En el mismo mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia reconoció el derecho al empleo público de las personas con discapacidad en el fallo "Barílá c/ GCBA s/ cupo laboral".
La ONG REDI (Red de Discapacidad) presentó en 2010 una acción declarativa de inconstitucionalidad que se encuentra en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia. Esta acción podría tener como resultado el dictado de la nulidad de la ley 3230.
A lo largo de 2010 REDI realizó acciones de incidencia al efecto de que la Legislatura dicte una ley derogando la ley 3230. Como resultado de esta acción se presentaron los proyectos 640-D-10, 638-D-10 y 437-D-10, los cuales en su articulado se limitan a requerir la derogación de la ley 3230.
Es necesario que no se postergue el derecho al empleo de las personas con discapacidad, para que el estado de la Ciudad de Buenos Aires entienda que no puede tomar libremente decisiones regresivas que afecten derechos, para que los más de 4000 inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público en COPIDIS vean hecha una realidad su expectativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario