”. A diferencia de la censura directa, la indirecta es sutil, intenta operar sobre el miedo futuro del medio presionado y de los otros. Cada vez que se retira publicidad oficial, se intimida a ése y a todos los medios que la reciben y no quieren perderla. Esto se agrava en muchas provincias, donde la publicidad oficial es el sustento principal del medio. Ese retiro de publicidad no opera sólo como censura, sino que también nos priva a todos de gozar del derecho de recibir información. Cada voz que se calla nos perjudica porque sólo conoceremos una campana. Pierden la democracia y el debate público.
El reproche y prohibición de la censura indirecta ha sido puesto de relieve por la sociedad civil nacional e internacional y por el relator de la OEA para la Libertad de Expresión. Había sido sugerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Emisiones Platenses SA y confirmado esta semana en un formidable fallo, en un caso que enfrentó al diario Río Negro contra el gobernador Sobisch. Allí el juez Lorenzetti sostuvo que “el comportamiento de la provincia de Neuquén configuró un supuesto de presión, puso en riesgo la integridad del debate público y afectó la libertad de prensa”. Estas palabras deben llegar al Gobierno nacional y otros gobiernos provinciales que podrían estar llevando a cabo prácticas similares. El silencio y la autocensura nos perjudican a todos. La democracia pierde porque nos privan de gozar de nuestro derecho a saber.
*Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Publicidad Oficial y Libertad de Expresion en Mexico
REVISTA PROCESO
(Mexico D.F.)
30/09/2007
Castigo publicitario
Jorge Carrasco Araizaga
Como algunos de sus antecesores, inclusive Vicente Fox, Felipe Calderón decidió utilizar recursos públicos -los destinados a la publicidad oficial- para reconocer los méritos de los medios de comunicación que le son afines, y para castigar o golpear a los que asumen posturas editoriales críticas, entre otros a Proceso. En su arbitrariedad, el presidente y sus funcionarios violan derechos garantizados por normas mexicanas, así como por convenciones internacionales…
En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha seguido la pauta de sus antecesores: castigar a través de los montos asignados de publicidad oficial a los medios que le son críticos.
Como lo hizo el de Vicente Fox, en continuidad de los gobiernos del PRI, el de Calderón ha utilizado los recursos públicos para pretender ejercer una censura disfrazada que, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), compromete al Estado mexicano.
En su edición correspondiente a septiembre, la revista especializada Etcétera, que se publica en la Ciudad de México, informa que el gobierno de Calderón está utilizando de manera discrecional los recursos públicos de la millonaria pauta publicitaria oficial.
Con datos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia, la revista especializada en medios de comunicación informa que el gasto autorizado y ejercido por el actual Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación -en los seis meses iniciales del primer año de gobierno calderonista- fue de 470 millones de pesos, los cuales se han asignado de forma tal que han servido como premio o castigo para los medios de comunicación.
Según la publicación, el presupuesto de que dispone el gobierno de Calderón este año para repartir, según el comportamiento de los medios, será de 3 mil 700 millones de pesos.
Las cifras proporcionadas por Gobernación no dejan lugar a dudas: del gasto total ejercido en publicidad a través de esa dependencia, dos medios electrónicos fueron los más beneficiados: TV Azteca y la cadena Radiorama. La televisora de Ricardo Salinas Pliego se llevó la mayor parte: 67 millones 155 mil pesos, 14% del presupuesto publicitario.
Con sus más de 220 estaciones en todo el país, Radiorama, propiedad de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda López, facturó 23 millones 264 mil pesos.
En el extremo está el caso de Proceso, que se ubica en el lugar 37 entre 41 medios impresos y electrónicos enlistados por Etcétera y que recibieron publicidad oficial. De acuerdo con los datos de Gobernación, este semanario obtuvo una pauta publicitaria de 110 mil 980 pesos, superada incluso por periódicos deportivos como Esto, que recibió cerca de 143 mil pesos.
La preferencia del gobierno de Calderón por los medios electrónicos es avasallante. De acuerdo con el concentrado de datos que publica Etcétera, ni todos los medios impresos editados en el Distrito Federal alcanzaron, juntos, lo que facturó TV Azteca.
Según ese resumen, la radio y la televisión, que fracasaron en su intento de bloquear la reforma electoral por la pérdida de recursos que les representaría el control de la propaganda durante las campañas, acaparan más de 90% de la publicidad oficial.
La prensa escrita sumó apenas 40 millones de pesos, pero también esta suma se asignó con discrecionalidad, pues un solo medio, el periódico Reforma, del grupo regiomontano El Norte, obtuvo poco más de 20% de los recursos: 9 millones 140 mil pesos.
El periódico de la familia Junco casi duplicó los ingresos del periódico El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz, que obtuvo una pauta publicitaria por 5 millones 443 mil pesos. Un monto similar fue el del diario La Jornada, de 5 millones 352 mil pesos. Los siguieron El Financiero (3 millones 948 mil pesos), Milenio (3 millones 591 mil pesos), El Economista (2 millones 791 mil pesos) y el Excélsior de Olegario Vázquez Raña, (1 millón 372 mil pesos).
Presupuesto politizado
En cuanto se refiere a los semanarios, dice Etcétera, “resalta la revista Proceso en último lugar, con 110 mil 980 pesos”. Y contrasta esta cifra con los ingresos de la revista Vértigo -también propiedad de Salinas Pliego-, que a pesar de su ínfima circulación recibió publicidad por 321 mil 600 pesos, y con el semanario Emeequis, que facturó 230 mil 440 pesos. En cambio, las publicaciones de Editorial Televisa llegaron a los 2 millones de pesos.
“Proceso nunca facturó tan poco en el sexenio pasado, ni siquiera cuando en 2005 redujo su ingreso de publicidad federal en casi 8 millones (de 11 millones en 2004 a 4 millones de pesos en 2005). La publicación que dirige Rafael Rodríguez Castañeda obtuvo 1 millón 157 mil 933 pesos en el primer semestre de 2006. La disminución es escandalosa.”
Los datos obtenidos por Etcétera son los de la partida presupuestaria controlada por Gobernación; a esas cifras deben añadirse los gastos ejercidos directamente por las dependencias federales y la Presidencia de la República.
Hecha esa suma, la disminución es aún más evidente. De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de Proceso, en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial sumaron 278 mil 600 pesos. En el mismo período del año anterior, la cifra -ya de por sí castigada por el gobierno de Fox- fue de 1 millón 424 mil 92 pesos. Es decir, la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario.
Los ingresos de esta revista reportados por Gobernación muestran la discrecionalidad gubernamental. De acuerdo con el Estudio General de Medios elaborado por la firma Ipsos-Bimsa a partir de 30 mil entrevistas personales aplicadas entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, Proceso es la principal revista de su género en el país. Su alcance al momento en que se acabó la encuesta fue de 650 mil 789 lectores, tres veces superior al de su competidora más cercana, Vértigo. Además, no obstante ser una publicación semanal, está por encima de diarios como El Norte, Milenio y Excélsior (Proceso 1580).
Etcétera, que empezó a dar seguimiento al gasto publicitario federal en 2004, señala que para este año el gobierno calderonista tiene proyectado gastar 3 mil 700 millones de pesos en la compra de publicidad gubernamental. Esto significa que en su primer semestre había gastado sólo 12.7% de la partida controlada por Gobernación.
La revista de medios asegura que en el primer semestre del año y al inicio de cada administración el gasto tiende a ser menor, lo que explica la merma de ingresos por este concepto en los casos de dos cadenas radiofónicas que en sus espacios noticiosos favorecen al actual gobierno: Radio Fórmula disminuyó sus ingresos en 42% y Radio Centro en 16%, respecto del mismo período del año pasado.
En medios electrónicos, el caso que más llama la atención es el de Infored, de José Gutiérrez Vivó, que de 3 millones 527 mil pesos que recibió en el primer semestre del último año de Fox, cayó a 179 mil pesos con Calderón.
Al inicio de esta administración, el empresario y periodista -a quien Fox acusó de ser perredista- hizo públicas las advertencias del coordinador de Comunicación Social de Calderón, Maximiliano Cortázar, sobre el castigo económico al que sería sometido el noticiario Monitor en caso de no alinearse al nuevo gobierno. Por falta de recursos económicos y luego de 33 años, la emisión radiofónica cesó sus transmisiones durante 65 días, entre julio y los primeros días de septiembre.
La discrecionalidad, dice Etcétera, “es una constante en el ejercicio del presupuesto en la materia”. Cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.
Cuando el actual presidente del Senado, Santiago Creel, llegó a la Secretaría de Gobernación, el acuerdo para el año 2001 establecía que la dependencia estaba obligada a informar a la Cámara de Diputados de las erogaciones del Ejecutivo Federal en publicidad, propaganda, publicaciones y en actividades de comunicación social en general.
Para 2003, esa supuesta obligación desapareció y a partir de entonces es el propio Ejecutivo el que “se reporta” a través de la Secretaría de la Función Pública. El propio Creel anunció que el reparto se haría en función de la “amplia circulación” que acreditaran los medios, aunque no desapareció la asignación de cantidades fijas por parte de la Presidencia.
Para el primer año de gobierno de Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, publicó el 8 de febrero de 2007 en el Diario Oficial el acuerdo en que se burocratiza aún más la distribución de los recursos públicos y se introducen criterios mercadotécnicos.
El decreto facilita la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pues distribuye el gasto publicitario total del Ejecutivo en cuatro partidas del presupuesto federal sin precisar si las administra la Presidencia, Gobernación o las dependencias anunciantes.
Las partidas mencionadas en el decreto son la 3600, de servicios de impresión, publicación, difusión e información del rubro servicios generales; la 3700, de servicios de comunicación social; la 3701, de difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales; y la 3702, de difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.
Gobernación tiene ahora más formas de controlar la distribución del gasto, pues se le otorgó mayor poder de decisión a la Dirección General de Normatividad de Comunicación, que depende del subsecretario de Normatividad de Medios, Juan María Naveja de Anda.
Pero los gastos siguen sin ser escrutados y el Congreso federal se mantiene al margen del problema a pesar de que en julio pasado, a iniciativa del diputado federal por el PRD Andrés Lozano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informara sobre los contratos de toda la publicidad oficial, y a fin de que Ramírez Acuña explicara los criterios de la asignación del dinero público en esa área.
La respuesta fue de total rechazo. En agosto pasado el subsecretario de Enlace Legislativo, Armando Salinas Torre, envió a los legisladores un oficio en el que aseguró que los contratos están en poder de cada dependencia federal porque cada una hace su propia contratación; explicó que también definen los criterios en función de sus objetivos de campaña.
El propio Congreso ha sido omiso en el tema. Desde hace cinco años está en la congeladora una iniciativa de ley para regular y controlar la publicidad gubernamental en prensa escrita, radio y televisión.
La propuesta, presentada en la LVIII Legislatura, pretendía que la Cámara de Diputados supervisara la autorización y supervisión de ese gasto. Buscaba, además, que los criterios de entrega de recursos a los medios fueran “de acuerdo con el público y el objetivo que se quiere lograr, la cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos”.
Aunque proponía que el gasto se hiciera una vez agotados los tiempos oficiales en la radio y la televisión, la iniciativa señalaba que la razón por la que una dependencia elegía a determinados medios debía sustentarse “técnica, teórica y políticamente”.
Mecanismo de censura
El reparto discrecional de los recursos se ha convertido en un eficaz mecanismo de censura gubernamental. El gobierno de Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial.
En el informe correspondiente a 2006 de la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, se menciona una “creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan de forma aislada pueden considerarse relativamente inocuos, pero que observados en conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países”.
Esa presión, que la relatoría describe como “uso ilegítimo y desviado del poder público”, se traduce en “políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial”, relegación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos por coacción gubernamental o inspecciones administrativas.
Se trata de “restricciones indirectas a la libertad de expresión” prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (firmada en 1969) y por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (del 2000), ambas suscritas por México.
El artículo 133 de la Convención establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.
Así mismo, el principio 13 de la Declaración rechaza explícitamente la asignación caprichosa de la publicidad oficial: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
El informe 2006 de la relatoría se refiere también a la demanda de Marta Sahagún en contra de Proceso y la periodista Olga Wornat, y recomendó a los gobiernos americanos abstenerse de premiar o castigar la línea editorial de los medios.
Aunque no es el caso de la demanda por daño moral, que es de carácter civil, el documento mencionado señala que “la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia e injuria -figuras jurídicas a las que incorrectamente se refirió Fox cuando apoyó la demanda privada de su esposa en un acto público- demuestra tanto la intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción”.
En 2003, la relatoría de la OEA dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. Elaborada por el entonces relator Eduardo Bertoni, señala que -como ocurre en México- con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad, y en consecuencia a la autocensura de los medios.
En un apartado titulado Asignación discriminatoria de publicidad oficial, precisa que no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, pero cuando se entregan esos recursos de forma discriminatoria, debido a la falta de disposiciones legislativas, “se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Añade que el reparto de la publicidad en función de la cobertura de los medios y de las críticas que hagan o dejen de hacer a los funcionarios públicos “equivale a penalizar a los medios por ejercer el derecho” a esa libertad.
De igual forma, la relatoría especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, la representación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre Libertad de Medios de Comunicación y la relatoría especial de la OEA emitieron en 2001 una declaración conjunta para establecer que es ilegal la asignación discriminatoria de publicidad oficial.
30/09/2007
Avances legales... en Argentina
Jorge Carrasco Araizaga
Algunos países de América Latina buscan ya la forma de acabar con el uso de la publicidad oficial como medio de presión a la prensa. El mayor avance se registra en Argentina, donde la Corte Suprema acaba de resolver en contra de esa forma de censura y ordenó que se regule sobre la materia.
Con excepción de Colombia y México, en América Latina se ha reducido la violencia contra los periodistas, pero los gobiernos tienen ahora mecanismos de censura más sutiles, como el control de los medios a través de la asignación o el retiro de la publicidad oficial, asegura Roberto Saba, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires y posgraduado en Leyes en la Universidad de Yale, Saba asegura que cuando el gobierno retira la publicidad a un medio como forma de castigo o presión, pone en riesgo tres derechos:
El primero, el del medio que se autocensura y en el peor de los casos se ve obligado a cerrar; el segundo, el de los otros medios, que evitan la crítica para que no les pase lo mismo; y finalmente el del público, al que se le impide la posibilidad de conocer todas las opiniones. Se trata de derechos previstos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo artículo 133 compromete a los Estados firmantes a no ejercer ninguna censura indirecta.
Entrevistado en el Palacio de Minería durante su reciente visita a México, donde el viernes 28 participó en el Tercer Congreso Internacional sobre Regulación y Futuro Digital de los Medios Públicos, Saba asegura que la publicidad oficial “no es algo malo” en sí misma.
“Está bien que exista porque todo gobierno tiene la obligación de difundir sus programas de gestión. Para hacerlo, debe comprar espacios porque si fuera obligación de los medios terminarían asfixiados por el Estado”, aclara, pero especifica que tanto los gobiernos estatales como federales utilizan el dinero de su publicidad como premio a los medios afines y castigo a los que no lo son.
Límites al Ejecutivo
En Argentina, explica Roberto Saba, hay varios casos de censura a través del retiro de la asignación publicitaria. Destaca uno en la provincia (estado) de Neuquén -en la Patagonia- y otro en el que está involucrado el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
En el primero, el gobernador de Neuquén decidió retirarle toda la publicidad oficial al diario Río Negro, el más leído de la provincia, en castigo por una nota sobre un acto de corrupción que involucró al funcionario. A nivel federal, Kirchner hizo lo mismo con la editorial Perfil, que publica el diario Perfil y la revista Noticias.
El caso de Río Negro llegó a la Corte Suprema, que luego de tres años y medio emitió una resolución que va en consonancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución argentina.
Saba dice que la Corte estableció que ningún medio tiene derecho a pedir propaganda oficial, pero que el Estado no puede retirar la publicidad oficial como consecuencia del contenido de la expresión de ese medio, pues se trataría de un acto de censura.
El director de la ADC destaca un segundo punto de la resolución de los ministros argentinos, “crucial para los derechos civiles”: que este problema se soluciona con una regulación clara que le ponga límites a la discrecionalidad del gobierno al distribuir la publicidad.
En una medida inusual, añade, la Corte le ordenó al gobernador que en un plazo de 30 días le lleve una propuesta de regulación que limite su facultad discrecional de poner publicidad.
“No será cualquier regulación porque hay una serie de estándares, producto del derecho comparado, que son más o menos universales”, dice Saba, cuya organización elaboró los Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial y en 2005 publicó el documento Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina.
En el caso de la editorial Perfil, el juicio se encuentra en primera instancia, aunque Saba informa que la oficina encargada de distribuir la publicidad oficial -la Secretaría de Medios de Comunicación, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación- ha advertido que no le dará pauta gubernamental porque sus medios son “amarillistas y críticos de la labor del gobierno”.
Sin embargo, señala que esos son los únicos litigios, pues los medios de las provincias argentinas son muy débiles. El 80% de su financiamiento es publicidad oficial, por lo que se autocensuran.
Saba dice que en Argentina la entrega de publicidad oficial es muy desigual. “Por ejemplo, el diario Página 12, de centroizquierda, comprometido con los derechos humanos y cercano al gobierno de Kirchner, recibe una cantidad de publicidad que es desproporcionada con su tiraje. Es el tercer diario nacional, pero su tiraje está muy lejos del segundo, que es La Nación, y del primero, que es Clarín.”
Según Una censura sutil…, el periódico Página 12 recibe 29% de la publicidad oficial, mientras que sus dos principales competidores sólo obtienen 5% cada uno.
“No decimos que los medios de mayor tiraje deban recibir mayor publicidad oficial, sino que ésta siempre esté asociada a un objetivo de campaña. El gobierno tiene que buscar que la publicidad se canalice al medio que mejor llegue a la población objetivo”, añade.
Además de Argentina, en Chile, Perú y Uruguay han comenzado a buscar controles sobre la publicidad oficial. Perú, incluso, al igual que España, ya sancionó una ley para garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial.
(Mexico D.F.)
30/09/2007
Castigo publicitario
Jorge Carrasco Araizaga
Como algunos de sus antecesores, inclusive Vicente Fox, Felipe Calderón decidió utilizar recursos públicos -los destinados a la publicidad oficial- para reconocer los méritos de los medios de comunicación que le son afines, y para castigar o golpear a los que asumen posturas editoriales críticas, entre otros a Proceso. En su arbitrariedad, el presidente y sus funcionarios violan derechos garantizados por normas mexicanas, así como por convenciones internacionales…
En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha seguido la pauta de sus antecesores: castigar a través de los montos asignados de publicidad oficial a los medios que le son críticos.
Como lo hizo el de Vicente Fox, en continuidad de los gobiernos del PRI, el de Calderón ha utilizado los recursos públicos para pretender ejercer una censura disfrazada que, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), compromete al Estado mexicano.
En su edición correspondiente a septiembre, la revista especializada Etcétera, que se publica en la Ciudad de México, informa que el gobierno de Calderón está utilizando de manera discrecional los recursos públicos de la millonaria pauta publicitaria oficial.
Con datos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia, la revista especializada en medios de comunicación informa que el gasto autorizado y ejercido por el actual Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación -en los seis meses iniciales del primer año de gobierno calderonista- fue de 470 millones de pesos, los cuales se han asignado de forma tal que han servido como premio o castigo para los medios de comunicación.
Según la publicación, el presupuesto de que dispone el gobierno de Calderón este año para repartir, según el comportamiento de los medios, será de 3 mil 700 millones de pesos.
Las cifras proporcionadas por Gobernación no dejan lugar a dudas: del gasto total ejercido en publicidad a través de esa dependencia, dos medios electrónicos fueron los más beneficiados: TV Azteca y la cadena Radiorama. La televisora de Ricardo Salinas Pliego se llevó la mayor parte: 67 millones 155 mil pesos, 14% del presupuesto publicitario.
Con sus más de 220 estaciones en todo el país, Radiorama, propiedad de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda López, facturó 23 millones 264 mil pesos.
En el extremo está el caso de Proceso, que se ubica en el lugar 37 entre 41 medios impresos y electrónicos enlistados por Etcétera y que recibieron publicidad oficial. De acuerdo con los datos de Gobernación, este semanario obtuvo una pauta publicitaria de 110 mil 980 pesos, superada incluso por periódicos deportivos como Esto, que recibió cerca de 143 mil pesos.
La preferencia del gobierno de Calderón por los medios electrónicos es avasallante. De acuerdo con el concentrado de datos que publica Etcétera, ni todos los medios impresos editados en el Distrito Federal alcanzaron, juntos, lo que facturó TV Azteca.
Según ese resumen, la radio y la televisión, que fracasaron en su intento de bloquear la reforma electoral por la pérdida de recursos que les representaría el control de la propaganda durante las campañas, acaparan más de 90% de la publicidad oficial.
La prensa escrita sumó apenas 40 millones de pesos, pero también esta suma se asignó con discrecionalidad, pues un solo medio, el periódico Reforma, del grupo regiomontano El Norte, obtuvo poco más de 20% de los recursos: 9 millones 140 mil pesos.
El periódico de la familia Junco casi duplicó los ingresos del periódico El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz, que obtuvo una pauta publicitaria por 5 millones 443 mil pesos. Un monto similar fue el del diario La Jornada, de 5 millones 352 mil pesos. Los siguieron El Financiero (3 millones 948 mil pesos), Milenio (3 millones 591 mil pesos), El Economista (2 millones 791 mil pesos) y el Excélsior de Olegario Vázquez Raña, (1 millón 372 mil pesos).
Presupuesto politizado
En cuanto se refiere a los semanarios, dice Etcétera, “resalta la revista Proceso en último lugar, con 110 mil 980 pesos”. Y contrasta esta cifra con los ingresos de la revista Vértigo -también propiedad de Salinas Pliego-, que a pesar de su ínfima circulación recibió publicidad por 321 mil 600 pesos, y con el semanario Emeequis, que facturó 230 mil 440 pesos. En cambio, las publicaciones de Editorial Televisa llegaron a los 2 millones de pesos.
“Proceso nunca facturó tan poco en el sexenio pasado, ni siquiera cuando en 2005 redujo su ingreso de publicidad federal en casi 8 millones (de 11 millones en 2004 a 4 millones de pesos en 2005). La publicación que dirige Rafael Rodríguez Castañeda obtuvo 1 millón 157 mil 933 pesos en el primer semestre de 2006. La disminución es escandalosa.”
Los datos obtenidos por Etcétera son los de la partida presupuestaria controlada por Gobernación; a esas cifras deben añadirse los gastos ejercidos directamente por las dependencias federales y la Presidencia de la República.
Hecha esa suma, la disminución es aún más evidente. De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de Proceso, en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial sumaron 278 mil 600 pesos. En el mismo período del año anterior, la cifra -ya de por sí castigada por el gobierno de Fox- fue de 1 millón 424 mil 92 pesos. Es decir, la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario.
Los ingresos de esta revista reportados por Gobernación muestran la discrecionalidad gubernamental. De acuerdo con el Estudio General de Medios elaborado por la firma Ipsos-Bimsa a partir de 30 mil entrevistas personales aplicadas entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, Proceso es la principal revista de su género en el país. Su alcance al momento en que se acabó la encuesta fue de 650 mil 789 lectores, tres veces superior al de su competidora más cercana, Vértigo. Además, no obstante ser una publicación semanal, está por encima de diarios como El Norte, Milenio y Excélsior (Proceso 1580).
Etcétera, que empezó a dar seguimiento al gasto publicitario federal en 2004, señala que para este año el gobierno calderonista tiene proyectado gastar 3 mil 700 millones de pesos en la compra de publicidad gubernamental. Esto significa que en su primer semestre había gastado sólo 12.7% de la partida controlada por Gobernación.
La revista de medios asegura que en el primer semestre del año y al inicio de cada administración el gasto tiende a ser menor, lo que explica la merma de ingresos por este concepto en los casos de dos cadenas radiofónicas que en sus espacios noticiosos favorecen al actual gobierno: Radio Fórmula disminuyó sus ingresos en 42% y Radio Centro en 16%, respecto del mismo período del año pasado.
En medios electrónicos, el caso que más llama la atención es el de Infored, de José Gutiérrez Vivó, que de 3 millones 527 mil pesos que recibió en el primer semestre del último año de Fox, cayó a 179 mil pesos con Calderón.
Al inicio de esta administración, el empresario y periodista -a quien Fox acusó de ser perredista- hizo públicas las advertencias del coordinador de Comunicación Social de Calderón, Maximiliano Cortázar, sobre el castigo económico al que sería sometido el noticiario Monitor en caso de no alinearse al nuevo gobierno. Por falta de recursos económicos y luego de 33 años, la emisión radiofónica cesó sus transmisiones durante 65 días, entre julio y los primeros días de septiembre.
La discrecionalidad, dice Etcétera, “es una constante en el ejercicio del presupuesto en la materia”. Cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.
Cuando el actual presidente del Senado, Santiago Creel, llegó a la Secretaría de Gobernación, el acuerdo para el año 2001 establecía que la dependencia estaba obligada a informar a la Cámara de Diputados de las erogaciones del Ejecutivo Federal en publicidad, propaganda, publicaciones y en actividades de comunicación social en general.
Para 2003, esa supuesta obligación desapareció y a partir de entonces es el propio Ejecutivo el que “se reporta” a través de la Secretaría de la Función Pública. El propio Creel anunció que el reparto se haría en función de la “amplia circulación” que acreditaran los medios, aunque no desapareció la asignación de cantidades fijas por parte de la Presidencia.
Para el primer año de gobierno de Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, publicó el 8 de febrero de 2007 en el Diario Oficial el acuerdo en que se burocratiza aún más la distribución de los recursos públicos y se introducen criterios mercadotécnicos.
El decreto facilita la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pues distribuye el gasto publicitario total del Ejecutivo en cuatro partidas del presupuesto federal sin precisar si las administra la Presidencia, Gobernación o las dependencias anunciantes.
Las partidas mencionadas en el decreto son la 3600, de servicios de impresión, publicación, difusión e información del rubro servicios generales; la 3700, de servicios de comunicación social; la 3701, de difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales; y la 3702, de difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.
Gobernación tiene ahora más formas de controlar la distribución del gasto, pues se le otorgó mayor poder de decisión a la Dirección General de Normatividad de Comunicación, que depende del subsecretario de Normatividad de Medios, Juan María Naveja de Anda.
Pero los gastos siguen sin ser escrutados y el Congreso federal se mantiene al margen del problema a pesar de que en julio pasado, a iniciativa del diputado federal por el PRD Andrés Lozano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informara sobre los contratos de toda la publicidad oficial, y a fin de que Ramírez Acuña explicara los criterios de la asignación del dinero público en esa área.
La respuesta fue de total rechazo. En agosto pasado el subsecretario de Enlace Legislativo, Armando Salinas Torre, envió a los legisladores un oficio en el que aseguró que los contratos están en poder de cada dependencia federal porque cada una hace su propia contratación; explicó que también definen los criterios en función de sus objetivos de campaña.
El propio Congreso ha sido omiso en el tema. Desde hace cinco años está en la congeladora una iniciativa de ley para regular y controlar la publicidad gubernamental en prensa escrita, radio y televisión.
La propuesta, presentada en la LVIII Legislatura, pretendía que la Cámara de Diputados supervisara la autorización y supervisión de ese gasto. Buscaba, además, que los criterios de entrega de recursos a los medios fueran “de acuerdo con el público y el objetivo que se quiere lograr, la cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos”.
Aunque proponía que el gasto se hiciera una vez agotados los tiempos oficiales en la radio y la televisión, la iniciativa señalaba que la razón por la que una dependencia elegía a determinados medios debía sustentarse “técnica, teórica y políticamente”.
Mecanismo de censura
El reparto discrecional de los recursos se ha convertido en un eficaz mecanismo de censura gubernamental. El gobierno de Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial.
En el informe correspondiente a 2006 de la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, se menciona una “creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan de forma aislada pueden considerarse relativamente inocuos, pero que observados en conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países”.
Esa presión, que la relatoría describe como “uso ilegítimo y desviado del poder público”, se traduce en “políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial”, relegación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos por coacción gubernamental o inspecciones administrativas.
Se trata de “restricciones indirectas a la libertad de expresión” prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (firmada en 1969) y por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (del 2000), ambas suscritas por México.
El artículo 133 de la Convención establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.
Así mismo, el principio 13 de la Declaración rechaza explícitamente la asignación caprichosa de la publicidad oficial: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
El informe 2006 de la relatoría se refiere también a la demanda de Marta Sahagún en contra de Proceso y la periodista Olga Wornat, y recomendó a los gobiernos americanos abstenerse de premiar o castigar la línea editorial de los medios.
Aunque no es el caso de la demanda por daño moral, que es de carácter civil, el documento mencionado señala que “la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia e injuria -figuras jurídicas a las que incorrectamente se refirió Fox cuando apoyó la demanda privada de su esposa en un acto público- demuestra tanto la intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción”.
En 2003, la relatoría de la OEA dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. Elaborada por el entonces relator Eduardo Bertoni, señala que -como ocurre en México- con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad, y en consecuencia a la autocensura de los medios.
En un apartado titulado Asignación discriminatoria de publicidad oficial, precisa que no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, pero cuando se entregan esos recursos de forma discriminatoria, debido a la falta de disposiciones legislativas, “se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Añade que el reparto de la publicidad en función de la cobertura de los medios y de las críticas que hagan o dejen de hacer a los funcionarios públicos “equivale a penalizar a los medios por ejercer el derecho” a esa libertad.
De igual forma, la relatoría especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, la representación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre Libertad de Medios de Comunicación y la relatoría especial de la OEA emitieron en 2001 una declaración conjunta para establecer que es ilegal la asignación discriminatoria de publicidad oficial.
30/09/2007
Avances legales... en Argentina
Jorge Carrasco Araizaga
Algunos países de América Latina buscan ya la forma de acabar con el uso de la publicidad oficial como medio de presión a la prensa. El mayor avance se registra en Argentina, donde la Corte Suprema acaba de resolver en contra de esa forma de censura y ordenó que se regule sobre la materia.
Con excepción de Colombia y México, en América Latina se ha reducido la violencia contra los periodistas, pero los gobiernos tienen ahora mecanismos de censura más sutiles, como el control de los medios a través de la asignación o el retiro de la publicidad oficial, asegura Roberto Saba, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires y posgraduado en Leyes en la Universidad de Yale, Saba asegura que cuando el gobierno retira la publicidad a un medio como forma de castigo o presión, pone en riesgo tres derechos:
El primero, el del medio que se autocensura y en el peor de los casos se ve obligado a cerrar; el segundo, el de los otros medios, que evitan la crítica para que no les pase lo mismo; y finalmente el del público, al que se le impide la posibilidad de conocer todas las opiniones. Se trata de derechos previstos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo artículo 133 compromete a los Estados firmantes a no ejercer ninguna censura indirecta.
Entrevistado en el Palacio de Minería durante su reciente visita a México, donde el viernes 28 participó en el Tercer Congreso Internacional sobre Regulación y Futuro Digital de los Medios Públicos, Saba asegura que la publicidad oficial “no es algo malo” en sí misma.
“Está bien que exista porque todo gobierno tiene la obligación de difundir sus programas de gestión. Para hacerlo, debe comprar espacios porque si fuera obligación de los medios terminarían asfixiados por el Estado”, aclara, pero especifica que tanto los gobiernos estatales como federales utilizan el dinero de su publicidad como premio a los medios afines y castigo a los que no lo son.
Límites al Ejecutivo
En Argentina, explica Roberto Saba, hay varios casos de censura a través del retiro de la asignación publicitaria. Destaca uno en la provincia (estado) de Neuquén -en la Patagonia- y otro en el que está involucrado el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
En el primero, el gobernador de Neuquén decidió retirarle toda la publicidad oficial al diario Río Negro, el más leído de la provincia, en castigo por una nota sobre un acto de corrupción que involucró al funcionario. A nivel federal, Kirchner hizo lo mismo con la editorial Perfil, que publica el diario Perfil y la revista Noticias.
