REVISTA PROCESO
(Mexico D.F.)
30/09/2007
Castigo publicitario
Jorge Carrasco Araizaga
Como algunos de sus antecesores, inclusive Vicente Fox, Felipe Calderón decidió utilizar recursos públicos -los destinados a la publicidad oficial- para reconocer los méritos de los medios de comunicación que le son afines, y para castigar o golpear a los que asumen posturas editoriales críticas, entre otros a Proceso. En su arbitrariedad, el presidente y sus funcionarios violan derechos garantizados por normas mexicanas, así como por convenciones internacionales…
En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha seguido la pauta de sus antecesores: castigar a través de los montos asignados de publicidad oficial a los medios que le son críticos.
Como lo hizo el de Vicente Fox, en continuidad de los gobiernos del PRI, el de Calderón ha utilizado los recursos públicos para pretender ejercer una censura disfrazada que, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), compromete al Estado mexicano.
En su edición correspondiente a septiembre, la revista especializada Etcétera, que se publica en la Ciudad de México, informa que el gobierno de Calderón está utilizando de manera discrecional los recursos públicos de la millonaria pauta publicitaria oficial.
Con datos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia, la revista especializada en medios de comunicación informa que el gasto autorizado y ejercido por el actual Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación -en los seis meses iniciales del primer año de gobierno calderonista- fue de 470 millones de pesos, los cuales se han asignado de forma tal que han servido como premio o castigo para los medios de comunicación.
Según la publicación, el presupuesto de que dispone el gobierno de Calderón este año para repartir, según el comportamiento de los medios, será de 3 mil 700 millones de pesos.
Las cifras proporcionadas por Gobernación no dejan lugar a dudas: del gasto total ejercido en publicidad a través de esa dependencia, dos medios electrónicos fueron los más beneficiados: TV Azteca y la cadena Radiorama. La televisora de Ricardo Salinas Pliego se llevó la mayor parte: 67 millones 155 mil pesos, 14% del presupuesto publicitario.
Con sus más de 220 estaciones en todo el país, Radiorama, propiedad de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda López, facturó 23 millones 264 mil pesos.
En el extremo está el caso de Proceso, que se ubica en el lugar 37 entre 41 medios impresos y electrónicos enlistados por Etcétera y que recibieron publicidad oficial. De acuerdo con los datos de Gobernación, este semanario obtuvo una pauta publicitaria de 110 mil 980 pesos, superada incluso por periódicos deportivos como Esto, que recibió cerca de 143 mil pesos.
La preferencia del gobierno de Calderón por los medios electrónicos es avasallante. De acuerdo con el concentrado de datos que publica Etcétera, ni todos los medios impresos editados en el Distrito Federal alcanzaron, juntos, lo que facturó TV Azteca.
Según ese resumen, la radio y la televisión, que fracasaron en su intento de bloquear la reforma electoral por la pérdida de recursos que les representaría el control de la propaganda durante las campañas, acaparan más de 90% de la publicidad oficial.
La prensa escrita sumó apenas 40 millones de pesos, pero también esta suma se asignó con discrecionalidad, pues un solo medio, el periódico Reforma, del grupo regiomontano El Norte, obtuvo poco más de 20% de los recursos: 9 millones 140 mil pesos.
El periódico de la familia Junco casi duplicó los ingresos del periódico El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz, que obtuvo una pauta publicitaria por 5 millones 443 mil pesos. Un monto similar fue el del diario La Jornada, de 5 millones 352 mil pesos. Los siguieron El Financiero (3 millones 948 mil pesos), Milenio (3 millones 591 mil pesos), El Economista (2 millones 791 mil pesos) y el Excélsior de Olegario Vázquez Raña, (1 millón 372 mil pesos).
Presupuesto politizado
En cuanto se refiere a los semanarios, dice Etcétera, “resalta la revista Proceso en último lugar, con 110 mil 980 pesos”. Y contrasta esta cifra con los ingresos de la revista Vértigo -también propiedad de Salinas Pliego-, que a pesar de su ínfima circulación recibió publicidad por 321 mil 600 pesos, y con el semanario Emeequis, que facturó 230 mil 440 pesos. En cambio, las publicaciones de Editorial Televisa llegaron a los 2 millones de pesos.
