Obama, en los infiernos
Por Mario Vargas Llosa
Para LA NACION
Cuando la senadora Hillary Clinton comprendió que era poco menos que imposible para ella ganar la designación como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, pues su rival, el senador Barack Obama, le llevaba una ventaja en votos, delegados y estados que no alcanzaría a igualar, recurrió, como suelen hacer los políticos, a las armas prohibidas. En este caso, el tema racial. Y dijo ante la prensa que lo que las elecciones primarias venían demostrando era que a ella la preferían los electores de la "América blanca".
Aunque le llovieron las críticas por resucitar un asunto tan ominoso y explosivo en un país como los Estados Unidos -el propio The New York Times , que ha respaldado su candidatura, la censuró en un editorial-, el vedado recurso dio, por lo menos en apariencia, buenos resultados: el 13 de mayo, en las primarias de Virginia Occidental, el estado más "blanco" del país, Hillary obtuvo una arrolladora victoria con más de cien mil votos sobre su contendor.
Se trató de un triunfo llamativo pero insignificante en términos prácticos, porque, debido a su escasa población, Virginia Occidental tiene muy pocos delegados, y Obama sigue conquistando superdelegados entre los independientes. Incluso, algunos que habían prometido su apoyo a la senadora se lo han retirado para dárselo a él. Y en estos últimos días, John Edwards, que fue precandidato presidencial en estas primarias y que había sido afanosamente solicitado por los dos contendientes, se decidió también por Obama. Su apoyo es importante, pues Edwards tiene influencia en el medio obrero y sindical, donde la senadora Clinton es muy popular.
Pero aunque, como señalan los an alistas -ocurra lo que ocurra en las tres elecciones primarias de cinco pequeños estados que aún faltan a los demócratas-, el senador Obama parece tener asegurada la candidatura, la fea operación de contornos racistas lanzada por Hillary Clinton puede tener siniestras consecuencias en la futura campaña presidencial entre Obama y McCain, convirtiéndola en un enfrentamiento entre la América "blanca" y la América "negra".
No tiene que ocurrir, pero hay indicios alarmantes. Todas las encuestas hechas desde que la senadora se proclamó la favorita de los "blancos" indican que un número creciente de estadounidenses declara ahora que el tema racial o étnico ha pasado a ser importante para ellos en sus preferencias electorales. Lo que significa un serio revés para Barack Obama, que había hecho de la solidaridad entre las diferentes razas, tradiciones, creencias, convicciones y costumbres uno de los puntales de su prédica desde el inicio de su campaña.
Hillary Clinton no es una racista, desde luego. Es un animal político, frío, tenaz, inteligente y sin escrúpulos. Con la misma glacial serenidad y destreza con que supo salir airosa de los escándalos y las humillaciones a que la sometió su marido en los comienzos de su gobierno, ha continuado su campaña, sin perder la sonrisa y el ánimo, mientras era derrotada una y otra vez por un adversario que, según todas las encuestas, es preferido por los jóvenes, los profesionales, los empresarios, los universitarios y, en resumen, por los sectores más modernos, cultos y liberales de la sociedad norteamericana, dejándole a ella los más incultos, primitivos y provincianos.
Antes de la operación racial, su campaña había lanzado otra de guerra sucia, de índole machista, que no prosperó. Consistía en presentar a la senadora como el verdadero "macho", el auténtico líder viril en la contienda, alguien a quien su propio jefe de campaña bautizó en Illinois "el candidato testicular". Obama, en cambio, sería el débil, e l blando, el indeciso, el -horror de horrores- intelectual, alguien a quien sería riesgoso y suicida confiar la primera magistratura en caso de un conflicto bélico.
Los avisos pagados de Hillary presentaban a la senadora en una actitud marcial y beligerante, con la siguiente interrogación: "¿A quién preferiría usted como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?". Y al lado de la senadora languidecía un esmirriado y subsumido Obama, con una cara de vacilante y asustado.
Pero esta tentativa denigratoria no tuvo mayor efecto. Entonces, la senadora, en uno de esos gestos audaces que la caracterizan, decidió que, como ya no era realista pensar en su nominación, sí era posible, en cambio, contribuir a la futura derrota de su rival en las elecciones presidenciales de noviembre frente al republicano McCain.
No se trata de una venganza personal, nacida de la frustración, sino de un sencillo cálculo matemático de un político de alto vuelo. Si Hil lary Clinton aspira a ser la candidata de los demócratas a la presidencia en el año 2012, es preciso que en estos comicios el ganador sea un republicano y no un demócrata. Pues si es Obama el próximo presidente, la senadora vería cerradas las puertas de su candidatura a la Casa Blanca hasta el año 2016, ya muy tarde para ella.
Nada de esto se puede exhibir a la luz pública, pero sí enviando indirectos mensajes a la subconciencia y los prejuicios instintivos del electorado. Según los sondeos últimos, un 50% de los partidarios demócratas de Hillary Clinton en Virginia Occidental afirmaron que no votarán por Obama para presidente: si es el candidato, se abstendrán de votar o lo harán por McCain.
Al mismo tiempo que la senadora envenenaba la campaña de racismo, el candidato republicano iniciaba su propia guerra sucia, utilizando otro ingrediente explosivo para desacreditar a su casi seguro rival en las elecciones de noviembre. En una conferencia de prensa decía que, entre él y Obama, el verdadero amigo de Israel era el senador McCain. ¿No lo demostraba el hecho de que el líder de la organización terrorista Hamas hubiera dicho que simpatizaba con la candidatura de Barack Obama?
De este modo, una especie que había circulado, sin mayor eficacia, hace algunos meses, resucitaba y volvía a ocupar los primeros planos del debate electoral: Obama, un musulmán emboscado (pues su padre lo fue), un amigo de los palestinos y, por lo tanto, potencialmente, un presidente que daría la espalda a Israel, el mejor aliado de los Estados Unidos, y tendería la mano a los terroristas palestinos.
La acusación de McCain es de largo alcance y si prende puede ser decisiva en la campaña. Los judíos son una pequeña minoría en número en la sociedad norteamericana, pero el lobby judío, las organizaciones que apoyan a Israel y hacen campaña favorable a los políticos que consideran proisraelíes y hostigan a los que no, ejerce una poderosa influencia económic a y publicitaria en toda campaña electoral. Y aunque no siempre ganan sus candidatos, es seguro que siempre pierden los que consideran sus enemigos.
Desde que McCain hizo aquella declaración, el senador Obama se ha multiplicado en desmentidos ante diversas asociaciones judías y proisraelíes, recordando una vez más sus tomas de posición, tanto en la cámara estatal de Illinois como luego en el Senado, a favor de Israel y condenando en términos inequívocos el terrorismo de Hamas. Y también repitiendo que, aunque su padre fuera musulmán, su madre lo educó como cristiano, al igual que ocurrió con su esposa, Michelle. Por otra parte, muchos judíos norteamericanos se han manifestado respaldando sus afirmaciones y desmintiendo las insinuaciones de McCain.
Todo esto es una indicación de que la campaña presidencial será esta vez más virulenta que otras veces. ¿Conseguirá Obama enfrentar exitosamente las guerras sucias lanzadas contra él? Yo creo que sí, aunque sin duda le va a costar trabajo y no puede permitirse cometer un solo error.
Mi optimismo no se basa tanto en las encuestas como en la actitud que hasta ahora mantiene entre las llamaradas de mugre y de insidia que han encendido a su alrededor. No ha respondido con las mismas armas ni ha descendido al vituperio. Continúa, imperturbable, con su discurso reformista, de ideas, con invocaciones a la unión, rechazando toda forma de sectarismo e intolerancia y con propuestas concretas y realistas a favor de los débiles, los marginados, y una fe contagiosa en las instituciones democráticas.
Es verdad que a menudo habla más como un intelectual que como un político profesional, pero eso, por fortuna, en vez de desprestigiarlo, le ha ganado la simpatía y el entusiasmo de millones de sus compatriotas. Su discurso sigue atrayendo sobre todo a los jóvenes, de todas las razas, que acuden por millares a trabajar como voluntarios en todo el país, fortaleciendo una maquinaria que ha probado tener una eficacia contundente.
Esperemos que las campañas de guerra sucia no prevalezcan y, por una vez, el idealismo y los principios derroten a las maniobras de los políticos.
sábado, 24 de mayo de 2008
Obama sobre América Latina
Algunos tramos del discurso de campaña de ayer de Barak Obama sobre América Latina:
"Es tiempo de una nueva alianza de las Américas"
"Después de ocho años de políticas desastrosas de George Bush, ha llegado la hora de avanzar la diplomacia directa, con amigos y enemigos, sin precondiciones".
Si se convierte en presidente, dijo desde Miami, impondrá una "nueva estrategia" hacia Cuba y en la lucha contra la pobreza, la inseguridad y las drogas.
Los vínculos ya no serán, dijo, entre las cúpulas del poder político y económico, sino dirigida a ayudar a los pobres de la región. Estados Unidos será "otra vez un faro de esperanza y una mano que ayude", agregó.
"Hemos fracasado en conectarnos con la gente de la región con el respeto debido a un socio".
Para revertirlo, prometió medir "sus resultados no a través de acuerdos entre gobiernos, sino por medio de las esperan zas del chico en las favelas de Río, la seguridad del policía de la Ciudad de México y las respuestas a los gritos de los prisioneros políticos en las cárceles de La Habana".
Obama ofreció su agenda para la región: mantendrá el embargo a Cuba, pero levantará restricciones y se mostró dispuesto a levantar por completo el bloqueo comercial si el régimen impulsa reformas; criticó en términos durísimos a Chávez; y apoyó a Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), aún si las persigue a través de sus fronteras con Ecuador o Venezuela.
Condicionó su apoyo a los acuerdos de libre comercio: "No podemos aceptar un comercio que enriquece a aquellos en la cima mientras corta los peldaños de abajo".
Por eso votó en contra del Acuerdo para América Central (Cafta, por sus siglas en inglés) y rechazó el pendiente con Colombia, pero apoyó el modificado con Perú.
La Argentina sólo recibió una mención sobre el final de su discurso. Fue cuando anticipó que evaluará "las oportunidades y riesgos de la energía nuclear en el hemisferio sentándonos con México, Brasil, la Argentina y Chile".
