China Olimpica según Buruma...

Letras Libres, Agosto, 2008
La odísea olimpica de China
por Ian Buruma

Es muy probable que el gran ganador de los Juegos Olímpicos sea el régimen chino. Como advierte Ian Buruma, el espectáculo deportivo podría terminar exacerbando el rijoso nacionalismo chino y otorgando al Partido Comunista una excusa más para mantener el poder sin implementar los cambios que la sociedad demanda.

Durante muchos siglos China creyó ser el centro del mundo, y esperaba que los extranjeros compartieran ese punto de vista. Los dignatarios extranjeros eran recibidos en la corte imperial, pero sólo como vasallos que pagaban tributo al Hijo del Cielo. Esta percepción es ahora obsoleta, por supuesto, aun cuando el presidente Mao se comportó con frecuencia como un emperador con sus huéspedes extranjeros. Pero a los chinos todavía les importa profundamente el honor nacional. “Las apariencias”, para decirlo de otra forma, aún cuentan. Es por ello que estos Juegos Olímpicos son tan importantes, así como los eventos que han llevado a ellos.

El trágico terremoto en la provincia de Sichuan mostró lo mejor de China y algunos atisbos de lo peor. Si se les compara con la negligente y criminal respuesta del régimen birmano ante el ciclón Nargis, las autoridades chinas, tras un titubeo inicial, hicieron lo posible para estar a la altura del desastre. No sólo permitieron la entrada y ayuda de grupos de rescate de Japón, Taiwán, Singapur y Rusia sino que, contrariamente a sus prácticas habituales, dejaron que los medios locales cubrieran el desastre a escala completa. Esta inesperada racha de libertad de prensa inspiró el flujo más extraordinario de solidaridad espontánea con las víctimas: los voluntarios se apresuraron a la escena desde toda China.

Es poco probable que esto hubiera sucedido sin los inminentes Juegos Olímpicos; los gobernantes chinos sabían que los ojos del mundo estaban sobre ellos, especialmente tras la represión a los manifestantes tibetanos. Así, China se muestra súbitamente mejor que antes. Una remota esperanza de mayor libertad emergió de una catástrofe que dejó más de cincuenta mil muertos. Desafortunadamente, en los últimos días el gobierno chino parece estar regresando a sus viejas costumbres: están cerrando los sitios de internet donde se cuestiona críticamente al gobierno y arrestaron a un académico de la Universidad Normal de Nanjing por llamar la atención sobre los problemas causados por la presencia de instalaciones nucleares cerca de la zona afectada por el terremoto. Incluso las agrupaciones civiles con las mejores intenciones pueden ser vistas como una amenaza por un gobierno que mira con profunda sospecha cualquier actividad colectiva independiente. En China se exhorta el patriotismo, excepto cuando se sale del control oficial. ¿Cómo afectará esto a los Juegos Olímpicos, la gran fiesta del patriotismo global?

De algún modo, China y los Juegos Olímpicos fueron hechos el uno para el otro. La República Popular de China ya no puede describirse como un país comunista, habiendo desechado el marxismo en la carrera hacia la riqueza económica. Pero, como la mayoría de los gobiernos autocráticos con fuertes raíces en el siglo XIX, China es todavía una sociedad entregada a los espectáculos masivos, a los desfiles nacionales, al nacionalismo oficialista y a los grandes proyectos de Estado. El nacionalismo chino –con su creencia en la lucha darwiniana de naciones– es más bien anacrónico, al igual que los Juegos Olímpicos.

El fundador de las Olimpiadas modernas, Pierre de Frédy, Barón de Coubertin, era un pequeño aristócrata francés profundamente afectado por la derrota de Francia en la guerra de 1871 contra Prusia, y por la revuelta popular que le siguió en París. Desde su punto de vista, Francia se había convertido en un país decadente que necesitaba vigorizarse o, en su propia expresión, “rebroncearse”. El medio apropiado para hacer esto eran los deportes organizados. Al igual que otros aristócratas notables, Coubertin era un gran admirador del sistema británico de educación pública, con su énfasis en los juegos y la fortaleza física. Creía que los deportes restaurarían la salud nacional, y no sólo en Francia: la competencia vigorosa volvería a la gente de todas partes más productiva y menos rebelde. Las guerras serían obsoletas. Y así nacieron las Olimpiadas modernas en 1896, muy adecuadamente en Atenas.

Para un noble de su época, Coubertin tenía, en realidad, una postura relativamente liberal. Su concepto de patriotismo nunca fue militante. Siguiendo el estilo de la escuela pública británica, su lema para los juegos fue que lo importante no era ganar sino participar. La Francia del siglo XIX, sin embargo, conoció una clase muy diferente de nacionalismo, marcada por el odio contra los liberales, los anglosajones y los judíos, no necesariamente en ese orden. Esta ideología estaba representada por un hombre apenas más joven que Coubertin, llamado Charles Maurras, fundador del movimiento radical de derecha Action Française. Maurras fue un espectador de los Juegos de Atenas de 1896, a pesar de considerar esta justa como un ejemplo de cosmopolitismo anglosajón típico. Su parecer fue cambiando al proseguir los juegos. Confiaba en que “cuando se ponen a interactuar diferentes razas, se repelen unas a otras, separándose entre sí, incluso cuando ellas mismas creen que se están mezclando”. La reunión cosmopolita se volvería así el “alegre campo de batalla de razas y lenguajes”, reivindicando su propia visión del mundo.

El nacionalismo chino moderno varía frecuentemente entre las ideas de Coubertin y las de Maurras. Oficialmente, al gobierno le gusta hablar de amistad entre los pueblos, de armonía y de paz, pero al mismo tiempo promueve una lastimosa historia de abusos cometidos por poderes extranjeros contra el pueblo chino. Cuando las demostraciones del nacionalismo chino se salen de control, con o sin estímulo oficial, el sentimiento de agravio nacional puede convertirse en violentas ofensivas. Esto sucedió últimamente en Estados Unidos, entre otros lugares, cuando estudiantes chinos atacaron a tibetanos y, de hecho, podría ocurrirle a cualquiera que “haya ofendido los sentimientos del pueblo chino”.

Lo que vuelve los arrebatos nacionalistas chinos dignos de Maurras y no de Coubertin es la tendencia a colapsar las líneas divisorias entre raza, cultura y nación. En las Olimpiadas de Atenas de 1896, Maurras vio, o quiso ver, un choque racial y cultural, no sólo nacional.

El nacionalismo chino se complica porque no siempre está claro qué entiende la gente por China. Taiwán, también conocida como la República de China, es oficialmente parte de China, pero es en los hechos un Estado independiente. La civilización china está repartida en todo el mundo, desde Singapur hasta Amsterdam, y se hablan diferentes versiones de la lengua china por todo el sudeste de Asia, así como en China y Taiwán. Étnicamente, muchos chinos americanos se ven a sí mismos como chinos, no menos que los chinos en China y en Taiwán. Así que cuando Yo-Yo Ma, norteamericano nacido en París, dio un concierto en Hong Kong en 1997 para celebrar el regreso de la colonia británica a China, impulsó el patriotismo chino.

Este tipo de patriotismo no siempre es político. El terremoto de Sichuan no sólo inspiró un espíritu patriótico de solidaridad dentro de China, también provocó donaciones de chinos del otro lado del mar. Los chinos, de cualquier nacionalidad, frecuentemente dicen amar a China sin importar quién la gobierne. “China”, entonces, es mucho más que sólo una nación-Estado.

El chauvinismo étnico es un concepto relativamente moderno. Antes del siglo XIX pocos pensaban en las naciones en términos de raza y etnia. De hecho, la mayoría de la gente no miraba más allá de sus regiones o incluso de sus aldeas. Sin embargo, el nacionalismo étnico chino fue estimulado por un creciente sentido de humillación debido a que fueron gobernados desde 1644 por los manchúes, un pueblo del norte con su propia lengua y costumbres. Las rebeliones del siglo XIX contra la dinastía manchú Qing fueron con frecuencia expresiones de resentimiento de los chinos Han. Al mismo tiempo, los poderes coloniales de Occidente, especialmente Gran Bretaña, dictaban los términos del comercio a los chinos a través de los cañones de sus muy superiores armas. Una de las razones por las que Mao, a pesar de ser uno de los mayores genocidas del sigo XX, aún es admirado en China, es porque restableció la total soberanía de los chinos Han por primera vez desde el siglo XVII.

Cuando finalmente se expulsó a los gobernantes manchúes en 1912, los “tres principios del pueblo” promovidos por el nuevo Partido Nacionalista (ahora confinado en Taiwán) de Sun Yat-sen eran “nacionalismo, democracia y bienestar”. La raíz de la palabra nacionalismo es la misma utilizada para raza. Esto no significa que Sun fuera necesariamente un racista, pero deseaba enfatizar que la fundación de la república china era parte de la lucha del pueblo chino para reivindicar su identidad nacional. Alguna vez escribió que “las ideas nacionalistas en China no vinieron de una fuente externa; fueron heredadas por nuestros antepasados remotos”. Esto no es estrictamente cierto: él mismo estaba inspirado por Abraham Lincoln, entre otras figuras históricas. Y de igual modo que la mayoría de las formas de nacionalismo étnico, la variante china algo le debe al romanticismo alemán.

Cuando el ejército de Napoleón conquistó el territorio alemán en nombre de la libertad y la razón universal, los poetas, filósofos e intelectuales alemanes respondieron ideando un nuevo tipo de nacionalismo, basado en el lenguaje, la sangre y la tierra. Esta noción atrajo a muchos románticos de Europa, y tuvo un atractivo especial para los pueblos asiáticos que se sentían dominados por los poderes imperialistas de Occidente.

Los Juegos Olímpicos, de la manera en que fueron concebidos por Coubertin, no encajaban bien con el nacionalismo germánico. Al igual que Maurras, los nacionalistas alemanes pensaban que los juegos estaban llenos de un insalubre individualismo anglosajón. A los alemanes les gustaba la calistenia y el entrenamiento militar, preferentemente en grupos muy grandes. Ya que muchos ciudadanos norteamericanos eran de origen alemán, a finales del siglo XIX hubo una división también en Estados Unidos entre aquellos que preferían los deportes británicos por equipos en la educación pública y los que querían la calistenia al estilo alemán. Los primeros ganaron, pero no sin que una lucha tuviera lugar.

Los deportes de competencia tampoco fueron promovidos durante la dictadura de Mao. Los espectáculos masivos, del tipo que aún es frecuente ver en Corea del Norte, que celebran el heroísmo revolucionario y el aplastamiento de enemigos reaccionarios, eran más del agrado del gobernante. Esto, por supuesto, ha cambiado, pero no el fuerte olor a nacionalismo. Incluso ahora se ve a los competidores chinos en juegos internacionales como soldados luchando por una causa nacional. La derrota no es vista simplemente como una decepción individual sino como una desgracia nacional. Tales sentimientos no se limitan a China, o a las autocracias; el nacionalismo en el futbol de Europa y Sudamérica puede degenerar en una forma de locura colectiva. Sin embargo, el nacionalismo deportivo chino tiene un filo especialmente agudo, proporcionado por el pesar de humillaciones pasadas promovido de manera oficial.