“Proceso nunca facturó tan poco en el sexenio pasado, ni siquiera cuando en 2005 redujo su ingreso de publicidad federal en casi 8 millones (de 11 millones en 2004 a 4 millones de pesos en 2005). La publicación que dirige Rafael Rodríguez Castañeda obtuvo 1 millón 157 mil 933 pesos en el primer semestre de 2006. La disminución es escandalosa.”
Los datos obtenidos por Etcétera son los de la partida presupuestaria controlada por Gobernación; a esas cifras deben añadirse los gastos ejercidos directamente por las dependencias federales y la Presidencia de la República.
Hecha esa suma, la disminución es aún más evidente. De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de Proceso, en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial sumaron 278 mil 600 pesos. En el mismo período del año anterior, la cifra -ya de por sí castigada por el gobierno de Fox- fue de 1 millón 424 mil 92 pesos. Es decir, la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario.
Los ingresos de esta revista reportados por Gobernación muestran la discrecionalidad gubernamental. De acuerdo con el Estudio General de Medios elaborado por la firma Ipsos-Bimsa a partir de 30 mil entrevistas personales aplicadas entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, Proceso es la principal revista de su género en el país. Su alcance al momento en que se acabó la encuesta fue de 650 mil 789 lectores, tres veces superior al de su competidora más cercana, Vértigo. Además, no obstante ser una publicación semanal, está por encima de diarios como El Norte, Milenio y Excélsior (Proceso 1580).
Etcétera, que empezó a dar seguimiento al gasto publicitario federal en 2004, señala que para este año el gobierno calderonista tiene proyectado gastar 3 mil 700 millones de pesos en la compra de publicidad gubernamental. Esto significa que en su primer semestre había gastado sólo 12.7% de la partida controlada por Gobernación.
La revista de medios asegura que en el primer semestre del año y al inicio de cada administración el gasto tiende a ser menor, lo que explica la merma de ingresos por este concepto en los casos de dos cadenas radiofónicas que en sus espacios noticiosos favorecen al actual gobierno: Radio Fórmula disminuyó sus ingresos en 42% y Radio Centro en 16%, respecto del mismo período del año pasado.
En medios electrónicos, el caso que más llama la atención es el de Infored, de José Gutiérrez Vivó, que de 3 millones 527 mil pesos que recibió en el primer semestre del último año de Fox, cayó a 179 mil pesos con Calderón.
Al inicio de esta administración, el empresario y periodista -a quien Fox acusó de ser perredista- hizo públicas las advertencias del coordinador de Comunicación Social de Calderón, Maximiliano Cortázar, sobre el castigo económico al que sería sometido el noticiario Monitor en caso de no alinearse al nuevo gobierno. Por falta de recursos económicos y luego de 33 años, la emisión radiofónica cesó sus transmisiones durante 65 días, entre julio y los primeros días de septiembre.
La discrecionalidad, dice Etcétera, “es una constante en el ejercicio del presupuesto en la materia”. Cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.
Cuando el actual presidente del Senado, Santiago Creel, llegó a la Secretaría de Gobernación, el acuerdo para el año 2001 establecía que la dependencia estaba obligada a informar a la Cámara de Diputados de las erogaciones del Ejecutivo Federal en publicidad, propaganda, publicaciones y en actividades de comunicación social en general.
Para 2003, esa supuesta obligación desapareció y a partir de entonces es el propio Ejecutivo el que “se reporta” a través de la Secretaría de la Función Pública. El propio Creel anunció que el reparto se haría en función de la “amplia circulación” que acreditaran los medios, aunque no desapareció la asignación de cantidades fijas por parte de la Presidencia.
Para el primer año de gobierno de Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, publicó el 8 de febrero de 2007 en el Diario Oficial el acuerdo en que se burocratiza aún más la distribución de los recursos públicos y se introducen criterios mercadotécnicos.
El decreto facilita la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pues distribuye el gasto publicitario total del Ejecutivo en cuatro partidas del presupuesto federal sin precisar si las administra la Presidencia, Gobernación o las dependencias anunciantes.
Las partidas mencionadas en el decreto son la 3600, de servicios de impresión, publicación, difusión e información del rubro servicios generales; la 3700, de servicios de comunicación social; la 3701, de difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales; y la 3702, de difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.
