Dicen que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se reunió hace unos días con el ex Gobernador Carlos Rukauf, el mismo que diseñó la política de seguridad basada en "meter bala a los delincuentes" y bajo cuya gobernación la población carcelaria con prisión preventiva ascendió a niveles tan altos que provocó el histórico fallo Verbitsky decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual esa situación violaba los derechos constitucionales de los detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, según datos inciertos porque no hay buena información oficial, las cárceles albergan a unos 25.000 presos cuando sólo podrían contener a unos 12.000. El 80% de esos presos no tienen condena y permanecen encerrados en esa condición por un promedio de 4 años. Según estadísticas oficiales, alrededor del 26% de esos presos sin condena son liberados sin haber sido encontrados culpables de ningún delito.
En ese contexto, el Gobernador, quizá influído por alguna conversación con el ex gobernador, sostuvo que era necesario "un estado dispuesto a todo" y cargó contra el por el denominado "hipergarantismo", categoría novedosa que él despega de lo que parece ser algo positivo... el mero garantismo... Cuánto garantismo hace falta para pasar al hipergantismo? La verdad que mete miedo...
Diario la Nacion
Excarcelaciones controvertidas
Criticó Scioli a los jueces que liberan presos peligrosos
"Estamos ante delincuentes dispuestos a todo y necesitamos un Estado dispuesto a todo"
Lunes 30 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa
Ramiro Sagasti
LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, exigió a la Justicia más "rigor y firmeza" porque, opinó, "la mayor frustración para un buen policía es que después de hacer un buen trabajo y de detener a un delincuente lo vea al otro día caminando por el barrio".
De esta manera, cuestionó, aunque sin nombrarlos, a los jueces que recientemente otorgaron beneficios excarcelatorios a presos que volvieron a delinquir. "Hay políticas hipergarantistas, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo. Para este momento hace falta mayor firmeza y rigurosidad en las normas. Porque estamos ante delincuentes dispuestos a todo y el Estado de Derecho tiene que estar también dispuesto a todo", sostuvo ayer el gobernador.
"Que quede claro que cuando hablo de hipergarantismo hablo de los casos en los que la ley se aplica con ligereza; no hablo de las garantías constitucionales. Tampoco le hablo a ningún juez en particular, porque no me corresponde", dijo el gobernador a LA NACION.
Anteayer, justamente, la policía había detenido, por integrar una banda que robaba departamentos, a Mario Luis Vittete Sellanes ("el Uruguayo"), sospechoso de ser el jefe de la banda que robó las cajas de seguridad del Banco Río, en Acassuso, en enero de 2006.
Vittete Sellanes había sido excarcelado por el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, que ya había sido cuestionado por liberar delincuentes: la organización Madres del Dolor pidió juicio político para él después de haber liberado a un acusado de violar a su hija.
Otro juez cuestionado es Nicolás Schiavo, de San Martín, que dio la prisión domiciliaria a un gendarme acusado de violar a dos mujeres. "Hace pocos días, la Cámara Penal dio vuelta un fallo de un juez y evitó la libertad condicional de ese gendarme", recordó Scioli, al hablar de las modificaciones del Código Procesal Penal, que endurecieron el régimen de excarcelaciones.
Agregó: "Más que hablar sobre un juez en particular, yo explico los cambios en el sistema [...]. Hubo un fallo de la Cámara que se hizo sobre la base de la reforma del Código de Procedimiento Penal, que tuvo como objetivo central limitar las excarcelaciones, que los delincuentes peligrosos no estén paseando alegremente después que se los detenga por alguna causa. Esto ya está ocurriendo; me costó gran esfuerzo poder crear consenso. Fueron cinco meses de discusión".
Schiavo también había favorecido con una prisión domiciliaria monitoreada por medio de una pulsera electrónica a Angel Fernández, que cuando gozaba de este beneficio fue acusado de asesinar a los cuatro integrantes de la familia Mansilla, en julio del año pasado, en Los Cardales. Por este caso, se pidió el juicio político de Schiavo.
El presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, Carlos Lami, dijo ayer a LA NACION que, además de la conducta de esos dos jueces, también es observada la de otros funcionarios del Poder Judicial de San Isidro y San Martín.
lunes, 30 de marzo de 2009
sábado, 28 de marzo de 2009
Más de 180 organizaciones rechazan campaña sobre difamación de las religiones
Más de 180 organizaciones rechazan campaña sobre difamación de las religiones
Fuente: IFEX
Más de 180 organizaciones de derechos de todo el mundo, entre ellos 27miembros de IFEX, se unieron para oponerse a una campaña de "difamación de religiones" en la ONU, montada por estados islámicos, que convertiría la crítica a la religión en un crimen en las resoluciones, declaraciones y conferencias mundiales de la ONU.
Recientemente, Pakistán, a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), presentó una resolución para "combatir la difamación de las religiones" en la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el texto se refiere frecuentemente a proteger a todas las religiones, la única religión que se especificaba como atacada es el islam. La resolución de someterá a votación el último día de la sesión, el 27 de marzo.
La OIC, una organización intergubernamental que abarca 57 estados en lo que la población es en su mayoría o en grado importante musulmana, arreció su lucha para que el concepto de que la difamación religiosa se agregue a las resoluciones de la ONU tras los ataques del 11 de septiembre. La presión de proteger las religiones de la difamación ha estado creciendo, especialmente desde la polémica de las caricaturas danesas en 2005.
Varios miembros de IFEX, como Freedom House (Casa de la Libertad), que coorganizó la declaración conjunta, han hecho campaña contra la creciente tendencia de usar las leyes de difamación religiosa para limitar la libertad de palabra.
Argumentan que los creyentes religiosos tienen el derecho de no ser sometidos a discriminación debido a sus creencias y que como tales están protegidos por el derecho internacional. Pero no pueden esperar que su religión esté libre de toda crítica.
Además, dicen los 186 signatarios, las resoluciones "se pueden usar en algunos países para silenciar e intimidar a los activistas de derechos humanos, los disidentes religiosos y otras voces independientes", así como para legitimar leyes arcaicas contra la blasfemia, que siguen en los códigos de muchos estados miembro de la UE.
Los signatarios expresaron que el concepto de la difamación de religiones, que dicen que no tiene base en el derecho nacional o internacional, resucitará en otros lugares, incluyendo la conferencia mundial de seguimiento de contra el racismo, apodada Durbán II, que se celebrará en Ginebra en abril.
Los 186 grupos están pidiendo a todos los gobiernos que se opongan a la resolución en el Consejo de Derechos Humanos esta semana, así como a cualquier resultado en la conferencia de revisión Durbán que apoye directa o indirectamente la campaña de difamación de las religiones "a expensas de libertades básicas y derechos humanos individuales".
Ver:
- Declaración conjunta de los 186 grupos: http://tinyurl.com/cz3qm5
Fuente: IFEX
Más de 180 organizaciones de derechos de todo el mundo, entre ellos 27miembros de IFEX, se unieron para oponerse a una campaña de "difamación de religiones" en la ONU, montada por estados islámicos, que convertiría la crítica a la religión en un crimen en las resoluciones, declaraciones y conferencias mundiales de la ONU.
Recientemente, Pakistán, a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), presentó una resolución para "combatir la difamación de las religiones" en la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el texto se refiere frecuentemente a proteger a todas las religiones, la única religión que se especificaba como atacada es el islam. La resolución de someterá a votación el último día de la sesión, el 27 de marzo.
La OIC, una organización intergubernamental que abarca 57 estados en lo que la población es en su mayoría o en grado importante musulmana, arreció su lucha para que el concepto de que la difamación religiosa se agregue a las resoluciones de la ONU tras los ataques del 11 de septiembre. La presión de proteger las religiones de la difamación ha estado creciendo, especialmente desde la polémica de las caricaturas danesas en 2005.
Varios miembros de IFEX, como Freedom House (Casa de la Libertad), que coorganizó la declaración conjunta, han hecho campaña contra la creciente tendencia de usar las leyes de difamación religiosa para limitar la libertad de palabra.
Argumentan que los creyentes religiosos tienen el derecho de no ser sometidos a discriminación debido a sus creencias y que como tales están protegidos por el derecho internacional. Pero no pueden esperar que su religión esté libre de toda crítica.
Además, dicen los 186 signatarios, las resoluciones "se pueden usar en algunos países para silenciar e intimidar a los activistas de derechos humanos, los disidentes religiosos y otras voces independientes", así como para legitimar leyes arcaicas contra la blasfemia, que siguen en los códigos de muchos estados miembro de la UE.
Los signatarios expresaron que el concepto de la difamación de religiones, que dicen que no tiene base en el derecho nacional o internacional, resucitará en otros lugares, incluyendo la conferencia mundial de seguimiento de contra el racismo, apodada Durbán II, que se celebrará en Ginebra en abril.
Los 186 grupos están pidiendo a todos los gobiernos que se opongan a la resolución en el Consejo de Derechos Humanos esta semana, así como a cualquier resultado en la conferencia de revisión Durbán que apoye directa o indirectamente la campaña de difamación de las religiones "a expensas de libertades básicas y derechos humanos individuales".
Ver:
- Declaración conjunta de los 186 grupos: http://tinyurl.com/cz3qm5
Uruguay: El Parlamento aprueba ley de cuotas para mayor presencia política de la mujer
La Voz de Galicia
URUGUAY
EFE 24/3/2009 1:37 h
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy una ley que obliga a los partidos a incluir al menos a una mujer por cada dos hombres en las listas de los comicios internos de junio próximo, aunque aplaza su aplicación en las elecciones generales y locales hasta el 2014.
El espaldarazo de los diputados -votaron a favor 75 de los 78 legisladores que participaron en un debate que duró toda la tarde- se une al que ya dieron los senadores uruguayos, por lo que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación.
El borrador fue apoyado en pleno por la coalición izquierdista Frente Amplio, en el poder, y por los opositores Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado.
No obstante, tres diputados blancos discreparon, en medio de las críticas en algunas facciones de ese partido a la que llamaron «utilización electoralista» de la votación por el Frente Amplio.
La nueva ley será aplicada ya para los comicios internos que el 28 de junio próximo designarán al candidato oficial de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Sin embargo, en estos comicios de octubre, que darán lugar al nuevo Parlamento y presidente del país, la normativa no tendrá efecto y las mujeres deberán esperar a las elecciones nacionales del 2014 para ver confirmada su mayor presencia política por esta ley de cuotas.
Esta decisión de aplazar la plena implementación de la ley hasta el 2014 tanto para los comicios nacionales como para los locales fue producto del acuerdo en la votación celebrada en el Senado y la condición del opositor Partido Nacional para el respaldo de la normativa.
La nueva normativa puede tener también poca incidencia en las listas de los comicios internos de junio, pues los postulantes principales y con mayores posibilidades de ser elegidos están ya definidos desde hace tiempo.
No obstante, el optimismo marcó la votación y la aprobación del proyecto de ley, que fue acogido con grandes aplausos por parte de las legisladoras de los -en otros ámbitos- feroces enemigos Frente Amplio y Partido Nacional.
Según declaró al diario digital Observa la senadora Mónica Xavie, del Frente Amplio, esta ley «ataca al cuello de botella por el cual las mujeres no acceden a cargos políticos».
Añadió que el país «tiene una deuda política con las mujeres», con apenas un 10,8 por ciento de representación real en el Parlamento uruguayo, a pesar de ser el 52 por ciento de la población.
El diputado del Partido Nacional Gustavo Borsari subrayó su desacuerdo en que alguien entre en el Parlamento por el simple hecho de ser hombre o mujer, según informó Radio El Espectador.
Otro de los legisladores blancos que no apoyaron la ley, Jorge Gandini, se manifestó en contra de que «la cuota política vulnere la libertad del ciudadano de elegir su representación».
Por el contrario, las diputadas del PN Sandra Etcheverry, Adriana Peña y Beatriz Argimon, citadas por esa misma emisora, dijeron que esta ley es un gran instrumento para lograr la democracia real.
URUGUAY
EFE 24/3/2009 1:37 h
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy una ley que obliga a los partidos a incluir al menos a una mujer por cada dos hombres en las listas de los comicios internos de junio próximo, aunque aplaza su aplicación en las elecciones generales y locales hasta el 2014.
El espaldarazo de los diputados -votaron a favor 75 de los 78 legisladores que participaron en un debate que duró toda la tarde- se une al que ya dieron los senadores uruguayos, por lo que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación.
El borrador fue apoyado en pleno por la coalición izquierdista Frente Amplio, en el poder, y por los opositores Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado.
No obstante, tres diputados blancos discreparon, en medio de las críticas en algunas facciones de ese partido a la que llamaron «utilización electoralista» de la votación por el Frente Amplio.
La nueva ley será aplicada ya para los comicios internos que el 28 de junio próximo designarán al candidato oficial de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Sin embargo, en estos comicios de octubre, que darán lugar al nuevo Parlamento y presidente del país, la normativa no tendrá efecto y las mujeres deberán esperar a las elecciones nacionales del 2014 para ver confirmada su mayor presencia política por esta ley de cuotas.
Esta decisión de aplazar la plena implementación de la ley hasta el 2014 tanto para los comicios nacionales como para los locales fue producto del acuerdo en la votación celebrada en el Senado y la condición del opositor Partido Nacional para el respaldo de la normativa.