Elogió al presidente mexicano Felipe Calderón por su nombre y le prometió su ayuda, pero también marcó deficiencias en su país.
En cuanto a Lula, destacó su liderazgo en etanol: "Podemos aprender del progreso alcanzado por un país como Brasil".
Cuba, en tanto, concentró la mayor cantidad de alusiones directas -una veintena-. Dijo que el régimen de los hermanos Castro creó "un terrible y trágico statu quo ". Pero también denunció la política seguida por Estados Unidos por décadas, la que "no ha hecho nada por impulsar la libertad pa ra el pueblo cubano" y prometió imponer "una estrategia de cambio".
"Mantendré el embargo", aclaró. Y también dijo que autorizará "de inmediato y sin límites los viajes y el envío de remesas a la isla".
Además transmitirá un mensaje a La Habana: "Si dan pasos significativos hacia la democracia, empezando con la liberación de todos los prisioneros políticos, tomaremos medidas para empezar a normalizar relaciones".
Para Obama, la línea adoptada por Bush hacia Cuba, compartida por el candidato republicano John McCain, sólo ofrece "palabras duras" pero nulos resultados. A ellos, dedicó numerosas y variadas críticas. "Es tiempo de impulsar una diplomacia directa, con amigos y enemigos por igual, sin precondiciones", dijo.
Diplomacia agresiva
Si Cuba concentró más líneas de su discurso, las palabras más duras se las dedicó a Chávez, al que calificó de "demagogo" y como uno de los "matones autoritarios" del hemisferio. "Su predecible pero pelig rosa mezcla de retórica antiestadounidense, su gobierno autoritario y su diplomacia de chequera ofrece la misma falsa promesa de las ya intentadas y fallidas ideologías del pasado", dijo.
"Chávez es un líder electo democráticamente -reconoció-. Pero también sabemos que no gobierna democráticamente. Habla de la gente, pero sus acciones sólo benefician su propio poder."
Y fijó una línea clara y controvertida de acción si arriba a la Casa Blanca: "Apoyaremos por completo la lucha de Colombia contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para terminar con el reino del terror de los paramilitares de centroderecha. Apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a los terroristas que buscan zonas protegidas del otro lado de sus fronteras. Y echaremos luz sobre cualquier apoyo a las FARC que provenga de gobiernos vecinos".
Parte de la culpa por la expansión chavista, sin embargo, la centró en el "vacío" que produjo la falta de iniciativa de la administración Bush, lo que también destacó que aprovecharon los europeos, China y hasta Irán para ampliar su influencia. Eso cambiará, anticipó, si él sucede a Bush en enero de 2009. "Impulsaremos una diplomacia agresiva, basada en principios y sostenida desde el día uno", anunció.
"Es tiempo de una nueva alianza de las Américas"
"Después de ocho años de políticas desastrosas de George Bush, ha llegado la hora de avanzar la diplomacia directa, con amigos y enemigos, sin precondiciones".
Si se convierte en presidente, dijo desde Miami, impondrá una "nueva estrategia" hacia Cuba y en la lucha contra la pobreza, la inseguridad y las drogas.
Los vínculos ya no serán, dijo, entre las cúpulas del poder político y económico, sino dirigida a ayudar a los pobres de la región. Estados Unidos será "otra vez un faro de esperanza y una mano que ayude", agregó.
"Hemos fracasado en conectarnos con la gente de la región con el respeto debido a un socio".
Para revertirlo, prometió medir "sus resultados no a través de acuerdos entre gobiernos, sino por medio de las esperan zas del chico en las favelas de Río, la seguridad del policía de la Ciudad de México y las respuestas a los gritos de los prisioneros políticos en las cárceles de La Habana".
Obama ofreció su agenda para la región: mantendrá el embargo a Cuba, pero levantará restricciones y se mostró dispuesto a levantar por completo el bloqueo comercial si el régimen impulsa reformas; criticó en términos durísimos a Chávez; y apoyó a Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), aún si las persigue a través de sus fronteras con Ecuador o Venezuela.
Condicionó su apoyo a los acuerdos de libre comercio: "No podemos aceptar un comercio que enriquece a aquellos en la cima mientras corta los peldaños de abajo".
Por eso votó en contra del Acuerdo para América Central (Cafta, por sus siglas en inglés) y rechazó el pendiente con Colombia, pero apoyó el modificado con Perú.
La Argentina sólo recibió una mención sobre el final de su discurso. Fue cuando anticipó que evaluará "las oportunidades y riesgos de la energía nuclear en el hemisferio sentándonos con México, Brasil, la Argentina y Chile".
Elogió al presidente mexicano Felipe Calderón por su nombre y le prometió su ayuda, pero también marcó deficiencias en su país.
En cuanto a Lula, destacó su liderazgo en etanol: "Podemos aprender del progreso alcanzado por un país como Brasil".
Cuba, en tanto, concentró la mayor cantidad de alusiones directas -una veintena-. Dijo que el régimen de los hermanos Castro creó "un terrible y trágico statu quo ". Pero también denunció la política seguida por Estados Unidos por décadas, la que "no ha hecho nada por impulsar la libertad pa ra el pueblo cubano" y prometió imponer "una estrategia de cambio".
"Mantendré el embargo", aclaró. Y también dijo que autorizará "de inmediato y sin límites los viajes y el envío de remesas a la isla".
Además transmitirá un mensaje a La Habana: "Si dan pasos significativos hacia la democracia, empezando con la liberación de todos los prisioneros políticos, tomaremos medidas para empezar a normalizar relaciones".
Para Obama, la línea adoptada por Bush hacia Cuba, compartida por el candidato republicano John McCain, sólo ofrece "palabras duras" pero nulos resultados. A ellos, dedicó numerosas y variadas críticas. "Es tiempo de impulsar una diplomacia directa, con amigos y enemigos por igual, sin precondiciones", dijo.
Diplomacia agresiva
Si Cuba concentró más líneas de su discurso, las palabras más duras se las dedicó a Chávez, al que calificó de "demagogo" y como uno de los "matones autoritarios" del hemisferio. "Su predecible pero pelig rosa mezcla de retórica antiestadounidense, su gobierno autoritario y su diplomacia de chequera ofrece la misma falsa promesa de las ya intentadas y fallidas ideologías del pasado", dijo.
"Chávez es un líder electo democráticamente -reconoció-. Pero también sabemos que no gobierna democráticamente. Habla de la gente, pero sus acciones sólo benefician su propio poder."
Y fijó una línea clara y controvertida de acción si arriba a la Casa Blanca: "Apoyaremos por completo la lucha de Colombia contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para terminar con el reino del terror de los paramilitares de centroderecha. Apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a los terroristas que buscan zonas protegidas del otro lado de sus fronteras. Y echaremos luz sobre cualquier apoyo a las FARC que provenga de gobiernos vecinos".
Parte de la culpa por la expansión chavista, sin embargo, la centró en el "vacío" que produjo la falta de iniciativa de la administración Bush, lo que también destacó que aprovecharon los europeos, China y hasta Irán para ampliar su influencia. Eso cambiará, anticipó, si él sucede a Bush en enero de 2009. "Impulsaremos una diplomacia agresiva, basada en principios y sostenida desde el día uno", anunció.
Condenan a Argentina en caso de libertad de expresión
La Corte Intramericana de Derechos Humanos ordenó que Argentina reforme las leyes sobre calumnias e injurias
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina a dejar sin efecto la sentencia que había recaído sobre un periodista por criticar la labor de un juez. Además, ordenó reformar las leyes de calumnias e injurias para evitar la persecución penal de las críticas a funcionarios públicos. La ADC había presentado un amicus en apoyo del periodista.
(21 de mayo de 2008) En un fallo de suma trascendencia para la protección de la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó al Estado Argentino por la condena de un periodista y ordenó que modifique en un tiempo razonable la legislación sobre calumnias e injurias de un modo que sea compatible con los estándares fijados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el tribunal, la forma en que están tipificados esos delitos en el Código Penal vulnera la libertad de expresión.
El máximo tribunal condenó al Gobierno a dejar sin efecto la sentencia de un año de prisión en suspenso que había recaído sobre el periodista Eduardo Kimel, que investigó el asesinato de cinco religiosos palotinos el 4 de julio de 1976 en el libro “La Masacre de San Patricio”. Kimel había sido demandado por calumnias e injurias por un juez cuya actuación había sido criticada en dicho libro.
La demanda fue iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir una denuncia de Kimel, quien fue patrocinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un escrito de “amigo del Tribunal” en apoyo de Kimel y solicitando que se ordene al Estado a modificar los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos.
Se entiende por Amigo del Tribunal (amicus curiae) a toda presentación realizada por un tercero ajeno al litigio que tiene un conocimiento especial sobre la materia que se debate. El objetivo del amicus es aportar argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio al momento de decidir un caso.
La decisión de la Corte
Según los jueces, la condena penal a un periodista por críticas realizadas a un funcionario público constituye una medida desproporcionada para la protección del honor. La Corte sostuvo que el Estado incurrió en “abuso del poder punitivo” al sancionar penalmente a Kimel. Para arribar a esa conclusión, los magistrados consideraron los hechos imputados, la repercusión sobre los bienes jurídicos del querellante y la naturaleza de la sanción. Además, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que la opinión, como tal, no puede ser objeto de sanción, “más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.
El amicus curiae presentado por la ADC pidió a la Corte que resuelva que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos tal como está establecido en el Código Penal argentino es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege libertad de expresión.
La ADC sostiene que la decisión de la Corte es un claro avance y debe traducirse en concretas modificaciones legislativas que adecuen los delitos mencionados a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.
El caso
El libro “La Masacre de San Patricio” reflejaba la investigación de Kimel sobre los asesinatos de cinco religiosos palotinos en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, el 4 de julio de 1976. Allí, Kimel cuestionó la labor del Poder Judicial durante la última dictadura militar, y también cuestionó la investigación judicial del hecho, que nunca pudo encontrar a los responsables del asesinato. A raíz de esas críticas, el juez instructor de la causa demandó al periodista por calumnias e injurias en 1995, y Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar 20 mil pesos en concepto de indemnización para reparar el daño supuestamente causado, más las costas del jucio.