El caso de Río Negro llegó a la Corte Suprema, que luego de tres años y medio emitió una resolución que va en consonancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución argentina.
Saba dice que la Corte estableció que ningún medio tiene derecho a pedir propaganda oficial, pero que el Estado no puede retirar la publicidad oficial como consecuencia del contenido de la expresión de ese medio, pues se trataría de un acto de censura.
El director de la ADC destaca un segundo punto de la resolución de los ministros argentinos, “crucial para los derechos civiles”: que este problema se soluciona con una regulación clara que le ponga límites a la discrecionalidad del gobierno al distribuir la publicidad.
En una medida inusual, añade, la Corte le ordenó al gobernador que en un plazo de 30 días le lleve una propuesta de regulación que limite su facultad discrecional de poner publicidad.
“No será cualquier regulación porque hay una serie de estándares, producto del derecho comparado, que son más o menos universales”, dice Saba, cuya organización elaboró los Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial y en 2005 publicó el documento Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina.
En el caso de la editorial Perfil, el juicio se encuentra en primera instancia, aunque Saba informa que la oficina encargada de distribuir la publicidad oficial -la Secretaría de Medios de Comunicación, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación- ha advertido que no le dará pauta gubernamental porque sus medios son “amarillistas y críticos de la labor del gobierno”.
Sin embargo, señala que esos son los únicos litigios, pues los medios de las provincias argentinas son muy débiles. El 80% de su financiamiento es publicidad oficial, por lo que se autocensuran.
Saba dice que en Argentina la entrega de publicidad oficial es muy desigual. “Por ejemplo, el diario Página 12, de centroizquierda, comprometido con los derechos humanos y cercano al gobierno de Kirchner, recibe una cantidad de publicidad que es desproporcionada con su tiraje. Es el tercer diario nacional, pero su tiraje está muy lejos del segundo, que es La Nación, y del primero, que es Clarín.”
Según Una censura sutil…, el periódico Página 12 recibe 29% de la publicidad oficial, mientras que sus dos principales competidores sólo obtienen 5% cada uno.
“No decimos que los medios de mayor tiraje deban recibir mayor publicidad oficial, sino que ésta siempre esté asociada a un objetivo de campaña. El gobierno tiene que buscar que la publicidad se canalice al medio que mejor llegue a la población objetivo”, añade.
Además de Argentina, en Chile, Perú y Uruguay han comenzado a buscar controles sobre la publicidad oficial. Perú, incluso, al igual que España, ya sancionó una ley para garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial.
En materia de medios, lo que importa es la diversidad
Documento del 12 December 2007
Los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Representante de la OSCE sobre Libertad de Medios, convocados por Artículo 19 (ONG especializada en libertad de expresión con sede en Londres), se reunieron en Amsterdam y emitieron un comunicado conjunto en el que proclaman la necesidad de promover la Diversidad en materia de Radiodifusión.
Special Mandates Promote Broadcasting Diversity
The four special mandates on freedom of expression – the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information – today issued a Joint Declaration on Broadcasting Diversity, with the assistance of ARTICLE 19.
The Joint Declaration makes a number of general points about the promotion of diversity, including that where regulatory tools are applied by bodies which lack independence from government or commercial interests, or in a non-transparent manner, they are likely to be abused. The Declaration also recognises the need for measures to promote three different types of diversity: diversity of outlet (types of media), diversity of source (ownership of the media) and diversity of content (media output). Among other things, the Declaration calls for:
Broad public education efforts to promote media literacy and to help bridge the digital divide.
The allocation of sufficient frequencies to broadcasting – including frequencies freed up as part of the digital dividend – and the equitable allocation of those frequencies to commercial, public service and community broadcasters.
No licensing of the Internet.
Special measures to promote and protect public service and community broadcasting.
Strong anti-monopoly measures applied in a transparency fashion through active monitoring, and backed up by adequate enforcement powers.
The use of policy tools to promote content diversity within and among media outlets.
Support measures, applied in an objective and non-discriminatory manner, for the establishment of new media outlets and for the production of content which makes an important contribution to diversity.
ARTICLE 19 first brought the special mandates on freedom of expression together in 1999 and they have issued a Joint Declaration every year since then, making the 2007 Declaration their ninth. Each Declaration serves to elaborate on the meaning of freedom of expression in a different thematic area(s). Collectively, the Declarations provide important guidance to those wishing to understand international human rights standards.
NOTES TO EDITORS
• The Joint Declaration is available at: http://www.article19.org/pdfs/igo-documents/mandates-broadcasting.pdf
• For more information: please contact Toby Mendel, a19law@hfx.eastlink.ca, +1 902 431-3686.
ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.
ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
Tel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org
Los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Representante de la OSCE sobre Libertad de Medios, convocados por Artículo 19 (ONG especializada en libertad de expresión con sede en Londres), se reunieron en Amsterdam y emitieron un comunicado conjunto en el que proclaman la necesidad de promover la Diversidad en materia de Radiodifusión.
Special Mandates Promote Broadcasting Diversity
The four special mandates on freedom of expression – the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information – today issued a Joint Declaration on Broadcasting Diversity, with the assistance of ARTICLE 19.
The Joint Declaration makes a number of general points about the promotion of diversity, including that where regulatory tools are applied by bodies which lack independence from government or commercial interests, or in a non-transparent manner, they are likely to be abused. The Declaration also recognises the need for measures to promote three different types of diversity: diversity of outlet (types of media), diversity of source (ownership of the media) and diversity of content (media output). Among other things, the Declaration calls for:
Broad public education efforts to promote media literacy and to help bridge the digital divide.
The allocation of sufficient frequencies to broadcasting – including frequencies freed up as part of the digital dividend – and the equitable allocation of those frequencies to commercial, public service and community broadcasters.
No licensing of the Internet.
Special measures to promote and protect public service and community broadcasting.
Strong anti-monopoly measures applied in a transparency fashion through active monitoring, and backed up by adequate enforcement powers.
The use of policy tools to promote content diversity within and among media outlets.
Support measures, applied in an objective and non-discriminatory manner, for the establishment of new media outlets and for the production of content which makes an important contribution to diversity.
ARTICLE 19 first brought the special mandates on freedom of expression together in 1999 and they have issued a Joint Declaration every year since then, making the 2007 Declaration their ninth. Each Declaration serves to elaborate on the meaning of freedom of expression in a different thematic area(s). Collectively, the Declarations provide important guidance to those wishing to understand international human rights standards.
NOTES TO EDITORS
• The Joint Declaration is available at: http://www.article19.org/pdfs/igo-documents/mandates-broadcasting.pdf
• For more information: please contact Toby Mendel, a19law@hfx.eastlink.ca, +1 902 431-3686.
ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.
ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
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Igualdad e Integracion
Sometimes there's no other way to achieve integration
Este comentario fue publicado en el Seattle Post-Intelligencer el 2 de septiembre de 2007.
By Owen Fiss
Guest Columnist
The U.S. Supreme Court's ruling in June disapproving the Seattle and Louisville school desegregation plans shocked the nation, and for many has been memorialized by Chief Justice John Roberts' catchy concluding sentence: "The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race." Yet the principle of colorblindness Roberts affirmed is not -- and has never been -- the law.
On this issue, Roberts spoke for himself and Justices Antonin Scalia, Clarence Thomas and Samuel Alito. Justice Stephen Breyer dissented, and in opposition to Roberts maintained that integration was a compelling state purpose. Integrated school environments promote equality of educational opportunities for disadvantaged students and improve intergroup relations in ways that benefit all students and furthers the democratic purposes of the Constitution.
In reaching this conclusion, Breyer comprehensively reviewed all the available empirical evidence, and he was careful not to limit his analysis to situations where segregation is the product of official state policy. Breyer also explained why it is sometimes necessary touse racial assignments to achieve integration -- there is no other way.
Justices John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg and David Souter joined Breyer's dissent. Justice Anthony Kennedy joined Roberts' opinion, but only partially so, explicitly disavowing Roberts' prohibition against the use of race in making student assignments. In the same key as Breyer, Kennedy spoke eloquently of the nation's commitment to "an integrated society." Referring to the Roberts opinion, Kennedy continued: "To the extent that the plurality opinion suggests that the Constitution mandates the status quo of racial isolation in schools, it is, in my view, profoundly mistaken."
Kennedy even went on to identify a number of the means that school boards might use to achieve racial integration -- strategic location of new schools on the borders of black and white neighborhoods; drawing geographic attendance zones in such a way to avoid reinforcing segregated housing patterns; the establishment of magnet programs that would attract students of both races; and the targeted recruitment of faculty and students.
What troubled Kennedy above all about the Seattle and Louisville plans was not their overarching integrative purpose or even the fact that they were race-conscious, but rather that they denied a child's choice of school based on how the school boards might classify that child -- as white or non-white. As Kennedy explained: "Crude measures of this sort threatened to reduce children to racial chits valued and traded according to one school's supply and another's demand."
Breyer showed, successfully to my mind, why the Seattle and Louisville plans did not entail the reductionism that so bothered
Kennedy. As Breyer emphasized, most of the children were assigned to schools on the basis of their choice. Now and then an applicant might, on the basis of race, be denied a choice, but that child would be assigned to another school in the system that is presumably as good as the one he or she preferred. In the context of elementary and secondary school assignments, admission is generally not based on merit, and thus the rejected applicant is not likely to be subject to the kind of stigma arguably entailed in being rejected from a prestigious university.
In the end, Kennedy remained unpersuaded by Breyer's analysis, but he carefully confined his ruling to the case and record before the court. In doing so, he left the door open for school integration plans of the type used by Seattle and Louisville. Specifically, Kennedy indicated he would permit the use of racial classifications in the process of assigning students to schools, much the same way as Seattle and Louisville had, although only after it has been shown that less invidious means had been tried and failed: "Measures other than differential treatment based on race first must be tried."
The immediate question before the court in the Seattle and Louisville cases was one of permissibility: Is it constitutionally
permissible for school boards to use race in making student assignments in order to achieve integration? A majority of the court -- Breyer, Stevens, Ginsburg, Souter and even Kennedy -- answered that question in the affirmative, although Kennedy would require school boards to try other means before resorting to racial classifications.
This question of permissibility is distinct from the question of obligation at issue in Brown v. Board of Education: Are school
boards constitutionally obligated to assign students to schools in such a way as to promote integration? Seeing school integration as a way of furthering equality of educational opportunity and as such a means for eradicating the racial caste structure rooted in the history of slavery and Jim Crow, Chief Justice Earl Warren and his colleagues answered that question in the affirmative.