La nueva normativa puede tener también poca incidencia en las listas de los comicios internos de junio, pues los postulantes principales y con mayores posibilidades de ser elegidos están ya definidos desde hace tiempo.
No obstante, el optimismo marcó la votación y la aprobación del proyecto de ley, que fue acogido con grandes aplausos por parte de las legisladoras de los -en otros ámbitos- feroces enemigos Frente Amplio y Partido Nacional.
Según declaró al diario digital Observa la senadora Mónica Xavie, del Frente Amplio, esta ley «ataca al cuello de botella por el cual las mujeres no acceden a cargos políticos».
Añadió que el país «tiene una deuda política con las mujeres», con apenas un 10,8 por ciento de representación real en el Parlamento uruguayo, a pesar de ser el 52 por ciento de la población.
El diputado del Partido Nacional Gustavo Borsari subrayó su desacuerdo en que alguien entre en el Parlamento por el simple hecho de ser hombre o mujer, según informó Radio El Espectador.
Otro de los legisladores blancos que no apoyaron la ley, Jorge Gandini, se manifestó en contra de que «la cuota política vulnere la libertad del ciudadano de elegir su representación».
Por el contrario, las diputadas del PN Sandra Etcheverry, Adriana Peña y Beatriz Argimon, citadas por esa misma emisora, dijeron que esta ley es un gran instrumento para lograr la democracia real.
Acceso a la Información en momentos de crisis, contrastes
En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
Ley de Acceso a la Información en el Mundo... Argentina aún en deuda...
Países con Ley de Acceso a la Información (a nivel nacional)
- Albania
- Armenia
- Australia
- Azerbaijan
- Bangladesh
- Bélgica
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- República Dominicana
- Ecuador
- Estonia
- Unión Europea
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hong Kong
- Hungría
- Islandia
- India
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Latvia
- Macedonia
- México
- Montenegro
- Holanda
- Nueva Zelandia
- Noruega
- Pakistan
- Paraguay
- Polonia
- República de Moldova
- Rumania
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Sudáfrica
- Korea del Sur
- Suecia
- Taiwan
- Tailandia
- Triniddad y Tobago
- Turquía
- Uganda
- Ucrania
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Zimbabwe
Algunos países que aún no cuentan con una Ley Nacional de Acceso a la Información
- Argentina
- Barbados
- Borswana
- Islas Cayman
- Fiji
- Ghana
- Indonesia
- Jordan
- Kenya
- Lesotho
- Maldivas
- Mozambique
- Nauru
- Nigeria
- Sri Lanka
Acceso a la Información en momentos de crisis, contrastes
En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de
pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para
el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de
gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso
Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en
la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de
pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para
el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de
gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso
Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en
la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
jueves, 26 de marzo de 2009
Sobre los dichos de Joseph Ratzinger acerca del SIDA y el uso de preservativos
Me llegó esta oportuna nota de la
FUNDACION HUESPED EN ACCION CONTRA EL SIDA
Sobre los dichos de Joseph Ratzinger
25 de Marzo de 2009
Dra. María Magneres
MN 100.927
Hola,
Soy la Dra. María Cecilia Magneres, médica pediatra de Fundación Huésped. Además, soy católica practicante.
Hoy quiero compartir con vos mi opinión acerca de los dichos de Joseph Ratzinger en torno a la utilización del preservativo como método de protección frente al SIDA.
Es difícil defender lo indefendible. En su visita a África, la región más afectada por la epidemia del VIH/sida, Joseph Ratzinger se manifestó en contra del uso del preservativo, con la justificación de que su distribución -en lugar de resolver- agrava la problemática del VIH/sida. Es difícil amparar estos dichos siendo católica practicante y, mucho más, siendo médica.
Ya es conocida la postura de Joseph Ratzinger ante el preservativo, y uso su nombre y apellido porque asumo que lo dijo como hombre y no como Papa. Afortunadamente ésta no es la única voz de la Iglesia, ya que son muchos los sacerdotes que se acercan a las comunidades más desfavorecidas. Y no agravan la problemática del VIH/sida. Al contrario, ayudan a muchas personas a acceder a la prevención y a la información.
Con la evidencia a la vista, es necesario aceptar la efectividad del preservativo como método para evitar la transmisión sexual del VIH. Sin embargo, Joseph Ratzinger la negó. Y lo hizo en África, la región en la que mueren diariamente 6.500 personas a causa del sida y en la que la epidemia es unas de las principales causas de mortalidad. De un total de 33 millones de personas con VIH en el mundo, más de 22.5 millones viven en África Subsahariana, la región más castigada. ¿Quiénes son los que se infectan? Los más pobres, los más jóvenes, las mujeres. ¿Cómo se infectan? La principal vía de infección son las relaciones sexuales sin protección.
Los dichos de Ratzinger son indefendibles. Y nada tienen que ver con los valores que la Iglesia predica y que, como médica católica, seguiré practicando: el amor y el respeto por el ser humano.
Vos también podés colaborar con la difícil tarea que tenemos por delante: detener la epidemia de SIDA en nuestro país. Hacé tu donación ahora a Fundación Huesped haciendo click aquí.
Muchas gracias
Dra. María Magneres
MN 100.927
SIDA
Para más información sobre la Fundación Huésped, hacer click acá
FUNDACION HUESPED EN ACCION CONTRA EL SIDA
Sobre los dichos de Joseph Ratzinger
25 de Marzo de 2009
Dra. María Magneres
MN 100.927
Hola,
Soy la Dra. María Cecilia Magneres, médica pediatra de Fundación Huésped. Además, soy católica practicante.
Hoy quiero compartir con vos mi opinión acerca de los dichos de Joseph Ratzinger en torno a la utilización del preservativo como método de protección frente al SIDA.
Es difícil defender lo indefendible. En su visita a África, la región más afectada por la epidemia del VIH/sida, Joseph Ratzinger se manifestó en contra del uso del preservativo, con la justificación de que su distribución -en lugar de resolver- agrava la problemática del VIH/sida. Es difícil amparar estos dichos siendo católica practicante y, mucho más, siendo médica.
Ya es conocida la postura de Joseph Ratzinger ante el preservativo, y uso su nombre y apellido porque asumo que lo dijo como hombre y no como Papa. Afortunadamente ésta no es la única voz de la Iglesia, ya que son muchos los sacerdotes que se acercan a las comunidades más desfavorecidas. Y no agravan la problemática del VIH/sida. Al contrario, ayudan a muchas personas a acceder a la prevención y a la información.
Con la evidencia a la vista, es necesario aceptar la efectividad del preservativo como método para evitar la transmisión sexual del VIH. Sin embargo, Joseph Ratzinger la negó. Y lo hizo en África, la región en la que mueren diariamente 6.500 personas a causa del sida y en la que la epidemia es unas de las principales causas de mortalidad. De un total de 33 millones de personas con VIH en el mundo, más de 22.5 millones viven en África Subsahariana, la región más castigada. ¿Quiénes son los que se infectan? Los más pobres, los más jóvenes, las mujeres. ¿Cómo se infectan? La principal vía de infección son las relaciones sexuales sin protección.
Los dichos de Ratzinger son indefendibles. Y nada tienen que ver con los valores que la Iglesia predica y que, como médica católica, seguiré practicando: el amor y el respeto por el ser humano.
Vos también podés colaborar con la difícil tarea que tenemos por delante: detener la epidemia de SIDA en nuestro país. Hacé tu donación ahora a Fundación Huesped haciendo click aquí.
Muchas gracias
Dra. María Magneres
MN 100.927
SIDA
Para más información sobre la Fundación Huésped, hacer click acá
martes, 24 de marzo de 2009
El sueño de la razón produce monstruos...
Hace 33 años tenía lugar en Argentina el último golpe de estado de su historia. Un día como hoy comenzaba la que sería la dictura militar más sangrienta de la que se tenga memoria en nuestro país. Hace 33 años se quebraba el orden constitucional y se articulaba desde el estado una feroz represión que dio como resultado la violación sistemática y masiva de derechos humanos durante los siguientes siete años. La ciudadanía padeció torturas, asesinatos, censura y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos. La razón se había dormido. Los monstruos habían despertado. Mantener a la razón despierta, requiere de una ciudadanía activa y conciente de sus derechos, dispuesta a ejercerlos frente al gobierno o a otros ciudadanos cuando ellos sean agredidos. Los derechos no se ejercen solos, somos nostros los que los conevertimos en realidad al reclamar por ellos. Es mi deseo que este día de reflexión nos sirva para recordar cuán importante es estar alertas para que nunca más la razón se duerma.
Nota: La ilustración corresponde al grabado de Goya titulado El Sueño de la Razón Produce Monstruos, de la serie Los Caprichos, es el Nro. 43 y fue producido en 1799.
lunes, 23 de marzo de 2009
PRIMICIA: Harold Koh, Decano de la Facultad de Derecho de Yale se va al Departamente de Estado
Harold Koh renuncia a su cargo como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y es nombrado por el Presidente Barak Obama como Asesor Jurídico de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Desde este cargo, Harold deberá trabajar en cuestiones jurídicas tanto domésticas como internacionales, formulando e implementando la política exterior de los Estados Unidos, al tiempo que promoverá el desarrollo del derecho internacional y sus instituciones, como parte fundamental de esa política. El Asesor Jurídico es designado por el Presidente con el consentimiento del Senado. Estará a cargo de una oficina de 200 abogados.
Harold nos visitó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en junio de 2008 y realizó una exposición durante el almuerzo para un pequeño grupo de profesores sobre el futuro de los Estados Unidos después de las elecciones presidenciales de su país, que tendrían lugar unos meses después de esa visita. En aquél almuerzo presagió que Hillary Clinton sería la Secretaria de Estado y algunos de nosotros presagiamos que él se sumaría a su equipo si eso sucedía...
Le deseamos a Harold la mejor de las suertes en esta nueva posición que ocupa y que corona su brillante carrera profesional dedicada a la academia y al servicio público.
Ver más sobre Harold Koh...
Harold nos visitó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en junio de 2008 y realizó una exposición durante el almuerzo para un pequeño grupo de profesores sobre el futuro de los Estados Unidos después de las elecciones presidenciales de su país, que tendrían lugar unos meses después de esa visita. En aquél almuerzo presagió que Hillary Clinton sería la Secretaria de Estado y algunos de nosotros presagiamos que él se sumaría a su equipo si eso sucedía...
Le deseamos a Harold la mejor de las suertes en esta nueva posición que ocupa y que corona su brillante carrera profesional dedicada a la academia y al servicio público.
Ver más sobre Harold Koh...
sábado, 21 de marzo de 2009
Final de una etapa en la ADC y nuevos desafíos...
Buenos Aires, 21 de Marzo de 2009
Queridos/as amigos/as,
Debo confesarles que no me ha sido nada sencillo escribir estas líneas, pues ellas se refieren a una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en términos profesionales.
Luego de casi nueve años en los que me desempeñé como Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en lo que fue sin lugar a dudas la experiencia profesional más importante de mi vida, dejé esta posición aunque no la organización, pues continuaré trabajando en ella, fundamentalmente como Miembro Activo colaborador de su Junta Directiva.
Dejo una función que me dio enormes satisfacciones para emprender una nueva etapa profesional cargada de desafíos y grandes perspectivas, pues se me ha adjudicado la responsabilidad de lleva adelante el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, lo que implica para mí un nuevo y excitante proyecto para los años por venir.
Como muchos/as ustedes saben, en 1995 tuve el honor de co-fundar la ADC junto con un grupo de (por entonces) jóvenes abogados y abogadas que querían crear en Argentina una ONG de derechos humanos que se enfocara sobre cuestiones y derechos que cobraron centralidad luego del reestablecimiento de la democracia en 1983. El grupo, convocado por Alejandro Carrió, reunía a viejos amigos y amigas, tales como Roberto de Michele, Martín Bohmer, Marcela Rodríguez, Mirna Goransky, Christian Courtis, Martín Abregú, Carlos Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, entre otros. Pensamos que temas tales como la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la justicia, la lucha contra la discriminación y el ejercicio del derecho a la educación, la salud y otros derechos sociales, sólo por mencionar algunos, formaban parte de una agenda por aquél entonces poco atendida por la sociedad civil organizada de nuestro país. También pensamos que el litigio estratégico o el litigio de interés público debía ser la principal estrategia para avanzar con nuestra agenda. Más tarde, estando yo ya en la Dirección Ejecutiva, descubrimos que esta estrategia, a fin de ser más efectiva, debía combinarse con muchas otras, tales como la producción de informes, la preparación de propuestas para reformas legales o de políticas públicas, mucho trabajo con los medios, la creación de alianzas con actores clave e instituciones en Argentina y en el extranjero, etc. Con el objetivo de crear ese tipo de organización, fundamos en 1995 una institución que intentara llenar ese vacío.
Entre 1995 y 2000, la ADC trabajó principalmente como un estudio de abogados de interés público, llevando a los tribunales casos paradigmáticos con un staff de grandes y comprometidos abogados y abogadas que trabajaban pro-bono y un abogado part-time rentado. Varias resonantes victorias judiciales le dieron a la ADC en aquellos inicios un importante reconocimiento público y prestigio. Sin embargo, algunos creíamos que nuestro impacto en términos de cambio social efectivo, que era el objetivo implícito en nuestro trabajo de litigio, podía incrementarse operando cambios en nuestras metodologías de trabajo.