Si bien en segunda instancia obtuvo una revocación de la condena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió confirmar la sentencia de primera instancia en 1998.
Luego de iniciada la demanda ante la Corte Interamericana, el Estado argentino reconoció, en agosto de 2007, su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión de Kimel. Al analizar el caso, la Corte Interamericana entendió que la condena violó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fuente: ADC
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina a dejar sin efecto la sentencia que había recaído sobre un periodista por criticar la labor de un juez. Además, ordenó reformar las leyes de calumnias e injurias para evitar la persecución penal de las críticas a funcionarios públicos. La ADC había presentado un amicus en apoyo del periodista.
(21 de mayo de 2008) En un fallo de suma trascendencia para la protección de la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó al Estado Argentino por la condena de un periodista y ordenó que modifique en un tiempo razonable la legislación sobre calumnias e injurias de un modo que sea compatible con los estándares fijados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el tribunal, la forma en que están tipificados esos delitos en el Código Penal vulnera la libertad de expresión.
El máximo tribunal condenó al Gobierno a dejar sin efecto la sentencia de un año de prisión en suspenso que había recaído sobre el periodista Eduardo Kimel, que investigó el asesinato de cinco religiosos palotinos el 4 de julio de 1976 en el libro “La Masacre de San Patricio”. Kimel había sido demandado por calumnias e injurias por un juez cuya actuación había sido criticada en dicho libro.
La demanda fue iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir una denuncia de Kimel, quien fue patrocinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un escrito de “amigo del Tribunal” en apoyo de Kimel y solicitando que se ordene al Estado a modificar los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos.
Se entiende por Amigo del Tribunal (amicus curiae) a toda presentación realizada por un tercero ajeno al litigio que tiene un conocimiento especial sobre la materia que se debate. El objetivo del amicus es aportar argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio al momento de decidir un caso.
La decisión de la Corte
Según los jueces, la condena penal a un periodista por críticas realizadas a un funcionario público constituye una medida desproporcionada para la protección del honor. La Corte sostuvo que el Estado incurrió en “abuso del poder punitivo” al sancionar penalmente a Kimel. Para arribar a esa conclusión, los magistrados consideraron los hechos imputados, la repercusión sobre los bienes jurídicos del querellante y la naturaleza de la sanción. Además, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que la opinión, como tal, no puede ser objeto de sanción, “más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.
El amicus curiae presentado por la ADC pidió a la Corte que resuelva que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos tal como está establecido en el Código Penal argentino es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege libertad de expresión.
La ADC sostiene que la decisión de la Corte es un claro avance y debe traducirse en concretas modificaciones legislativas que adecuen los delitos mencionados a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.
El caso
El libro “La Masacre de San Patricio” reflejaba la investigación de Kimel sobre los asesinatos de cinco religiosos palotinos en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, el 4 de julio de 1976. Allí, Kimel cuestionó la labor del Poder Judicial durante la última dictadura militar, y también cuestionó la investigación judicial del hecho, que nunca pudo encontrar a los responsables del asesinato. A raíz de esas críticas, el juez instructor de la causa demandó al periodista por calumnias e injurias en 1995, y Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar 20 mil pesos en concepto de indemnización para reparar el daño supuestamente causado, más las costas del jucio.
Si bien en segunda instancia obtuvo una revocación de la condena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió confirmar la sentencia de primera instancia en 1998.
Luego de iniciada la demanda ante la Corte Interamericana, el Estado argentino reconoció, en agosto de 2007, su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión de Kimel. Al analizar el caso, la Corte Interamericana entendió que la condena violó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fuente: ADC
jueves, 15 de mayo de 2008
Justicia y Género
Beatriz Cohen, socióloga e integrante de la Junta Ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles, presentó la semana pasada su libro "El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas" en la Facultad de Derecho de la UBA.
Concurrieron al evento un centenar de personas que llenaron el Salon Verde. Las palabras de Diana Maffia y de Nelly Minyersky, que presentaron el libro, fueron sumamente positivas y laudatorias. La Ministra de la Corte, Carmen Argibay, que estaba previsto se sumara al panel, no asistió por razones de salud conocidas por todos/as, pero Mary Beloff leyó el prólogo de su autoría que se incluye en el libro de Beatriz Cohen.
Abajo les copio una nota publicada hoy en el Boletin de Artemisa sobre el evento.
ARTEMISA
Los fallos de las mujeres juezas
Por Rhea Mahbubani | 13.5.2008
La mayor presencia de mujeres en los altos tribunales y el impacto de la condición de equidad de género en los fallos fueron algunos de los temas tratados durante la presentación del libro "El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas" de la Dra. Beatriz Kohen. El evento se realizó el pasado 7 de mayo en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA.
El miércoles 7 de mayo se presentó en la Universidad de Buenos Aires el libro El género en la Justicia de familia. Miradas y Protagonistas, de la Dra. Beatriz Kohen.
La presentación fue organizada por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y la Editorial Ad-Hoc, quien se hizo cargo de la edición.
El género en la Justicia de familia es el resultado de la tesis de doctorado realizada por la socióloga Beatriz Kohen en la universidad de Durham, Gran Bretaña, durante el año 2004.
En el Salón Verde de la Facultad de Derecho, estuvieron presentes, además de Kohen: la abogada Mary Beloff, directora del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y directora de la colección Derecho, Estado y Sociedad de la editorial Ad-Hoc; la filósofa y legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diana Maffia; y la abogada Nelly Minyersky, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA.
La presentación comenzó con Mary Beloff, quien agradeció la concurrencia de mujeres y varones que llenaron el auditorio, y destacó su placer por haber editado la investigación.
.
La diputada y doctora en filosofía Diana Maffia se refirió a una de las conclusiones del libro: que las políticas del cuidado hacia los sujetos y sujetas de las causas está tan presente en juezas como en jueces, desmitificando así la idea de que las mujeres son mas nutricias, y por lo tanto, serían mas aptas para ejercer como juezas de familia.
''Desde que trabajé con Beatriz Kohen siempre nos preocuparon las políticas públicas vinculadas a la ética del cuidado, si éstas eran parte de la características que las mujeres podíamos aportar en los lugares donde trabajamos - señaló Maffía -. En ese momento pensar en el aporte de las mujeres a la justicia era una hipótesis esperanzada, no sólo una hipótesis. Sin embargo, el rigor epistemológico de Beatriz es más fuerte que sus esperanzas (risas); ella tendió más a ver lo que decían los datos que lo que nos gustaría ver. Nosotras pensábamos que las políticas del cuidado se las atribuiríamos a lo femenino. Sin embargo, estos no fueron los resultados de su investigación. Entre las preguntas que realizó a jueces y juezas, les preguntó especialmente por el tema religioso y allí hubo un gran hallazgo: la mayoría de las mujeres juezas tuvieron una formación religiosa en la época del colegio secundario, a diferencia de los varones. Y la fundamentación de los fallos muchas veces tiene que ver con esta formación, no tanto por la práctica religiosa sino por las convicciones''.
Maffia finalmente se refirió a una ''pregunta tremenda'' que aparece en el libro de Beatriz Kohen: ¿cómo fallan las juezas mujeres? ''Cuando ella escribió el libro, todavía no habían sido designadas las juezas en la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora, después del fallo estremecedor de Romina Tejerina, esta pregunta tiene mucha más validez. Porque no alcanza con que haya mujeres en los más altos tribunales, ni si quiera alcanza con que se cumpla la condición de equidad de género; sino que va a haber que cambiar las leyes y vamos a tener que implementar un ida y vuelta acompañado por mucho seguimiento ciudadano para que la presencia de esas mujeres realmente puedan influir en los fallos''.
A su turno, Nelly Minyersky se refirió a la importancia de la mirada sociológica sobre el trabajo de abogadas y juezas. Destacó la amplia y didáctica bibliografía utilizada y señaló con sorpresa que ''no sabía que las abogadas y las juezas fuéramos tan importantes como para que se hicieran tantas investigaciones en diferentes países sobre nosotras''.
El cierre quedó a cargo de Mary Beloff,, quien retomó una idea ya planteada por Maffia acerca de las cualidades que, en la investigación, las juezas y jueces le atribuyen al ''juez de familia ideal''. Según el trabajo de Beatriz Kohen estas cualidades serían, entre otras: humanidad, empatía, humildad, sensibilidad cultural, involucramiento personal y cuidado de las personas en conflictos jurídicos. Beloff agradeció que alguien como Beatriz Kohen, que a su entender es poseedora de estas cualidades, le hubiera dedicado tiempo y esfuerzo a investigar el ámbito de la justicia y del derecho, donde no siempre estas condiciones abundan.
Concurrieron al evento un centenar de personas que llenaron el Salon Verde. Las palabras de Diana Maffia y de Nelly Minyersky, que presentaron el libro, fueron sumamente positivas y laudatorias. La Ministra de la Corte, Carmen Argibay, que estaba previsto se sumara al panel, no asistió por razones de salud conocidas por todos/as, pero Mary Beloff leyó el prólogo de su autoría que se incluye en el libro de Beatriz Cohen.
Abajo les copio una nota publicada hoy en el Boletin de Artemisa sobre el evento.
ARTEMISA
Los fallos de las mujeres juezas
Por Rhea Mahbubani | 13.5.2008
La mayor presencia de mujeres en los altos tribunales y el impacto de la condición de equidad de género en los fallos fueron algunos de los temas tratados durante la presentación del libro "El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas" de la Dra. Beatriz Kohen. El evento se realizó el pasado 7 de mayo en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA.
El miércoles 7 de mayo se presentó en la Universidad de Buenos Aires el libro El género en la Justicia de familia. Miradas y Protagonistas, de la Dra. Beatriz Kohen.
La presentación fue organizada por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y la Editorial Ad-Hoc, quien se hizo cargo de la edición.
El género en la Justicia de familia es el resultado de la tesis de doctorado realizada por la socióloga Beatriz Kohen en la universidad de Durham, Gran Bretaña, durante el año 2004.
En el Salón Verde de la Facultad de Derecho, estuvieron presentes, además de Kohen: la abogada Mary Beloff, directora del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y directora de la colección Derecho, Estado y Sociedad de la editorial Ad-Hoc; la filósofa y legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diana Maffia; y la abogada Nelly Minyersky, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA.
La presentación comenzó con Mary Beloff, quien agradeció la concurrencia de mujeres y varones que llenaron el auditorio, y destacó su placer por haber editado la investigación.
.
La diputada y doctora en filosofía Diana Maffia se refirió a una de las conclusiones del libro: que las políticas del cuidado hacia los sujetos y sujetas de las causas está tan presente en juezas como en jueces, desmitificando así la idea de que las mujeres son mas nutricias, y por lo tanto, serían mas aptas para ejercer como juezas de familia.
''Desde que trabajé con Beatriz Kohen siempre nos preocuparon las políticas públicas vinculadas a la ética del cuidado, si éstas eran parte de la características que las mujeres podíamos aportar en los lugares donde trabajamos - señaló Maffía -. En ese momento pensar en el aporte de las mujeres a la justicia era una hipótesis esperanzada, no sólo una hipótesis. Sin embargo, el rigor epistemológico de Beatriz es más fuerte que sus esperanzas (risas); ella tendió más a ver lo que decían los datos que lo que nos gustaría ver. Nosotras pensábamos que las políticas del cuidado se las atribuiríamos a lo femenino. Sin embargo, estos no fueron los resultados de su investigación. Entre las preguntas que realizó a jueces y juezas, les preguntó especialmente por el tema religioso y allí hubo un gran hallazgo: la mayoría de las mujeres juezas tuvieron una formación religiosa en la época del colegio secundario, a diferencia de los varones. Y la fundamentación de los fallos muchas veces tiene que ver con esta formación, no tanto por la práctica religiosa sino por las convicciones''.
Maffia finalmente se refirió a una ''pregunta tremenda'' que aparece en el libro de Beatriz Kohen: ¿cómo fallan las juezas mujeres? ''Cuando ella escribió el libro, todavía no habían sido designadas las juezas en la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora, después del fallo estremecedor de Romina Tejerina, esta pregunta tiene mucha más validez. Porque no alcanza con que haya mujeres en los más altos tribunales, ni si quiera alcanza con que se cumpla la condición de equidad de género; sino que va a haber que cambiar las leyes y vamos a tener que implementar un ida y vuelta acompañado por mucho seguimiento ciudadano para que la presencia de esas mujeres realmente puedan influir en los fallos''.
A su turno, Nelly Minyersky se refirió a la importancia de la mirada sociológica sobre el trabajo de abogadas y juezas. Destacó la amplia y didáctica bibliografía utilizada y señaló con sorpresa que ''no sabía que las abogadas y las juezas fuéramos tan importantes como para que se hicieran tantas investigaciones en diferentes países sobre nosotras''.
El cierre quedó a cargo de Mary Beloff,, quien retomó una idea ya planteada por Maffia acerca de las cualidades que, en la investigación, las juezas y jueces le atribuyen al ''juez de familia ideal''. Según el trabajo de Beatriz Kohen estas cualidades serían, entre otras: humanidad, empatía, humildad, sensibilidad cultural, involucramiento personal y cuidado de las personas en conflictos jurídicos. Beloff agradeció que alguien como Beatriz Kohen, que a su entender es poseedora de estas cualidades, le hubiera dedicado tiempo y esfuerzo a investigar el ámbito de la justicia y del derecho, donde no siempre estas condiciones abundan.
domingo, 11 de mayo de 2008
La píldora del día después y el Tribunal Constitucional chileno
Les puede interesar esta entrevista en el Boletin de CLAM una profesora y amiga chilena, Lidia Casas, sobre el fallo del Tribunal Constitucional Chileno sobre la píldora del día después.
RS
Website de CLAM
Publicada em: 30/04/2008 às 13:00
Entrevistas
Alcances del fallo
Más que aquietar las aguas y calmar los ánimos, el fallo del Tribunal Constitucional movilizó a un país entero. Primero fueron las organizaciones de mujeres las que reclamaron. Se sumaron las matronas y los trabajadores de la salud y también los alcaldes progresistas y varios parlamentarios. Hasta organizaciones de otros países han entregado su respaldo y organizado
manifestaciones de apoyo como la carta del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de emergencia, Católicas por el Derechos a Decidir, CLADEM
El Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción –espacio que articula a numerosas organizaciones de mujeres, federaciones estudiantiles, organizaciones políticas y sociales, junto a la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Amnistía Internacional, gremios, colegios profesionales, partidos políticos y
artistas– llamaron a rechazar el fallo del Tribunal Constitucional y a defender el derecho a la libertad de decisión de todas las chilenas y chilenos.
La respuesta fue multitudinaria. En todo el país mujeres y hombres, estudiantes universitarias/os, profesionales y organizaciones feministas y de derechos humanos, se manifestaron por las calles bajo la consigna “por el derecho a decidir” y rechazando la “dictadura moral” del Tribunal Constitucional. Sólo en Santiago se congregaron más de 17.000 personas en la
tarde del martes 22.
Mientras el real alcance del fallo sigue generando polémica, porque el Gobierno, la oposición y las iglesias tienen posiciones contrapuestas respecto a si los consultorios municipales pueden seguir distribuyéndola, conversamos con Lidia Casas, abogada y profesora de la Universidad Diego Portales, representante de los parlamentarios de la Concertación de Partidos
por la Democracia (coalición que reúne a la mayoría de los partidos contrarios al ex dictador Augusto Pinochet) frente al Tribunal Constitucional, así como de ocho organizaciones del ámbito biomédico, entre ellas el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA).
¿Qué significó la multitudinaria marcha contra la decisión del Tribunal Constitucional?
La marcha mostró un cambio generacional: jóvenes que daban por hecho que en este país los anticonceptivos circulaban libremente se dieron cuenta que, de repente, ya no es así. Esta situación despierta un movimiento ciudadano dispuesto a rebelarse frente a una minoría que tiene poder, que es capaz de manipular los medios de prensa y a los jueces con un poder político importante, dado el sistema que tenemos en Chile. Si fue fundamental la presencia de jóvenes, también fue ver en la marcha a mujeres mayores y a muchos hombres comprometidos contra el cercenamiento de libertades, entendiendo la globalidad del conflicto. Hubo además personas de distintos sectores sociales y profesiones, demostrando así que es una
oposición muy transversal.
La marcha dejó ver que hay interés y preocupación ciudadana por este tema. Incluso, participaron parlamentarios. Con este antecedente, ¿existe la posibilidad de crear un gran movimiento ciudadano capaz de incidir con nuevas leyes, vinculadas con esta temática?
Existen varios proyectos de ley que están en el Congreso hace casi una década y apuntan en este sentido, como por ejemplo el proyecto de Ley Marco sobre derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos mismos sectores conservadores han sido reticentes a iniciar una discusión política pese a que no reflejan el sentir de la ciudadanía. Ahora bien, hay también un espacio de omisión de algunos sectores políticos, que llamaremos de “centro”. Si recordamos cómo se han gestado los grandes cambios en Chile, éstos han sido terriblemente lentos. Un ejemplo es la Ley de Divorcio. Las manifestaciones de la opinión pública eran muy claras sobre la necesidad de contar con una ley que regulara esta materia. Y en ese contexto, además de
los conservadores, aquel sector que estaba al medio del espectro político tampoco estaba dispuesto a legislar. Sólo cuando ellos fueron capaces de tener internamente esa discusión, hubo un clima propicio para avanzar. Dicho de otra manera: hubo votos suficientes para legislar. El primer éxito ciudadano fue el voto favorable a la idea de legislar sobre el divorcio. Hubo abrazos y expresiones de alegría. Era el año 95. Nos tomamos una década para resolver. Se puede afirmar que políticamente en Chile existen ciertos sectores que tienen un poder político fuerte y que no necesariamente responden siempre a la derecha, sino a este sector intermedio. Movilizar este grupo cuesta mucho más. Ahora bien, la manifestación reciente es distinta a las que hubo por el divorcio. Por ser un año de elecciones municipales, hay más claridad y disposición a pasar “la cuenta” a quienes elegimos en las urnas y que hoy –a través de sus votos– simplemente bloquean iniciativas, como la del Ministerio de Salud.
¿Existen vías de impugnación contra la resolución del Tribunal Constitucional?
Con mayor claridad está la posibilidad de recurrir a instancias internacionales que pueden ser dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias bajo el amparo de las obligaciones que Chile ha suscrito bajo el pacto de San José de Costa Rica; y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que tiene competencias para
recibir denuncias bajo el Pacto de derechos civiles y políticos.
¿Qué pasa con los municipios y la posibilidad de que ellos, como poder local, repartan la píldora?
Hay un escenario distinto a lo esperado. Existe una norma que permite a las municipalidades desarrollar sus propias acciones en Salud, distintas a las que señala el Ministerio y que fueron prohibidas por el TC. Esta situación da cuenta de un espacio de apertura distinta al de hace unos años. La respuesta desde el poder local, de organizaciones de la sociedad civil, incluso desde el propio Ministerio son claras: ésta era una política justa y vamos a encontrar la forma para que las mujeres tengan acceso a un método anticonceptivo, en la medida que esté previsto por alguna reglamentación. La medida municipal no es un resquicio legal. Tampoco la venta de la píldora en farmacias ni que las organizaciones de la sociedad civil puedan libremente distribuirla. El fallo sólo prohíbe la normativa técnica de entrega del método en los servicios públicos de salud. Es importante aclarar que el fallo no tiene ningún efecto sobre los registros sanitarios (que consiste en la autorización del Instituto de Salud Pública para que ciertos medicamentos puedan circular libremente en el mercado nacional), considerando que esto fue una cuestión largamente debatida. Es decir, el fallo no tiene alcance más allá de lo que los diputados de derecha pidieron. Antes intentaron prohibir el registro sanitario del Postinor2 y lo perdieron con un contundente fallo de 5-0 de la Corte Suprema. Lo que hicieron ahora fue un ejercicio táctico: utilizar una vía distinta que impide una política pública en los consultorios del país.
A juicio del abogado Jorge Reyes, que presentó el recurso al Tribunal Constitucional, esta medida es correcta porque, según él, es una decisión individual de la Secretaría, por cuanto en Chile no existe legislación sobre el aborto. ¿Qué le diría al profesional y a la derecha chilena sobre esta postura?
El voto de mayoría del fallo no dice que la píldora sea abortiva. Lo que plantea es la posibilidad de “duda razonable”. El voto de minoría, el disidente, dice que ni siquiera hay duda razonable. No hay ni siquiera un “concebido”, es decir, no estamos discutiendo aborto. La pregunta de los médicos que fueron a declarar al Tribunal Constitucional era sobre mecanismos de acción; nadie estaba ahí para pensar si el espermatozoide o el óvulo son parte o no del gran cúmulo de lo que constituye vida humana, esa no era la pregunta; por lo que acá, claramente, hay una manipulación de la información.
¿Qué viene ahora?
Veremos qué va a pasar con las elecciones municipales en noviembre próximo: ¿qué harán ahora los alcaldes? Veremos también si esta derecha, conservadora y poderosa, está dispuesta a seguir batallas judiciales: no sólo contra el gobierno, también contra los alcaldes que distribuyan la píldora. Lo que hay aquí es la completa pérdida de eficacia de este intento por
restringir el Conocimiento, el avance de la Ciencia y el ejercicio del Derecho.
RS
Website de CLAM
Publicada em: 30/04/2008 às 13:00
Entrevistas
Alcances del fallo
Más que aquietar las aguas y calmar los ánimos, el fallo del Tribunal Constitucional movilizó a un país entero. Primero fueron las organizaciones de mujeres las que reclamaron. Se sumaron las matronas y los trabajadores de la salud y también los alcaldes progresistas y varios parlamentarios. Hasta organizaciones de otros países han entregado su respaldo y organizado
manifestaciones de apoyo como la carta del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de emergencia, Católicas por el Derechos a Decidir, CLADEM
El Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción –espacio que articula a numerosas organizaciones de mujeres, federaciones estudiantiles, organizaciones políticas y sociales, junto a la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Amnistía Internacional, gremios, colegios profesionales, partidos políticos y
artistas– llamaron a rechazar el fallo del Tribunal Constitucional y a defender el derecho a la libertad de decisión de todas las chilenas y chilenos.
La respuesta fue multitudinaria. En todo el país mujeres y hombres, estudiantes universitarias/os, profesionales y organizaciones feministas y de derechos humanos, se manifestaron por las calles bajo la consigna “por el derecho a decidir” y rechazando la “dictadura moral” del Tribunal Constitucional. Sólo en Santiago se congregaron más de 17.000 personas en la
tarde del martes 22.
Mientras el real alcance del fallo sigue generando polémica, porque el Gobierno, la oposición y las iglesias tienen posiciones contrapuestas respecto a si los consultorios municipales pueden seguir distribuyéndola, conversamos con Lidia Casas, abogada y profesora de la Universidad Diego Portales, representante de los parlamentarios de la Concertación de Partidos
por la Democracia (coalición que reúne a la mayoría de los partidos contrarios al ex dictador Augusto Pinochet) frente al Tribunal Constitucional, así como de ocho organizaciones del ámbito biomédico, entre ellas el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA).
¿Qué significó la multitudinaria marcha contra la decisión del Tribunal Constitucional?
La marcha mostró un cambio generacional: jóvenes que daban por hecho que en este país los anticonceptivos circulaban libremente se dieron cuenta que, de repente, ya no es así. Esta situación despierta un movimiento ciudadano dispuesto a rebelarse frente a una minoría que tiene poder, que es capaz de manipular los medios de prensa y a los jueces con un poder político importante, dado el sistema que tenemos en Chile. Si fue fundamental la presencia de jóvenes, también fue ver en la marcha a mujeres mayores y a muchos hombres comprometidos contra el cercenamiento de libertades, entendiendo la globalidad del conflicto. Hubo además personas de distintos sectores sociales y profesiones, demostrando así que es una
oposición muy transversal.
La marcha dejó ver que hay interés y preocupación ciudadana por este tema. Incluso, participaron parlamentarios. Con este antecedente, ¿existe la posibilidad de crear un gran movimiento ciudadano capaz de incidir con nuevas leyes, vinculadas con esta temática?
Existen varios proyectos de ley que están en el Congreso hace casi una década y apuntan en este sentido, como por ejemplo el proyecto de Ley Marco sobre derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos mismos sectores conservadores han sido reticentes a iniciar una discusión política pese a que no reflejan el sentir de la ciudadanía. Ahora bien, hay también un espacio de omisión de algunos sectores políticos, que llamaremos de “centro”. Si recordamos cómo se han gestado los grandes cambios en Chile, éstos han sido terriblemente lentos. Un ejemplo es la Ley de Divorcio. Las manifestaciones de la opinión pública eran muy claras sobre la necesidad de contar con una ley que regulara esta materia. Y en ese contexto, además de
los conservadores, aquel sector que estaba al medio del espectro político tampoco estaba dispuesto a legislar. Sólo cuando ellos fueron capaces de tener internamente esa discusión, hubo un clima propicio para avanzar. Dicho de otra manera: hubo votos suficientes para legislar. El primer éxito ciudadano fue el voto favorable a la idea de legislar sobre el divorcio. Hubo abrazos y expresiones de alegría. Era el año 95. Nos tomamos una década para resolver. Se puede afirmar que políticamente en Chile existen ciertos sectores que tienen un poder político fuerte y que no necesariamente responden siempre a la derecha, sino a este sector intermedio. Movilizar este grupo cuesta mucho más. Ahora bien, la manifestación reciente es distinta a las que hubo por el divorcio. Por ser un año de elecciones municipales, hay más claridad y disposición a pasar “la cuenta” a quienes elegimos en las urnas y que hoy –a través de sus votos– simplemente bloquean iniciativas, como la del Ministerio de Salud.
¿Existen vías de impugnación contra la resolución del Tribunal Constitucional?
Con mayor claridad está la posibilidad de recurrir a instancias internacionales que pueden ser dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias bajo el amparo de las obligaciones que Chile ha suscrito bajo el pacto de San José de Costa Rica; y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que tiene competencias para
recibir denuncias bajo el Pacto de derechos civiles y políticos.
¿Qué pasa con los municipios y la posibilidad de que ellos, como poder local, repartan la píldora?
Hay un escenario distinto a lo esperado. Existe una norma que permite a las municipalidades desarrollar sus propias acciones en Salud, distintas a las que señala el Ministerio y que fueron prohibidas por el TC. Esta situación da cuenta de un espacio de apertura distinta al de hace unos años. La respuesta desde el poder local, de organizaciones de la sociedad civil, incluso desde el propio Ministerio son claras: ésta era una política justa y vamos a encontrar la forma para que las mujeres tengan acceso a un método anticonceptivo, en la medida que esté previsto por alguna reglamentación. La medida municipal no es un resquicio legal. Tampoco la venta de la píldora en farmacias ni que las organizaciones de la sociedad civil puedan libremente distribuirla. El fallo sólo prohíbe la normativa técnica de entrega del método en los servicios públicos de salud. Es importante aclarar que el fallo no tiene ningún efecto sobre los registros sanitarios (que consiste en la autorización del Instituto de Salud Pública para que ciertos medicamentos puedan circular libremente en el mercado nacional), considerando que esto fue una cuestión largamente debatida. Es decir, el fallo no tiene alcance más allá de lo que los diputados de derecha pidieron. Antes intentaron prohibir el registro sanitario del Postinor2 y lo perdieron con un contundente fallo de 5-0 de la Corte Suprema. Lo que hicieron ahora fue un ejercicio táctico: utilizar una vía distinta que impide una política pública en los consultorios del país.
A juicio del abogado Jorge Reyes, que presentó el recurso al Tribunal Constitucional, esta medida es correcta porque, según él, es una decisión individual de la Secretaría, por cuanto en Chile no existe legislación sobre el aborto. ¿Qué le diría al profesional y a la derecha chilena sobre esta postura?
El voto de mayoría del fallo no dice que la píldora sea abortiva. Lo que plantea es la posibilidad de “duda razonable”. El voto de minoría, el disidente, dice que ni siquiera hay duda razonable. No hay ni siquiera un “concebido”, es decir, no estamos discutiendo aborto. La pregunta de los médicos que fueron a declarar al Tribunal Constitucional era sobre mecanismos de acción; nadie estaba ahí para pensar si el espermatozoide o el óvulo son parte o no del gran cúmulo de lo que constituye vida humana, esa no era la pregunta; por lo que acá, claramente, hay una manipulación de la información.
¿Qué viene ahora?
Veremos qué va a pasar con las elecciones municipales en noviembre próximo: ¿qué harán ahora los alcaldes? Veremos también si esta derecha, conservadora y poderosa, está dispuesta a seguir batallas judiciales: no sólo contra el gobierno, también contra los alcaldes que distribuyan la píldora. Lo que hay aquí es la completa pérdida de eficacia de este intento por
restringir el Conocimiento, el avance de la Ciencia y el ejercicio del Derecho.
viernes, 9 de mayo de 2008
Acceso a la Información en Estados Unidos: La experiencia del National Security Archives
Ayer el Washington Post publicó una excelente y muy inspiradora nota sobre el trabajo del National Security Archives, una organización no gubernamental con sede en DC conformada principalmente por periodistas y abogados/as, lider en materia de extracción de información oficial al estado recurriendo a la Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos (Freedom of Information Act o FOIA).
La nota del Washington Post, con las interesantes fotos que la acompañan, se puede ver acá.
También sugiero ver la documentación relacionada con la nota en el sita del NSA
Aquí copio la nota del diario.
THE WASHINGTON POST
By Peter Carlson
Washington Post Staff Writer
Thursday, May 8, 2008; C01
Stoned on speed, Elvis Presley arrived at the White House wearing a purple velvet suit and bearing gifts for President Richard Nixon -- a Colt .45 pistol and some silver bullets.
It was Dec. 21, 1970, and Elvis had a mission: He wanted Nixon to give him a federal narcotics agent's badge so he could carry dope and guns wherever he went. Nixon didn't give Elvis the badge, but he did pose for pictures with the King of Rock-and-Roll.
Nineteen years later, newspapers reported that the Elvis-Nixon photos were the most requested pictures in the federal government's vast photo collection, and Tom Blanton responded the same way he responds to so many other interesting news stories: He filed a Freedom of Information Act request.
"When the president meets with anybody, there's a whole paper trail, so we filed a FOIA request and got the entire file released," says Blanton, who is the director of the National Security Archive, a private research group devoted to prying documents out of the federal government's files and making them public.
The fruits of Blanton's Elvis-Nixon FOIA turned out to be gloriously goofy: There was Elvis's handwritten letter to Nixon requesting a meeting and bragging that "I have done an in-depth study of drug abuse." And a White House staffer's memo suggesting that Nixon ask Elvis to "record an album with the theme 'Get High on Life.' " And the official notes of the historic
meeting: "Presley immediately began showing the President his law enforcement paraphernalia, including badges from police departments . . . ."
Blanton posted the documents on the National Security Archive's Web site, and for years they were the most downloaded items on the site. But in 2003, the Elvis-Nixon meeting was dethroned by another of the archive's postings -- documents detailing the 1983 meeting of two other legendary characters, Donald Rumsfeld and Saddam Hussein.
The archive obtained those documents by FOIA, too. One State Department cable showed Rumsfeld cozying up to Saddam, who was then involved in a long, bloody war with Iran: "Rumsfeld told Saddam US and Iraq had shared interests in preventing Iranian and Syrian expansion. He said US was urging other states to curtail arms sales to Iran."
Blanton loves government documents. It's an acquired taste that has also been acquired by his colleagues at the archive. Over the past 23 years, they have filed more than 35,000 FOIA requests and collected more than 5 million pages of government documents. Some of the documents are mind-numbingly boring, of course, but others are nothing short of astonishing:
A CIA guidebook called "A Study of Assassination," which advised right-wing Latin Americans on the most effective ways to bludgeon, stab and shoot their enemies.
A National Security Agency study revealing that the agency "deliberately skewed" its account of the 1964 Gulf of Tonkin incident, which led to the escalation of the Vietnam War.
A 2002 Pentagon PowerPoint briefing on plans for the upcoming invasion of Iraq -- code name "Polo Step" -- that assumed that only 5,000 American troops would remain in Iraq by the end of 2006.
Perhaps the most famous documents obtained by the archive were the CIA's so-called "Family Jewels," which detailed the agency's illegal wiretaps and attempts to assassinate foreign leaders. The archive filed its FOIA request for the "Family Jewels" in 1992. Fifteen years later, in 2007, the CIA finally released them, and they made headlines around the world.
"We're doing the Lord's work, as my daddy would say," Blanton says with a laugh. "Information doesn't belong to the government, it belongs to all of us."
Blanton is 53, but he looks much younger, a good advertisement for the dubious proposition that spending your entire adult life poring through government documents has a fountain-of-youth effect. He's sitting in his office at the archive, which is headquartered in George Washington University's Gelman Library. His room, like all the others, is piled high with cardboard boxes, each of them piled high with documents. And more documents arrive nearly every day, delivered by a uniformed agent of the federal government -- a mail carrier.
"Every day is Christmas -- you're opening a present from the government," Blanton says. "Look at this. It came in last week. I haven't even gone through it yet."
He picks a document off his desk, which is littered with documents. The heading reads, "Defeating An Insurgency: Seminar War Game."
"It's a war game that was conducted just a year ago in McLean, Virginia, with the Air Force, Army, Navy and Special Operations Command."
He flips through the pages until something catches his eye. "Okay, there were three war games," he says. "One was Egypt, one was Colombia, one was Kurd versus Arab."
He flips a few more pages, then softly mutters a word that is frequently muttered by the archive's staff of document buffs when they peruse the latest fruits of FOIA: "Interesting."
Rogue Research
The National Security Archive is the house that FOIA built and a mecca for document buffs.
Despite its official-sounding name, the archive is not a government agency. It's an independent, nonprofit institute created in 1985 by a handful of reporters, historians and activists who'd been filing FOIA requests for documents related to American activities in the guerrilla wars then raging in Central America. Its first director was Scott Armstrong, a former Senate Watergate Committee staffer and Washington Post reporter. Armstrong finagled a grant from the Ford Foundation and borrowed office space at the Brookings Institution and soon he was filing hundreds of FOIA requests, many related to the big scandal of the '80s, the Iran-contra affair.
Naturally, these activities made him extremely unpopular with the Reagan administration.
"Scott was regarded as quite a dangerous scoundrel, to put it mildly," recalls former Justice Department attorney Daniel J. Metcalfe, who served for 25 years as the federal government's FOIA coordinator. In 1986, Metcalfe issued a directive warning federal FOIA officials to be wary of Armstrong, but that didn't stop the archive from obtaining and releasing countless
Iran-contra documents.
"Iran-contra is what made us," Armstrong recalls. In January 1989, Armstrong learned that the Reagan administration planned to erase all White House e-mails before leaving office a few days later. Quickly, the archive filed a lawsuit to prevent the destruction of the e-mails. The case was called Armstrong et al. v. Reagan et al. To make a long story short, Armstrong beat Reagan, the e-mails were released and Blanton collected the best of them in a book titled "White House E-Mail,"
published in 1995.
By then, Armstrong had left the organization, Blanton was director and the archive had moved to its current box-filled warren of offices in GWU's Gelman Library.
Once perceived as a hotbed of radicals, the National Security Archive is now a major Washington institution with a staff of 35 and an annual budget of more than $3 million, most of it donated by foundations. The documents it has gathered have been quoted in countless newspapers, books and documentary films. The archive has won Emmy, Peabody and Polk awards, and in 2004, avant-garde artist Jenny Holzer projected 30 of its documents on the walls of tall buildings in Bregenz, Austria, in a work she called "Truth Before Power."
Among the world's document buffs -- a small but tenacious tribe of journalists, researchers and historians -- the archive is legendary for its prolific and skillful practice of the art of the FOIA request.
"They craft the best FOIA requests around," says Metcalfe, the archive's former adversary, who is now a law professor at American University. "If anybody does it better, I haven't seen it."
"They do it extremely well," says Steve Aftergood, a researcher at the Federation of American Scientists, who is himself no slouch at the art of FOIA. "Within the government, it is known that they are persistent and they're willing to litigate if necessary and they're not going away. All of those things provide incentives for agencies to take their requests seriously."
Every year, the archive files roughly 2,000 FOIA requests and collects about 75,000 documents, many dealing with the most important events of the past 60 years -- the Cuban missile crisis, Vietnam, the collapse of the Soviet empire, Afghanistan, Iraq, Iran. The documents are studied by staffers who specialize in each issue, collected into "electronic briefing books" and
posted on the archive's Web site, and readers around the world download nearly a half-million pages a day.
Meanwhile, hundreds of researchers come to the archive every year to study the documents -- grad students, journalists, historians, even the occasional retired spy writing his memoirs.
In the winter of 2007, an Egyptian millionaire named Ashraf Marwan arrived at the archive to do some research. The son-in-law of Egyptian dictator Gamal Abdel Nasser and an adviser to Nasser's successor, Anwar Sadat, Marwan was widely reputed to be a spy for Israel. He was also widely reputed to be a clever Egyptian double-agent who fed disinformation to the Israelis. At
the archive, he studied documents on the 1973 Arab-Israeli war and told archive analyst William Burr that he was doing research for his memoirs.
A few months later, in June 2007, Marwan jumped, fell or was pushed from the fourth floor balcony of his apartment in London and was found dead on the sidewalk.
"Police have been advised," the Times of London reported, "that the only known copy of Dr. Marwan's memoirs disappeared from his flat on the day of his death."
Redaction in Action
Sometimes, working at the National Security Archive is like living in a Kafkaesque bureaucratic hell.
You're interested in some specific government action so you file a FOIA request, asking for the documents related to it. Then you wait. And wait. And wait. Months go by. Sometimes years go by. Then, if you're lucky, you get a stack of documents -- thousands and thousands of pages. Pulsing with excitement, you start reading, only to find yourself slogging through reams
of hideously boring drivel, some of it so dull that being forced to read it would probably violate the Geneva Conventions. But you wade through it and finally you come to the good stuff, the diamonds hidden in this dung heap and -- they've been blacked out, obliterated by some censor, or, as the bureaucrats call it, "redacted."
Redaction is the bane of an archive staffer's existence, and they love to tell redaction horror stories.
Peter Kornbluh, an archive analyst who specializes in Latin American affairs, remembers receiving the Defense Intelligence Agency's profile of Chilean dictator Augusto Pinochet only to find that "it was entirely redacted except his name and the phonetic pronunciation of his name."
Malcolm Byrne, the archive's director of research and resident Iran specialist, tells the story of the CIA's secret study of the famous coup it staged in Iran in 1953, overthrowing the prime minister, Mohammad Mossadeq, and installing the shah in power. In 1999, the archive filed a lawsuit to obtain the 200-page study. The CIA responded by redacting every word in the
document except for one sentence: "Headquarters spent a day featured by depression and despair."
Joyce Battle, the archive's Iraq expert, recently filed a FOIA request asking the FBI for documents relating to any possible connection between Iraq and the 1998 bombings of the American embassies in Kenya and Tanzania. "They released 122 documents," she says. "That was pretty exciting, but when I took a look at them, virtually all of them were redacted in their
entirety."
Faced with a totally blacked-out document, what's a researcher to do?
"You can appeal," says Battle, "and we do that often."
In fact, the archive files hundreds of appeals every year, 549 of them in 2006 alone. When that doesn't work, the archive sometimes files lawsuits, more than 40 of them over the past 23 years. In January, for instance, the archive filed suit to obtain grand jury records related to Julius and Ethel Rosenberg, the communist spies executed in 1953.
In the long run, Blanton says, documents tend to come out. That CIA study of the Iran coup was leaked to the New York Times by a "former official" in 2000. And Kornbluh finally did manage to obtain a non-redacted version of the DIA's Pinochet profile.
"You could see that one of the things they redacted was that his favorite cocktail was a pisco sour," Kornbluh says, amused, before adding this: "The declassification of U.S. government documents is so capricious, that's why you need a National Security Archive."
After waiting for years, Kornbluh ended up obtaining 24,000 pages of documents on Pinochet and the 1973 CIA-backed coup that brought him to power. He used them to write his 2003 book, "The Pinochet File."