This understanding of Brown was reflected in the Supreme Court's decisions in the New Kent County (1968), Charlotte-Mecklenberg (1971) and Denver (1973) cases. But in the 1974 decision in Milliken v. Bradley a newly formed majority reversed direction and announced a doctrine that allows school boards to assign students to schools on the basis of their residence even when the foreseeable consequence of that policy is segregated attendance patterns.
Justice Thurgood Marshall, dissenting in the Milliken case, decried that result "as a giant step backwards." The Seattle and Louisville decision did not question Milliken in any way and left the ruling of that case untouched. Those school boards willing to desegregate remain free to do so, and are able to use various strategies that employ race for that purpose, but those that are reluctant and unwilling to create integrated school environments -- the great bulk of school boards throughout the nation -- remain free from a constitutional obligation to do so.
The state of the law is not likely to change in the immediate future. Yet the Seattle and Louisville cases provided an important
opportunity -- indeed the first -- for Breyer to address elementary and secondary school desegregation. He rose to the occasion. In a coda to his dissent, which is likely to become as celebrated as Justice Oliver Wendell Holmes' valiant peroration on behalf of free speech in Abrams v. United States, Breyer spoke passionately of the promise of Brown and accused Roberts and those who joined his opinion of betraying that promise. He underscored the multitude of values furthered by school integration and although his immediate purpose was only to legitimate the use of race by schools voluntarily trying to achieve that goal, the implications of what he said may well be broader.
Breyer said -- and here Kennedy echoed his sentiments -- that school integration provides equality of educational opportunities and furthers the democratic aims of the Constitution, and for that reason is a compelling, indeed urgent, government purpose. If this is the case, might not the action of a school board assigning students to schools in a way that segregates them violate the Constitution, even if that segregation is produced not by Jim Crow, but rather by seemingly innocent criteria that inevitably and foreseeably produce the same result?
Owen Fiss is a professor at Yale Law School. He was special assistant to the assistant attorney general in charge of the Civil
Rights Division of the Department of Justice from 1966-1968.
Este comentario fue publicado en el Seattle Post-Intelligencer el 2 de septiembre de 2007.
By Owen Fiss
Guest Columnist
The U.S. Supreme Court's ruling in June disapproving the Seattle and Louisville school desegregation plans shocked the nation, and for many has been memorialized by Chief Justice John Roberts' catchy concluding sentence: "The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race." Yet the principle of colorblindness Roberts affirmed is not -- and has never been -- the law.
On this issue, Roberts spoke for himself and Justices Antonin Scalia, Clarence Thomas and Samuel Alito. Justice Stephen Breyer dissented, and in opposition to Roberts maintained that integration was a compelling state purpose. Integrated school environments promote equality of educational opportunities for disadvantaged students and improve intergroup relations in ways that benefit all students and furthers the democratic purposes of the Constitution.
In reaching this conclusion, Breyer comprehensively reviewed all the available empirical evidence, and he was careful not to limit his analysis to situations where segregation is the product of official state policy. Breyer also explained why it is sometimes necessary touse racial assignments to achieve integration -- there is no other way.
Justices John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg and David Souter joined Breyer's dissent. Justice Anthony Kennedy joined Roberts' opinion, but only partially so, explicitly disavowing Roberts' prohibition against the use of race in making student assignments. In the same key as Breyer, Kennedy spoke eloquently of the nation's commitment to "an integrated society." Referring to the Roberts opinion, Kennedy continued: "To the extent that the plurality opinion suggests that the Constitution mandates the status quo of racial isolation in schools, it is, in my view, profoundly mistaken."
Kennedy even went on to identify a number of the means that school boards might use to achieve racial integration -- strategic location of new schools on the borders of black and white neighborhoods; drawing geographic attendance zones in such a way to avoid reinforcing segregated housing patterns; the establishment of magnet programs that would attract students of both races; and the targeted recruitment of faculty and students.
What troubled Kennedy above all about the Seattle and Louisville plans was not their overarching integrative purpose or even the fact that they were race-conscious, but rather that they denied a child's choice of school based on how the school boards might classify that child -- as white or non-white. As Kennedy explained: "Crude measures of this sort threatened to reduce children to racial chits valued and traded according to one school's supply and another's demand."
Breyer showed, successfully to my mind, why the Seattle and Louisville plans did not entail the reductionism that so bothered
Kennedy. As Breyer emphasized, most of the children were assigned to schools on the basis of their choice. Now and then an applicant might, on the basis of race, be denied a choice, but that child would be assigned to another school in the system that is presumably as good as the one he or she preferred. In the context of elementary and secondary school assignments, admission is generally not based on merit, and thus the rejected applicant is not likely to be subject to the kind of stigma arguably entailed in being rejected from a prestigious university.
In the end, Kennedy remained unpersuaded by Breyer's analysis, but he carefully confined his ruling to the case and record before the court. In doing so, he left the door open for school integration plans of the type used by Seattle and Louisville. Specifically, Kennedy indicated he would permit the use of racial classifications in the process of assigning students to schools, much the same way as Seattle and Louisville had, although only after it has been shown that less invidious means had been tried and failed: "Measures other than differential treatment based on race first must be tried."
The immediate question before the court in the Seattle and Louisville cases was one of permissibility: Is it constitutionally
permissible for school boards to use race in making student assignments in order to achieve integration? A majority of the court -- Breyer, Stevens, Ginsburg, Souter and even Kennedy -- answered that question in the affirmative, although Kennedy would require school boards to try other means before resorting to racial classifications.
This question of permissibility is distinct from the question of obligation at issue in Brown v. Board of Education: Are school
boards constitutionally obligated to assign students to schools in such a way as to promote integration? Seeing school integration as a way of furthering equality of educational opportunity and as such a means for eradicating the racial caste structure rooted in the history of slavery and Jim Crow, Chief Justice Earl Warren and his colleagues answered that question in the affirmative.
This understanding of Brown was reflected in the Supreme Court's decisions in the New Kent County (1968), Charlotte-Mecklenberg (1971) and Denver (1973) cases. But in the 1974 decision in Milliken v. Bradley a newly formed majority reversed direction and announced a doctrine that allows school boards to assign students to schools on the basis of their residence even when the foreseeable consequence of that policy is segregated attendance patterns.
Justice Thurgood Marshall, dissenting in the Milliken case, decried that result "as a giant step backwards." The Seattle and Louisville decision did not question Milliken in any way and left the ruling of that case untouched. Those school boards willing to desegregate remain free to do so, and are able to use various strategies that employ race for that purpose, but those that are reluctant and unwilling to create integrated school environments -- the great bulk of school boards throughout the nation -- remain free from a constitutional obligation to do so.
The state of the law is not likely to change in the immediate future. Yet the Seattle and Louisville cases provided an important
opportunity -- indeed the first -- for Breyer to address elementary and secondary school desegregation. He rose to the occasion. In a coda to his dissent, which is likely to become as celebrated as Justice Oliver Wendell Holmes' valiant peroration on behalf of free speech in Abrams v. United States, Breyer spoke passionately of the promise of Brown and accused Roberts and those who joined his opinion of betraying that promise. He underscored the multitude of values furthered by school integration and although his immediate purpose was only to legitimate the use of race by schools voluntarily trying to achieve that goal, the implications of what he said may well be broader.
Breyer said -- and here Kennedy echoed his sentiments -- that school integration provides equality of educational opportunities and furthers the democratic aims of the Constitution, and for that reason is a compelling, indeed urgent, government purpose. If this is the case, might not the action of a school board assigning students to schools in a way that segregates them violate the Constitution, even if that segregation is produced not by Jim Crow, but rather by seemingly innocent criteria that inevitably and foreseeably produce the same result?
Owen Fiss is a professor at Yale Law School. He was special assistant to the assistant attorney general in charge of the Civil
Rights Division of the Department of Justice from 1966-1968.
domingo, 26 de agosto de 2007
Arte y Libertad de Expresion
CLARIN, 28 de Diciembre de 2004
TRIBUNA
La democracia no desconfía de la libertad
Anoche se levantó la clausura a la muestra de Ferrari, que aún no reabre al público. El debate en torno a los valores continúa.
Roberto Saba.
El debate en torno a la muestra de León Ferrari y su eventual cierre no es un tema menor. Permite reflexionar sobre uno de los de los mayores dilemas de una democracia liberal, poniéndola y poniéndonos a prueba.
La democracia liberal, en la que se funda nuestra Constitución, requiere de los ciudadanos el valor de enfrentar ciertos riesgos. Uno de ellos, quizá el más importante, lo constituye el de ser capaces de exponerse a expresiones que pueden no ser de nuestro agrado o, aún más, que pueden provocarnos el más absoluto de los rechazos.
La democracia también presupone tener confianza en la razón y la inteligencia de las personas para decidir libremente lo que es mejor para ellas individual y colectivamente. Es cierto que todos podemos "equivocarnos" al usar nuestra razón y nuestra libertad, pero esa posibilidad no justifica que se nos impida recurrir a ellas, como lo sostenía John Stuart Mill, el liberal por excelencia del siglo XIX, en su famosa defensa de la libertad de expresión en su clásico Sobre la libertad.
La libertad de expresión no es sólo un derecho individual de aquel que se expresa. También comprende el derecho de todos los demás a conocer esa expresión. En este sentido, Mill afirmaba que "si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase, como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que hablara la humanidad. Si fuera la opinión una posesión personal que sólo tuviera valor para su dueño, si el impedir su disfrute fuera simplemente un perjuicio particular, habría alguna diferencia entre que el perjuicio se infligiera a pocas o a muchas personas. Pero la peculiaridad del mal que consiste en impedir la expresión de una opinión es que se comete un robo a la raza humana, a la posteridad tanto como a la generación actual, a aquellos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquellos que participan en ella".
Si la expresión de censura fuera verdadera, sostenía este filósofo de actualidad permanente, al prohibirla nos privamos de ella. Si ella estuviera en un error, la verdad pierde la oportunidad de revigorizarse al ser contrastada con él. Lo único que justificaría la censura, entonces, sería el miedo a enfrentar la posibilidad de que estemos equivocados o la negación de que las personas pueden, por sí mismas, discriminar la verdad de aquello que no lo es. La censura necesita confiar en unos pocos que nos dirán al resto qué podemos y qué no podemos saber.
La libertad de expresión, además de ser un derecho individual del que se expresa, es también una precondición del sistema democrático. La protección de la expresión es el mecanismo por el cual nos aseguramos que ninguna idea quede fuera del debate público que precede a la decisión democrática del pueblo. La prohibición de una expresión empobrece el debate público, corre el riesgo de bloquear un potencial camino hacia la verdad y nos priva a todos de contar con mayor información para ejercer nuestra ciudadanía o desarrollarnos como persona autónomas.
Así lo entendió el Estado argentino cuando se obligó por medio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión (artística, entre otras).