Cuando la ideología comunista empezó a perder su fuerza en China, tras la muerte de Mao y del giro que sus sucesores dieron hacia el capitalismo, había que encontrar algo que la reemplazara. El eslogan de la era Deng, “ser rico es ser glorioso”, no era suficiente, pues los gobernantes chinos siempre han necesitado la legitimidad de una ortodoxia oficial, ya sea confucionista o comunista, para justificar su control del poder. La respuesta oficial posmaoísta fue el nacionalismo. En lugar de estudiar a Marx, a Engels y el Pequeño Libro Rojo de Mao, los chinos han sido objeto de dosis regulares de lo que se conoce como educación patriótica. Hoy China está salpicada de los llamados sitios de educación patriótica, museos y memoriales ubicados en lugares de oscura importancia nacional. Uno de estos sitios está en la costa entre Cantón y Hong Kong, recordando a los visitantes la derrota de China en la Guerra del Opio. Existen muchos más.

Algunos años atrás, un frío día, visité el Museo 9.18 en Shenyang, construido en el lugar en que soldados japoneses hicieron estallar en 1931 parte de la línea del ferrocarril de Manchuria del Sur, para preparar la ocupación militar de Manchuria tras culpar a los chinos de ese “acto de sabotaje”. La escena, modelada en cera, de malvados japoneses torturando a milicianos chinos, de brutales soldados japoneses asesinando y violando civiles inocentes, era suficientemente impresionante, pero el texto grabado en el muro cerca de la salida, justo al lado de una pintura de un par de ojos chinos llorando lágrimas de sangre, era típico de la clase de educación patriótica promovida desde la muerte de Mao. Hablaba del “odio que arde en todos los corazones chinos” hacia los “criminales militaristas japoneses” que invadieron cruelmente “la gran China, con sus 5,000 años de civilización”. El mensaje, al igual que el de todos los exhortos patrióticos diseminados en libros de texto escolares, discursos oficiales y, por supuesto, en eventos deportivos, es que los males del pasado pueden corregirse sólo por medio del resurgimiento de la grandeza china, de una muestra de poder chino, de la restauración del orgullo entre todo el pueblo chino; bajo el liderazgo del Partido Comunista, por supuesto.

Este tipo de patriotismo oficial se basa en una visión manipulada del pasado. En lugar de celebrar los grandes momentos de la civilización china, el énfasis recae enteramente en el sufrimiento debido a manos extranjeras. El victimismo es tan profundo que impide a la mayoría de los chinos verse como agresores. Por ejemplo, la idea de que los tibetanos pudieran tener razones para verse a sí mismos como víctimas de los chinos es absurda para ellos. Yendo más allá, muchos chinos creen genuinamente que esta clase de “propaganda” tibetana ha sido enarbolada por la prensa occidental para infligir otra humillación más al pueblo chino.

Las protestas en torno a las Olimpiadas chinas son vistas bajo la misma luz. Organizar unos Juegos Olímpicos es motivo de orgullo nacional en todos lados, no sólo en China, pero para muchos chinos tiene una importancia especial, ya que forma parte de la prometida restauración de la grandeza china. El orgullo nacional debe ser reforzado por el reconocimiento internacional, de modo que los occidentales que aprovechan la ocasión para criticar la violación de los derechos humanos en China no sólo están equivocados; son enemigos que tratan de detener el surgimiento de la Gran China. Y los chinos que apoyan desde afuera las críticas sobre los derechos humanos en China son considerados traidores.

Culpar al gobierno chino de esta conducta es sólo la mitad de la historia. El sentido de pesar colectivo puede volverse, y frecuentemente se vuelve, contra el gobierno mismo. Uno de los movimientos masivos más influyentes de la historia moderna de China fue el Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919. Estudiantes e intelectuales formaron parte de enormes manifestaciones antigubernamentales en Pekín, pidiendo ciencia y democracia. La ciencia tomó el lugar del racionalismo moderno, que habría barrido los viejos nidos feudales de autoritarismo confucionista. El Cuatro de Mayo trataba de cultura, sociedad y política, pero estaba alimentado por el enojo popular ante la presunta debilidad del gobierno chino, que había permitido a Japón apoderarse de las concesiones alemanas en China como parte de los acuerdos de Versalles tras la Primera Guerra Mundial.

El no oponerse vigorosamente a la presión exterior es una acusación común que los estudiantes e intelectuales arrojan contra los gobiernos chinos. Es por ello que los gobernantes deben ser muy cuidadosos cuando azuzan la indignación pública contra el comportamiento de potencias extranjeras: esta puede volverse súbitamente contra ellos. Estuvo a punto de suceder unas cuantas veces en los últimos veinte años, cuando se creía que el gobierno era tibio ante Japón. Cuando Estados Unidos bombardeó la embajada china de Belgrado en 1999, miles de manifestantes chinos atacaron las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hu Jintao, entonces vicepresidente, dijo que tales manifestaciones reflejaban la “gran furia del pueblo chino ante la atrocidad de los ataques a la embajada cometidos por la OTAN, y el fuerte patriotismo del pueblo chino”. Pero tan pronto como las multitudes parecieron salirse de control el gobierno las reprimió. Esto mismo parece estar sucediendo ahora, después de que manifestantes atacaran negocios franceses y de otras nacionalidades debido al apoyo occidental a la causa tibetana. Tales ataques, si van demasiado lejos, serán malos para los negocios, los Juegos Olímpicos, y en última instancia, el gobierno mismo.

El nacionalismo agresivo con frecuencia va de la mano de políticas autoritarias. Cuando el pueblo no cuenta con medios legítimos para mostrar su desacuerdo, ventilar sus frustraciones, expresar sus opiniones políticas en público y, en general, tomar parte en la política, el nacionalismo llena el vacío. Siempre y cuando puedan controlarlo, este se ajusta a los gustos de los gobernantes autoritarios. Un cierto sentido de culpa, del cual no se habla, también podría jugar un papel en China: las mismas personas que demandaban democracia en 1989, cuando eran estudiantes, están ahora entre los nacionalistas más feroces. La élite urbana educada ha prosperado desde la masacre de Tiananmén, y cuando se les recuerdan las concesiones políticas que esto ha implicado, el resentimiento puede encenderse fácilmente.

Esto no significa que la democracia sea una cura automática. En el caso poco probable de que China tuviera súbitamente una transición pacífica hacia una democracia liberal, el nacionalismo no desaparecería. No habría partido que fuera moderado con las potencias extranjeras, como Japón o Estados Unidos. La historia moderna china ha sido tan sangrienta que las cicatrices tardarán mucho tiempo en sanar. El nacionalismo étnico puede ser una especie de veneno, especialmente cuando se basa en el victimismo. La libertad política debería ayudar a suavizar tales sentimientos en el largo plazo, pero esto no sucederá a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín. ~

© 2008, Ian Buruma

Traducción de Sebastián Domínguez

Libertad de Expresión y Censura Indirecta en América Latina

Menos agresivo y notorio que los ataques frontales contra la prensa, el recorte en pauta oficial se usa con frecuencia para callar a quienes dicen lo que el poder no quiere oír. Los medios regionales son los más afectados, y muchos periodistas no tienen más opción que ceder ante la presión del dinero.

Ver video de la entrevista aca.

La Censura Invisible...

Publicado en Semana.com
Bogota, Colombia
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El precio del silencio

Un completo informe investigativo sobre cómo se distribuye la publicidad oficial y cómo esto influye en la libertad de información en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, revela varias prácticas que terminan imponiendo una censura indirecta sobre medios y periodistas.
Por Lorenzo Morales, editor de Semana.com

Fecha: 08/12/2008 -

Entre la espada y la pared están muchos medios que dependen en gran medida de la pauta oficial para sostener su trabajo. La dependencia excesiva de la publicidad que ponen los gobiernos nacionales o locales limita gravemente su libertad y sesga los contenidos, según revela el informe “El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en America Latina", lanzado este lunes.

El libro fue publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Open Society Institute, que hicieron la investigación en llave con diversas organizaciones de prensa en América Latina. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) investigó el gasto nacional en publicidad oficial y, mediante derechos de petición y en algunos casos, tutelas, detalló algunos casos regionales en Barranquilla, Cartagena y Cauca, entre otros. El informe presenta además los casos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y Honduras.

“Cuando los medios dependen del dinero de la publicidad oficial, éste se vuelve una forma de castigo contra quienes son críticos del gobierno, pero también una forma de premio a quienes son amigos y no critican”, dijo Roberto Saba de ADC, coordinador del informe quien resaltó que cada vez son menos los casos en los que un gobierno prohíbe de forma directa un contenido.

En Colombia, los medios regionales, son las primeras víctimas de esta práctica, que aunque es pan de cada día para los administradores de los medios, suele pasar inadvertida entre el público que espera de la prensa un riguroso trabajo fiscalizador. En muchos casos, la pauta oficial representa más de la mitad de los ingresos de algunos medios locales.

Informe: El precio del silencio, abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina
Los medios grandes y nacionales, no escapan a este tipo de métodos de presión y censura indirecta. Sin embargo al tener muchas y más diversas fuentes de pauta, el efecto sobre el contenido es a veces marginal.

“El contenido editorial influye, a veces en contra, a veces a favor. Si el medio es crítico o da una opinión, en la parte comercial eso puede determinar que las entidades están contentas o molestas... Los funcionarios dicen que no van a pautar porque ‘el periódico acaba de divulgar una información que no es muy contundente’. Te piden que les dejes un lapso para que “baje” la información y recién empiezan a pautar”, según cita el informe a Ana María Varón, encargada de la publicidad en el Grupo Latino de Publicidad, que vende pauta en grandes medios nacionales.

“Si sacas una información que no le gustó al secretario tal, te quietan la pauta de tu programa”, dijo al Precio del Silencio un periodista y ex funcionario del departamento de Bolivar. Un ejemplo claro de esto, lo relata en el informe el periodista de radio y TV, Jairo Baena, quien asegura que la concesión privada de servicios públicos de Cartagena, Aguas de Cartagena, le quitó la pauta oficial (y no le pagó la que debía) después de que él publicara los sueldos de los altos ejecutivos y criticara el manejo de la empresa.

La investigación describe cómo el sistema de cupos de publicidad, por el cual se les pagan a los periodistas ingresos muy bajos o ningún dinero y se les pide que consigan el resto de su sueldo a punta de vender publicidad, hcen al periodista presa fácil de un sistema perverso.

El periodista así tiene que conseguir la pauta de las mismas personas de quienes tiene que informar, y le será muy difícil mantener alguna independencia. También las entidades oficiales tienden a castigar o no dar pauta a los medios que los critican, y premiar a quienes los alaban o muestran una línea editorial más condescendiente.

“Hoy en día tengo un sueldo que me alcanza para los chicles. La otra parte me la completan con cupos publicitarios que yo tengo que vender. Siempre ha sido así, desde que empecé en la radio”, dijo Mabel Morales, directora de noticias de Radio RCN de Barranquilla durante los últimos 21 años.

En Colombia, el informe revisó la publicidad que reciben los cuatro medios impresos diarios nacionales más grandes del país y encontró serias disparidades. En un muestreo aleatorio se encontró por ejemplo que el diario económico La República recibió mayor publicidad del gobierno que cualquier otro diario, pese a ser el cuarto en número de lectores (22.000). Durante once semanas tomadas al azar entre 2005, 2006 y 2007, La República recibió cuatro veces más publicidad oficial que El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país.

“Esto no quiere decir que la publicidad esté determinando el contenido, pero sí es un llamado de atención sobre esta práctica”, dijo Saba.

Jorge Emilio Sierra, director de La República, dijo que el área comercial del periódico está separada de las decisiones editoriales y señaló que gran parte de los anuncios del gobierno que aparecen en su periódico son invitaciones a participar en licitaciones públicas, dado que una porción importante de sus lectores son empresarios.

Algunas regulaciones intentan crear pautas de comportamiento para evitar abusos, aunque no siempre son tan efectivas. Por ejemplo, en Colombia durante los cuatro meses que anteceden elecciones presidenciales, no se permite incrementar los gastos en publicidad oficial, para evitar actos de campaña. Sin embargo, señala el informe, no es inusual que funcionarios locales, hagan propaganda de sus logros individuales. Por ejemplo el 13 de mayo de 2007, la gobernación del Cesar publicó un aviso de página entera en El Tiempo, con fotos del gobernador Hernando Molina, en una de ellas repartiendo zapatos a niños. Cuatro días después, fue arrestado por supuestas conexiones con grupos paramilitares.

En términos generales el informe propone atacar dos situaciones que contribuyen a que la pauta publicitaria oficial termine imponiendo una censura indirecta. La primera tiene que ver con el alto grado de discrecionalidad del funcionario que reparte la pauta. Casi en ningún ´país estudiado existen normas explícitas que le digan cómo debe entregar esa pauta para el mayor beneficio del público.Si las tuviera le sería menos fácil escoger a dedo amigos o enemigos para darles o quitarles pauta.

La segunda es la opacidad, o falta de transparecia en cómo se distribuye esa pauta oficial. Si cada entidad pública que compra paúta en los medios tuviera que hacer público en una página virtual, por ejemplo, a quién le dio qué publicidad y cuánto pagó, también le sería más difícil ser arbitrario a la hora de colocar esa pauta.

(Adjunto encontrarán el texto completo del informe).

Video: Roberto Saba explica cómo funciona la censura indirecta

Censura indirecta y abuso de publicidad oficial en América Latina

SEMINARIO Y DEBATE
“Censura indirecta y abuso de publicidad oficial en América Latina, un problema creciente”

El jueves 14 de agosto la ADC presenta el informe “El precio del silencio”, que documenta interferencias a la libertad de expresión y a la independencia editorial en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. Habrá paneles sobre regulación de la pauta y sobre periodismo y publicidad. La entrada es libre.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto a la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, de Nueva York, lo invita al lanzamiento de “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina” el próximo jueves 14 de agosto.

El informe revela cómo distintos gobiernos de la región abusan crecientemente de sus facultades regulatorias y financieras para presionar a medios y periodistas: utilizan la pauta publicitaria como premio y castigo, deniegan acceso e información a periodistas críticos, y otorgan licencias de radiodifusión para beneficiar a aliados políticos y acallar voces independientes. La investigación documenta casos concretos en los países examinados y finaliza con recomendaciones.

Durante el evento, invitados internacionales expondrán sobre algunas experiencias de reforma en materia de publicidad oficial en países de América Latina . Y, junto al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se ofrecerá una mesa redonda para debatir sobre la compleja relación entre pauta publicitaria y periodismo.

PROGRAMA PRELIMINAR

Jueves 14 de agosto de 2008, Hotel NH Crillón, Av. Santa Fe 796. Buenos Aires .

13.00 Registro
13.30 Conferencia y presentación del informe “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina”.

Darian Pavli, asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia (Open Society Justice Initiative), organización que co-edita el informe.

Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), organización que co-edita el informe.

María O’Donnell, periodista, autora del libro Propaganda K

15.00 Café / Refrigerio

15.30 Panel: ¿Cómo se pueden reformar las prácticas y la legislación en materia de publicidad oficial? Experiencias de la región.

La comisión investigadora y la experiencia chilena. Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión Investigadora Especial de Avisaje del Estado de la Cámara de Diputados de Chile .

Hacia una reforma en Uruguay . Eduardo Brenta, Diputado del Frente Amplio, Parlamento Nacional de Uruguay

Los “pactos para la transparencia” en Colombia . Carlos Cortés Castillo, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa , Colombia (FLIP).

16.30 Café

16.45 Mesa redonda y debate: “La relación entre los periodistas y la pauta
publicitaria”.

Co-organizado con el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Ernesto Tenembaum, periodista de TN y Radio Mitre y columnista.

Luis Bruchstein, subdirector del diario Página/12.

Claudio Jacquelin, secretario de redacción del diario La Nación.

Daniel Fernandez Canedo, secretario de redacción del diario Clarín.

18.00 Cierre

LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA

Por razones organizativas, confirmar asistencia a Mercedes Davico: mdavico@adc.org.ar

DÍA: Jueves 14 de agosto de 2008.
LUGAR: Hotel NH Crillón, Salón Canciller II, Av. Santa Fe 796, Ciudad de Buenos Aires.


Esta actividad cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos

Publicidad Oficial y Censura Indirecta en Argentina

Articulo aparecido en Diario Critica, de Buenos Aires. Ver nota aca.

El gobierno gastó casi un millón de pesos por día en propaganda mediática
Difundir muy buenas noticias no tiene precio

Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles, que este diario reproduce en exclusiva, revela que durante la campaña electoral de Cristina el gasto en pauta publicitaria oficial creció 55%, y benefició selectivamente a funcionarios y medios amigos.

Nicolás Wiñazki
01.08.2008

El Gobierno gastó el año pasado $322.392.600 en publicidad oficial. Es un 55% más de lo que había invertido en 2006. Como ocurrió durante toda la gestión Kirchner, la mayoría de esos fondos públicos beneficiaron a los medios alineados con el oficialismo, e incluso al grupo cuyo dueño es casi parte de la familia presidencial: el multimedios santacruceño que controla el ex chofer de los K, Rudy Ulloa Igor.

Los datos corresponden a un informe sobre el tema que realizó la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), al que Crítica de la Argentina tuvo acceso en exclusiva. La información consigna la pauta distribuida a través de la Secretaría de Medios, de Enrique “Pepe” Albistur. Si se suma a otros organismos oficiales con capacidad para publicitar en la prensa, como Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo, la cifra aumenta en $36.665.172 (ver gráficos).

Los detalles del informe son reveladores. La inversión en publicidad del Gobierno creció un 412% en el rubro de vía pública respecto de 2006. La paradoja, o no, es que la propia familia del repartidor de la pauta, Albistur, controla la mayoría de los carteles de la ciudad de Buenos Aires. Un negocio inmejorable.

La ONG ADC señala además que se acrecentó un método de reparto de avisos oficiales a través de distintos proveedores, como productoras y agencias, lo que no alienta la transparencia. Incluso una productora privada, Xesalud S.A. ($11.661.829), recibió más dinero de pauta estatal que Canal 13, Telefe o América.

Según ADC, las publicidades del Ejecutivo están repletas de irregularidades. La mayoría de los avisos gubernamentales de 2007 parecen estar más destinados al proselitismo que a informar sobre las campañas estatales: “La información de interés público queda a veces reducida a un espacio secundario de la publicidad: el lugar principal es ocupado por frases como ‘Seguimos cumpliendo. Estamos creciendo. Primero Argentina’”.

En año electoral, la mayor campaña publicitaria de la Presidencia se llamó “Visitas”, y consistió en difundir avisos donde se relataban los detalles de los distintos actos que realizaban los Kirchner en el país. Esa campaña aumentó su gasto en los meses anteriores a octubre, fecha en la que se celebraron las elecciones presidenciales, que ganó Crisitina Kirchner (ver gráfico).

Los Kirchner corrieron entonces con una ventaja: fue el Estado, y no el Frente para la Victoria, quien financió muchos de sus actos con esos avisos. Las leyes electorales, en teoría, prohíben esas prácticas.

Del total de los $322.392.600 que el Gobierno gastó en publicidad oficial, la mayor parte, $116.519.739, fue destinada a la prensa gráfica (ver gráfico). El diario más beneficiado fue el de mayor tirada, Clarín, con $24.879.240. Ese criterio –a mayor circulación, mayor cantidad de avisos– no es regla. El segundo diario que más cantidad de pauta estatal recibió es Página/12, con $20.082.750, un 42% más que en 2006.

Otros casos llamativos son el de Editorial Atlántida, que edita las revistas Gente y Para Ti, entre otras, que logró aumentar su pauta estatal en un 930% respecto de 2006: $6.200.430. La excepción es Editorial Perfil, crítica del Gobierno, que no recibió ni un solo peso de pauta oficial.

Los medios que más incrementaron de manera porcentual su publicidad estatal están encuadrados en el oficialismo en su línea editorial. La revista Debate logró un 116% ($782.275) de incremento en su pauta de origen oficial.

El diario Crónica, vinculado a la UOM, un 121% ($5.158.189).El diario BAE, que hasta octubre pasado perteneció a Daniel Hadad y luego pasó a manos de Sergio Szpolski, consiguió 237% más que en 2006 ($3.959.953). La Prensa, un 98% (2.054.375). Según ADC, el Grupo Szpolski ( Veintitrés, Veintitrés Internacional, Asterisco, Siete Días, y Newsweek Argentina, mencionado en el informe como “La U”) consiguió un 183% más de publicidad oficial que en 2006 ($4.777.708).

En televisión, el Gobierno gastó más de 60 millones de pesos en avisos. Para la radio se destinaron $56.146.503, $42.562.406 para el cable, $42.171.429 para la vía pública, $2.446.111 para el cine y $1.614.969 para la web.

