Del Prólogo del Informe 2010:
La desigualdad es una de las principales características que definen la historia de América Latina y el Caribe. Una muy alta y persistente desigualdad que, acompañada de una baja movilidad social, han llevado a la región a caer en una “trampa de desigualdad”. En un círculo vicioso difícil de romper. ¿Cómo podemos acabar con esta situación? ¿Qué políticas públicas se pueden diseñar para evitar que la desigualdad se siga transmitiendo de una generación a otra? ¿Por qué el sistema político y los mecanismos de redistribución no han sido eficaces en revertir este patrón? Este primer Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe ofrece respuestas a estas y otras preguntas. El mensaje central consiste en que sí es posible reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Es un hecho que, hasta la irrupción de la crisis económica global, un número importante de países habían logrado reducciones en la desigualdad debido a la expansión de la cobertura de servicios sociales básicos y a una incidencia más progresiva del gasto social. Ello ocurrió en respuesta a un consenso sobre la necesidad de ser más eficaces en el combate a la pobreza. Este Informe reafirma la importancia central de la lucha contra la pobreza, pero propone que es necesario ir más allá: la desigualdad per se es un obstáculo para el avance en desarrollo humano y su reducción debe incorporarse explícitamente en la agenda pública.
Para el PNUD, la igualdad importa en el espacio de las libertades efectivas; es decir en términos de la ampliación para todos de las opciones de vida realmente disponibles para que puedan elegir con autonomía. Importan las oportunidades y el acceso a bienes y servicios, pero también el proceso mediante el cual los individuos son sujetos activos de su propio desarrollo, incidiendo responsablemente sobre sus vidas y su entorno inmediato. En este marco, la nueva política integral y específica que se propone para reducir la desigualdad en la región debe incidir sobre las condiciones objetivas de los hogares y las restricciones que enfrentan, sobre aspectos subjetivos que determinan autonomía y aspiraciones de movilidad y, finalmente, sobre la calidad y eficacia de la representación política y la capacidad redistributiva del Estado.
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