Owen Fiss, profesor de libertad de expresión de la Universidad de Yale, afirma que lo único que podría justificar imponer un límite a la libertad de expresión como precondición del debate democrático es que la expresión en cuestión provocara el "silenciamiento", por miedo, por ejemplo, de las expresiones de otros. La quema de una cruz por el Ku Klux Klan en un barrio de afroamericanos, o la manifestación de un grupo nazi son expresiones que muy probablemente no contarían con la protección del derecho por empobrecer eventualmente el debate público al provocar el silencio, quizá por miedo, de una minoría negra o judía. En un sentido similar se pronuncia la misma Convención Americana. Si, por el contrario, la expresión de una persona no tiene ninguna posibilidad de silenciar a una mayoría religiosa, nada parece justificar la prohibición de esa expresión.
Una vez que logramos establecer los alcances del derecho a expresarse, resta preguntarse si el Estado se encuentra facultado a invertir recursos públicos para posibilitar la expresión de algunos. Una vez más, no es posible resolver esta cuestión sin aclarar cuál es la razón por la que protegemos la expresión. Si la democracia, para poder arribar a mejores decisiones, requiere de un rico y robusto debate público, entonces es posible justificar que el Estado utilice sus recursos para permitir que voces menos oídas, minoritarias y diferentes a las de la mayoría alcancen a ser conocidas por la comunidad política.
El Estado utiliza una enorme cantidad de recursos para favorecer expresiones, incluso en ocasiones que quizá ni siquiera llamen nuestra atención: la asignación de becas de estudio o de investigación; la instalación de medios de comunicación; la distribución de subsidios a ONG o iglesias; o la puesta a disposición de las limitadas superficies de las paredes de sus museos y salas de exhibición. En este sentido, estaría constitucionalmente menos justificado asignar recursos (fondos o metros cuadrados) para que se expresen voces mayoritarias que para subsidiar expresiones menos conocidas.
Nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que hemos suscripto y la propia jurisprudencia de nuestra Corte Suprema hacen de Argentina un país que debería enorgullecerse por el lugar predominante que le reconoce a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Así lo ha reconocido en numerosas oportunidades la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA cuando se refiere al liderazgo de nuestro país en la región. No debemos temer al ejercicio de la libertad ni desconfiar de la posibilidad de que cada persona decida acerca de lo que es bueno para ella sin interferencias de terceros.
TRIBUNA
La democracia no desconfía de la libertad
Anoche se levantó la clausura a la muestra de Ferrari, que aún no reabre al público. El debate en torno a los valores continúa.
Roberto Saba.
El debate en torno a la muestra de León Ferrari y su eventual cierre no es un tema menor. Permite reflexionar sobre uno de los de los mayores dilemas de una democracia liberal, poniéndola y poniéndonos a prueba.
La democracia liberal, en la que se funda nuestra Constitución, requiere de los ciudadanos el valor de enfrentar ciertos riesgos. Uno de ellos, quizá el más importante, lo constituye el de ser capaces de exponerse a expresiones que pueden no ser de nuestro agrado o, aún más, que pueden provocarnos el más absoluto de los rechazos.
La democracia también presupone tener confianza en la razón y la inteligencia de las personas para decidir libremente lo que es mejor para ellas individual y colectivamente. Es cierto que todos podemos "equivocarnos" al usar nuestra razón y nuestra libertad, pero esa posibilidad no justifica que se nos impida recurrir a ellas, como lo sostenía John Stuart Mill, el liberal por excelencia del siglo XIX, en su famosa defensa de la libertad de expresión en su clásico Sobre la libertad.
La libertad de expresión no es sólo un derecho individual de aquel que se expresa. También comprende el derecho de todos los demás a conocer esa expresión. En este sentido, Mill afirmaba que "si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase, como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que hablara la humanidad. Si fuera la opinión una posesión personal que sólo tuviera valor para su dueño, si el impedir su disfrute fuera simplemente un perjuicio particular, habría alguna diferencia entre que el perjuicio se infligiera a pocas o a muchas personas. Pero la peculiaridad del mal que consiste en impedir la expresión de una opinión es que se comete un robo a la raza humana, a la posteridad tanto como a la generación actual, a aquellos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquellos que participan en ella".
Si la expresión de censura fuera verdadera, sostenía este filósofo de actualidad permanente, al prohibirla nos privamos de ella. Si ella estuviera en un error, la verdad pierde la oportunidad de revigorizarse al ser contrastada con él. Lo único que justificaría la censura, entonces, sería el miedo a enfrentar la posibilidad de que estemos equivocados o la negación de que las personas pueden, por sí mismas, discriminar la verdad de aquello que no lo es. La censura necesita confiar en unos pocos que nos dirán al resto qué podemos y qué no podemos saber.
La libertad de expresión, además de ser un derecho individual del que se expresa, es también una precondición del sistema democrático. La protección de la expresión es el mecanismo por el cual nos aseguramos que ninguna idea quede fuera del debate público que precede a la decisión democrática del pueblo. La prohibición de una expresión empobrece el debate público, corre el riesgo de bloquear un potencial camino hacia la verdad y nos priva a todos de contar con mayor información para ejercer nuestra ciudadanía o desarrollarnos como persona autónomas.
Así lo entendió el Estado argentino cuando se obligó por medio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión (artística, entre otras).
Owen Fiss, profesor de libertad de expresión de la Universidad de Yale, afirma que lo único que podría justificar imponer un límite a la libertad de expresión como precondición del debate democrático es que la expresión en cuestión provocara el "silenciamiento", por miedo, por ejemplo, de las expresiones de otros. La quema de una cruz por el Ku Klux Klan en un barrio de afroamericanos, o la manifestación de un grupo nazi son expresiones que muy probablemente no contarían con la protección del derecho por empobrecer eventualmente el debate público al provocar el silencio, quizá por miedo, de una minoría negra o judía. En un sentido similar se pronuncia la misma Convención Americana. Si, por el contrario, la expresión de una persona no tiene ninguna posibilidad de silenciar a una mayoría religiosa, nada parece justificar la prohibición de esa expresión.
Una vez que logramos establecer los alcances del derecho a expresarse, resta preguntarse si el Estado se encuentra facultado a invertir recursos públicos para posibilitar la expresión de algunos. Una vez más, no es posible resolver esta cuestión sin aclarar cuál es la razón por la que protegemos la expresión. Si la democracia, para poder arribar a mejores decisiones, requiere de un rico y robusto debate público, entonces es posible justificar que el Estado utilice sus recursos para permitir que voces menos oídas, minoritarias y diferentes a las de la mayoría alcancen a ser conocidas por la comunidad política.
El Estado utiliza una enorme cantidad de recursos para favorecer expresiones, incluso en ocasiones que quizá ni siquiera llamen nuestra atención: la asignación de becas de estudio o de investigación; la instalación de medios de comunicación; la distribución de subsidios a ONG o iglesias; o la puesta a disposición de las limitadas superficies de las paredes de sus museos y salas de exhibición. En este sentido, estaría constitucionalmente menos justificado asignar recursos (fondos o metros cuadrados) para que se expresen voces mayoritarias que para subsidiar expresiones menos conocidas.
Nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que hemos suscripto y la propia jurisprudencia de nuestra Corte Suprema hacen de Argentina un país que debería enorgullecerse por el lugar predominante que le reconoce a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Así lo ha reconocido en numerosas oportunidades la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA cuando se refiere al liderazgo de nuestro país en la región. No debemos temer al ejercicio de la libertad ni desconfiar de la posibilidad de que cada persona decida acerca de lo que es bueno para ella sin interferencias de terceros.
No al secreto
25.05.2007 | Clarin.com | Opinión
DEBATE
Contra la cultura del secreto
Roberto Saba
A mayor información, menores probabilidades de que tomemos una decisión equivocada en nuestras vidas. Gran parte de esta información se encuentra en manos del Gobierno, que la reúne, la produce, la organiza, la almacena y la archiva. Esta información no se limita a algunos documentos compilados en archivos. La información pública (que es como llamamos a la información en manos del Gobierno) puede ser también la que se refiere a la calificación de las escuelas, a los antecedentes utilizados para componer un dato estadístico, al funcionamiento de un radar en el aeropuerto, a la condición de un establecimiento carcelario, al modo en que se está ejecutando un programa de salud o a los gastos de un funcionario en un viaje oficial. Acceder a esta información, además de ser útil para desarrollar nuestras vidas, es un derecho constitucional reconocido, además, por la Convención Americana de Derechos Humanos por medio de su artículo 13. En 2003, Argentina dio un paso sumamente importante para que los habitantes de este país podamos ejercer con mayor efectividad este derecho cuando el Gobierno nacional sancionó el decreto 1172/03, que establece el modo en que podemos pedir información al Poder Ejecutivo Nacional sobre cuestiones de su incumbencia. Lamentablemente, poco tiempo después, perdimos la oportunidad de aprobar una ley en el mismo sentido que hubiera reforzado aquel decreto y hubiera alcanzado a los otros dos poderes del Estado. Aún queda mucho por hacer. Desde el Estado, es preciso que la administración entera se ponga en sintonía con este derecho de la ciudadanía. Que los funcionarios y empleados públicos sean instruidos en esta obligación estatal de desmantelar una cultura del secreto que no le hace bien ni siquiera al propio Estado. Desde la sociedad civil, debemos asumir mayor conciencia de nuestro derecho y pedir información al Estado sobre todo lo que sea de nuestro interés. Estos días, algunas organizaciones de la sociedad civil estamos invitando a celebrar en Argentina la semana del derecho a la información. Este tipo de evocaciones nos incitan a pensar y actuar de modo diferente en torno al tema que se ilumina con la celebración. Los derechos no se ejercen solos. Su respeto depende de que reclamemos por su vigencia.
http://www.clarin.com/diario/2007/05/25/opinion/o-03102.htm
DEBATE
Contra la cultura del secreto
Roberto Saba
A mayor información, menores probabilidades de que tomemos una decisión equivocada en nuestras vidas. Gran parte de esta información se encuentra en manos del Gobierno, que la reúne, la produce, la organiza, la almacena y la archiva. Esta información no se limita a algunos documentos compilados en archivos. La información pública (que es como llamamos a la información en manos del Gobierno) puede ser también la que se refiere a la calificación de las escuelas, a los antecedentes utilizados para componer un dato estadístico, al funcionamiento de un radar en el aeropuerto, a la condición de un establecimiento carcelario, al modo en que se está ejecutando un programa de salud o a los gastos de un funcionario en un viaje oficial. Acceder a esta información, además de ser útil para desarrollar nuestras vidas, es un derecho constitucional reconocido, además, por la Convención Americana de Derechos Humanos por medio de su artículo 13. En 2003, Argentina dio un paso sumamente importante para que los habitantes de este país podamos ejercer con mayor efectividad este derecho cuando el Gobierno nacional sancionó el decreto 1172/03, que establece el modo en que podemos pedir información al Poder Ejecutivo Nacional sobre cuestiones de su incumbencia. Lamentablemente, poco tiempo después, perdimos la oportunidad de aprobar una ley en el mismo sentido que hubiera reforzado aquel decreto y hubiera alcanzado a los otros dos poderes del Estado. Aún queda mucho por hacer. Desde el Estado, es preciso que la administración entera se ponga en sintonía con este derecho de la ciudadanía. Que los funcionarios y empleados públicos sean instruidos en esta obligación estatal de desmantelar una cultura del secreto que no le hace bien ni siquiera al propio Estado. Desde la sociedad civil, debemos asumir mayor conciencia de nuestro derecho y pedir información al Estado sobre todo lo que sea de nuestro interés. Estos días, algunas organizaciones de la sociedad civil estamos invitando a celebrar en Argentina la semana del derecho a la información. Este tipo de evocaciones nos incitan a pensar y actuar de modo diferente en torno al tema que se ilumina con la celebración. Los derechos no se ejercen solos. Su respeto depende de que reclamemos por su vigencia.
http://www.clarin.com/diario/2007/05/25/opinion/o-03102.htm
Derecho a la Informacion
Clarin, 28 de Septiembre de 2004
TRIBUNA
Argentina, en mora con el derecho a la información
Son cada vez más países los que han incluido el acceso a la información pública como un derecho de todos los ciudadanos.