Entre las provincias, un caso paradigmático es lo que ocurre en Santa Cruz. Aunque su población es la segunda más chica del país, con alrededor de 200 mil habitantes, los medios provinciales recibieron más dinero en publicidad oficial que sus colegas de Entre Ríos, Tucumán y Salta.

En la provincia de los Kirchner, la mitad de los fondos de la pauta estatal otorgados en forma directa fueron para el multimedios del ex chofer presidencial, Rudy Ulloa Igor (dueño del canal 2 de río Gallegos y del diario El Periódico). Recibió medio millón de pesos, sólo de publicidad del Ejecutivo, que está manejado por dos de sus amigos del alma, Néstor y Cristina Kirchner.

Un “tapado” en la carrera por la pauta

A pesar de que es relativamente nueva en el rubro, la agencia Xesalud S.A. recibió el año pasado $11.661.829 en concepto de publicidad oficial. Es más de lo que consiguieron las superpotencias televisivas como Canal 13 ($6.355.314), Telefe ($4.004.442), Azul ($10.337.489) o América ($7.932.831). Xelasud es una proveedora de publicidad que hace de intermediaria entre el Estado y las productoras televisivas y radiales.

Está regenteada, según los registros oficiales, por Jorge Cesari y Néstor Kohlhuber, quien de acuerdo con fuentes del mercado trabajó antes con el productor Raúl Naya. La performance de Xesalud es espectacular. Según el informe de ADC, fue el cuarto proveedor del Estado que más pauta recibió el año pasado, después de los diarios Clarín, Página/12 y La Nación. Según lo que informó la Secretaría de Medios, esta agencia colocó publicidad en programas de todos los canales de aire. Crítica de la Argentina intentó comunicarse con la empresa para conocer más detalles de su operatoria, pero no obtuvo respuesta.

Doce millones para la guerra gaucha

En el Congreso existen varios proyectos de ley que buscan regularizar el reparto de la pauta estatal. Hasta ahora, ninguno de ellos logró ser tratado por los diputados. Esta semana, la legisladora Virginia Linares (Coalición Cívica) presentó una iniciativa para poner fin a la discrecionalidad de la distribución y el uso de la publicidad oficial. Según la diputada, la Casa Rosada emplea la pauta para presionar a los periodistas y promocionar los actos políticos: “Durante el conflicto con el campo, el Gobierno gastó más de 12 millones de pesos entre los meses de abril y mayo”.

Entre otras cosas, su proyecto establece que el Gobierno elabore cada año un Plan de Publicidad Oficial “con presupuestos que se cumplan”. También busca implementar un sistema que disponga que el 4% del presupuesto de la pauta se destine a medios alternativos, universitarios, comunitarios y especialmente a los que se encuentran en zonas rurales.

Catalina Botero, nueva Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

La siguiente es la respuesta de la Dra Catalina Botero a las preguntas que le formulara el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) antes de ser designada como Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión. Para ver este texto y las respuestas de otros postulantes hacer click acá.

Por Catalina Botero

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN TIENE UN LUGAR PRIVILEGIADO”

La defensa del derecho a la libertad de expresión -en todas sus formas y manifestaciones-, enfrenta hoy tradicionales pero también novedosos desafíos. Los retos son muchos, pero menciono algunas cuestiones que considero obligadas.


Uno de los temas que ocupa, sin duda, un lugar privilegiado en la agenda actual de libertad de expresión, es el que se refiere al derecho de acceso a la información pública y al habeas data. La discusión orientada a desterrar del panorama jurídico el secreto estatal, la reserva de la información pública y la falta de regulación sobre el uso de datos personales en bases de datos o registros públicos o privados, ha tenido una importante repercusión interna en algunos Estados. En particular, aquellos que han modificado sus disposiciones o cuyos tribunales han decidido aplicar directamente el artículo 13 de la Convención y han ordenado a las autoridades la entrega de información que no tiene expresa reserva de ley. O la modificación o supresión de datos privados contenidos en bases de datos o registros públicos o privados. Sin embargo, aún hace falta seguir desarrollando estándares internacionales más específicos en esta materia y lograr su plena vigencia en los ordenamientos internos.

Otro de los desafíos para la protección del derecho a la libertad de expresión es garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a la publicidad oficial y al espectro radioeléctrico. En este tema ya existen importantes propuestas destinadas a asegurar que los bienes y recursos del Estado no sean utilizados como un mecanismo de censura indirecta, para castigar a los medios independientes o a las personas criticas de la gestión pública y premiar a quienes se han subordinado al ejercicio del poder. En esta materia, por ejemplo, la discusión sobre publicidad estatal y asignación de frecuencias y canales, y su necesario sometimiento a los principios de igualdad, publicidad, transparencia y debido proceso, hacen parte, sin duda, de la agenda actual del continente en materia de libertad de expresión. Esta y otras restricciones indirectas a la libertad de expresión, deben ser cuidadosamente examinadas por la Relatoría.

Así mismo, en los últimos años han adquirido relevancia algunas problemáticas relacionadas tanto con la aparición de nuevas tecnologías como con el impulso de nuevas formas o dimensiones del derecho a la libertad de expresión. Este último tópico se refiere, entre otros, al derecho “a saber”, así como al derecho de grupos tradicionalmente marginados o discriminados de participar de manera equitativa en el mercado de las ideas o, al menos, de contrarrestar aquellos discursos que puedan, efectivamente, tener un efecto excluyente o discriminatorio. Estos temas deben ser seriamente discutidos desde la óptica integral de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con especial énfasis en la necesidad de proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en toda su rica y plural dimensión.

Finalmente, la Relatoría no podría olvidarse de los viejos pero dramáticos desafíos que enfrenta la libertad de expresión en algunos países del hemisferio en los cuales aún asesinan, secuestran, torturan y amenazan a periodistas por expresar lo que piensan o por investigar y publicar información relevante para la ciudadanía. La impunidad en este terreno está lejos de ser erradicada, pues si bien han sido creadas algunas fiscalías especializadas y se han hecho otros esfuerzos institucionales importantes, los crímenes cometidos con la finalidad de socavar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no suelen ser adecuadamente investigados ni sancionados. Adicionalmente, en muchos Estados de la región no se ha logrado aún terminar con la censura previa o abolir las leyes de desacato y las sanciones penales por injuria o calumnia contra funcionarios públicos. Los temas tradicionales de la agenda de libertad de expresión siguen entonces vigentes y no pueden ser olvidados por los órganos de protección del Sistema Regional.

¿Qué rol debe jugar el nuevo relator o relatora en este marco?

La Relatoría tiene la tarea fundamental de promover la aplicación, en cada uno de los Estados, de los estándares regionales existentes en materia de libertad de expresión. Adicionalmente, tiene la función de promover la elaboración de nuevos estándares en los temas novedosos que no han sido aún asumidos por el Sistema Regional de Protección.

La primera tarea se logra a través de distintas estrategias destinadas a establecer –o restablecer– las garantías necesarias para el adecuado ejercicio del derecho y proteger los derechos de las víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Tales estrategias incluyen la promoción de una conciencia continental en torno a la importancia del derecho a la libertad de expresión; la promoción de decisiones legislativas o administrativas internas que tiendan a la protección del derecho y la modificación o derogación de disposiciones internas que lo comprometan; la implementación de los estándares existentes en los distintos sistemas judiciales; y el fortalecimiento de la capacidad técnica de promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión de los sectores más directamente interesados en defenderlo, entre otras.

La segunda función se cumple a través de otro tipo de estrategias, como la elaboración de documentos técnicos que puedan ser adoptados por los otros órganos regionales de protección o el impulso litigioso de casos emblemáticos que sirvan para definir con mayor precisión el alcance del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención. En todo caso, esta estrategia supone la discusión más especializada con las distintas organizaciones y entidades comprometidas en el tema, sobre los casos que podrían asegurar y promover más y mejores garantías, así como las dimensiones del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que requieren mayores o más detalladas definiciones.

Eligen Relatora Especial para la Libertad de Expresión

COMUNICADO DE PRENSA

No. 29/08

CIDH ELIGE A CATALINA BOTERO MARINO
RELATORA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Washington, 21 de julio de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió hoy a la abogada colombiana Catalina Botero Marino como Relatora Especial para la Libertad de Expresión.

La CIDH desea destacar la excelente calidad de las entrevistas de los cinco candidatos finalistas. En su resolución 04/06 del 26 de octubre de 2006, la CIDH aprobó las normas de procedimiento que guían la designación de Relatores especiales, entre las cuales estableció que haría públicos los criterios en que basó su decisión sobre la elección. En este sentido, la Comisión desea destacar el conocimiento de la Dra. Botero Marino sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, la Comisión tuvo en consideración su visión estratégica y su plan de trabajo para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como su destacada trayectoria profesional en el terreno académico, como Magistrada y en la Defensoría del Pueblo de Colombia.

La Dra. Botero Marino se desempeña como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia desde 2005. Anteriormente se había desempeñado en diversos cargos, tales como: Directora Nacional de la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, Directora de la Asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social, asesora del Despacho del Procurador General de la Nación, y profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Se recibió de abogada en 1988 en la Universidad de los Andes y realizó estudios de postgrado en esa universidad, así como también en la Universidad Complutense, el Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad Carlos III, las tres de Madrid.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene carácter permanente, independencia funcional y presupuesto propio. Fue creada por la CIDH en 1998 y opera dentro del marco jurídico de la Comisión. Es responsable de velar por la protección y promoción de la libertad de pensamiento y expresión en la región.

Fiss sobre Libertad de Expresión en Argentina invitado por la ADC y la Universidad de Palermo

La Nacion
Buenos Aires
23 de julio de 2008

Los intelectuales del mundo y LA NACION
“No dar conferencias de prensa es una forma de censura”

Lo dice el constitucionalista Owen Fiss

"La libertad de expresión no significa que cada cual diga lo que quiera, sino garantizar que todo lo que haya que decir sea dicho, y que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para poder evaluar a los gobiernos. Por eso, cuando los presidentes se niegan a dar conferencias de prensa están ejerciendo una forma de censura"

El que lo dice es el constitucionalista norteamericano Owen Fiss, profesor de Derecho en la Universidad de Yale y ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

"Un presidente democrático, un candidato democrático, nunca ataca a los medios ˆañade Fissˆ, sino que, en todo caso, defiende sus posiciones frente a la opinión pública."

Graduado en Oxford y en Harvard, Fiss tiene dos temas centrales de interés e investigación: la libertad de expresión y la protección de la igualdad ante la ley (que incluye el acceso a la Justicia).

Ha escrito varias obras, como La ironía de la libertad de expresión, Liberalismo dividido y Una comunidad de iguales. Es un asiduo visitante de la Argentina, a la que llegó por primera vez para presenciar el juicio a los comandantes militares, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Experto en derecho constitucional, en su reciente paso por la Argentina fue invitado por la Universidad de Palermo y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) a dar un seminario sobre libertad de expresión. "Es llamativo que alguien que no da conferencias de prensa o solamente brinda reportajes a periodistas amigos cuestione a la prensa de la manera en que lo hace", afirma sobre la tortuosa relación entre el matrimonio Kirchner y los medios de prensa.

Fiss admite, sin embargo, que una absoluta autonomía editorial también puede afectar, paradójicamente, a la libertad de expresión. Lo explica: "Si los medios sólo siguen los dictados del mercado, pueden no informar a la sociedad con ecuanimidad".

-¿Cómo afecta a la libertad de expresión que los gobernantes no den conferencias de prensa o que sólo hablen con periodistas que consideran confiables?

-La afecta de manera muy directa, porque los presidentes tienen la responsabilidad de informar a la opinión pública acerca de sus políticas y de responder preguntas. Entonces, cuando faltan las conferencias de prensa lo que hacen es ejercer una forma de censura. Cuando no se da ningún tipo de conferencia de prensa, el problema es que se está negando a la opinión pública la información necesaria para evaluar las políticas del gobierno. Por otro lado, cuando se dan reportajes a periodistas en los que el poder confía, la distorsión es doble, porque, por un lado, la información llega a través de estos periodistas poco objetivos y, por otro, se les da a estos medios amigos una posición indebidamente privilegiada en el debate público.

-¿Algo así como un sistema de premios y castigos para obedientes y desobedientes?

-Sí. El efecto es un castigo a quienes informan de manera imparcial. Cualquier periodista que critica al gobierno sabe que se arriesga a no tener acceso al presidente.

-Bueno, ya eso es ciencia ficción para los periodistas argentinos, porque ese acercamiento hace años que no existe...

-Pero debo decirle que esto no sólo se produce en la Argentina; hay otras democracias más maduras que todavía no lo han resuelto. El gobernador de Maryland, por ejemplo, se negaba a darles reportajes a periodistas que eran críticos de su gestión.

-En muchos países de América latina, los medios son monopólicos o están en manos del Estado y son usados po r el poder político de turno. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para hacer valer su derecho a estar informados con diversidad y equilibrio?

-Solos, nada. Pero juntos pueden organizarse y presionar al Congreso para que amplíe las formas de acceso a la información pública. En Estados Unidos tenemos la Comisión Federal de Comunicaciones, una agencia estatal con control parlamentario que tiene la responsabilidad de asegurar que los licenciatarios brinden información de relevancia pública y lo hagan de una manera ecuánime. Un canal de televisión, en Syracuse, solamente defendía la perspectiva en favor de la energía nuclear y no difundía ningún tipo de opinión acerca de los peligros que entrañaba. Entonces, un grupo de ciudadanos armó una ONG llamada Consejo para la Paz en Syracuse y denunció, con éxito, a este canal ante la comisión. Esa es una acción concreta. Y, como vimos en el caso de Europa del Este después de 1989, el primer paso, el más importante, hacia la democratizaci ón es acabar con la relación económica formal e informal entre la prensa y el gobierno.

-¿Es democrático que el poder político confronte constantemente con los medios?

-Un presidente democrático nunca ataca a los medios, sino que defiende sus posiciones frente a la opinión pública. Es llamativo que alguien que no va a conferencias de prensa o sólo brinda reportajes a periodistas amigos cuestione a la prensa de la manera en que algunos lo hacen.

-Ultimamente, el ex presidente Kirchner, que nunca aceptó conferencias de prensa mientras estuvo en el poder, inauguró la modalidad de las conferencias con hinchada propia, desacreditando, en público, a los periodistas participantes.

-[Largo silencio] Lo que usted relata es un espectáculo increíble, que no es propio de la tradición argentina de respeto por la libertad de expresión.

-Hay, sin embargo, una polémica legítima que el poder político actual abrió en la Argentina en cuanto a los intereses económicos de los medios y su relación con la libertad de expresión. ¿Qué puede aportar en este debate?

-La prensa tiene un interés muy fuerte en reclamar para sí misma la mayor autonomía que pueda conseguir. Pero, al mismo tiempo, garantizarles a los medios una absoluta autonomía editorial también puede afectar la libertad de expresión. Los medios, en principio, lo que persiguen son intereses empresariales y se rigen por las leyes del mercado. El punto es que la libertad de expresión no se reduce a que cada uno diga lo que quiera. Debe garantizar que la opinión pública tenga la información que necesita. Y si los medios solamente siguen los dictados del mercado, pueden llegar a no proveer información ecuánime. Dicho de otro modo, la libertad empresarial puede llegar a interferir en el derecho ciudadano a contar con toda la información adecuada. Por otro lado, esto no quiere decir que el poder político, la Presidenta, en este caso, tenga automáticamente razón cu ando acusa a los medios de no estar cumpliendo con su deber de informar de manera ecuánime. Lo que digo es que esto puede suceder, aunque, en mi opinión, lo que sucede, en general, con los ataques de los presidentes a la prensa es que buscan chivos expiatorios, y tampoco se reduce este fenómeno a la Argentina.

-Uno de los últimos debates que tuvimos aquí fue el lanzamiento de un observatorio de medios, con participación del Estado. ¿Cómo evalúa este tipo de instrumentos?

-No hay que pensar que es una mala idea, en general, pero sí debemos tener en claro que, tal como nos enseñó Michel Foucault, observar es controlar. La mera observación es una forma de control sobre los medios, por lo que yo prefiero que los observatorios no dependan del Estado. Pero no estoy en contra de la regulación, en principio, porque es necesaria para garantizar un debate democrático. El problema con los observatorios es el criterio que los guía.

-Si tuviéramos que tomar una ú nica medida para garantizar la libertad de expresión en democracia, ¿cuál sería?

-Que el debate público sobre los temas de importancia, de mayor importancia, sea amplio, abierto y robusto.

Por Laura Di Marco
Para LA NACION

La justicia rechazó un amparo para que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad

DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La justicia rechazó un amparo para que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad

La justicia argumentó que el Estado provincial no tiene la obligación de garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad sino solamente fomentarla. Dos personas con discapacidad y la UDIS, con el patrocinio de la ADC, habían promovido una acción de amparo para que se cumpla con el porcentaje mínimo del 4% de puestos de trabajo que deben ser ocupados por personas con discapacidad en la administración pública provincial.


(Buenos Aires, 21 de Julio de 2008) - En abril de 2007 y con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Unión Discapacitados Ituzaingó Solidario (UDIS), María del Carmen Pilar y Emiliano Naranjo -dos personas con discapacidad auditiva y motriz respectivamente- iniciaron una acción de amparo contra el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para que cumpla con el porcentaje mínimo del 4% de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la administración pública provincial. También solicitaron que se ordene a cada Delegación Regional del Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SECLAS) a que publique un Registro por Delegación Regional con todos los empleos disponibles para las personas con discapacidad y ordene los concursos respectivos para acceder a ellos.

El incumplimiento que dio lugar a esta acción judicial fue reconocido por el SECLAS, que manifestó al contestar un pedido de información pública que “todos los organismos provinciales se encuentran lejos del cumplimiento del cupo del 4% para el personal con discapacidad establecido por la Ley 10.592”. Dicha ley creó el “Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas” (arts. 8º y concordantes), que obliga a establecer un porcentaje mínimo de puestos en el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos para las personas discapacitadas. Dicha obligación también está contemplada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 36 inc. 5°).

El Tribunal de Menores N° 3 de La Plata, a cargo de la jueza Blanca Lasca, sostuvo, al rechazar el amparo, que el cumplimiento del porcentaje del cupo establecido por la Ley 10.592 no obliga al Estado provincial a garantizar la inserción laboral de los discapacitados sino que solamente obliga a “promover su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados”. La magistrada aclaró que la palabra promover debe entenderse como una obligación del Estado a impulsar, fomentar y favorecer la inserción laboral de los discapacitados. En la misma línea, afirmó que su interpretación de este mandato constitucional es que “el Estado lo que garantiza es el derecho a trabajar, al de tener acceso a un trabajo, pero nunca puede garantizar el otorgamiento de un puesto de trabajo” y por ello no cree que el Estado provincial esté incumpliendo la ley.

Respecto del pedido referido a la publicación de un Registro en cada Delegación Regional de la provincia de Buenos Aires con los empleos disponibles para personas con discapacidad, la jueza manifestó que “los motivos del no cumplimiento por parte del estado del cupo del 4% y la presentación de una serie de registros, informes y demás documentación (…) no son susceptibles de inmediata verificación” y desechó el reclamo por entender que el amparo no era la manera adecuada para este tipo de reclamos.

La sentencia fue apelada. En el recurso de apelación los actores patrocinados por la ADC sostuvieron que las normas constitucionales, convencionales y legales que protegen a las personas con discapacidad les otorgan un derecho efectivo a reclamar un cargo en la Administración Pública local. Por ello, debe reconocerse el derecho de María del Carmen Pilar y Emiliano Naranjo, como aspirantes a la cobertura del cupo fijado por el art. 8 de la ley 10.592. Al mismo tiempo, el reclamo de UDIS para que se publique un Registro en cada Delegación Regional, no resulta una cuestión compleja que requiera de prueba sino un planteo sencillo en defensa de todas las personas con discapacidad que debe ser resuelto a través de la acción de amparo.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo integrada por los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel deberá próximamente resolver sobre los planteos expuestos en el recurso de apelación.

Muestra Latinoamericana de Documentales

Para el programa completo, hacé click acá

Pensamiento colectivo y error: K (ennedy) y K (irchner)

Despues de los ultimos acontecimientos ocurridos en Argentina, me acorde de la famosa desastrosa decision de J.F.Kennedy de invadir Cuba por Bahia Cochinos. Es un viejo tema de psicologia y pensamiento colectivo. Buscando en internet encontre este articulo que me parecio interesante como resumen...
Abrazo,
Roberto


http://www.revistafusion.com/2000/enero/psico76.htm

EL PENSAMIENTO COLECTIVO
Por Raquel Buznego

"La locura es la excepción en los individuos pero la norma en los grupos"
Nietzsche

Uno de los más estrepitosos fracasos de nuestra reciente historia lo constituyó el desembarco en Bahía de Cochinos de un ejército preparado a tal fin en los EE.UU.
R. Nixon había propuesto a Einsenhower la siguiente idea: adiestrar un ejército con los cubanos exiliados en los Estados Unidos. Ese ejército desembarcaría en Bahía de Cochinos y, sin duda alguna, el pueblo cubano se le uniría, de no ser así, de forma inmediata, aún cabría la posibilidad de refugiarse en los Montes Escambray y preparar desde allí, la revolución, una revolución que derrocaría al régimen de Castro.
A los pocos días de ocupar la presidencia J. F. Kennedy fue informado de este proyecto. Durante ochenta días, el presidente, cinco de sus consejeros, los tres jefes del ejército y dos jefes de la CIA se reunieron ininterrumpidamente para tratar el tema.
El presidente sopesó la operación y en abril de 1961, mil cuatrocientos hombres, con más ilusión que formación, desembarcaron en Bahía de Cochinos.
Tres días más tarde los que no estaban muertos estaban en un campo de prisioneros.
El ejército cubano estaba compuesto por doscientos mil hombres y el pueblo cubano satisfecho con Fidel.
¿Cómo es posible que un grupo de trabajo, tan eminente y brillante, fuese capaz de gestar una fórmula de fracaso tan excepcionalmente estrepitosa?
¿Acaso nadie cuestionó las fuentes de información o la posibilidad de que el éxito fuese solamente una cuestión más bien deseable e ilusoria que real?

Irving Janis estudió este y otros fenómenos similares, así como las causas y mecanismos que impiden que los individuos, que constituyen el grupo, presenten ideas alternativas y/o se opongan al discurrir del pensamiento colectivo.
El grupo, que constituye una incuestionable y eficaz fórmula de trabajo a nivel individual, puede, en ocasiones, convertirse en un arma de doble filo, gestando el más llamativo fracaso que sorprende al sentido común de cualquier observador.
Estos "esquemas compartidos" o "pensamiento colectivo" suelen darse en los grupos, especialmente cuando acaban de constituirse y ello debido a los siguientes factores:

1. Ilusión de invulnerabilidad. En el caso que nos ocupa, claro ejemplo de vistosidad y estupidez en máximo grado, los eminentes allí reunidos, pensaron que sus planes no podían ser coronados por otra cosa que no fuera el éxito.

2. Ilusión de unanimidad. Acompañando a la anterior, todos reunidos, todos a una, tantos y tan brillantes no pueden estar equivocados.

3. Supresión de dudas personales. Haber sí las hubo pero quedaron, voluntariamente o involuntariamente ignoradas. Schlesinger, consejero del presidente, mostró algunas reservas, quizá débilmente Robert Kennedy, también consejero, lo llamó a su despacho y le invitó a mostrar sus desacuerdos.
Finalmente le dijo: "Puede que tenga razón o puede que esté equivocado, pero el presidente ya ha tomado una decisión y no es momento de cuestionarla sino de apoyarla incondicionalmente.

4. Ceguera moral. El mundo, debieron pensar, está dividido en buenos y malos, en víctimas y salvadores; ellos eran los buenos y, por tanto, su finalidad sería salvar al pueblo cubano del régimen castrista. No obstante, por aquel entonces, el pueblo aún estaba satisfecho con el producto de la Revolución.

El resultado sorprendió a todos y J.F. Kennedy, desconcertado, no cesó de preguntarse acerca de cómo pudo permitir que la operación siguiera su curso. En sucesivas reuniones alentó la crítica, excelente fórmula para que cada cual exponga, sin reservas, sus dudas y desde luego su opinión personal, que no tiene por qué ser acorde con la opinión del resto del grupo.
El "pensamiento colectivo" reduce la ansiedad, la tensión y los conflictos que se producen cuando la opinión de uno, o varios de los miembros de grupo, no son coincidentes.
Esto ocurre, o puede ocurrir, en cualquier ámbito laboral, en cualquier grupo de trabajo; diariamente podemos observar cómo algunas personas no tienen ninguna reserva en cambiar de pensamiento e idea cuando se encuentran en un grupo y en vez de manifestar sus dudas, sus críticas y sus reservas, se dejan arrastrar por el "pensamiento colectivo" a fin de evitar enfrentamientos y tensiones.

Los líderes de grupo, consciente e inconscientemente, alientan, en no pocas ocasiones, el "pensamiento de grupo" de forma que sus subordinados y, desde luego sus aduladores, dejan en el tintero ideas que pudieran ser brillantes o críticas que pudieran ser constructivas en aras de la propuesta del líder.
No sorprende que esto sea así si el jefe de grupo, o líder, es autoritario y desestima cualquier opinión pero se ha estudiado que también ocurre, con bastante frecuencia, cuando el líder es democrático y tiene a bien considerar críticas y opiniones alternativas.
Es, por tanto, que las nuevas fórmulas, aún poco practicadas, de dirigir un grupo deben considerar la posibilidad no sólo de presentar una propuesta y esperar a que sea apoyada, sino de dedicar, necesariamente, un espacio para la crítica, un espacio para la sugerencia de alternativas y un espacio para la propuesta de cambios o matizaciones en la propuesta presentada. Se alienta deliberadamente, a los participantes de grupo a que expresen las cosas tal como las ven y las sienten.
Así se reducen y evitan muchos errores y los fracasos si acontecen, no serán debidos a necios caprichos sino a otros factores y a nadie le quedará una espina clavada por no haber manifestado su opinión o desacuerdo.

Bloggers y Libertad de Expresión

The New York Times

July 15, 2008
At the Uneasy Intersection of Bloggers and the Law

By JONATHAN D. GLATER
There is no better way to get a blogger talking than by telling him what he cannot publish — although you might forgive a government prosecutor for thinking otherwise.

A grand jury subpoena sent by prosecutors in the Bronx earlier this year sought information to help identify people blogging anonymously on a Web site about New York politics called Room 8.

The subpoena carried a warning in capital letters that disclosing its very existence “could impede the investigation being conducted and thereby interfere with law enforcement” — implying that if the bloggers blabbed, they could be prosecuted.

“We were totally perplexed,” said Ben Smith, who co-founded Room 8 with Gur Tsabar. (The site calls itself an “imaginary neighbor” to the press room — Room 9 — in City Hall in New York.) The two promptly began looking for a lawyer. “We knew enough to be scared.”

This, of course, is a blogger’s nightmare: enforced silence and the prospect of jail time. The district attorney eventually withdrew the subpoena and lifted the gag requirement after the bloggers threatened to sue. But the fact that the tactic was used at all raised alarm bells for some free speech advocates.

The demand for secrecy raised the unnerving prospect that prosecutors could quietly investigate anyone who posts comments online, while the person making those comments is unaware of and unable to respond to the risk. The tactic also robs bloggers of one of their most powerful weapons: the chance to spread the word and turn the legal attack into an online cause célèbre.

Lawsuits over information posted online are usually civil, not criminal — that is, they are filed by private citizens or companies trying to keep something off the Web. Courts have developed ways to evaluate the claims, often using tests to balance the First Amendment’s protections of speech against the harm caused by whatever someone wrote or said.

Using such an analysis earlier this year, a federal judge in San Francisco reversed an order disabling a Web site that allowed the anonymous posting of documents, after he weighed concerns about the order’s effect on free speech.

In that case, efforts to block access to the Web site, called Wikileaks, ended up attracting far more attention to the documents posted there.

But there are fewer precedents explaining how courts should evaluate criminal subpoenas, according to legal experts. Perhaps that is because prosecutors are more cautious about the risk of violating the First Amendment and so issue fewer criminal subpoenas, or because the subpoenas themselves carry language prohibiting disclosure of their terms.

“In the criminal context it’s trickier because it’s the government asking for stuff, and I think it’s going to be harder to fashion a rule, especially when the government is not exactly willing to part with the reasons” for requesting the information in the first place, said Jonathan Zittrain, a law professor at Harvard.

Without knowing the motives of prosecutors, he continued, judges may be hard-pressed to balance their needs against the importance of free speech.

Bloggers concerned about possible litigation may want to check the privacy policies of their Internet service providers, to see whether they include a pledge to notify any customer whose site is the subject of a subpoena, Mr. Zittrain said.

Armed with that knowledge, a blogger could fight the subpoena in court. Software also exists that is intended to make it difficult to identify those who want to be anonymous online.

Some of the people blogging on the Room 8 site are named, but many choose to be anonymous. Mr. Smith said he called the assistant district attorney in the Bronx who had issued the subpoena to try to find out more about why prosecutors wanted the Internet Protocol, or I.P. address, of the person who blogged under the name Republican Dissident. But the prosecutors would not share any information, he said.

An I.P. address, together with the date and time of an online comment, can help identify the computer used to make that comment.

Mr. Smith said he was not opposed to helping prosecutors in all cases. “Was somebody found face-down on their keyboard and the I.P. address was going to help identify the killer?” he said. “We’re not free speech absolutists here.”

Steven R. Reed, a spokesman for the Bronx district attorney, Robert T. Johnson, said on Monday that the office had no comment on any investigation related to the subpoenas sent to Room 8. Mr. Reed, however, said it was not uncommon for subpoenas to include nondisclosure language in order to protect an investigation.

In this case, he said, “The district attorney was not aware that a subpoena was sent nor was he aware of the content of the comments, until after the subpoena was sent. The district attorney reviewed the matter, determined that a subpoena was not necessary at this time, and directed that it be withdrawn.”

Because of that withdrawal, Mr. Smith and his lawyers could share court filings in the case and talk about it openly.

In addition to Republican Dissident, prosecutors wanted to identify several other people who chose to post comments anonymously. Some of the comments cited news reports about investigations to support their criticism of Republican officials.

The prospect of helping to unmask some of the commenters on the site made Mr. Smith and Mr. Tsabar nervous.

“If our anonymous bloggers were to learn that we’d been handing out their identities to politicians whom they’ve been criticizing, I think they’d be much less likely to write on the site,” Mr. Smith said.

Mr. Smith and Mr. Tsabar found lawyers willing to represent them free at Public Citizen Litigation Group, a public interest law firm that has been active in other cases involving free speech online.

Pro bono representation was important, Mr. Smith said, because Room 8 does not generate much advertising revenue. Both founders have day jobs unrelated to the site, Mr. Smith as senior political writer at Politico, the online news site devoted to politics, and Mr. Tsabar as vice president at Ketchum, a large public relations firm.

Paul Alan Levy, a lawyer at Public Citizen Litigation Group in Washington who has played a role in many free speech cases involving technology, filed a motion to quash the subpoena and argued that the proceedings should not be secret. Filings in the case are on Public Citizen’s Web site.

“They refused to go anyplace and tell me, what are they investigating, why is this speech relevant,” Mr. Levy said. Prosecutors also opposed posting a note on the blog announcing the subpoena, though they eventually permitted Room 8 to try to send an e-mail message in May to Republican Dissident about it. No one answered, but by then, Republican Dissident had already deleted all of his or her posts from the Room 8 site.

“Generally, people post anonymously sometimes for a good reason, sometimes it’s for a bad reason,” Mr. Levy said.

“We argue for a balancing test,” he continued. “Let the discovery be had when there’s a good reason for it.”

Owen Fiss recibió Diploma de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Palermo

Entrega del Diploma de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Palermo al Profesor Owen Fiss

Buenos Aires, 30 de junio de 2008

Palabras de Roberto Saba pronunciadas en el evento.