En 2001, me convertí en el primer Director Ejecutivo de la ADC. Asumí esa responsabilidad después de diseñar un plan de desarrollo institucional de cinco años que fue inicialmente apoyado por la Fundación Ford. Las dos ideas principales que formaban parte de ese plan eran, primero, que se debía establecer una agenda clara y explícita para la organización. En los años previos, había una especie de agenda implícita construida a partir de los casos que llegaban por medio de consultas de personas individuales o de organizaciones, y que se llevaban a tribunales, pero éramos más reactivos que proactivos en relación a los temas por los que abogábamos. En segundo lugar, aunque reconozco la fundamental importancia del litigio de interés público como estrategia clave para el trabajo en derechos humanos, pensé que ella debía combinarse con una amplia gama de estrategias alternativas tales como informes de situación de derechos, propuestas de reformas legales y de políticas públicas, lobby ante las autoridades del gobierno, entrenamiento y educación en derechos a ONGs y periodistas, monitoreo del trabajo de instituciones públicas, etc. En lugar de concebir al litigio como un fin en sí mismo, a veces desconectado de agendas políticas y activistas, entendí que éste debía convertirse en una estrategia más, que, en combinación con otras herramientas, se usara para avanzar con la nueva agenda de la ADC, más definida y refinada.
Desde 2001 pusimos este plan en acción. Tuve muchísima suerte en este proceso al poder conocer gente brillante y apasionada que confió en mí y en la organización: jóvenes profesionales que se sumaron al staff, donantes que apoyaron nuestro trabajo, organizaciones que se convirtieron en nuestras aliadas en Argentina y en el extranjero, y periodistas que creyeron en nuestro mensaje y nos ayudaron a divulgarlo. Todo este trabajo colectivo hizo crecer a la ADC enormemente en los últimos nueve años. Realmente no puedo creer todo lo que hemos logrado hacer desde aquel año de comienzos de siglo cuando éramos sólo tres personas en una pequeña oficina con sólo una línea de teléfono (que usábamos para hacer llamados y también para acceder a internet), una computadora de escritorio y una laptop. Desde entonces, trabajando duro, y definitivamente con la ayuda de muchísima gente, hicimos de la ADC una de las más importantes organizaciones de derechos civiles de la Argentina y de América Latina. En muy resumidas cuentas, este crecimiento se puede percibir a través de los siguientes datos. Hoy, la ADC cuenta con...
• Un equipo de más de 20 profesionales que trabajan en sus oficinas y cerca de otras 20 personas que colaboran con nosotros como consultores de diferente tipo, desde expertos en áreas sustantivas a diseñadores gráficos, comunicadores y artistas, además de muchas otras personas que, luego de formar parte del staff, han contribuido antes de partir tras otras metas durante estos años;
• Una oficina de 250m2 bien equipada con computadoras para cada miembro del staff y toda la tecnología necesaria para cubrir nuestras necesidades;
• Un website institucional que, desde su renovación en 2003, ha tenido más de 1,500,000 visits (alrededor de 22,200 visitas por mes); cinco websites satélite referidos a proyectos específicos y a los que se accede desde el website principal. El website institucional fue completamente renovado en Diciembre de 2008 y los invito a verlo: http: www.adc.org.ar);
• Un presupuesto anual de aproximadamente US$ 550.000 (dependiendo de las donaciones logradas en cada año);
• El generoso apoyo de prestigiosas instituciones tales como la Ford Foundation, el Open Society Institute-Justice Initiative, el Open Society Institute Latin American Program, la Tinker Foundation, la Merck Foundation, los gobiernos del Reino Unido, Holanda y Canadá, el National Endowment for Democracy (USA), el British Council, entre otras.
• Programas llevados adelante por equipos profesionales sobre Libertad de Expresión, Derecho a la Información, Discriminación y Trato Igual, Derechos Sociales (sobre todo en derecho a la salud y a la educación), Reforma de Justicia y Monitoreo de Cortes Supremas (Federal y Estatales), Cárceles y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Un equipo in-house de litigio que trabaja en coordinación con los programas mencionados;
• Un equipo de monitoreo del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales que observa las decisiones que estos órganos toman en relación con los temas de nuestra agenda;
• Una sección in-house de comunicaciones y prensa que genera un promedio de 600 artículos por año referidos a nuestro trabajo, publicados en periódicos y medios electrónicos de todas las provincias de nuestro país y del extranjero (estas son sólo las notas a las que tenemos acceso por internet. No incluye las notas realizadas en radio y televisión);
• Un trabajo sostenido en al menos 12 provincias de Argentina (de un total de 24): Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Formosa, Misiones, y la Ciudad de Buenos Aires, todos lugares en los que la ADC desarrolla proyectos y partnerships con actores locales;
• Alianzas y/o emprendimientos comunes con ONGs de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Mexico, Brazil, El Salvador, Honduras, Guatemala, los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica, Israel, Hungría, Bulgaria, entre otras.
• Un impacto real y efectivo en reformas legales y de políticas públicas tales como el establecimiento de un nuevo procedimiento, más participativo y transparente, para la designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sanción por parte del Gobierno Nacional de un Decreto con un procedimiento para acceder a la información pública basado en nuestras propuestas; el establecimiento del voto nominal obligatorio en ambas Cámaras del Congreso Nacional y regulaciones similares a nivel municipal y provincial; propuestas de regulación de medios públicos para que sean independientes de los gobiernos (públicos pero no gubernamentales); reformas legales que reflejan nuestras propuestas dirigidas a limitar la discreción de los gobiernos al distribuir publicidad oficial entre los medios de comunicación; reformas legales inspiradas en nuestras propuestas sobre acceso a la información; reformas de funcionamiento de nuestro sistema de justicia inspiradas en nuestras propuestas para hacer a los tribunales más independientes del poder político y eficientes, etc.
• Y muchos logros más...
Todo este trabajo ha sido crucial para que la ADC se convierta en una de las ONGs profesionales más reconocidas y respetadas de Argentina y de América Latina, comprometida con los valores de la libertad y la igualdad, sin afiliación partidaria alguna y con la más absoluta independencia.
Como les dije más arriba, a partir de ahora me desempeñaré profesionalmente como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (con sede en Buenos Aires). Esta es una de las Facultades de Derecho en las que he dado clase durante los últimos trece años y donde he dirigido su Programa de Maestrías desde 1997. El desafío es enorme y estoy muy entusiasmado con esta nueva etapa de mi carrera, así como por el hecho de participar de un nuevo proyecto de “institution-building”. Por supuesto, la decisión no ha sido sencilla. Hasta que esta oferta me fuera hecha, yo no tenía planes de dejar mi posición en la ADC en el corto plazo, aunque ya creía que el tiempo de hacer cambios se aproximaba, no sólo en mi narrativa personal, pero también en la vida de la ADC. Estoy convencido de que es bueno para las instituciones refrescar sus liderazgos. Me encontraba disfrutando muchísimo mi tiempo y trabajo en la ADC, al tiempo que me sentía orgulloso y afortunado de trabajar con mis colegas del staff. Sin embargo, después de casi nueve años como Director Ejecutivo, sentí que era tiempo de explorar otros horizontes sin dejar la organización.
Estoy seguro que la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y la ADC harán grandes cosas juntas. Puedo anticipar una gran sinergía entre ambas instituciones. También deseo que ustedes y yo podamos seguir trabajando juntos.
Finalmente, quisiera agradecerles a todas aquellas personas que me dieron su apoyo y calidez en todos estos años. Nombrarlos/as me llevaría páginas enteras. Ellos y ellas saben a quiénes me refiero. Ha sido un verdadero placer hacer el trabajo que me tocó realizar y sin duda fue gracias esas personas, decenas de ellas, que confiaron en mí que yo pude convertir en realidad muchos de mis sueños en la ADC.
Roberto Saba
Queridos/as amigos/as,
Debo confesarles que no me ha sido nada sencillo escribir estas líneas, pues ellas se refieren a una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en términos profesionales.
Luego de casi nueve años en los que me desempeñé como Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en lo que fue sin lugar a dudas la experiencia profesional más importante de mi vida, dejé esta posición aunque no la organización, pues continuaré trabajando en ella, fundamentalmente como Miembro Activo colaborador de su Junta Directiva.
Dejo una función que me dio enormes satisfacciones para emprender una nueva etapa profesional cargada de desafíos y grandes perspectivas, pues se me ha adjudicado la responsabilidad de lleva adelante el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, lo que implica para mí un nuevo y excitante proyecto para los años por venir.
Como muchos/as ustedes saben, en 1995 tuve el honor de co-fundar la ADC junto con un grupo de (por entonces) jóvenes abogados y abogadas que querían crear en Argentina una ONG de derechos humanos que se enfocara sobre cuestiones y derechos que cobraron centralidad luego del reestablecimiento de la democracia en 1983. El grupo, convocado por Alejandro Carrió, reunía a viejos amigos y amigas, tales como Roberto de Michele, Martín Bohmer, Marcela Rodríguez, Mirna Goransky, Christian Courtis, Martín Abregú, Carlos Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, entre otros. Pensamos que temas tales como la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la justicia, la lucha contra la discriminación y el ejercicio del derecho a la educación, la salud y otros derechos sociales, sólo por mencionar algunos, formaban parte de una agenda por aquél entonces poco atendida por la sociedad civil organizada de nuestro país. También pensamos que el litigio estratégico o el litigio de interés público debía ser la principal estrategia para avanzar con nuestra agenda. Más tarde, estando yo ya en la Dirección Ejecutiva, descubrimos que esta estrategia, a fin de ser más efectiva, debía combinarse con muchas otras, tales como la producción de informes, la preparación de propuestas para reformas legales o de políticas públicas, mucho trabajo con los medios, la creación de alianzas con actores clave e instituciones en Argentina y en el extranjero, etc. Con el objetivo de crear ese tipo de organización, fundamos en 1995 una institución que intentara llenar ese vacío.
Entre 1995 y 2000, la ADC trabajó principalmente como un estudio de abogados de interés público, llevando a los tribunales casos paradigmáticos con un staff de grandes y comprometidos abogados y abogadas que trabajaban pro-bono y un abogado part-time rentado. Varias resonantes victorias judiciales le dieron a la ADC en aquellos inicios un importante reconocimiento público y prestigio. Sin embargo, algunos creíamos que nuestro impacto en términos de cambio social efectivo, que era el objetivo implícito en nuestro trabajo de litigio, podía incrementarse operando cambios en nuestras metodologías de trabajo.
En 2001, me convertí en el primer Director Ejecutivo de la ADC. Asumí esa responsabilidad después de diseñar un plan de desarrollo institucional de cinco años que fue inicialmente apoyado por la Fundación Ford. Las dos ideas principales que formaban parte de ese plan eran, primero, que se debía establecer una agenda clara y explícita para la organización. En los años previos, había una especie de agenda implícita construida a partir de los casos que llegaban por medio de consultas de personas individuales o de organizaciones, y que se llevaban a tribunales, pero éramos más reactivos que proactivos en relación a los temas por los que abogábamos. En segundo lugar, aunque reconozco la fundamental importancia del litigio de interés público como estrategia clave para el trabajo en derechos humanos, pensé que ella debía combinarse con una amplia gama de estrategias alternativas tales como informes de situación de derechos, propuestas de reformas legales y de políticas públicas, lobby ante las autoridades del gobierno, entrenamiento y educación en derechos a ONGs y periodistas, monitoreo del trabajo de instituciones públicas, etc. En lugar de concebir al litigio como un fin en sí mismo, a veces desconectado de agendas políticas y activistas, entendí que éste debía convertirse en una estrategia más, que, en combinación con otras herramientas, se usara para avanzar con la nueva agenda de la ADC, más definida y refinada.
Desde 2001 pusimos este plan en acción. Tuve muchísima suerte en este proceso al poder conocer gente brillante y apasionada que confió en mí y en la organización: jóvenes profesionales que se sumaron al staff, donantes que apoyaron nuestro trabajo, organizaciones que se convirtieron en nuestras aliadas en Argentina y en el extranjero, y periodistas que creyeron en nuestro mensaje y nos ayudaron a divulgarlo. Todo este trabajo colectivo hizo crecer a la ADC enormemente en los últimos nueve años. Realmente no puedo creer todo lo que hemos logrado hacer desde aquel año de comienzos de siglo cuando éramos sólo tres personas en una pequeña oficina con sólo una línea de teléfono (que usábamos para hacer llamados y también para acceder a internet), una computadora de escritorio y una laptop. Desde entonces, trabajando duro, y definitivamente con la ayuda de muchísima gente, hicimos de la ADC una de las más importantes organizaciones de derechos civiles de la Argentina y de América Latina. En muy resumidas cuentas, este crecimiento se puede percibir a través de los siguientes datos. Hoy, la ADC cuenta con...