Roberto Saba. DIRECTOR DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES
Hoy se celebra internacionalmente el Día del Derecho a Saber. Los activistas de derechos humanos del mundo queremos aprovechar esta fecha para atraer la atención de la gente sobre el derecho a la información que todas las personas tienen en una sociedad democrática.
Adoptar un régimen democrático implica reconocer a la ciudadanía el derecho a autogobernarse por medio de sus representantes. Esta idea de autogobierno exige de cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar decisiones públicas tales como a quién queremos votar para ocupar cargos electivos, qué políticas públicas decidimos apoyar o qué decisiones del Gobierno vamos a criticar y reclamar su cambio de dirección.
Una enorme cantidad de datos y documentos cruciales para nuestra vida pública y privada se encuentra en poder del Gobierno. Lamentablemente, muchas burocracias, y en particular las gubernamentales, tienen una tendencia al secreto y a no brindar información por diferentes motivos, entre ellos, el de evitar ser controlados y juzgados por la ciudadanía.
Habitualmente se relaciona el acceso a la información con un mecanismo de control de corrupción. Más información implica mayor transparencia y ello conduce a mayor control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía. Esto es verdad.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a saber tiene un impacto mucho mayor en nuestras vidas públicas o privadas.
Por ejemplo, es por medio del derecho a la verdad, un derivado del derecho a saber que reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos construir nuestra identidad personal y colectiva conociendo, por ejemplo, qué sucedió en los oscuros años de la última dictadura militar o con los atentados terroristas contra la Embajada israelí y la AMIA.
Es por medio del derecho a saber que podemos organizar nuestra vida privada, conociendo el modo en que el Estado implementa políticas de salud, de educación o de asistencia social.
No poder saber cómo votan nuestros legisladores debido a que no existen registros en la mayoría de los casos respecto de la sanción de una ley, torna casi imposible formarse un juicio sobre su desempeño al momento de elegirlos para el mismo u otro cargo.
No tener la posibilidad de acceder a un informe de impacto ambiental producido por o para el Gobierno impide que la ciudadanía controle el accionar de las autoridades públicas o de particulares respecto de la contaminación del medio ambiente (que a veces se relaciona con la generación de muertes o graves afectaciones a la salud).
No conocer la evaluación que el propio Estado hace de las escuelas no nos permite saber qué tipo de educación reciben o podrían recibir nuestros hijos.
No acceder a la información respecto de quiénes reciben cuánta publicidad oficial y por medio de qué procedimientos nos impide saber el grado de independencia de los medios de comunicación que leemos, vemos o escuchamos.
Desconocer con quiénes contrata el Estado no permite saber si nuestra empresa puede competir por esos contratos o si lo está haciendo del modo más eficaz o económico para el beneficio del interés público.
Muchos países del mundo y buen número de los de nuestro continente cuentan hoy con un poderoso instrumento que puede ser utilizado por la ciudadanía para ejercer su derecho a saber. Se trata de leyes que regulan el acceso a la información y que establecen que toda persona tiene el derecho de acceder a la información que posee el gobierno sin necesidad de expresar el motivo de la solicitud.
La negativa injustificada del Estado de brindar la información requerida implica la violación de un derecho y habilita a la persona a reclamar por su respeto ante los tribunales nacionales e internacionales.
Algunos ejemplos de la utilidad de esta legislación en otros países nos ayudan a apreciar su necesidad. En Japón, gracias a la ley de acceso a la información se supo que el gobierno había intentado manipular la delimitación geográfica de las áreas afectadas por envenenamiento con mercurio con el objeto de reducir las indemnizaciones a pagar.
En la India, esta legislación permitió saber que en el barrio Sunder Nagari de Nueva Delhi existen obras públicas sin terminar destinadas a construir cloacas empezadas en 1983. El partido opositor al gobierno sudafricano usó la ley de acceso a la información para abrir documentos que mostraron un controvertido contrato sobre petróleo hecho con Nigeria.
Una organización no gubernamental de Bulgaria utilizó su ley de acceso a la información para revelar que el ministro de Ciencias y Educación le alquiló a una agencia privada la planta baja del ministerio.
En enero de 2002, un grupo de agricultores orgánicos chilenos, ejerciendo su derecho a la información, ganó el primer caso judicial de la historia de ese país que obligó al gobierno a brindar datos respecto de la localización de cultivos transgénicos.
La Argentina no cuenta con esta ley. El 8 de mayo de 2003 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto en este sentido que fue apoyado por un considerable número de organizaciones de la sociedad civil.
Desde entonces, este proyecto se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara de Senadores con algún riesgo de que pierda estado parlamentario por no aprobarse a tiempo. Si se aprueba con modificaciones, habrá que esperar a que se pronuncie nuevamente la Cámara de Diputados.
Lamentablemente, tendremos poco que festejar este 28 de setiembre en este contexto, a menos que nuestros legisladores nos den pronto la buena noticia de que los argentinos, al igual que las personas que habitan tantas otras naciones democráticas del globo, también podremos contar con una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho a saber: nuestra ley de acceso a la información.
TRIBUNA
Argentina, en mora con el derecho a la información
Son cada vez más países los que han incluido el acceso a la información pública como un derecho de todos los ciudadanos.
Roberto Saba. DIRECTOR DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES
Hoy se celebra internacionalmente el Día del Derecho a Saber. Los activistas de derechos humanos del mundo queremos aprovechar esta fecha para atraer la atención de la gente sobre el derecho a la información que todas las personas tienen en una sociedad democrática.
Adoptar un régimen democrático implica reconocer a la ciudadanía el derecho a autogobernarse por medio de sus representantes. Esta idea de autogobierno exige de cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar decisiones públicas tales como a quién queremos votar para ocupar cargos electivos, qué políticas públicas decidimos apoyar o qué decisiones del Gobierno vamos a criticar y reclamar su cambio de dirección.
Una enorme cantidad de datos y documentos cruciales para nuestra vida pública y privada se encuentra en poder del Gobierno. Lamentablemente, muchas burocracias, y en particular las gubernamentales, tienen una tendencia al secreto y a no brindar información por diferentes motivos, entre ellos, el de evitar ser controlados y juzgados por la ciudadanía.
Habitualmente se relaciona el acceso a la información con un mecanismo de control de corrupción. Más información implica mayor transparencia y ello conduce a mayor control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía. Esto es verdad.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a saber tiene un impacto mucho mayor en nuestras vidas públicas o privadas.
Por ejemplo, es por medio del derecho a la verdad, un derivado del derecho a saber que reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos construir nuestra identidad personal y colectiva conociendo, por ejemplo, qué sucedió en los oscuros años de la última dictadura militar o con los atentados terroristas contra la Embajada israelí y la AMIA.
Es por medio del derecho a saber que podemos organizar nuestra vida privada, conociendo el modo en que el Estado implementa políticas de salud, de educación o de asistencia social.
No poder saber cómo votan nuestros legisladores debido a que no existen registros en la mayoría de los casos respecto de la sanción de una ley, torna casi imposible formarse un juicio sobre su desempeño al momento de elegirlos para el mismo u otro cargo.
No tener la posibilidad de acceder a un informe de impacto ambiental producido por o para el Gobierno impide que la ciudadanía controle el accionar de las autoridades públicas o de particulares respecto de la contaminación del medio ambiente (que a veces se relaciona con la generación de muertes o graves afectaciones a la salud).
No conocer la evaluación que el propio Estado hace de las escuelas no nos permite saber qué tipo de educación reciben o podrían recibir nuestros hijos.
No acceder a la información respecto de quiénes reciben cuánta publicidad oficial y por medio de qué procedimientos nos impide saber el grado de independencia de los medios de comunicación que leemos, vemos o escuchamos.
Desconocer con quiénes contrata el Estado no permite saber si nuestra empresa puede competir por esos contratos o si lo está haciendo del modo más eficaz o económico para el beneficio del interés público.
Muchos países del mundo y buen número de los de nuestro continente cuentan hoy con un poderoso instrumento que puede ser utilizado por la ciudadanía para ejercer su derecho a saber. Se trata de leyes que regulan el acceso a la información y que establecen que toda persona tiene el derecho de acceder a la información que posee el gobierno sin necesidad de expresar el motivo de la solicitud.
La negativa injustificada del Estado de brindar la información requerida implica la violación de un derecho y habilita a la persona a reclamar por su respeto ante los tribunales nacionales e internacionales.
Algunos ejemplos de la utilidad de esta legislación en otros países nos ayudan a apreciar su necesidad. En Japón, gracias a la ley de acceso a la información se supo que el gobierno había intentado manipular la delimitación geográfica de las áreas afectadas por envenenamiento con mercurio con el objeto de reducir las indemnizaciones a pagar.
En la India, esta legislación permitió saber que en el barrio Sunder Nagari de Nueva Delhi existen obras públicas sin terminar destinadas a construir cloacas empezadas en 1983. El partido opositor al gobierno sudafricano usó la ley de acceso a la información para abrir documentos que mostraron un controvertido contrato sobre petróleo hecho con Nigeria.
Una organización no gubernamental de Bulgaria utilizó su ley de acceso a la información para revelar que el ministro de Ciencias y Educación le alquiló a una agencia privada la planta baja del ministerio.
En enero de 2002, un grupo de agricultores orgánicos chilenos, ejerciendo su derecho a la información, ganó el primer caso judicial de la historia de ese país que obligó al gobierno a brindar datos respecto de la localización de cultivos transgénicos.
La Argentina no cuenta con esta ley. El 8 de mayo de 2003 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto en este sentido que fue apoyado por un considerable número de organizaciones de la sociedad civil.
Desde entonces, este proyecto se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara de Senadores con algún riesgo de que pierda estado parlamentario por no aprobarse a tiempo. Si se aprueba con modificaciones, habrá que esperar a que se pronuncie nuevamente la Cámara de Diputados.
Lamentablemente, tendremos poco que festejar este 28 de setiembre en este contexto, a menos que nuestros legisladores nos den pronto la buena noticia de que los argentinos, al igual que las personas que habitan tantas otras naciones democráticas del globo, también podremos contar con una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho a saber: nuestra ley de acceso a la información.
Roberts, Alito and the Rule of Law
Tambien en la Suprema Corte de USA...
Faculty Blog, Chigago University, School of Law
June 28, 2007
For the Supreme Court of the United States, this will be remembered as the year of intellectual dishonesty. In their Senate confirmation hearings, John Roberts and Samuel Alito cast themselves as first-rate lawyers, as masters of legal craftsmanship who are committed to the principle of stare decisis.
John Roberts assured the Senate Judiciary Committee that judges must “be bound down by rules and precedents.” Invoking Alexander Hamilton and James Madison, he affirmed that “the founders appreciated the role of precedent in promoting evenhandedness, predictability, stability,” and “integrity in the judicial process.” Although acknowledging that it is sometimes necessary for judges to reconsider precedents, he stressed that this should be reserved for exceptional circumstances, where a decision has proved clearly “unworkable” over time. But in general, “a sound judicial philosophy should reflect recognition of the fact that the judge operates within a system of rules developed over the years by other judges equally striving to live up to the judicial oath.”
Similarly, Samuel Alito testified to the Senate that the doctrine of stare decisis is “a fundamental part of our legal system.” This principle, he explained, “limits the power of the judiciary” and “reflects the view that courts should respect the judgments and the wisdom that are embodied in prior judicial decisions.” Stare decisis, he added, it is “not an inexorable command,” but there must be a strong “presumption that courts are going to follow prior precedents.”
It is hardly surprising that Roberts and Alito would pay such obeisance to the doctrine of stare decisis in order to get themselves confirmed. Stare decisis is, after all, the bedrock principle of the rule of law. Not only does it promote stability and encourage judges to decide cases based on principle rather than on a preference for one or another of the parties before them, but it also serves importantly to reduce the politicization of the Court. It moderates ideological swings and preserves both the appearance and the reality that the Supreme Court is truly a legal rather than a political institution.
Disturbingly, John Roberts’s and Samuel Alito’s actions on the Court now speak much louder than their words to Congress. During the past year, Roberts and Alito have repeatedly abandoned the principle of stare decisis, and they have done so in a particularly insidious manner. In a series of very important decisions, they have cynically pretended to honor precedent while actually jettisoning those precedents one after another.
The tactic, in short, is to purport to respect a precedent while in fact interpreting it into oblivion. Every first-year law student understands the technique. It works like this: “Appellant argues that Smith v. Jones governs the case before us. But Smith v. Jones arose out of an accident that occurred on a Tuesday. The accident in this case occurred on a Thursday. We do not overrule Smith v. Jones, but we limit it to accidents that occurr on Tuesdays.” This illustration is, of course, a parody of the technique. But it captures the Roberts/Alito style of judicial craftsmanship.
Let me offer just a few examples. In Gonzales v. Carhart, the Court, in a five-to-four decision, upheld the constitutionality of a federal law prohibiting so-called “partial birth abortions,” even though the Court had held a virtually identical state law unconstitutional seven years earlier. As Justice Ruth Bader Ginsburg rightly observed in dissent, the majority, which included Justices Roberts, Alito, Scalia, Kennedy, and Thomas), offered no principled basis for ignoring the earlier decision. The only relevant change was Alito for O’Connor.
In Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, the same five-justice majority held unconstitutional a provision of the Bipartisan Campaign Reform Act that limited political expenditures by corporations, even though the Court had upheld the same provision only four years earlier. As Justice David Souter rightly observed in dissent, Chief Justice Roberts’s opinion offered no principled basis for disregarding the earlier decision.
In Hein v. Freedom from Religion Foundation, the same five-justice majority, in an opinion by Justice Alito, held that individual taxpayers had no “standing” to challenge the constitutionality of the Bush administration’s program of faith-based initiatives as violative of the Establishment Clause, even though the Court had held some forty years ago that taxpayers do have standing to challenge federal expenditures on these grounds. As Justice Souter rightly observed in dissent, Alito’s argument that the earlier decision was distinguishable because it involved a challenge to a legislative rather than an executive program has no basis “in either logic or precedent.”
In Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District, the same five-justice majority (with Justice Kennedy filing a separate concurring opinion), in an opinion by Chief Justice Roberts, held that the consideration of race by school districts in assigning students to public schools in order to promote racial diversity violates the Equal Protection Clause, even though the Court had unanimously declared more than thirty-five years ago that such a policy “is within the broad discretionary authority of school authorities.”
As Justice Breyer rightly asked in dissent, “What has happened to stare decisis?” Breyer correctly observed that Roberts had distorted the Court’s precedents, “written out of the law” a host of Supreme Court decisions, and disingenuously reversed the course of constitutional law. Whereas Brown v. Board of Education had held that government could not constitutionally assign black and white students to different schools in order to segregate them, Roberts had the audacity to cite Brown for the extraordinary proposition that government cannot constitutionally assign black and white students to the same school in order to integrate them.
John Roberts and Samuel Alito billed themselves as legal craftsmen who would be guided not by rank ideology, but by a respect for the rule of law. They have now proved otherwise.
Posted by geoffreystone at 06:26 PM in Constitutional Law | Permalink
Faculty Blog, Chigago University, School of Law
June 28, 2007
For the Supreme Court of the United States, this will be remembered as the year of intellectual dishonesty. In their Senate confirmation hearings, John Roberts and Samuel Alito cast themselves as first-rate lawyers, as masters of legal craftsmanship who are committed to the principle of stare decisis.
John Roberts assured the Senate Judiciary Committee that judges must “be bound down by rules and precedents.” Invoking Alexander Hamilton and James Madison, he affirmed that “the founders appreciated the role of precedent in promoting evenhandedness, predictability, stability,” and “integrity in the judicial process.” Although acknowledging that it is sometimes necessary for judges to reconsider precedents, he stressed that this should be reserved for exceptional circumstances, where a decision has proved clearly “unworkable” over time. But in general, “a sound judicial philosophy should reflect recognition of the fact that the judge operates within a system of rules developed over the years by other judges equally striving to live up to the judicial oath.”
Similarly, Samuel Alito testified to the Senate that the doctrine of stare decisis is “a fundamental part of our legal system.” This principle, he explained, “limits the power of the judiciary” and “reflects the view that courts should respect the judgments and the wisdom that are embodied in prior judicial decisions.” Stare decisis, he added, it is “not an inexorable command,” but there must be a strong “presumption that courts are going to follow prior precedents.”
It is hardly surprising that Roberts and Alito would pay such obeisance to the doctrine of stare decisis in order to get themselves confirmed. Stare decisis is, after all, the bedrock principle of the rule of law. Not only does it promote stability and encourage judges to decide cases based on principle rather than on a preference for one or another of the parties before them, but it also serves importantly to reduce the politicization of the Court. It moderates ideological swings and preserves both the appearance and the reality that the Supreme Court is truly a legal rather than a political institution.
Disturbingly, John Roberts’s and Samuel Alito’s actions on the Court now speak much louder than their words to Congress. During the past year, Roberts and Alito have repeatedly abandoned the principle of stare decisis, and they have done so in a particularly insidious manner. In a series of very important decisions, they have cynically pretended to honor precedent while actually jettisoning those precedents one after another.
The tactic, in short, is to purport to respect a precedent while in fact interpreting it into oblivion. Every first-year law student understands the technique. It works like this: “Appellant argues that Smith v. Jones governs the case before us. But Smith v. Jones arose out of an accident that occurred on a Tuesday. The accident in this case occurred on a Thursday. We do not overrule Smith v. Jones, but we limit it to accidents that occurr on Tuesdays.” This illustration is, of course, a parody of the technique. But it captures the Roberts/Alito style of judicial craftsmanship.
Let me offer just a few examples. In Gonzales v. Carhart, the Court, in a five-to-four decision, upheld the constitutionality of a federal law prohibiting so-called “partial birth abortions,” even though the Court had held a virtually identical state law unconstitutional seven years earlier. As Justice Ruth Bader Ginsburg rightly observed in dissent, the majority, which included Justices Roberts, Alito, Scalia, Kennedy, and Thomas), offered no principled basis for ignoring the earlier decision. The only relevant change was Alito for O’Connor.
In Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, the same five-justice majority held unconstitutional a provision of the Bipartisan Campaign Reform Act that limited political expenditures by corporations, even though the Court had upheld the same provision only four years earlier. As Justice David Souter rightly observed in dissent, Chief Justice Roberts’s opinion offered no principled basis for disregarding the earlier decision.
In Hein v. Freedom from Religion Foundation, the same five-justice majority, in an opinion by Justice Alito, held that individual taxpayers had no “standing” to challenge the constitutionality of the Bush administration’s program of faith-based initiatives as violative of the Establishment Clause, even though the Court had held some forty years ago that taxpayers do have standing to challenge federal expenditures on these grounds. As Justice Souter rightly observed in dissent, Alito’s argument that the earlier decision was distinguishable because it involved a challenge to a legislative rather than an executive program has no basis “in either logic or precedent.”
In Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District, the same five-justice majority (with Justice Kennedy filing a separate concurring opinion), in an opinion by Chief Justice Roberts, held that the consideration of race by school districts in assigning students to public schools in order to promote racial diversity violates the Equal Protection Clause, even though the Court had unanimously declared more than thirty-five years ago that such a policy “is within the broad discretionary authority of school authorities.”
As Justice Breyer rightly asked in dissent, “What has happened to stare decisis?” Breyer correctly observed that Roberts had distorted the Court’s precedents, “written out of the law” a host of Supreme Court decisions, and disingenuously reversed the course of constitutional law. Whereas Brown v. Board of Education had held that government could not constitutionally assign black and white students to different schools in order to segregate them, Roberts had the audacity to cite Brown for the extraordinary proposition that government cannot constitutionally assign black and white students to the same school in order to integrate them.
John Roberts and Samuel Alito billed themselves as legal craftsmen who would be guided not by rank ideology, but by a respect for the rule of law. They have now proved otherwise.
Posted by geoffreystone at 06:26 PM in Constitutional Law | Permalink
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