Gobernación tiene ahora más formas de controlar la distribución del gasto, pues se le otorgó mayor poder de decisión a la Dirección General de Normatividad de Comunicación, que depende del subsecretario de Normatividad de Medios, Juan María Naveja de Anda.
Pero los gastos siguen sin ser escrutados y el Congreso federal se mantiene al margen del problema a pesar de que en julio pasado, a iniciativa del diputado federal por el PRD Andrés Lozano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informara sobre los contratos de toda la publicidad oficial, y a fin de que Ramírez Acuña explicara los criterios de la asignación del dinero público en esa área.
La respuesta fue de total rechazo. En agosto pasado el subsecretario de Enlace Legislativo, Armando Salinas Torre, envió a los legisladores un oficio en el que aseguró que los contratos están en poder de cada dependencia federal porque cada una hace su propia contratación; explicó que también definen los criterios en función de sus objetivos de campaña.
El propio Congreso ha sido omiso en el tema. Desde hace cinco años está en la congeladora una iniciativa de ley para regular y controlar la publicidad gubernamental en prensa escrita, radio y televisión.
La propuesta, presentada en la LVIII Legislatura, pretendía que la Cámara de Diputados supervisara la autorización y supervisión de ese gasto. Buscaba, además, que los criterios de entrega de recursos a los medios fueran “de acuerdo con el público y el objetivo que se quiere lograr, la cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos”.
Aunque proponía que el gasto se hiciera una vez agotados los tiempos oficiales en la radio y la televisión, la iniciativa señalaba que la razón por la que una dependencia elegía a determinados medios debía sustentarse “técnica, teórica y políticamente”.
Mecanismo de censura
El reparto discrecional de los recursos se ha convertido en un eficaz mecanismo de censura gubernamental. El gobierno de Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial.
En el informe correspondiente a 2006 de la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, se menciona una “creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan de forma aislada pueden considerarse relativamente inocuos, pero que observados en conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países”.
Esa presión, que la relatoría describe como “uso ilegítimo y desviado del poder público”, se traduce en “políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial”, relegación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos por coacción gubernamental o inspecciones administrativas.
Se trata de “restricciones indirectas a la libertad de expresión” prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (firmada en 1969) y por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (del 2000), ambas suscritas por México.
El artículo 133 de la Convención establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.
Así mismo, el principio 13 de la Declaración rechaza explícitamente la asignación caprichosa de la publicidad oficial: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
El informe 2006 de la relatoría se refiere también a la demanda de Marta Sahagún en contra de Proceso y la periodista Olga Wornat, y recomendó a los gobiernos americanos abstenerse de premiar o castigar la línea editorial de los medios.
Aunque no es el caso de la demanda por daño moral, que es de carácter civil, el documento mencionado señala que “la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia e injuria -figuras jurídicas a las que incorrectamente se refirió Fox cuando apoyó la demanda privada de su esposa en un acto público- demuestra tanto la intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción”.
En 2003, la relatoría de la OEA dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. Elaborada por el entonces relator Eduardo Bertoni, señala que -como ocurre en México- con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad, y en consecuencia a la autocensura de los medios.
En un apartado titulado Asignación discriminatoria de publicidad oficial, precisa que no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, pero cuando se entregan esos recursos de forma discriminatoria, debido a la falta de disposiciones legislativas, “se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Añade que el reparto de la publicidad en función de la cobertura de los medios y de las críticas que hagan o dejen de hacer a los funcionarios públicos “equivale a penalizar a los medios por ejercer el derecho” a esa libertad.
De igual forma, la relatoría especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, la representación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre Libertad de Medios de Comunicación y la relatoría especial de la OEA emitieron en 2001 una declaración conjunta para establecer que es ilegal la asignación discriminatoria de publicidad oficial.
30/09/2007
Avances legales... en Argentina
Jorge Carrasco Araizaga
Algunos países de América Latina buscan ya la forma de acabar con el uso de la publicidad oficial como medio de presión a la prensa. El mayor avance se registra en Argentina, donde la Corte Suprema acaba de resolver en contra de esa forma de censura y ordenó que se regule sobre la materia.