• Un equipo de más de 20 profesionales que trabajan en sus oficinas y cerca de otras 20 personas que colaboran con nosotros como consultores de diferente tipo, desde expertos en áreas sustantivas a diseñadores gráficos, comunicadores y artistas, además de muchas otras personas que, luego de formar parte del staff, han contribuido antes de partir tras otras metas durante estos años;
• Una oficina de 250m2 bien equipada con computadoras para cada miembro del staff y toda la tecnología necesaria para cubrir nuestras necesidades;
• Un website institucional que, desde su renovación en 2003, ha tenido más de 1,500,000 visits (alrededor de 22,200 visitas por mes); cinco websites satélite referidos a proyectos específicos y a los que se accede desde el website principal. El website institucional fue completamente renovado en Diciembre de 2008 y los invito a verlo: http: www.adc.org.ar);
• Un presupuesto anual de aproximadamente US$ 550.000 (dependiendo de las donaciones logradas en cada año);
• El generoso apoyo de prestigiosas instituciones tales como la Ford Foundation, el Open Society Institute-Justice Initiative, el Open Society Institute Latin American Program, la Tinker Foundation, la Merck Foundation, los gobiernos del Reino Unido, Holanda y Canadá, el National Endowment for Democracy (USA), el British Council, entre otras.
• Programas llevados adelante por equipos profesionales sobre Libertad de Expresión, Derecho a la Información, Discriminación y Trato Igual, Derechos Sociales (sobre todo en derecho a la salud y a la educación), Reforma de Justicia y Monitoreo de Cortes Supremas (Federal y Estatales), Cárceles y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Un equipo in-house de litigio que trabaja en coordinación con los programas mencionados;
• Un equipo de monitoreo del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales que observa las decisiones que estos órganos toman en relación con los temas de nuestra agenda;
• Una sección in-house de comunicaciones y prensa que genera un promedio de 600 artículos por año referidos a nuestro trabajo, publicados en periódicos y medios electrónicos de todas las provincias de nuestro país y del extranjero (estas son sólo las notas a las que tenemos acceso por internet. No incluye las notas realizadas en radio y televisión);
• Un trabajo sostenido en al menos 12 provincias de Argentina (de un total de 24): Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Formosa, Misiones, y la Ciudad de Buenos Aires, todos lugares en los que la ADC desarrolla proyectos y partnerships con actores locales;
• Alianzas y/o emprendimientos comunes con ONGs de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Mexico, Brazil, El Salvador, Honduras, Guatemala, los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica, Israel, Hungría, Bulgaria, entre otras.
• Un impacto real y efectivo en reformas legales y de políticas públicas tales como el establecimiento de un nuevo procedimiento, más participativo y transparente, para la designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sanción por parte del Gobierno Nacional de un Decreto con un procedimiento para acceder a la información pública basado en nuestras propuestas; el establecimiento del voto nominal obligatorio en ambas Cámaras del Congreso Nacional y regulaciones similares a nivel municipal y provincial; propuestas de regulación de medios públicos para que sean independientes de los gobiernos (públicos pero no gubernamentales); reformas legales que reflejan nuestras propuestas dirigidas a limitar la discreción de los gobiernos al distribuir publicidad oficial entre los medios de comunicación; reformas legales inspiradas en nuestras propuestas sobre acceso a la información; reformas de funcionamiento de nuestro sistema de justicia inspiradas en nuestras propuestas para hacer a los tribunales más independientes del poder político y eficientes, etc.
• Y muchos logros más...
Todo este trabajo ha sido crucial para que la ADC se convierta en una de las ONGs profesionales más reconocidas y respetadas de Argentina y de América Latina, comprometida con los valores de la libertad y la igualdad, sin afiliación partidaria alguna y con la más absoluta independencia.
Como les dije más arriba, a partir de ahora me desempeñaré profesionalmente como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (con sede en Buenos Aires). Esta es una de las Facultades de Derecho en las que he dado clase durante los últimos trece años y donde he dirigido su Programa de Maestrías desde 1997. El desafío es enorme y estoy muy entusiasmado con esta nueva etapa de mi carrera, así como por el hecho de participar de un nuevo proyecto de “institution-building”. Por supuesto, la decisión no ha sido sencilla. Hasta que esta oferta me fuera hecha, yo no tenía planes de dejar mi posición en la ADC en el corto plazo, aunque ya creía que el tiempo de hacer cambios se aproximaba, no sólo en mi narrativa personal, pero también en la vida de la ADC. Estoy convencido de que es bueno para las instituciones refrescar sus liderazgos. Me encontraba disfrutando muchísimo mi tiempo y trabajo en la ADC, al tiempo que me sentía orgulloso y afortunado de trabajar con mis colegas del staff. Sin embargo, después de casi nueve años como Director Ejecutivo, sentí que era tiempo de explorar otros horizontes sin dejar la organización.
Estoy seguro que la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y la ADC harán grandes cosas juntas. Puedo anticipar una gran sinergía entre ambas instituciones. También deseo que ustedes y yo podamos seguir trabajando juntos.
Finalmente, quisiera agradecerles a todas aquellas personas que me dieron su apoyo y calidez en todos estos años. Nombrarlos/as me llevaría páginas enteras. Ellos y ellas saben a quiénes me refiero. Ha sido un verdadero placer hacer el trabajo que me tocó realizar y sin duda fue gracias esas personas, decenas de ellas, que confiaron en mí que yo pude convertir en realidad muchos de mis sueños en la ADC.
Roberto Saba
Un Museo de la Memoria para Perú
El siguiente artículo de Vargas Llosa publicado en El País, de España, y reproducido en Argentina por La Nación, propone un debate sobre la importancia y justificación de Museos de la Memoria en países que sufrieron violaciones masivas de derechos humanos. El debate es aún muy débil en Argentina y podría enriquecerse con discusiones similares en otros países del mundo, como por ejemplo en Perú. Aquí va...
"Perú no necesita museos"
Insólito desplante a la canciller alemana, Angela Merkel
Mario Vargas LLosa
El País
Sábado 21 de marzo de 2009
LIMA.- El autor de esta teoría -que Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales- es el señor Antero Flores Aráoz, ministro de Defensa del gobierno peruano. No se trata de un gorila lleno de entorchados y con sesos de aserrín, sino de un abogado que, como profesional y político, ha hecho una distinguida carrera en el Partido Popular Cristiano, del que se separó hace algún tiempo para representar a Perú como embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura.
Para situar el úcase del ministro en su debido contexto hay que recordar que, entre 1980 y 2000, Perú padeció una guerra revolucionaria desatada por Sendero Luminoso, cuyo salvajismo terrorista provocó una respuesta militar de una desmesura también vertiginosa. Cerca de 70.000 peruanos, la inmensa mayoría de los cuales eran humildes campesinos de los Andes y habitantes de los pueblos más pobres y marginales del país, murieron en ese cataclismo.
Al terminar la dictadura de Alberto Fujimori (a punto de ser condenado en estos días por los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante su régimen), el gobierno democrático nombró una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la magnitud de esta tragedia social. Presidida por un respetado intelectual y filósofo, el doctor Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Comisión elaboró un documentado estudio de esos años sangrientos y un cuidadoso análisis de las causas y consecuencias, y del saldo en vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados, torturas, secuestros, desaparición de personas y de aldeas que dejó la violencia de esos años.
Un vasto sector de opinión pública reconoció el valioso trabajo de la Comisión, pero, como era de esperar, sus conclusiones fueron criticadas y rechazadas por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo. De este modo, estas últimas se curaban en salud de su complicidad con un régimen autoritario que, además de cleptómano y corrompido hasta los tuétanos, detenta un pavoroso prontuario de asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas con el pretexto de la lucha antisubversiva.
La Comisión organizó, con los materiales de su investigación, una de las más conmovedoras exposiciones que se hayan visto jamás en Perú y que todavía se puede visitar, aunque en formato algo reducido, en el Museo de la Nación, en Lima. Llamada Yuyanapak (Para recordar), muestra, en fotos, películas, cuadros sinópticos y testimonios diversos la ferocidad demencial con que los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y, también, comandos de las Fuerzas Especiales y grupos de aniquilamiento -como el tristemente célebre Grupo Colina- sembraron el horror segando decenas de millares de vidas humanas inocentes y la impotencia y desesperación de los sectores más humildes y desamparados del país ante ese vendaval que se abatió sobre ellos, desencadenado por el fanatismo ideológico y el desprecio generalizado por la moral y por la ley.
Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial a Perú, ofreció ayuda de su gobierno para financiar un Museo de la Memoria que, siguiendo las pautas sentadas por Yuyanapak, sería, a la vez, un documento genuino, didáctico y aleccionador sobre los estragos materiales y morales que padeció Perú en los años del terror y un llamado a la reconciliación, a la paz y a la convivencia democrática.
Por razones obvias, Alemania es sensible a estos temas, y no es extraño que un país que ha hecho un admirable esfuerzo para enfrentarse a un pasado atroz con sentido autocrítico y ha conseguido superarlo y es por eso, ahora, una sociedad sólidamente democrática, haya querido apoyar la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fiel a la palabra de la canciller, el gobierno alemán propuso donar dos millones de dólares a Perú para la construcción del Museo de la Memoria, el que cuenta ya, incluso, con un posible terreno, en el Campo de Marte, en torno a una hermosa escultura de Lika Mutal inspirada en ese mismo drama: El ojo que llora . El gobierno peruano, en una actitud lamentable, ha hecho saber que no acepta el donativo alemán. Y el ministro de Defensa ha sido el encargado de justificar semejante de-saire con la teoría resumida en el título de este artículo.
El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países sólo deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery ni el Hermitage, y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar lápices, abecedarios y zapatos. Y el ministro ha refrendado las críticas que ya se habían hecho en el pasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a Yuyanapak: falta de imparcialidad, mantener una abusiva equidistancia entre los terroristas y las fuerzas del orden.
Esas críticas son de una injusticia flagrante. Nadie criticó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA más que yo. Fui candidato aquellos años y dediqué buena parte de mi campaña a denunciar sus crímenes y su locura fanática y a defender la necesidad de combatirlos con la máxima energía, pero dentro de la ley, porque si un gobierno democrático empieza a utilizar los métodos de los terroristas para derrotar al terrorismo, como hizo Fujimori, aquellos, de algún modo, ganan la guerra, aunque parezca que la pierdan. Por eso, hubo dos atentados fallidos contra mi vida, uno en Pucallpa y otro en Lima. Por otra parte, creo haber criticado con la misma constancia las contemporizaciones, cobardías y medias tintas de los intelectuales de izquierda frente al terrorismo. Por todo ello creo poder decir, con total objetividad, sin ser acusado de simpatías extremistas, después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la Comisión, que hay en ellos un esfuerzo sostenido para desenterrar la verdad histórica entre el dédalo de documentos, testimonios, informes, declaraciones y manipulaciones contradictorios que debió cotejar. Sin duda que en esos nueve abultados volúmenes se han deslizados errores. Pero ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido, señalando de manera inequívoca que la primera y mayor responsabilidad de esa monstruosa carnicería la tuvieron los fanáticos senderistas y emerretistas convencidos de que asesinando a mansalva a todos sus opositores traerían al Perú el paraíso socialista.
Los peruanos necesitamos un Museo de la Memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política. Para que lo ocurrido en los años 80 y 90 no se vuelva a repetir. Para aprender de una manera vívida adónde conducen la sinrazón delirante de los ideólogos marxistas y maoístas y, asimismo, los métodos fascistas con que Montesinos y Fujimori los combatieron, convencidos de que todo vale para lograr el objetivo, aunque ello signifique sacrificar a decenas de miles de inocentes.
Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y, sobre todo, de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros.
Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico.
El progreso no significa sólo muchos colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes gobiernan digan o hagan tonterías.
"Perú no necesita museos"
Insólito desplante a la canciller alemana, Angela Merkel
Mario Vargas LLosa
El País
Sábado 21 de marzo de 2009
LIMA.- El autor de esta teoría -que Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales- es el señor Antero Flores Aráoz, ministro de Defensa del gobierno peruano. No se trata de un gorila lleno de entorchados y con sesos de aserrín, sino de un abogado que, como profesional y político, ha hecho una distinguida carrera en el Partido Popular Cristiano, del que se separó hace algún tiempo para representar a Perú como embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura.
Para situar el úcase del ministro en su debido contexto hay que recordar que, entre 1980 y 2000, Perú padeció una guerra revolucionaria desatada por Sendero Luminoso, cuyo salvajismo terrorista provocó una respuesta militar de una desmesura también vertiginosa. Cerca de 70.000 peruanos, la inmensa mayoría de los cuales eran humildes campesinos de los Andes y habitantes de los pueblos más pobres y marginales del país, murieron en ese cataclismo.
Al terminar la dictadura de Alberto Fujimori (a punto de ser condenado en estos días por los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante su régimen), el gobierno democrático nombró una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la magnitud de esta tragedia social. Presidida por un respetado intelectual y filósofo, el doctor Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Comisión elaboró un documentado estudio de esos años sangrientos y un cuidadoso análisis de las causas y consecuencias, y del saldo en vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados, torturas, secuestros, desaparición de personas y de aldeas que dejó la violencia de esos años.
Un vasto sector de opinión pública reconoció el valioso trabajo de la Comisión, pero, como era de esperar, sus conclusiones fueron criticadas y rechazadas por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo. De este modo, estas últimas se curaban en salud de su complicidad con un régimen autoritario que, además de cleptómano y corrompido hasta los tuétanos, detenta un pavoroso prontuario de asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas con el pretexto de la lucha antisubversiva.
La Comisión organizó, con los materiales de su investigación, una de las más conmovedoras exposiciones que se hayan visto jamás en Perú y que todavía se puede visitar, aunque en formato algo reducido, en el Museo de la Nación, en Lima. Llamada Yuyanapak (Para recordar), muestra, en fotos, películas, cuadros sinópticos y testimonios diversos la ferocidad demencial con que los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y, también, comandos de las Fuerzas Especiales y grupos de aniquilamiento -como el tristemente célebre Grupo Colina- sembraron el horror segando decenas de millares de vidas humanas inocentes y la impotencia y desesperación de los sectores más humildes y desamparados del país ante ese vendaval que se abatió sobre ellos, desencadenado por el fanatismo ideológico y el desprecio generalizado por la moral y por la ley.
Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial a Perú, ofreció ayuda de su gobierno para financiar un Museo de la Memoria que, siguiendo las pautas sentadas por Yuyanapak, sería, a la vez, un documento genuino, didáctico y aleccionador sobre los estragos materiales y morales que padeció Perú en los años del terror y un llamado a la reconciliación, a la paz y a la convivencia democrática.
Por razones obvias, Alemania es sensible a estos temas, y no es extraño que un país que ha hecho un admirable esfuerzo para enfrentarse a un pasado atroz con sentido autocrítico y ha conseguido superarlo y es por eso, ahora, una sociedad sólidamente democrática, haya querido apoyar la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fiel a la palabra de la canciller, el gobierno alemán propuso donar dos millones de dólares a Perú para la construcción del Museo de la Memoria, el que cuenta ya, incluso, con un posible terreno, en el Campo de Marte, en torno a una hermosa escultura de Lika Mutal inspirada en ese mismo drama: El ojo que llora . El gobierno peruano, en una actitud lamentable, ha hecho saber que no acepta el donativo alemán. Y el ministro de Defensa ha sido el encargado de justificar semejante de-saire con la teoría resumida en el título de este artículo.
El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países sólo deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery ni el Hermitage, y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar lápices, abecedarios y zapatos. Y el ministro ha refrendado las críticas que ya se habían hecho en el pasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a Yuyanapak: falta de imparcialidad, mantener una abusiva equidistancia entre los terroristas y las fuerzas del orden.
Esas críticas son de una injusticia flagrante. Nadie criticó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA más que yo. Fui candidato aquellos años y dediqué buena parte de mi campaña a denunciar sus crímenes y su locura fanática y a defender la necesidad de combatirlos con la máxima energía, pero dentro de la ley, porque si un gobierno democrático empieza a utilizar los métodos de los terroristas para derrotar al terrorismo, como hizo Fujimori, aquellos, de algún modo, ganan la guerra, aunque parezca que la pierdan. Por eso, hubo dos atentados fallidos contra mi vida, uno en Pucallpa y otro en Lima. Por otra parte, creo haber criticado con la misma constancia las contemporizaciones, cobardías y medias tintas de los intelectuales de izquierda frente al terrorismo. Por todo ello creo poder decir, con total objetividad, sin ser acusado de simpatías extremistas, después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la Comisión, que hay en ellos un esfuerzo sostenido para desenterrar la verdad histórica entre el dédalo de documentos, testimonios, informes, declaraciones y manipulaciones contradictorios que debió cotejar. Sin duda que en esos nueve abultados volúmenes se han deslizados errores. Pero ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido, señalando de manera inequívoca que la primera y mayor responsabilidad de esa monstruosa carnicería la tuvieron los fanáticos senderistas y emerretistas convencidos de que asesinando a mansalva a todos sus opositores traerían al Perú el paraíso socialista.
Los peruanos necesitamos un Museo de la Memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política. Para que lo ocurrido en los años 80 y 90 no se vuelva a repetir. Para aprender de una manera vívida adónde conducen la sinrazón delirante de los ideólogos marxistas y maoístas y, asimismo, los métodos fascistas con que Montesinos y Fujimori los combatieron, convencidos de que todo vale para lograr el objetivo, aunque ello signifique sacrificar a decenas de miles de inocentes.
Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y, sobre todo, de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros.
Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico.
El progreso no significa sólo muchos colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes gobiernan digan o hagan tonterías.
Elecciones en El Salvador y la Agenda de Género
Aunque es un poco extemporáneo, me pareció que podría interesarles este post de Emelina Alonso en Puras Mujeres:
Elecciones en El Salvador: y la mujer dónde queda en todo esto?
15.03.09
En una visita reciente a las tierras salvadoreñas, pude ver que la seguridad jurídica para el sector privado, la delincuencia, la pobreza, educación y también la salud son tema. Incluso la liberal transparencia parece haberse impuesto un pequeño espacio en la agenda pública de los candidatos presidenciales de izquierda y derecha que hoy dirimen quien se queda con el ejercicio de gobierno. Sin embargo, sobre la mujer, ni novedades. A la mirada de género sobre esos temas o, a la consideración del espacio de la mujer, no se los ve muy a menudo: medios, sociedad y políticos tienen la cabeza en otra cosa. El lógico corolario: los candidatos presidenciables casi no los consideran.
Sí, es cierto. La propuesta electoral de Funes le dedica una carilla entera –de ciento y tantas otras- a su política de equidad de género… pero alguien lo ha escuchado decir algo en sus discursos? y si lo ha hecho, a sus ex-colegas parece que no les interesa cubrirlo. Y el candidato Ávila? pues nada se supo sobre si él tiene alguna idea sobre esto. Quizás sólo no supo como ponerlo en palabras…
Ojo, ni siquiera se busca reclamar aquí la falta de una candidata mujer. Además, debe reconocerse que la actual experiencia en Latinoamérica nos pone lejos de poder hacer tales reclamos. Aún cuando en Chile y Argentina tenemos presidentas mujeres, sus congéneres poco han mejorado su situación. En ambos países queda largo por recorrer para evitar la cantidad de mujeres que son violentadas –cuando no les toca morir, claro- tanto por abortos clandestinos, abusos físicos en el espacio de trabajo o en sus relaciones intrafamiliares o maltrato en las instituciones públicas de salud. Y la verdad es que, realmente, nuestras presidentas mujeres poco han cambiado esta situación en lo que va de sus mandatos. Sin ir más lejos, acaba de morirse una mujer joven en la provincia de Mendoza como consecuencia de un aborto clandestino.
Ahora, cuanto menos, Argentina y Chile no escapan del mínimo de la discusión. El movimiento de mujeres junto con ONGs, Universidades y algunos/as escasos/as periodistas con visión de género, han logrado poner en el debate público algún que otro tema de salud sexual y reproductiva, erradicación de la trata o la necesidad de contar con información sobre casos de violencia para mejorar las políticas gubernamentales de cara a este problema. El Salvador parece estar lejos de eso. Nada pareciera pasar. Al menos, nada se oye. Ojalá el candidato que gane, de izquierda o derecha, se acuerde cuando menos que todos esos temas que sí están en agenda, afectan particularmente, nada menos que a las mujeres de El Salvador.
Elecciones en El Salvador: y la mujer dónde queda en todo esto?
15.03.09
En una visita reciente a las tierras salvadoreñas, pude ver que la seguridad jurídica para el sector privado, la delincuencia, la pobreza, educación y también la salud son tema. Incluso la liberal transparencia parece haberse impuesto un pequeño espacio en la agenda pública de los candidatos presidenciales de izquierda y derecha que hoy dirimen quien se queda con el ejercicio de gobierno. Sin embargo, sobre la mujer, ni novedades. A la mirada de género sobre esos temas o, a la consideración del espacio de la mujer, no se los ve muy a menudo: medios, sociedad y políticos tienen la cabeza en otra cosa. El lógico corolario: los candidatos presidenciables casi no los consideran.
Sí, es cierto. La propuesta electoral de Funes le dedica una carilla entera –de ciento y tantas otras- a su política de equidad de género… pero alguien lo ha escuchado decir algo en sus discursos? y si lo ha hecho, a sus ex-colegas parece que no les interesa cubrirlo. Y el candidato Ávila? pues nada se supo sobre si él tiene alguna idea sobre esto. Quizás sólo no supo como ponerlo en palabras…
Ojo, ni siquiera se busca reclamar aquí la falta de una candidata mujer. Además, debe reconocerse que la actual experiencia en Latinoamérica nos pone lejos de poder hacer tales reclamos. Aún cuando en Chile y Argentina tenemos presidentas mujeres, sus congéneres poco han mejorado su situación. En ambos países queda largo por recorrer para evitar la cantidad de mujeres que son violentadas –cuando no les toca morir, claro- tanto por abortos clandestinos, abusos físicos en el espacio de trabajo o en sus relaciones intrafamiliares o maltrato en las instituciones públicas de salud. Y la verdad es que, realmente, nuestras presidentas mujeres poco han cambiado esta situación en lo que va de sus mandatos. Sin ir más lejos, acaba de morirse una mujer joven en la provincia de Mendoza como consecuencia de un aborto clandestino.
Ahora, cuanto menos, Argentina y Chile no escapan del mínimo de la discusión. El movimiento de mujeres junto con ONGs, Universidades y algunos/as escasos/as periodistas con visión de género, han logrado poner en el debate público algún que otro tema de salud sexual y reproductiva, erradicación de la trata o la necesidad de contar con información sobre casos de violencia para mejorar las políticas gubernamentales de cara a este problema. El Salvador parece estar lejos de eso. Nada pareciera pasar. Al menos, nada se oye. Ojalá el candidato que gane, de izquierda o derecha, se acuerde cuando menos que todos esos temas que sí están en agenda, afectan particularmente, nada menos que a las mujeres de El Salvador.
jueves, 19 de marzo de 2009
Owen Fiss y el Proyecto del Gobierno sobre Radiodifusión
La Presidenta Cristina Kirchner presentó ayer la propuesta de Proyecto de Ley de Radiodifusión. Mariotto argumentó en el acto que el proyecto se nutría, entre otras fuentes, claro, en las ideas de Owen Fiss. Vean el último párrafo...
PAGINA 12
19 de marzo de 2009
“Que cada uno aprenda a pensar por sí mismo”
En un acto en el Teatro Argentino de La Plata, Cristina Kirchner lanzó el proyecto oficial para reemplazar la actual Ley de Radiodifusión. Antes de ingresarla en el Congreso, quieren que se discuta en los barrios y en el interior.
Por Martín Piqué
La metáfora la eligió la propia Presidenta. Dijo que el tema que había convocado a toda la gente que desbordó el Teatro Argentino de La Plata era una “deuda histórica de la democracia”. Pero no sólo era una deuda de todos los partidos tras la recuperación de las instituciones, en 1983. El reemplazo del decreto-ley 22.285/80, que regula la actividad de los medios, y fue impuesto por la dictadura, se había convertido en los últimos tiempos en una de las preocupaciones centrales de la Presidenta. Hace quince días, en la apertura de las sesiones ordinarias, la mandataria había insistido con su promesa de impulsar una nueva ley de Radiodifusión. Ayer comenzó a honrar su compromiso. “Espero que el resultado de esta ley sea que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y no como le marca una radio o un canal”, dijo CFK. Luego aseguró que el proyecto será debatido en todo el país antes de llegar al Congreso, sin excluir a ningún sector. “Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos.”
La presentación del proyecto de ley de Radiodifusión del oficialismo había despertado mucha expectativa en todos los actores involucrados en el mundo de la comunicación. Desde el mundo académico hasta las empresas, pasando por ONG y entidades sin fines de lucro, sin obviar a buena parte de la actividad cinematográfica, como también la dirigencia política, todos esperaban con interés el acto programado para ayer en el inmenso teatro platense de la calle 51. El dato –¿curioso?– fue que hasta último momento varios canales y radios privadas no tenían asignado a ningún cronista para cubrir el acto. “A los que ocupamos cargos altos es más difícil ocultarnos, aunque quieran, pero sí lo hacen con los otros, con los invisibles, los que solamente aparecen en una tragedia”, cuestionó CFK. En la presentación del proyecto no podía faltar una crítica a los medios y su influencia en la fijación de la agenda.
El acto comenzó con unas palabras del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien combinó la defensa de la iniciativa con un discurso cauto que incluyó algunas palabras amigables hacia el sector privado de la comunicación. “Este proyecto va más allá de un proyecto de ley, pretende ser una política de Estado. Y una política tan sensible debe tener una doble legitimación: abriendo el debate a la sociedad civil, y abriéndola a la industria para que tenga la participación necesaria”, dijo. Entonces llegó el turno del redactor del proyecto de ley de Radiodifusión, bautizado por el Gobierno como “Propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se trataba del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Su rol en este caso le fue reconocido por la Presidenta, que le agradeció y lo llamó varias veces por su nombre de pila.