"Those documents allow you to be a fly on the wall," he says, "as the decisions that change the world are made."
Wall of Shame
The office decor at the National Security Archive consists mainly of cardboard boxes stuffed with government documents, so it's not surprising to find that the decorations on the office walls consist mainly of government documents, enlarged and framed.
"We just sort of went around and said, 'What's your favorite document?' " Byrne explains.
He's giving an impromptu tour of this gallery of greatest hits. There's a page from Oliver North's notebook from his Iran-contra days. And a copy of Richard Clarke's now-famous January 2001 memo warning Condoleezza Rice of the threat from al-Qaeda. And the notes from a 1987 White House meeting in which Reagan's defense secretary, Caspar Weinberger, urges his colleagues to give more support to Saddam Hussein in his war with Iran: "We should not only be supportive of Iraq, but should be seen to be supportive."
And there's a Defense Department memo, written at the height of the 1994 Rwandan genocide that killed an estimated 800,000 people, rejecting a suggestion that American planes jam the broadcasts of the radio stations that were inciting the mobs of machete-wielding murderers. The flights would cost too much, a Defense official wrote: "approximately $8500 per flight hour."
Byrne reaches up and grabs one of his favorite documents off the wall. It's an enlarged copy of an order that's handwritten in Russian, the order for Soviet troops to invade Afghanistan in 1979.
"This is the invasion order," he says. "It came out of the Soviet archives when Yeltsin put the Communist Party on trial. . . . This is a good example of how our view of history has changed now that we have access to the other side's documents."
American documents reveal, Byrne says, that the Carter administration believed the Soviets invaded Afghanistan as part of a long-range strategy to expand southward in pursuit of warm-water ports. But Soviet documents show that the Russians invaded because they feared that the new Afghan leader, who'd been educated in the United States, might be an American spy.
"This is something," Byrne says, "that you constantly see in these documents -- how little we or anybody else knows about our adversaries."
La nota del Washington Post, con las interesantes fotos que la acompañan, se puede ver acá.
También sugiero ver la documentación relacionada con la nota en el sita del NSA
Aquí copio la nota del diario.
THE WASHINGTON POST
By Peter Carlson
Washington Post Staff Writer
Thursday, May 8, 2008; C01
Stoned on speed, Elvis Presley arrived at the White House wearing a purple velvet suit and bearing gifts for President Richard Nixon -- a Colt .45 pistol and some silver bullets.
It was Dec. 21, 1970, and Elvis had a mission: He wanted Nixon to give him a federal narcotics agent's badge so he could carry dope and guns wherever he went. Nixon didn't give Elvis the badge, but he did pose for pictures with the King of Rock-and-Roll.
Nineteen years later, newspapers reported that the Elvis-Nixon photos were the most requested pictures in the federal government's vast photo collection, and Tom Blanton responded the same way he responds to so many other interesting news stories: He filed a Freedom of Information Act request.
"When the president meets with anybody, there's a whole paper trail, so we filed a FOIA request and got the entire file released," says Blanton, who is the director of the National Security Archive, a private research group devoted to prying documents out of the federal government's files and making them public.
The fruits of Blanton's Elvis-Nixon FOIA turned out to be gloriously goofy: There was Elvis's handwritten letter to Nixon requesting a meeting and bragging that "I have done an in-depth study of drug abuse." And a White House staffer's memo suggesting that Nixon ask Elvis to "record an album with the theme 'Get High on Life.' " And the official notes of the historic
meeting: "Presley immediately began showing the President his law enforcement paraphernalia, including badges from police departments . . . ."
Blanton posted the documents on the National Security Archive's Web site, and for years they were the most downloaded items on the site. But in 2003, the Elvis-Nixon meeting was dethroned by another of the archive's postings -- documents detailing the 1983 meeting of two other legendary characters, Donald Rumsfeld and Saddam Hussein.
The archive obtained those documents by FOIA, too. One State Department cable showed Rumsfeld cozying up to Saddam, who was then involved in a long, bloody war with Iran: "Rumsfeld told Saddam US and Iraq had shared interests in preventing Iranian and Syrian expansion. He said US was urging other states to curtail arms sales to Iran."
Blanton loves government documents. It's an acquired taste that has also been acquired by his colleagues at the archive. Over the past 23 years, they have filed more than 35,000 FOIA requests and collected more than 5 million pages of government documents. Some of the documents are mind-numbingly boring, of course, but others are nothing short of astonishing:
A CIA guidebook called "A Study of Assassination," which advised right-wing Latin Americans on the most effective ways to bludgeon, stab and shoot their enemies.
A National Security Agency study revealing that the agency "deliberately skewed" its account of the 1964 Gulf of Tonkin incident, which led to the escalation of the Vietnam War.
A 2002 Pentagon PowerPoint briefing on plans for the upcoming invasion of Iraq -- code name "Polo Step" -- that assumed that only 5,000 American troops would remain in Iraq by the end of 2006.
Perhaps the most famous documents obtained by the archive were the CIA's so-called "Family Jewels," which detailed the agency's illegal wiretaps and attempts to assassinate foreign leaders. The archive filed its FOIA request for the "Family Jewels" in 1992. Fifteen years later, in 2007, the CIA finally released them, and they made headlines around the world.
"We're doing the Lord's work, as my daddy would say," Blanton says with a laugh. "Information doesn't belong to the government, it belongs to all of us."
Blanton is 53, but he looks much younger, a good advertisement for the dubious proposition that spending your entire adult life poring through government documents has a fountain-of-youth effect. He's sitting in his office at the archive, which is headquartered in George Washington University's Gelman Library. His room, like all the others, is piled high with cardboard boxes, each of them piled high with documents. And more documents arrive nearly every day, delivered by a uniformed agent of the federal government -- a mail carrier.
"Every day is Christmas -- you're opening a present from the government," Blanton says. "Look at this. It came in last week. I haven't even gone through it yet."
He picks a document off his desk, which is littered with documents. The heading reads, "Defeating An Insurgency: Seminar War Game."
"It's a war game that was conducted just a year ago in McLean, Virginia, with the Air Force, Army, Navy and Special Operations Command."
He flips through the pages until something catches his eye. "Okay, there were three war games," he says. "One was Egypt, one was Colombia, one was Kurd versus Arab."
He flips a few more pages, then softly mutters a word that is frequently muttered by the archive's staff of document buffs when they peruse the latest fruits of FOIA: "Interesting."
Rogue Research
The National Security Archive is the house that FOIA built and a mecca for document buffs.
Despite its official-sounding name, the archive is not a government agency. It's an independent, nonprofit institute created in 1985 by a handful of reporters, historians and activists who'd been filing FOIA requests for documents related to American activities in the guerrilla wars then raging in Central America. Its first director was Scott Armstrong, a former Senate Watergate Committee staffer and Washington Post reporter. Armstrong finagled a grant from the Ford Foundation and borrowed office space at the Brookings Institution and soon he was filing hundreds of FOIA requests, many related to the big scandal of the '80s, the Iran-contra affair.
Naturally, these activities made him extremely unpopular with the Reagan administration.
"Scott was regarded as quite a dangerous scoundrel, to put it mildly," recalls former Justice Department attorney Daniel J. Metcalfe, who served for 25 years as the federal government's FOIA coordinator. In 1986, Metcalfe issued a directive warning federal FOIA officials to be wary of Armstrong, but that didn't stop the archive from obtaining and releasing countless
Iran-contra documents.
"Iran-contra is what made us," Armstrong recalls. In January 1989, Armstrong learned that the Reagan administration planned to erase all White House e-mails before leaving office a few days later. Quickly, the archive filed a lawsuit to prevent the destruction of the e-mails. The case was called Armstrong et al. v. Reagan et al. To make a long story short, Armstrong beat Reagan, the e-mails were released and Blanton collected the best of them in a book titled "White House E-Mail,"
published in 1995.
By then, Armstrong had left the organization, Blanton was director and the archive had moved to its current box-filled warren of offices in GWU's Gelman Library.
Once perceived as a hotbed of radicals, the National Security Archive is now a major Washington institution with a staff of 35 and an annual budget of more than $3 million, most of it donated by foundations. The documents it has gathered have been quoted in countless newspapers, books and documentary films. The archive has won Emmy, Peabody and Polk awards, and in 2004, avant-garde artist Jenny Holzer projected 30 of its documents on the walls of tall buildings in Bregenz, Austria, in a work she called "Truth Before Power."
Among the world's document buffs -- a small but tenacious tribe of journalists, researchers and historians -- the archive is legendary for its prolific and skillful practice of the art of the FOIA request.
"They craft the best FOIA requests around," says Metcalfe, the archive's former adversary, who is now a law professor at American University. "If anybody does it better, I haven't seen it."
"They do it extremely well," says Steve Aftergood, a researcher at the Federation of American Scientists, who is himself no slouch at the art of FOIA. "Within the government, it is known that they are persistent and they're willing to litigate if necessary and they're not going away. All of those things provide incentives for agencies to take their requests seriously."
Every year, the archive files roughly 2,000 FOIA requests and collects about 75,000 documents, many dealing with the most important events of the past 60 years -- the Cuban missile crisis, Vietnam, the collapse of the Soviet empire, Afghanistan, Iraq, Iran. The documents are studied by staffers who specialize in each issue, collected into "electronic briefing books" and
posted on the archive's Web site, and readers around the world download nearly a half-million pages a day.
Meanwhile, hundreds of researchers come to the archive every year to study the documents -- grad students, journalists, historians, even the occasional retired spy writing his memoirs.
In the winter of 2007, an Egyptian millionaire named Ashraf Marwan arrived at the archive to do some research. The son-in-law of Egyptian dictator Gamal Abdel Nasser and an adviser to Nasser's successor, Anwar Sadat, Marwan was widely reputed to be a spy for Israel. He was also widely reputed to be a clever Egyptian double-agent who fed disinformation to the Israelis. At
the archive, he studied documents on the 1973 Arab-Israeli war and told archive analyst William Burr that he was doing research for his memoirs.
A few months later, in June 2007, Marwan jumped, fell or was pushed from the fourth floor balcony of his apartment in London and was found dead on the sidewalk.