Recibir el título de Doctor Honoris Causa de una Universidad, imagino, pues obviamente nunca me sucedió y dudo que me suceda, debe ser razón de inmenso orgullo y placer personal por parte de quien lo recibe. Es una muestra de reconocimiento a una trayectoria y a los logros alcanzados en muchos años de trabajo duro y de alta calidad académica.

Sin embargo, DAR este Diploma al Profesor Owen Fiss es para la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y para los profesores que trabajamos en ella, la causa de NUESTRO inmenso orgullo y placer. Un privilegio inmenso por el que nosotros nos sentimos agradecidos al propio Owen Fiss por darnos la oportunidad de usar este diploma como vehículo para expresarle lo afortunados que nos sentimos de haberlo conocido y de haber trabajado y continuar haciéndolo con él.

Decir una pocas palabras en esta ocasión también es un privilegio para mí. Privilegio que claramente no merezco, pues estoy seguro de que muchas otras personas en esta sala lo harían mejor que yo y sobre la base de excelentes razones. Sin embargo, mis colegas y amigos de esta Facultad conspiraron eficientemente para lograr ponerme en este lugar. Nunca la víctima de una conspiración sintió tanta satisfacción como siento yo en este instante.

Es tradición en este tipo de presentaciones que se explique y justifique por qué la persona que recibe el Doctorado Honoris Causa es merecedora de él.
Sin embargo, cuando me preguntaba si esto era necesario en el caso de Owen Fiss y frente a esta selecta audiencia que lo conoce bien, me respondía a mismo que no, que nada sería más superfluo que esa explicación. Sin embargo, honrar las tradiciones es algo que valoro, Owen lo sabe bien, y diré brevemente por qué el Profesor Owen Fiss es merecedor de éste título de Doctor Honoris Causa que la Universidad de Palermo le entrega.

Owen Fiss nació en el Bronx hace algunos años. Comenzó su formación académica en el Darmouth College. Continuó su educación filosófica en la Universidad de Oxford, y recibió entrenamiento jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (nadie, incluso Owen, es perfecto…). En esta última facultad cuyo nombre no me animo a repetir en una sala repleta de graduados de Yale, se graduó Magna Cum Laude.

En los complicados años 60 tuvo la suerte de trabajar junto a Thurgoot Marshall cuando éste era Juez de Apelaciones del Segundo Circuito, y luego se sumó al equipo del Juez de la Corte Suprema William Brennan. Siempre me pregunté si Marshall y Brennan lo buscaron a Owen o si Owen los buscó a ellos, pero es claro que de esas asociaciones no podía salir nada que no fuera muy bueno.

Hacia el final de esa misma década de los 60s, y con las obvias implicancias que todos ustedes conocen, Owen estuvo a cargo la División de Derechos Civiles del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos realizando aportes significativos en un momento complejo de la historia política y social de ese país.

En 1986 inició su carrera académica como Profesor de la Universidad de Chicago y en 1974 se mudó a New Haven donde se convirtió en Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, donde fue Alexander M. Bickel Professor of Public Law entre 1982 y 1992 y Sterling Professor of Law desde 1992 hasta el presente.

Su obra sobre derecho procesal, derecho constitucional, decisión judicial, interpretación del derecho, justicia distributiva, igualdad y libertad de expresión ha tenido un impacto enorme en su país y en todos los países donde se conoce su trabajo, como es el caso de Argentina.

Por todas estas razones y muchas más, es claro por qué Owen Fiss merece este título honorífico y todos entienden ahora mejor que antes por qué mi duda acerca de si era necesario hacer lo que acabo de hacer.

Sin embargo, sí me parece necesario decir por qué nuestra Facultad de Derecho y aquellos que trabajamos en ella tanto ahora como en el pasado reciente, creemos que hay razones particulares para que ESTA Facultad de Derecho sienta que tiene una obligación moral de manifestar su agradecimiento a Owen por medio de este reconocimiento.

Como algunos de ustedes saben, yo me siento fuertemente atraído por las teorías constructivistas de Ronald Dworkin y Carlos Nino. La idea de que existen objetos que se construyen colectivamente a lo largo de generaciones me ha poseído y creo que la integridad es una cualidad que alcanza no sólo al derecho, sino a muchas creaciones humanas que requieren de la acumulación de aportes individuales para tomar forma y adquirir identidad.

Estoy convencido de que hay proyectos que sólo cobran sentido, como en el caso de la novela encadenada de Dworkin o de la catedral medieval de la metáfora constructivista de Nino, cuando cada autor o cada constructor, en su momento histórico, en su turno, realiza su aporte a esa construcción colectiva sabiéndose parte de una empresa conjunta y de largo plazo que debe preservar su identidad. Nuestro paso por estos proyectos, en principio y a menos que no haya opción, no debería ser nunca re-fundacional, sino que existe un deber de intentar preservar lo valioso de lo construido hasta el momento con miras a continuar con esa construcción. Cada aporte individual o grupal no debería ser otra cosa que una contribución a la integridad de la novela o de la catedral.

Nuestro trabajo en esta facultad es sin duda un proyecto colectivo que empezó hace catorce años. Hay aquí presentes al menos tres generaciones de profesores y alumnos que estuvieron o están involucrados en él. Profesores y profesoras que fueron alumnos y alumnas de docentes y que hoy también enseñan en esta casa. Profesores y profesoras que pasaron por nuestras aulas como estudiantes. Docentes que, como corresponde, siguen siendo estudiantes. Estas tres generaciones han hecho y continúan haciendo aportes para la construcción colectiva de un proyecto académico. Algunos han hecho su aporte en el pasado, otros lo están haciendo en el presente y otros se preparan para hacerlo en el futuro. Todas las personas que han contribuido a este proyecto forman parte de una misma comunidad académica que aún se reúne como en una especie de acto ritual una vez al año en el Seminario en Latinoamerica de Teoría Constitucional y Política, el SELA, que acaba de culminar su 14ava edición en Buenos Aires, empresa de la que también hago responsable a Owen.

Toda novela, sin embargo, tiene un primer capítulo y toda catedral tiene cimientos. Todo proyecto constitucional tiene padres y/o madres fundadoras. Toda construcción intergeneracional empieza en un creativo momento revolucionario que luego se consolida con el trabajo duro pero gratificante de la construcción cotidiana. Desde mi punto de vista, el proyecto académico que impulsamos en esta facultad en 1994 y que empezó a gestarse un par de años antes en el Centro de Estudios Institucionales que dirigía Carlos Nino, y del que tuve el honor de ser junto con Martín Bohmer un testigo privilegiado, también tuvo su momento revolucionario, su primer capítulo, sus cimientos y sus padres fundadores.

Estoy seguro que todos y todas los aquí presentes coincidirán conmigo en que Owen Fiss y Carlos Nino son los máximos reponsables de haber puesto en marcha esta construcción colectiva que ya promedia su segunda década.

En nombre de los que trabajamos y trabajaron en este proyecto, en nombre del padre fundador que hoy ya no está físicamente con nosotros, en nombre de mis colegas, amigos y amigas que hicieron un aporte increíblemente significativo y que han seguido con sus brillantes carreras en otras geografías o instituciones, en nombre de los que estamos involucrados en esta empresa y en nombre de los que se siguen y seguirán sumando a ella, quiero expresar a Owen nuestro agradecimiento por el privilegio que significa para nosotros poder darle este título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Palermo.

Muchas gracias.

ANUNCIO IMPORTANTE: Owen Fiss en Buenos Aires

Fecha: Lunes 30 de Junio
Hora: 18 a 19.30 horas
Lugar: Auditorio de la Universidad de Palermo - Mario Bravo 1050. Buenos Aires.
La entrada es libre y gratuita. Habrá traducción simultánea.

Owen Fiss dará una conferencia sobre
“La libertad de expresión y las dos caras del Estado”

El profesor de la Universidad de Yale hablará sobre “La libertad de expresión y las dos caras del Estado”. La conferencia es organizada por la ADC y la Universidad de Palermo y auspiciada por la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. La entrada es libre y gratuita.

El profesor de Derecho de la Universidad de Yale Owen Fiss dará una conferencia en Buenos Aires sobre “La libertad de expresión y las dos caras del Estado”.

Organizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP), se llevará a cabo el lunes 30 de junio a las 18 horas en la UP. Acompañan el evento con su auspicio la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes.

Owen Fiss es experto en derecho constitucional, profesor de Derecho en la Universidad de Yale y miembro del comité organizador del Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA) que se reúne anualmente desde 1995. Graduado en las universidades de Dartmouth, Oxford y Harvard, fue secretario letrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, se desempeñó en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y enseñó en la Universidad de Chicago.

Sus temas de interés académico abarcan la protección de la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la libertad de expresión. Entre sus publicaciones se encuentran “Liberalismo dividido”, “Una comunidad de iguales”, y “La ironía de la libertad de expresión”, donde reflexiona sobre el papel que el Estado puede y debe cumplir para garantizar un debate público robusto, plural y democrático.

Cómo asegurar el derecho a saber

Nota publicada en Diario Clarín
Buenos Aires

4 de Junio de 2008

Cómo asegurar el derecho a saber

Por: Roberto Saba
Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles

Se necesitan herramientas legales adecuadas, autoridades responsables y ciudadanos atentos para evitar que la tendencia habitual de los gobiernos a guardar secretos ponga obstáculos al ejercicio de los derechos fundamentales.

Poder contar con la mayor cantidad de información posible nos permite ejercer mejor otros derechos, como el de expresarnos libremente, el de votar, el de gozar de un medioambiente sano, de disfrutar de una mejor salud, o de un acceso igualitario a la educación. Sin embargo, como sabemos, la tendencia habitual de muchos gobiernos a guardar secretos hace muchas veces difícil contar con esa información que sólo podemos obtener si es liberada por las autoridades.

Las siguientes son algunas reflexiones sobre dónde recaen las responsabilidades para gozar plenamente del Derecho a la Información Pública en Argentina. En primer lugar, el derecho se ejerce mejor si contamos con las herramientas legales adecuadas.

El Congreso nacional está en deuda en este sentido desde que dejó morir el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en 2006 y debería sancionar una ley que esté de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Desde el año 2000, más de 70 democracias del mundo sancionaron leyes nacionales de acceso a la información pública. Entre ellas, ocho corresponden a países de América latina (Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México y República Dominicana). A nivel provincial, han sancionado leyes de este tipo Córdoba, Jujuy, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas municipalidades, pero sabemos que gran parte de la información más acuciante la tiene el Gobierno nacional.

Que el Congreso de la Nación no tenga la sanción de esta ley como prioridad es muy lamentable.

Por otro lado, una ley de acceso a la información no alcanza. También es necesario que la administración del Poder Ejecutivo esté preparada para almacenar, archivar, producir y proporcionar información espontáneamente o a pedido de la gente. En este sentido, la buena noticia es que el Gobierno nacional sancionó en 2003 un reglamento, contenido en el decreto 1172 que instruye a la burocracia acerca de su obligación de dar información a las personas que la soliciten. También se ha avanzado un poco en articular prácticas de mayor transparencia y apertura.

Sin embargo, aún hay indicios demasiado claros de que proporcionar información no es una de las virtudes de la administración nacional o provincial. Muy poco se ha avanzado en materia de preservación de información y archivos.

En algunos casos, seguimos rigiéndonos en base a normas increíbles como el decreto de un gobierno militar que ordena la quema de los radiogramas cursados entre los gobernadores y la Casa Rosada al cabo de un año desde su emisión, práctica que ha impedido a investigadores e historiadores reconstruir momentos dramáticos de la vida de nuestro país, como los acaecidos en el intento de golpe de Estado de 1987. Las reveladoras comunicaciones entre el gobernador de Entre Ríos y el presidente Alfonsín, en aquellos angustiantes días, se quemaron un año después.

Esto continúa siendo así. La obligación no deriva sólo del derecho interno. A fines de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Marcel Claude Reyes contra Chile, reconoció que la negativa del gobierno de ese país de dar información que había sido solicitada por un ciudadano violaba el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese tratado también fue firmado por Argentina y ese precedente le indica a nuestro país su obligación de dar información de acuerdo con su compromiso internacional.

Los jueces también tienen una responsabilidad fundamental: la de asegurar el derecho a la información a través de sus sentencias cuando las personas a las que se les negó información acuden a sus estrados para reclamar por el derecho violado. La valiente decisión de la jueza de primera instancia obligando al Estado a proveer los detalles acerca de la metodología utilizada por el INDEC para calcular el índice de precios del consumidor a la Asociación por los Derechos Civiles, fundada en el derecho a saber de las personas, es una brisa fresca en medio de tanto desierto de iniciativas.

Finalmente, nada de todo esto puede funcionar si la gente no asume que tiene un derecho a solicitar información al Estado para poder ejercer otros derechos, su profesión o la ciudadanía misma. Periodistas, historiadores, activistas de derechos humanos, empresarios, o cualquier persona que quiera saber deben pedir información al Estado sobre los temas de su interés. Si no pedimos información, el Estado nunca se sentirá obligado a producirla, almacenarla, archivarla o, mucho menos, a proporcionarla. Todos tenemos algo que hacer para asegurar el derecho a saber.

Obama, según Vargas Llosa

Obama, en los infiernos

Por Mario Vargas Llosa
Para LA NACION

Cuando la senadora Hillary Clinton comprendió que era poco menos que imposible para ella ganar la designación como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, pues su rival, el senador Barack Obama, le llevaba una ventaja en votos, delegados y estados que no alcanzaría a igualar, recurrió, como suelen hacer los políticos, a las armas prohibidas. En este caso, el tema racial. Y dijo ante la prensa que lo que las elecciones primarias venían demostrando era que a ella la preferían los electores de la "América blanca".

Aunque le llovieron las críticas por resucitar un asunto tan ominoso y explosivo en un país como los Estados Unidos -el propio The New York Times , que ha respaldado su candidatura, la censuró en un editorial-, el vedado recurso dio, por lo menos en apariencia, buenos resultados: el 13 de mayo, en las primarias de Virginia Occidental, el estado más "blanco" del país, Hillary obtuvo una arrolladora victoria con más de cien mil votos sobre su contendor.

Se trató de un triunfo llamativo pero insignificante en términos prácticos, porque, debido a su escasa población, Virginia Occidental tiene muy pocos delegados, y Obama sigue conquistando superdelegados entre los independientes. Incluso, algunos que habían prometido su apoyo a la senadora se lo han retirado para dárselo a él. Y en estos últimos días, John Edwards, que fue precandidato presidencial en estas primarias y que había sido afanosamente solicitado por los dos contendientes, se decidió también por Obama. Su apoyo es importante, pues Edwards tiene influencia en el medio obrero y sindical, donde la senadora Clinton es muy popular.

Pero aunque, como señalan los an alistas -ocurra lo que ocurra en las tres elecciones primarias de cinco pequeños estados que aún faltan a los demócratas-, el senador Obama parece tener asegurada la candidatura, la fea operación de contornos racistas lanzada por Hillary Clinton puede tener siniestras consecuencias en la futura campaña presidencial entre Obama y McCain, convirtiéndola en un enfrentamiento entre la América "blanca" y la América "negra".







No tiene que ocurrir, pero hay indicios alarmantes. Todas las encuestas hechas desde que la senadora se proclamó la favorita de los "blancos" indican que un número creciente de estadounidenses declara ahora que el tema racial o étnico ha pasado a ser importante para ellos en sus preferencias electorales. Lo que significa un serio revés para Barack Obama, que había hecho de la solidaridad entre las diferentes razas, tradiciones, creencias, convicciones y costumbres uno de los puntales de su prédica desde el inicio de su campaña.

Hillary Clinton no es una racista, desde luego. Es un animal político, frío, tenaz, inteligente y sin escrúpulos. Con la misma glacial serenidad y destreza con que supo salir airosa de los escándalos y las humillaciones a que la sometió su marido en los comienzos de su gobierno, ha continuado su campaña, sin perder la sonrisa y el ánimo, mientras era derrotada una y otra vez por un adversario que, según todas las encuestas, es preferido por los jóvenes, los profesionales, los empresarios, los universitarios y, en resumen, por los sectores más modernos, cultos y liberales de la sociedad norteamericana, dejándole a ella los más incultos, primitivos y provincianos.

Antes de la operación racial, su campaña había lanzado otra de guerra sucia, de índole machista, que no prosperó. Consistía en presentar a la senadora como el verdadero "macho", el auténtico líder viril en la contienda, alguien a quien su propio jefe de campaña bautizó en Illinois "el candidato testicular". Obama, en cambio, sería el débil, e l blando, el indeciso, el -horror de horrores- intelectual, alguien a quien sería riesgoso y suicida confiar la primera magistratura en caso de un conflicto bélico.

Los avisos pagados de Hillary presentaban a la senadora en una actitud marcial y beligerante, con la siguiente interrogación: "¿A quién preferiría usted como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?". Y al lado de la senadora languidecía un esmirriado y subsumido Obama, con una cara de vacilante y asustado.

Pero esta tentativa denigratoria no tuvo mayor efecto. Entonces, la senadora, en uno de esos gestos audaces que la caracterizan, decidió que, como ya no era realista pensar en su nominación, sí era posible, en cambio, contribuir a la futura derrota de su rival en las elecciones presidenciales de noviembre frente al republicano McCain.

No se trata de una venganza personal, nacida de la frustración, sino de un sencillo cálculo matemático de un político de alto vuelo. Si Hil lary Clinton aspira a ser la candidata de los demócratas a la presidencia en el año 2012, es preciso que en estos comicios el ganador sea un republicano y no un demócrata. Pues si es Obama el próximo presidente, la senadora vería cerradas las puertas de su candidatura a la Casa Blanca hasta el año 2016, ya muy tarde para ella.

Nada de esto se puede exhibir a la luz pública, pero sí enviando indirectos mensajes a la subconciencia y los prejuicios instintivos del electorado. Según los sondeos últimos, un 50% de los partidarios demócratas de Hillary Clinton en Virginia Occidental afirmaron que no votarán por Obama para presidente: si es el candidato, se abstendrán de votar o lo harán por McCain.

Al mismo tiempo que la senadora envenenaba la campaña de racismo, el candidato republicano iniciaba su propia guerra sucia, utilizando otro ingrediente explosivo para desacreditar a su casi seguro rival en las elecciones de noviembre. En una conferencia de prensa decía que, entre él y Obama, el verdadero amigo de Israel era el senador McCain. ¿No lo demostraba el hecho de que el líder de la organización terrorista Hamas hubiera dicho que simpatizaba con la candidatura de Barack Obama?

De este modo, una especie que había circulado, sin mayor eficacia, hace algunos meses, resucitaba y volvía a ocupar los primeros planos del debate electoral: Obama, un musulmán emboscado (pues su padre lo fue), un amigo de los palestinos y, por lo tanto, potencialmente, un presidente que daría la espalda a Israel, el mejor aliado de los Estados Unidos, y tendería la mano a los terroristas palestinos.

La acusación de McCain es de largo alcance y si prende puede ser decisiva en la campaña. Los judíos son una pequeña minoría en número en la sociedad norteamericana, pero el lobby judío, las organizaciones que apoyan a Israel y hacen campaña favorable a los políticos que consideran proisraelíes y hostigan a los que no, ejerce una poderosa influencia económic a y publicitaria en toda campaña electoral. Y aunque no siempre ganan sus candidatos, es seguro que siempre pierden los que consideran sus enemigos.

Desde que McCain hizo aquella declaración, el senador Obama se ha multiplicado en desmentidos ante diversas asociaciones judías y proisraelíes, recordando una vez más sus tomas de posición, tanto en la cámara estatal de Illinois como luego en el Senado, a favor de Israel y condenando en términos inequívocos el terrorismo de Hamas. Y también repitiendo que, aunque su padre fuera musulmán, su madre lo educó como cristiano, al igual que ocurrió con su esposa, Michelle. Por otra parte, muchos judíos norteamericanos se han manifestado respaldando sus afirmaciones y desmintiendo las insinuaciones de McCain.

Todo esto es una indicación de que la campaña presidencial será esta vez más virulenta que otras veces. ¿Conseguirá Obama enfrentar exitosamente las guerras sucias lanzadas contra él? Yo creo que sí, aunque sin duda le va a costar trabajo y no puede permitirse cometer un solo error.

Mi optimismo no se basa tanto en las encuestas como en la actitud que hasta ahora mantiene entre las llamaradas de mugre y de insidia que han encendido a su alrededor. No ha respondido con las mismas armas ni ha descendido al vituperio. Continúa, imperturbable, con su discurso reformista, de ideas, con invocaciones a la unión, rechazando toda forma de sectarismo e intolerancia y con propuestas concretas y realistas a favor de los débiles, los marginados, y una fe contagiosa en las instituciones democráticas.

Es verdad que a menudo habla más como un intelectual que como un político profesional, pero eso, por fortuna, en vez de desprestigiarlo, le ha ganado la simpatía y el entusiasmo de millones de sus compatriotas. Su discurso sigue atrayendo sobre todo a los jóvenes, de todas las razas, que acuden por millares a trabajar como voluntarios en todo el país, fortaleciendo una maquinaria que ha probado tener una eficacia contundente.

Esperemos que las campañas de guerra sucia no prevalezcan y, por una vez, el idealismo y los principios derroten a las maniobras de los políticos.