Mientras la Presidenta lo miraba desde el centro del escenario, Mariotto comenzó su discurso a la usanza de Hugo Chávez. Así como el venezolano solía blandir por el aire un pequeño ejemplar de la Constitución bolivariana, Mariotto mostró desde el atril uno de los libros de tapa azul que el Ejecutivo hizo imprimir para difundir las 147 páginas del proyecto. “¿Por qué en 25 años esta ley no se pudo tratar?”, se preguntó en voz alta el interventor del Comfer. Mariotto se asumió como exponente de una generación, la que ingresó en las carreras de Comunicación con el retorno de la democracia. “La historia no empieza cuando uno llega. Hoy acá hay 25 años de antecedentes, de aportes de muchos que lucharon por esto”, dijo y enseguida le rindió un homenaje a la fallecida profesora universitaria Margarita Graziano, por muchos años titular de la cátedra Políticas y Planificación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Mariotto también recordó al ex senador radical Ricardo Lafferriere, el primer legislador que intentó promover una nueva ley de Radiodifusión tras el retorno de la democracia. “Fue víctima de un silenciamiento general y su cabeza fue puesta en una pica”, aseguró. El discurso del interventor del Comfer siguió con la primera definición fuerte, que despertó una ovación en las gradas del teatro. Tras subrayar que el Estado debía garantizar la libertad de expresión y no cercenar las opiniones de nadie (comentó que en el Comfer todavía hay una disposición, heredada de la dictadura, que establece una lista de canciones prohibidas para pasar por radio), Mariotto advirtió que bajo el principio de libertad de expresión muchas veces se ampara el monopolio y la concentración mediática. “Tampoco es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto”, aseguró.
Tanto el interventor del Comfer como la propia Presidenta justificaron sus posiciones valiéndose de la jurisprudencia y la legislación vigentes en los países desarrollados. Mariotto incluso llegó a citar al constitucionalista estadounidense Owen Fiss, catedrático de la Universidad de Yale y autor del libro La ironía de la libertad de expresión. La mandataria también subrayó que el proyecto de ley justificaba cada artículo con notas al pie que mencionaban legislación comparada de Europa y Estados Unidos. “Se trata de un proyecto de ley anotado. Al pie hay una nota donde se explica el origen de cada artículo. Es un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad y una profundidad que van a permitir debatir con todos”, afirmó la Presidenta. La apelación al derecho comparado explicaba la presencia en el acto del embajador Earl Anthony Wayne. El diplomático había sido invitado en su calidad de representante de uno de los países más avanzados en la regulación antimonopólica en materia comunicacional.
PAGINA 12
19 de marzo de 2009
“Que cada uno aprenda a pensar por sí mismo”
En un acto en el Teatro Argentino de La Plata, Cristina Kirchner lanzó el proyecto oficial para reemplazar la actual Ley de Radiodifusión. Antes de ingresarla en el Congreso, quieren que se discuta en los barrios y en el interior.
Por Martín Piqué
La metáfora la eligió la propia Presidenta. Dijo que el tema que había convocado a toda la gente que desbordó el Teatro Argentino de La Plata era una “deuda histórica de la democracia”. Pero no sólo era una deuda de todos los partidos tras la recuperación de las instituciones, en 1983. El reemplazo del decreto-ley 22.285/80, que regula la actividad de los medios, y fue impuesto por la dictadura, se había convertido en los últimos tiempos en una de las preocupaciones centrales de la Presidenta. Hace quince días, en la apertura de las sesiones ordinarias, la mandataria había insistido con su promesa de impulsar una nueva ley de Radiodifusión. Ayer comenzó a honrar su compromiso. “Espero que el resultado de esta ley sea que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y no como le marca una radio o un canal”, dijo CFK. Luego aseguró que el proyecto será debatido en todo el país antes de llegar al Congreso, sin excluir a ningún sector. “Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos.”
La presentación del proyecto de ley de Radiodifusión del oficialismo había despertado mucha expectativa en todos los actores involucrados en el mundo de la comunicación. Desde el mundo académico hasta las empresas, pasando por ONG y entidades sin fines de lucro, sin obviar a buena parte de la actividad cinematográfica, como también la dirigencia política, todos esperaban con interés el acto programado para ayer en el inmenso teatro platense de la calle 51. El dato –¿curioso?– fue que hasta último momento varios canales y radios privadas no tenían asignado a ningún cronista para cubrir el acto. “A los que ocupamos cargos altos es más difícil ocultarnos, aunque quieran, pero sí lo hacen con los otros, con los invisibles, los que solamente aparecen en una tragedia”, cuestionó CFK. En la presentación del proyecto no podía faltar una crítica a los medios y su influencia en la fijación de la agenda.
El acto comenzó con unas palabras del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien combinó la defensa de la iniciativa con un discurso cauto que incluyó algunas palabras amigables hacia el sector privado de la comunicación. “Este proyecto va más allá de un proyecto de ley, pretende ser una política de Estado. Y una política tan sensible debe tener una doble legitimación: abriendo el debate a la sociedad civil, y abriéndola a la industria para que tenga la participación necesaria”, dijo. Entonces llegó el turno del redactor del proyecto de ley de Radiodifusión, bautizado por el Gobierno como “Propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se trataba del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Su rol en este caso le fue reconocido por la Presidenta, que le agradeció y lo llamó varias veces por su nombre de pila.
Mientras la Presidenta lo miraba desde el centro del escenario, Mariotto comenzó su discurso a la usanza de Hugo Chávez. Así como el venezolano solía blandir por el aire un pequeño ejemplar de la Constitución bolivariana, Mariotto mostró desde el atril uno de los libros de tapa azul que el Ejecutivo hizo imprimir para difundir las 147 páginas del proyecto. “¿Por qué en 25 años esta ley no se pudo tratar?”, se preguntó en voz alta el interventor del Comfer. Mariotto se asumió como exponente de una generación, la que ingresó en las carreras de Comunicación con el retorno de la democracia. “La historia no empieza cuando uno llega. Hoy acá hay 25 años de antecedentes, de aportes de muchos que lucharon por esto”, dijo y enseguida le rindió un homenaje a la fallecida profesora universitaria Margarita Graziano, por muchos años titular de la cátedra Políticas y Planificación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Mariotto también recordó al ex senador radical Ricardo Lafferriere, el primer legislador que intentó promover una nueva ley de Radiodifusión tras el retorno de la democracia. “Fue víctima de un silenciamiento general y su cabeza fue puesta en una pica”, aseguró. El discurso del interventor del Comfer siguió con la primera definición fuerte, que despertó una ovación en las gradas del teatro. Tras subrayar que el Estado debía garantizar la libertad de expresión y no cercenar las opiniones de nadie (comentó que en el Comfer todavía hay una disposición, heredada de la dictadura, que establece una lista de canciones prohibidas para pasar por radio), Mariotto advirtió que bajo el principio de libertad de expresión muchas veces se ampara el monopolio y la concentración mediática. “Tampoco es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto”, aseguró.
Tanto el interventor del Comfer como la propia Presidenta justificaron sus posiciones valiéndose de la jurisprudencia y la legislación vigentes en los países desarrollados. Mariotto incluso llegó a citar al constitucionalista estadounidense Owen Fiss, catedrático de la Universidad de Yale y autor del libro La ironía de la libertad de expresión. La mandataria también subrayó que el proyecto de ley justificaba cada artículo con notas al pie que mencionaban legislación comparada de Europa y Estados Unidos. “Se trata de un proyecto de ley anotado. Al pie hay una nota donde se explica el origen de cada artículo. Es un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad y una profundidad que van a permitir debatir con todos”, afirmó la Presidenta. La apelación al derecho comparado explicaba la presencia en el acto del embajador Earl Anthony Wayne. El diplomático había sido invitado en su calidad de representante de uno de los países más avanzados en la regulación antimonopólica en materia comunicacional.
miércoles, 18 de marzo de 2009
Cambio de fecha electoral
Me llego por mail este proyecto de ley que es el que entiendo se esta debatiendo. No se si es el definitivo, pero igual lo posteo porque creo que es importante conocerlo...
Artículo 1º: Fíjase, por única vez y con carácter excepcional, en virtud de la profanidad y extensión de la crisis económica internacional, el día 28 de junio de 2009, como fecha para las elecciones de diputados nacionales para el periodo 2009-2013 y, en los distritos que corresponda, para las elecciones de senadores de la nación para el periodo 2009-2015.
Articulo 2º: El Poder Ejecutivo Nacional efectuará la convocatoria al electorado de la Nación Argentina para que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a elegir diputados y senadores nacionales según corresponda a cada distrito con arreglo al artículo 54 del Código Electoral Nacional, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983), sus modificatorias y conforme esta ley.
Artículo 3º: Las elecciones de diputados y senadores nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema electoral establecido en el Título VII, Capítulos II y III del Código Electoral Nacional aprobado por la ley Nº 19.945 (texto ordenado por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983), sus modificatorias y esta ley, conforme al cronograma que, como Anexo I, forma parte de la presente. A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios en la fecha establecida.
Artículo 4º: Invítase a las provincias cuyas constituciones lo permitan, a la convocatoria de elecciones provinciales simultaneas con las nacionales, a los fines del acortamiento de las campañas y de la distinción de los costos respectivos.
Artículo 5º: Suspéndese, por única vez, lo dispuesto en el artículo 53 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, para la elección de diputados y senadores nacionales a celebrarse el 28 de junio de 2009.
Artículo 6º: Suspendase, por esta única vez, la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley Nº 193945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido en el cronograma del Anexo I.
Artículo 7º: La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 8: Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 1º: Fíjase, por única vez y con carácter excepcional, en virtud de la profanidad y extensión de la crisis económica internacional, el día 28 de junio de 2009, como fecha para las elecciones de diputados nacionales para el periodo 2009-2013 y, en los distritos que corresponda, para las elecciones de senadores de la nación para el periodo 2009-2015.
Articulo 2º: El Poder Ejecutivo Nacional efectuará la convocatoria al electorado de la Nación Argentina para que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a elegir diputados y senadores nacionales según corresponda a cada distrito con arreglo al artículo 54 del Código Electoral Nacional, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983), sus modificatorias y conforme esta ley.
Artículo 3º: Las elecciones de diputados y senadores nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema electoral establecido en el Título VII, Capítulos II y III del Código Electoral Nacional aprobado por la ley Nº 19.945 (texto ordenado por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983), sus modificatorias y esta ley, conforme al cronograma que, como Anexo I, forma parte de la presente. A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios en la fecha establecida.
Artículo 4º: Invítase a las provincias cuyas constituciones lo permitan, a la convocatoria de elecciones provinciales simultaneas con las nacionales, a los fines del acortamiento de las campañas y de la distinción de los costos respectivos.
Artículo 5º: Suspéndese, por única vez, lo dispuesto en el artículo 53 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, para la elección de diputados y senadores nacionales a celebrarse el 28 de junio de 2009.
Artículo 6º: Suspendase, por esta única vez, la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley Nº 193945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido en el cronograma del Anexo I.
Artículo 7º: La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 8: Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Barra y su curriculum parcial...
El diario La Nación publicó hoy un artículo del Sr. Rodolfo Barra sobre los derechos de las personas por nacer. El contenido del artículo, por supuesto, da para una respuesta crítica que lamentablemente no puedo escribir por razones de tiempo. Sin embargo, me resulta indignante la referencia en la firma del artículo a su pasado como ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como "representativa" de su identidad como autor del artículo. Como esa referencia me parecía incompleta, busqué en los archivos digitales los motivos por los que el Sr. Barra se convirtió en un "ex" MInistro de la Corte. Acá va el artículo publicado por Clarín en 1996 al respecto:
Clarín
11 de julio de 1996
http://www.clarin.com/diario/96/07/11/barrabar.htm
Barra renunció tras las denuncias sobre su pasado de ultraderecha
El presidente Menem forzó su desplazamiento · Barra había negado las acusaciones por sus antecedentes antisemitas · Pero no fue suficiente · Organizaciones judías habían convocado a una marcha el lunes, para pedir su renuncia
El ministro de Justicia, Rodolfo Barra, tuvo que presentar anoche su renuncia debilitado por las revelaciones sobre su militancia juvenil en una organización de extrema derecha y antisemita. Fuentes oficiales confirmaron anoche a Clarín que la presión de la colectividad judía influyó sobre el presidente Carlos Menem para forzar la renuncia del ministro. La decisión de Menem de desprenderse de Barra se produjo a sólo cuatro días de su viaje a los Estados Unidos, donde espera reunirse con su colega Bill Clinton. En ese país, las organizaciones de la colectividad judía tienen un peso significativo en el mundo de la política, la economía y las finanzas.
El secretario de Prensa y Difusión, Raúl Delgado, anunció anoche en la Casa Rosada que el reemplazante de Barra será Elías Jassán, secretario de Justicia y virtual viceministro desde 1992. Jassán es un abogado riojano y en la interna oficial es considerado un ultramenemista.
Barra hizo pie en el Gobierno a partir de la asunción del presidente Menem, en julio de 1989. Fue viceministro de Obras Públicas y del Interior, miembro de la Corte Suprema de Justicia y en junio de 1994 asumió como ministro de Justicia en remplazo de Jorge Maiorano.
Fue el autor de los proyectos de “ley mordaza", que intentaron limitar la actividad de la prensa, y en los últimos tiempos mantuvo una pelea fragorosa con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, al propiciar una iniciativa para facilitar el pago de juicios contra el Estado.
En realidad, Barra siempre pareció un fiel intérprete de las decisiones del presidente Menem y su papel fue encontrar argumentos jurídicos para respaldarlas.