Con excepción de Colombia y México, en América Latina se ha reducido la violencia contra los periodistas, pero los gobiernos tienen ahora mecanismos de censura más sutiles, como el control de los medios a través de la asignación o el retiro de la publicidad oficial, asegura Roberto Saba, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires y posgraduado en Leyes en la Universidad de Yale, Saba asegura que cuando el gobierno retira la publicidad a un medio como forma de castigo o presión, pone en riesgo tres derechos:
El primero, el del medio que se autocensura y en el peor de los casos se ve obligado a cerrar; el segundo, el de los otros medios, que evitan la crítica para que no les pase lo mismo; y finalmente el del público, al que se le impide la posibilidad de conocer todas las opiniones. Se trata de derechos previstos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo artículo 133 compromete a los Estados firmantes a no ejercer ninguna censura indirecta.
Entrevistado en el Palacio de Minería durante su reciente visita a México, donde el viernes 28 participó en el Tercer Congreso Internacional sobre Regulación y Futuro Digital de los Medios Públicos, Saba asegura que la publicidad oficial “no es algo malo” en sí misma.
“Está bien que exista porque todo gobierno tiene la obligación de difundir sus programas de gestión. Para hacerlo, debe comprar espacios porque si fuera obligación de los medios terminarían asfixiados por el Estado”, aclara, pero especifica que tanto los gobiernos estatales como federales utilizan el dinero de su publicidad como premio a los medios afines y castigo a los que no lo son.
Límites al Ejecutivo
En Argentina, explica Roberto Saba, hay varios casos de censura a través del retiro de la asignación publicitaria. Destaca uno en la provincia (estado) de Neuquén -en la Patagonia- y otro en el que está involucrado el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
En el primero, el gobernador de Neuquén decidió retirarle toda la publicidad oficial al diario Río Negro, el más leído de la provincia, en castigo por una nota sobre un acto de corrupción que involucró al funcionario. A nivel federal, Kirchner hizo lo mismo con la editorial Perfil, que publica el diario Perfil y la revista Noticias.
El caso de Río Negro llegó a la Corte Suprema, que luego de tres años y medio emitió una resolución que va en consonancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución argentina.
Saba dice que la Corte estableció que ningún medio tiene derecho a pedir propaganda oficial, pero que el Estado no puede retirar la publicidad oficial como consecuencia del contenido de la expresión de ese medio, pues se trataría de un acto de censura.
El director de la ADC destaca un segundo punto de la resolución de los ministros argentinos, “crucial para los derechos civiles”: que este problema se soluciona con una regulación clara que le ponga límites a la discrecionalidad del gobierno al distribuir la publicidad.
En una medida inusual, añade, la Corte le ordenó al gobernador que en un plazo de 30 días le lleve una propuesta de regulación que limite su facultad discrecional de poner publicidad.
“No será cualquier regulación porque hay una serie de estándares, producto del derecho comparado, que son más o menos universales”, dice Saba, cuya organización elaboró los Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial y en 2005 publicó el documento Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina.
En el caso de la editorial Perfil, el juicio se encuentra en primera instancia, aunque Saba informa que la oficina encargada de distribuir la publicidad oficial -la Secretaría de Medios de Comunicación, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación- ha advertido que no le dará pauta gubernamental porque sus medios son “amarillistas y críticos de la labor del gobierno”.
Sin embargo, señala que esos son los únicos litigios, pues los medios de las provincias argentinas son muy débiles. El 80% de su financiamiento es publicidad oficial, por lo que se autocensuran.
Saba dice que en Argentina la entrega de publicidad oficial es muy desigual. “Por ejemplo, el diario Página 12, de centroizquierda, comprometido con los derechos humanos y cercano al gobierno de Kirchner, recibe una cantidad de publicidad que es desproporcionada con su tiraje. Es el tercer diario nacional, pero su tiraje está muy lejos del segundo, que es La Nación, y del primero, que es Clarín.”
Según Una censura sutil…, el periódico Página 12 recibe 29% de la publicidad oficial, mientras que sus dos principales competidores sólo obtienen 5% cada uno.
“No decimos que los medios de mayor tiraje deban recibir mayor publicidad oficial, sino que ésta siempre esté asociada a un objetivo de campaña. El gobierno tiene que buscar que la publicidad se canalice al medio que mejor llegue a la población objetivo”, añade.
Además de Argentina, en Chile, Perú y Uruguay han comenzado a buscar controles sobre la publicidad oficial. Perú, incluso, al igual que España, ya sancionó una ley para garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial.
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