"Police have been advised," the Times of London reported, "that the only known copy of Dr. Marwan's memoirs disappeared from his flat on the day of his death."
Redaction in Action
Sometimes, working at the National Security Archive is like living in a Kafkaesque bureaucratic hell.
You're interested in some specific government action so you file a FOIA request, asking for the documents related to it. Then you wait. And wait. And wait. Months go by. Sometimes years go by. Then, if you're lucky, you get a stack of documents -- thousands and thousands of pages. Pulsing with excitement, you start reading, only to find yourself slogging through reams
of hideously boring drivel, some of it so dull that being forced to read it would probably violate the Geneva Conventions. But you wade through it and finally you come to the good stuff, the diamonds hidden in this dung heap and -- they've been blacked out, obliterated by some censor, or, as the bureaucrats call it, "redacted."
Redaction is the bane of an archive staffer's existence, and they love to tell redaction horror stories.
Peter Kornbluh, an archive analyst who specializes in Latin American affairs, remembers receiving the Defense Intelligence Agency's profile of Chilean dictator Augusto Pinochet only to find that "it was entirely redacted except his name and the phonetic pronunciation of his name."
Malcolm Byrne, the archive's director of research and resident Iran specialist, tells the story of the CIA's secret study of the famous coup it staged in Iran in 1953, overthrowing the prime minister, Mohammad Mossadeq, and installing the shah in power. In 1999, the archive filed a lawsuit to obtain the 200-page study. The CIA responded by redacting every word in the
document except for one sentence: "Headquarters spent a day featured by depression and despair."
Joyce Battle, the archive's Iraq expert, recently filed a FOIA request asking the FBI for documents relating to any possible connection between Iraq and the 1998 bombings of the American embassies in Kenya and Tanzania. "They released 122 documents," she says. "That was pretty exciting, but when I took a look at them, virtually all of them were redacted in their
entirety."
Faced with a totally blacked-out document, what's a researcher to do?
"You can appeal," says Battle, "and we do that often."
In fact, the archive files hundreds of appeals every year, 549 of them in 2006 alone. When that doesn't work, the archive sometimes files lawsuits, more than 40 of them over the past 23 years. In January, for instance, the archive filed suit to obtain grand jury records related to Julius and Ethel Rosenberg, the communist spies executed in 1953.
In the long run, Blanton says, documents tend to come out. That CIA study of the Iran coup was leaked to the New York Times by a "former official" in 2000. And Kornbluh finally did manage to obtain a non-redacted version of the DIA's Pinochet profile.
"You could see that one of the things they redacted was that his favorite cocktail was a pisco sour," Kornbluh says, amused, before adding this: "The declassification of U.S. government documents is so capricious, that's why you need a National Security Archive."
After waiting for years, Kornbluh ended up obtaining 24,000 pages of documents on Pinochet and the 1973 CIA-backed coup that brought him to power. He used them to write his 2003 book, "The Pinochet File."
"Those documents allow you to be a fly on the wall," he says, "as the decisions that change the world are made."
Wall of Shame
The office decor at the National Security Archive consists mainly of cardboard boxes stuffed with government documents, so it's not surprising to find that the decorations on the office walls consist mainly of government documents, enlarged and framed.
"We just sort of went around and said, 'What's your favorite document?' " Byrne explains.
He's giving an impromptu tour of this gallery of greatest hits. There's a page from Oliver North's notebook from his Iran-contra days. And a copy of Richard Clarke's now-famous January 2001 memo warning Condoleezza Rice of the threat from al-Qaeda. And the notes from a 1987 White House meeting in which Reagan's defense secretary, Caspar Weinberger, urges his colleagues to give more support to Saddam Hussein in his war with Iran: "We should not only be supportive of Iraq, but should be seen to be supportive."
And there's a Defense Department memo, written at the height of the 1994 Rwandan genocide that killed an estimated 800,000 people, rejecting a suggestion that American planes jam the broadcasts of the radio stations that were inciting the mobs of machete-wielding murderers. The flights would cost too much, a Defense official wrote: "approximately $8500 per flight hour."
Byrne reaches up and grabs one of his favorite documents off the wall. It's an enlarged copy of an order that's handwritten in Russian, the order for Soviet troops to invade Afghanistan in 1979.
"This is the invasion order," he says. "It came out of the Soviet archives when Yeltsin put the Communist Party on trial. . . . This is a good example of how our view of history has changed now that we have access to the other side's documents."
American documents reveal, Byrne says, that the Carter administration believed the Soviets invaded Afghanistan as part of a long-range strategy to expand southward in pursuit of warm-water ports. But Soviet documents show that the Russians invaded because they feared that the new Afghan leader, who'd been educated in the United States, might be an American spy.
"This is something," Byrne says, "that you constantly see in these documents -- how little we or anybody else knows about our adversaries."
miércoles, 7 de mayo de 2008
Derecho a la Información y Estadísticas Oficiales en Argentina
6 de mayo de 2008
A raíz de un amparo interpuesto por la Asocación por los Derechos Civiles, la justicia argentina ordenó al INDEC informar cómo calcula el Índice de Precios al Consumidor
La justicia ordenó al INDEC que informe a la ADC qué metodología utiliza actualmente para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y todas las modificaciones que han sido aplicadas para calcularlo.
(Buenos Aires, 6 de mayo de 2008) La justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que informe qué metodología utiliza actualmente para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, ordenó que indique todas las modificaciones aplicadas para calcularlo y las razones por las cuales ellas han sido necesarias. La medida es consecuencia de una acción de amparo que había presentado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la falta de respuesta oficial sobre esos datos. A través de un pedido de acceso a la información pública presentado el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al INDEC conocer cuál es la modalidad que el organismo utiliza actualmente para el cálculo del IPC.
Este pedido de información se realizó en marco del Programa de Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza. Uno de los métodos a través de los cuales se mide la pobreza es comparando el ingreso de cada hogar (que surge de la información de la Encuesta Permanente de Hogares) con el valor de una canasta de bienes y servicios que se consideran indispensables. Esta canasta se valoriza mes a mes utilizando el IPC. Este índice es el principal indicador para medir la inflación.
Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo. Luego de iniciada la acción, el INDEC informó que “…la metodología para el cálculo del índice de precios al consumidor GBA, base 1999=100, reviste carácter público y puede ser consultada en la biblioteca de este instituto como informe metodológico 13”. El INDEC también dijo que esta metodología “permite cambiar la composición de los productos y que la oficina central del IPC puede agregar o eliminar variedades y/o cambiar sus ponderaciones con el objeto de mantener actualizada la canasta del índice, concluyendo que las modificaciones son el normal funcionamiento de la metodología No. 13”.
La jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, reconoció que el INDEC mencionó cual es la metodología utilizada pero advirtió que la falta de especificación sobre las modificaciones efectuadas y las razones para introducir dichas modificaciones al cálculo impiden conocer cual es la forma en que se determina el IPC. De esta manera, la justicia hizo lugar al reclamo de la ADC y consideró que “dicha información era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.
En consecuencia, ordenó al INDEC que en el plazo de 20 (veinte) días brinde la información adicional que resulte necesaria para conocer adecuadamente la información solicitada.
La sentencia no se encuentra firme. El INDEC tiene la posibilidad de apelar esta decisión la que, en caso de ser admitida, será revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
A raíz de un amparo interpuesto por la Asocación por los Derechos Civiles, la justicia argentina ordenó al INDEC informar cómo calcula el Índice de Precios al Consumidor
La justicia ordenó al INDEC que informe a la ADC qué metodología utiliza actualmente para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y todas las modificaciones que han sido aplicadas para calcularlo.
(Buenos Aires, 6 de mayo de 2008) La justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que informe qué metodología utiliza actualmente para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, ordenó que indique todas las modificaciones aplicadas para calcularlo y las razones por las cuales ellas han sido necesarias. La medida es consecuencia de una acción de amparo que había presentado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la falta de respuesta oficial sobre esos datos. A través de un pedido de acceso a la información pública presentado el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al INDEC conocer cuál es la modalidad que el organismo utiliza actualmente para el cálculo del IPC.
Este pedido de información se realizó en marco del Programa de Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza. Uno de los métodos a través de los cuales se mide la pobreza es comparando el ingreso de cada hogar (que surge de la información de la Encuesta Permanente de Hogares) con el valor de una canasta de bienes y servicios que se consideran indispensables. Esta canasta se valoriza mes a mes utilizando el IPC. Este índice es el principal indicador para medir la inflación.
Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo. Luego de iniciada la acción, el INDEC informó que “…la metodología para el cálculo del índice de precios al consumidor GBA, base 1999=100, reviste carácter público y puede ser consultada en la biblioteca de este instituto como informe metodológico 13”. El INDEC también dijo que esta metodología “permite cambiar la composición de los productos y que la oficina central del IPC puede agregar o eliminar variedades y/o cambiar sus ponderaciones con el objeto de mantener actualizada la canasta del índice, concluyendo que las modificaciones son el normal funcionamiento de la metodología No. 13”.
La jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, reconoció que el INDEC mencionó cual es la metodología utilizada pero advirtió que la falta de especificación sobre las modificaciones efectuadas y las razones para introducir dichas modificaciones al cálculo impiden conocer cual es la forma en que se determina el IPC. De esta manera, la justicia hizo lugar al reclamo de la ADC y consideró que “dicha información era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.
En consecuencia, ordenó al INDEC que en el plazo de 20 (veinte) días brinde la información adicional que resulte necesaria para conocer adecuadamente la información solicitada.
La sentencia no se encuentra firme. El INDEC tiene la posibilidad de apelar esta decisión la que, en caso de ser admitida, será revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
lunes, 5 de mayo de 2008
Bovino recuerda a Nino
Nino sigue vigente. No conozco muchos juristas argentinos cuya obra los sobreviva con igual o superior impacto que aquel que tuvo cuando fue gestada. Dicen que ese es el valor de los clásicos. La reedición (de nuevo dificil de conseguir) de Un pais al margen de la ley y de su obra ensayistica completa en tres tomos recien publicados por Gedisa, demuestra que el interés por sus ideas no ha decaido.
Acabo de leer el post que Alberto acaba de publica sobre Nino en su blog (ver). Su relato es tan vivido que no tiene sentido agregar nada mas. Los invito a visitarlo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)