El pasado lo condena
La pulseada contra Cavallo lo debilitó, pero el golpe de gracia a su estabilidad política fue la sucesión de revelaciones periodísticas sobre su pasado militante durante la década del 60 en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), uno de los brazos del grupo ultranacionalista Tacuara.
Ante las primeras revelaciones de la revista Noticias, el ahora ex ministro admitió esa pertenencia y ensayó una tibia justificación basada en su ingenuidad juvenil, que no satisfizo a la colectividad judía y a amplios sectores de la opinión pública.
Barra también admitió que había trabajado junto al autoproclamado fascista Alberto Ottalagano, durante la intervención a la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Isabel Perón.
El domingo, el diario Página 12 publicó que Barra habrá participado en 1965 en un atentado a una sinagoga, hecho por el que habría sido detenido. También, que junto a miembros de su familia tenía acciones en un conocido albergue transitorio de la Recoleta. Un día después, Barra desmintió esa información.
Por todos estos motivos, ayer, antes que se conociera la renuncia de Barra, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió una audiencia urgente al presidente Menem para plantear su inquietud por ese tema y por el clima político, al que calificó de “enrarecido".
Una marcha de repudio
El pedido de la DAIA se produjo en medio de una fuerte ofensiva de algunas congregaciones judías contra Barra. Por ejemplo, los rabinos que lideran la comunidad BetEl y la entidad Memoria Activa convocaron a una marcha a la Plaza de Mayo “a realizarse el lunes" para pedir la renuncia de Barra.
Rubén Beraja, titular de la DAIA, explicó a Clarín que la reunión con Menem intentaría ser un “aporte constructivo" de la entidad judía a la situación política actual.
Ante las protestas de la colectividad judía, Barra se reunió la semana pasada con la DAIA y pidió comprensión y disculpas por las actividades políticas que desarrolló décadas atrás, remarcando su posterior lucha en favor del estado de derecho.
Pese a que la DAIA aceptó por entonces las explicaciones del ministro, Beraja aclaró ayer que “no extendimos ningún certificado ni exculpamos a nadie".
La aclaración de Beraja vino a cuento de las críticas de algunos sectores de la colectividad judía a la DAIA por la postura asumida.
A propósito de la supuesta participación de Barra en el ataque a una sinagoga, Beraja admitió a Clarín que la DAIA está tratando de reunir pruebas que corroboren si ese suceso existió. “No podemos basarnos en supuestos", indicó el titular de la entidad madre de todas las asociaciones judías en nuestro país.
Pero no todos tienen la misma opinión: “La influyente organización Bnai Brith consideró anoche que nazismo y democracia no son compatibles.” El Centro Simón Wiesenthal exigió al Gobierno una investigación “rápida y transparente" sobre el pasado del funcionario. Esta crítica se relaciona, en alguna medida, con el viaje del Presidente a los Estados Unidos. El titular del Centro Simón Wiesenthal en Buenos Aires, Sergio Widder, reveló que un congresista republicano, James Fort, “está interesado en el tema e inició investigaciones en el Departamento de Estado y en la Embajada argentina" sobre el pasado de Barra.
“El rabino Daniel Goldman, de BetEl (la sinagoga más importante), sostuvo que “con su pasado nazi" Barra no puede ser ministro. Goldman prefirió no opinar de la actitud de la DAIA y dijo que no es malo que haya disidencias.
Clarín
11 de julio de 1996
http://www.clarin.com/diario/96/07/11/barrabar.htm
Barra renunció tras las denuncias sobre su pasado de ultraderecha
El presidente Menem forzó su desplazamiento · Barra había negado las acusaciones por sus antecedentes antisemitas · Pero no fue suficiente · Organizaciones judías habían convocado a una marcha el lunes, para pedir su renuncia
El ministro de Justicia, Rodolfo Barra, tuvo que presentar anoche su renuncia debilitado por las revelaciones sobre su militancia juvenil en una organización de extrema derecha y antisemita. Fuentes oficiales confirmaron anoche a Clarín que la presión de la colectividad judía influyó sobre el presidente Carlos Menem para forzar la renuncia del ministro. La decisión de Menem de desprenderse de Barra se produjo a sólo cuatro días de su viaje a los Estados Unidos, donde espera reunirse con su colega Bill Clinton. En ese país, las organizaciones de la colectividad judía tienen un peso significativo en el mundo de la política, la economía y las finanzas.
El secretario de Prensa y Difusión, Raúl Delgado, anunció anoche en la Casa Rosada que el reemplazante de Barra será Elías Jassán, secretario de Justicia y virtual viceministro desde 1992. Jassán es un abogado riojano y en la interna oficial es considerado un ultramenemista.
Barra hizo pie en el Gobierno a partir de la asunción del presidente Menem, en julio de 1989. Fue viceministro de Obras Públicas y del Interior, miembro de la Corte Suprema de Justicia y en junio de 1994 asumió como ministro de Justicia en remplazo de Jorge Maiorano.
Fue el autor de los proyectos de “ley mordaza", que intentaron limitar la actividad de la prensa, y en los últimos tiempos mantuvo una pelea fragorosa con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, al propiciar una iniciativa para facilitar el pago de juicios contra el Estado.
En realidad, Barra siempre pareció un fiel intérprete de las decisiones del presidente Menem y su papel fue encontrar argumentos jurídicos para respaldarlas.
El pasado lo condena
La pulseada contra Cavallo lo debilitó, pero el golpe de gracia a su estabilidad política fue la sucesión de revelaciones periodísticas sobre su pasado militante durante la década del 60 en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), uno de los brazos del grupo ultranacionalista Tacuara.
Ante las primeras revelaciones de la revista Noticias, el ahora ex ministro admitió esa pertenencia y ensayó una tibia justificación basada en su ingenuidad juvenil, que no satisfizo a la colectividad judía y a amplios sectores de la opinión pública.
Barra también admitió que había trabajado junto al autoproclamado fascista Alberto Ottalagano, durante la intervención a la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Isabel Perón.
El domingo, el diario Página 12 publicó que Barra habrá participado en 1965 en un atentado a una sinagoga, hecho por el que habría sido detenido. También, que junto a miembros de su familia tenía acciones en un conocido albergue transitorio de la Recoleta. Un día después, Barra desmintió esa información.
Por todos estos motivos, ayer, antes que se conociera la renuncia de Barra, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió una audiencia urgente al presidente Menem para plantear su inquietud por ese tema y por el clima político, al que calificó de “enrarecido".
Una marcha de repudio
El pedido de la DAIA se produjo en medio de una fuerte ofensiva de algunas congregaciones judías contra Barra. Por ejemplo, los rabinos que lideran la comunidad BetEl y la entidad Memoria Activa convocaron a una marcha a la Plaza de Mayo “a realizarse el lunes" para pedir la renuncia de Barra.
Rubén Beraja, titular de la DAIA, explicó a Clarín que la reunión con Menem intentaría ser un “aporte constructivo" de la entidad judía a la situación política actual.
Ante las protestas de la colectividad judía, Barra se reunió la semana pasada con la DAIA y pidió comprensión y disculpas por las actividades políticas que desarrolló décadas atrás, remarcando su posterior lucha en favor del estado de derecho.
Pese a que la DAIA aceptó por entonces las explicaciones del ministro, Beraja aclaró ayer que “no extendimos ningún certificado ni exculpamos a nadie".
La aclaración de Beraja vino a cuento de las críticas de algunos sectores de la colectividad judía a la DAIA por la postura asumida.
A propósito de la supuesta participación de Barra en el ataque a una sinagoga, Beraja admitió a Clarín que la DAIA está tratando de reunir pruebas que corroboren si ese suceso existió. “No podemos basarnos en supuestos", indicó el titular de la entidad madre de todas las asociaciones judías en nuestro país.
Pero no todos tienen la misma opinión: “La influyente organización Bnai Brith consideró anoche que nazismo y democracia no son compatibles.” El Centro Simón Wiesenthal exigió al Gobierno una investigación “rápida y transparente" sobre el pasado del funcionario. Esta crítica se relaciona, en alguna medida, con el viaje del Presidente a los Estados Unidos. El titular del Centro Simón Wiesenthal en Buenos Aires, Sergio Widder, reveló que un congresista republicano, James Fort, “está interesado en el tema e inició investigaciones en el Departamento de Estado y en la Embajada argentina" sobre el pasado de Barra.
“El rabino Daniel Goldman, de BetEl (la sinagoga más importante), sostuvo que “con su pasado nazi" Barra no puede ser ministro. Goldman prefirió no opinar de la actitud de la DAIA y dijo que no es malo que haya disidencias.
lunes, 16 de marzo de 2009
Luis Moreno Ocampo y la dificultad contramayoritaria...
De hoy, en una entrevista en el Diario La Nacion, de Buenos Aires, en referencia al pedido de arresto de Al Bashir y la oposicion de algunos paises a esa decision. La respuesta da para un paper...:
Periodista: Hay actores muy fuertes a nivel político que están en contra. ¿Quién apoya a la Corte?
Luis Moreno Ocampo: Somos la ley. Por lo tanto, no necesitamos el apoyo de alguien. Guste o no guste, la ley se va a aplicar; esto es lo interesante de lo que estamos haciendo. Es una forma innovadora de resolver problemas internacionales: aplicando la ley. La ley no exige hinchadas ni personas que estén a favor; simplemente, se va a cumplir. La Corte no se va a ir; la Corte va a seguir existiendo y la orden de arresto también.
domingo, 15 de marzo de 2009
Desigualdad en el Acceso a la Educación
Excelente informe de la ADC... Felicitaciones a su equipo de Derecho a la Educación!
Este informe expone los resultados de una investigación desarrollada por la ADC durante el año 2007 y actualizada durante parte de 2008, que tuvo como principal objetivo analizar la situación, características y magnitud de la desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires.
Fecha de publicación: 24/02/2009
Tipo de archivo: PDF | Peso: 1110 KB
Descargar archivo
Este informe expone los resultados de una investigación desarrollada por la ADC durante el año 2007 y actualizada durante parte de 2008, que tuvo como principal objetivo analizar la situación, características y magnitud de la desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires.
Fecha de publicación: 24/02/2009
Tipo de archivo: PDF | Peso: 1110 KB
Descargar archivo
sábado, 14 de marzo de 2009
Medios y Libertad de Expresion: Una agenda de reforma
Media and Governance: A Reform Agenda in Latin America and the Caribbean
By Inter-American Dialogue
February 1, 2009
Recomendado...
En este informe se publicó un resumen de mi presentación en la reunión que le dio origen... acá va.
Excerpt from:
“Indirect Censorship, Public Advertising and Diversity”
by Roberto Saba
Professor of Constitutional Law and Human Rights at the University of Buenos Aires and the University of Palermo
Fortunately, the work of activists in improving the situation of freedom of expression in the Americas has
been relatively successful. Although the situation is far from ideal, direct threats and direct censorship have decreased.
However, new threats rooted in government initiatives have begun to appear. These indirect threats are more subtle, but nevertheless highly efficient. Governments make decisions and pursue actions that positively or negatively affect freedom of expression. The idea that a government should be neutral and absent in order to achieve greater respect for freedom of expression is a myth rooted in the concept that free speech can take place only if all obstacles originated in state action are removed. However, this idea of negative freedom, in Berlin’s words, is no longer accepted by most people1. No right can be enjoyed, not even the most classic political and civil rights, without some level of state action.2 In order to guarantee freedom of expression, a right often considered a precondition for democracy, states must take action to assure a diversity of voices in the media, and at the very least, state actors should be cautious not to prevent diversity by their actions and decisions. The state has two roles through which it can enhance or weaken the diversity of voices, thus negatively or positively affecting freedom of expression. On the one hand, it performs a regulatory function. On the other, it allocates resources. I would like to call attention to this second role and the possibility of enhancing diversity through the protection of freedom of expression.
Government allocation of resources can either foster or impede freedom of expression and freedom of information. Governments can choose to fund research, public museums, public media, scholarships, subsidies for fi lmmaking, and so on. All of these resources are limited, and in order to support these initiatives, governments must make hard choices based on constitutional mandates. For example, these resources cannot be denied to those opposing the government or who are critical of it, just because of their position or opinion. The principles behind the Joint Declaration mentioned above, the Court’s
Opinion CO-5 and the American Convention for human rights provide the legitimate justifi cation necessary to guide these difficult decisions. The allocation of those resources should be grounded in the understanding that freedom of expression is necessary for a robust democracy and diverse public debate. Nobody has an unlimited right to receive those resources— which are indeed scarce—but no one can be deprived of them because of the content of her opinions. To deny these resources to a person because of the content of her thinking is a violation of freedom of expression. Moreover, three specifi c rights are being violated: the right of the person who is denied access to those resources and is being silenced, the right of freedom of expression of all others who are in a similar situation and who will suffer a chilling effect, and the right to know of the public, who is deprived the ability to access those silenced opinions. The American Convention for Human Rights refers to this form of indirect censorship in article 13.3. According to the notion of freedom of expression as a precondition of democracy, and different from what happens when we understand it only as an individual right, censorship can take place not only through state action (direct censorship), but also through indirect means and state omission. If the government does not establish limits to discretion in the allocation of those scarce resources and provides public offi cials with complete discretion to allocate them, then the government is affecting freedom of expression by not doing what it is supposed to do. 3
1 Isaiah Berlin, “Dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Universidad, Madrid, 1988, pp. 187-243.
2 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales”, en Martin Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, 1997.
3 Christian Courtis y Victor Abramovich, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Martín Abregu y Christian Courtis (compiladores) “La aplicación de los derechos humanos por los tribunales locales”, CELS, Editorial del Puerto, 1998.
El precio del silencio de los medios
El precio del silencio de los medios
Roberto Saba y Robert O. Varenik*
END - 08:30 - 14/09/2008
SANTIAGO
En 1986, el periodista opositor José Carrasco Tapia fue arrastrado de su casa en Santiago, Chile, por uno de los escuadrones de la muerte del general Augusto Pinochet. Le dispararon 13 veces en la nuca y lo arrojaron en un cementerio. Así se sumó a una lista macabra de periodistas latinoamericanos tratados brutalmente por atreverse a hablar durante los años 1970 y 1980.
Durante esa época, los secuestros, la tortura y los asesinatos tenían asida por la garganta a la prensa latinoamericana; la estenografía era una opción infinitamente más segura para los que reportaban las noticias. A medida que América Latina se volvía cada vez democrática en los años subsiguientes, más periodistas eligieron investigar en lugar de reescribir gacetillas de prensa gubernamentales.
Especialmente al atacar la corrupción oficial, los periodistas valientes hicieron del saqueo de las arcas públicas un negocio arriesgado más que un derecho de nacimiento --y enfurecieron a muchos de los corruptos--. Hoy, muchos gobiernos latinoamericanos, temerosos de la capacidad de los medios para exponer delitos, alteraron sus tácticas aunque siguen decididos a cercenar la libertad de prensa.
Los periodistas latinoamericanos tal vez hoy enfrenten una menor amenaza de muerte, pero muchos aún confrontan un puñado de desafíos destinados a controlarlos. A puertas cerradas, los gobiernos pergeñan incentivos financieros y poderes regulatorios para acallar la crítica mediática y torcer el contenido editorial a su favor.
Sin una prensa crítica, los innegables progresos de América Latina hacia una verdadera democracia --el desarrollo de una ciudadanía informada y facultada y de gobiernos respetuosos de las fronteras legítimas del poder-- resultarán amenazados, incluso cuando las trampas electorales formales se vuelvan más habituales.
Existe un patrón alarmante de manipulación de la prensa en toda la región, desde las autoridades hondureñas que le cortaron el servicio telefónico a una estación de radio nacional, hasta los funcionarios argentinos que castigan a la prensa escrita. En diferente medida, las autoridades locales y nacionales en estos países, y en Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, están reescribiendo colectivamente el manual del juego autoritario.
Aún más generalizada que la represión indirecta es la presión pervertidora del dinero oficial. En toda América Latina, la publicidad proveniente del sector público es crítica para la supervivencia financiera de los periódicos y las estaciones de radio, en especial para los medios locales. En Colombia, la rutina es simple: los periodistas que subsisten de los ingresos generados por la venta de espacio publicitario a los organismos de gobierno llaman a los funcionarios por la mañana para obtener información para sus artículos; más tarde, cuando intentan venderle publicidad a los mismos funcionarios, descubren el verdadero costo de la cobertura de noticias independiente.
En la misma sintonía, en 2004, el presidente de Costa Rica decretó que su administración dejaría de anunciar en el principal periódico del país, en represalia por la cobertura crítica. En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda de Perú utilizó los contratos publicitarios del gobierno para inclinar a su favor la cobertura de su ministerio y de su propia persona en los periódicos nacionales.
Algunos gobiernos practican un método aún más directo de soborno a cambio de obtener una cobertura favorable. En Honduras, los pagos directos del gobierno a los periodistas son moneda corriente, al igual que los salarios mínimos o inexistentes para los periodistas. Algunos funcionarios incluso les exigen a los periodistas que firmen contratos donde se los obliga a realizar una cobertura favorable de las actividades oficiales.
En toda la región, las autoridades gubernamentales hacen callar a quienes consideran agitadores y manipulan los procedimientos de emisión de licencias de transmisión para beneficiar a sus aliados políticos o acallar a las voces independientes. En consecuencia, la autocensura convulsiona a redacciones enteras, y a muchos medios no comerciales o alternativos se les niega el acceso a las frecuencias de transmisión.
Todos, salvo los más valientes, permanecen en silencio; con la amenaza de la ruina para su periódico o su estación de radio, los riesgos que corren los periodistas ya no son principalmente personales. En riesgo está la diversidad floreciente de opinión e información que comenzó a revitalizar a la industria de medios tradicionalmente formal y monopólica de la región.
El panorama no es totalmente lúgubre e, irónicamente, informar sobre la manipulación noticiosa ayudó a galvanizar a los políticos en algunos países para crear mejores reglas de juego y más aplicables.
Medidas como procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes por parte del sector público, y no el control político sobre la asignación de los fondos publicitarios del gobierno, harían mucho, sobre todo si se las combina con una información de calidad, para proteger a los medios de la persistente tentación de las autoridades de controlar lo que el público puede saber.
Carrasco Tapia murió por su visión de un periodismo opositor crítico. Sería una tragedia si aquellos que todavía quieren controlar a los medios triunfan ejecutando sus tácticas de manera subterránea, a puertas cerradas. La amenaza que plantean puede ser menos dramática, pero no por eso menos perniciosa.
*Roberto Saba es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, en Chile, y Robert O. Varenik, es el Director Ejecutivo en funciones de la Open Society Justice Initiative. Ambas organizaciones recientemente publicaron The Price of Silence (El precio del silencio), un informe sobre la censura en los medios de América Latina.
Copyright: Project Syndicate, 2008.
www.project-syndicate.org
Palabras Claves: Opìnión, Roberto Saba
Roberto Saba y Robert O. Varenik*
END - 08:30 - 14/09/2008
SANTIAGO
En 1986, el periodista opositor José Carrasco Tapia fue arrastrado de su casa en Santiago, Chile, por uno de los escuadrones de la muerte del general Augusto Pinochet. Le dispararon 13 veces en la nuca y lo arrojaron en un cementerio. Así se sumó a una lista macabra de periodistas latinoamericanos tratados brutalmente por atreverse a hablar durante los años 1970 y 1980.
Durante esa época, los secuestros, la tortura y los asesinatos tenían asida por la garganta a la prensa latinoamericana; la estenografía era una opción infinitamente más segura para los que reportaban las noticias. A medida que América Latina se volvía cada vez democrática en los años subsiguientes, más periodistas eligieron investigar en lugar de reescribir gacetillas de prensa gubernamentales.
Especialmente al atacar la corrupción oficial, los periodistas valientes hicieron del saqueo de las arcas públicas un negocio arriesgado más que un derecho de nacimiento --y enfurecieron a muchos de los corruptos--. Hoy, muchos gobiernos latinoamericanos, temerosos de la capacidad de los medios para exponer delitos, alteraron sus tácticas aunque siguen decididos a cercenar la libertad de prensa.
Los periodistas latinoamericanos tal vez hoy enfrenten una menor amenaza de muerte, pero muchos aún confrontan un puñado de desafíos destinados a controlarlos. A puertas cerradas, los gobiernos pergeñan incentivos financieros y poderes regulatorios para acallar la crítica mediática y torcer el contenido editorial a su favor.
Sin una prensa crítica, los innegables progresos de América Latina hacia una verdadera democracia --el desarrollo de una ciudadanía informada y facultada y de gobiernos respetuosos de las fronteras legítimas del poder-- resultarán amenazados, incluso cuando las trampas electorales formales se vuelvan más habituales.
Existe un patrón alarmante de manipulación de la prensa en toda la región, desde las autoridades hondureñas que le cortaron el servicio telefónico a una estación de radio nacional, hasta los funcionarios argentinos que castigan a la prensa escrita. En diferente medida, las autoridades locales y nacionales en estos países, y en Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, están reescribiendo colectivamente el manual del juego autoritario.
Aún más generalizada que la represión indirecta es la presión pervertidora del dinero oficial. En toda América Latina, la publicidad proveniente del sector público es crítica para la supervivencia financiera de los periódicos y las estaciones de radio, en especial para los medios locales. En Colombia, la rutina es simple: los periodistas que subsisten de los ingresos generados por la venta de espacio publicitario a los organismos de gobierno llaman a los funcionarios por la mañana para obtener información para sus artículos; más tarde, cuando intentan venderle publicidad a los mismos funcionarios, descubren el verdadero costo de la cobertura de noticias independiente.
En la misma sintonía, en 2004, el presidente de Costa Rica decretó que su administración dejaría de anunciar en el principal periódico del país, en represalia por la cobertura crítica. En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda de Perú utilizó los contratos publicitarios del gobierno para inclinar a su favor la cobertura de su ministerio y de su propia persona en los periódicos nacionales.
Algunos gobiernos practican un método aún más directo de soborno a cambio de obtener una cobertura favorable. En Honduras, los pagos directos del gobierno a los periodistas son moneda corriente, al igual que los salarios mínimos o inexistentes para los periodistas. Algunos funcionarios incluso les exigen a los periodistas que firmen contratos donde se los obliga a realizar una cobertura favorable de las actividades oficiales.
En toda la región, las autoridades gubernamentales hacen callar a quienes consideran agitadores y manipulan los procedimientos de emisión de licencias de transmisión para beneficiar a sus aliados políticos o acallar a las voces independientes. En consecuencia, la autocensura convulsiona a redacciones enteras, y a muchos medios no comerciales o alternativos se les niega el acceso a las frecuencias de transmisión.
Todos, salvo los más valientes, permanecen en silencio; con la amenaza de la ruina para su periódico o su estación de radio, los riesgos que corren los periodistas ya no son principalmente personales. En riesgo está la diversidad floreciente de opinión e información que comenzó a revitalizar a la industria de medios tradicionalmente formal y monopólica de la región.
El panorama no es totalmente lúgubre e, irónicamente, informar sobre la manipulación noticiosa ayudó a galvanizar a los políticos en algunos países para crear mejores reglas de juego y más aplicables.
Medidas como procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes por parte del sector público, y no el control político sobre la asignación de los fondos publicitarios del gobierno, harían mucho, sobre todo si se las combina con una información de calidad, para proteger a los medios de la persistente tentación de las autoridades de controlar lo que el público puede saber.
Carrasco Tapia murió por su visión de un periodismo opositor crítico. Sería una tragedia si aquellos que todavía quieren controlar a los medios triunfan ejecutando sus tácticas de manera subterránea, a puertas cerradas. La amenaza que plantean puede ser menos dramática, pero no por eso menos perniciosa.
*Roberto Saba es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, en Chile, y Robert O. Varenik, es el Director Ejecutivo en funciones de la Open Society Justice Initiative. Ambas organizaciones recientemente publicaron The Price of Silence (El precio del silencio), un informe sobre la censura en los medios de América Latina.
Copyright: Project Syndicate, 2008.
www.project-syndicate.org
Palabras Claves: Opìnión, Roberto Saba
Texto de la Renuncia de Garrido. Tambien va abajo la nota de El Pais, de España, sobre Garrido
Buenos Aires, doce de marzo de 2009
AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DR. ESTEBAN JUSTO RIGHI S./D.
Habiendo transcurrido suficiente tiempo desde el dictado de la Resolución 147 de la Procuración General de la Nación para evaluar sus consecuencias, habiendo finalizado mi tarea como Presidente del Jurado del Concurso Nº 60 y habiendo culminado las investigaciones preliminares que a esa fecha estaban próximas a concluir, me dirijo a Ud. con el objeto de renunciar al cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas para el que fui designado por el decreto 1061/2003 del entonces Presidente de la Nación y que tuve el honor y el orgullo de desempeñar durante los últimos cinco años.
Algunos meses después de la citada resolución, mientras sigo archivando en catarata decenas de expedientes que estaban siendo tramitados en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -en los que tenía participación activa- y en medio de la incertidumbre acerca de las causas judiciales que podrían cerrarse por tratarse de casos en los cuales la FIA ejercía la acción penal subsidiaria pese a no haber sido la denunciante –en caso de que los jueces hagan caso omiso de las crípticas correcciones posteriores y se atengan a los minuciosos y exhaustivos razonamientos desarrollados por el Sr. Procurador en la resolución original, lo que no ha ocurrido todavía por la habilidad de los abogados defensores para posponer sus planteos evitando quedar envueltos en un escándalo-, no dejo de preguntarme junto a otros fiscales y colaboradores cómo pudo ser que el Sr. Procurador General de la Nación afirmase en su circular del 10 de noviembre pasado que “la resolución ni limita ni recorta atribuciones de la FIA, ni puede paralizar el avance de causas en trámite”.
Concretamente, la resolución 147:
• Reduce la “intervención necesaria” de la FIA en los procesos iniciados por sus propias denuncias al acceso al expediente y a contribuir a la estrategia procesal proyectada por el fiscal de turno.
• Supedita el ejercicio directo de la acción penal subsidiaria a la concurrencia acumulativa –se destaca: no alternativa- de: a) que la causa penal se haya iniciado por denuncia de la propia FIA y b) que el fiscal competente tenga un criterio contrario a la prosecución de la acción penal.
• Limita la posibilidad del ejercicio directo de la acción pública en los casos en que el fiscal de turno no impulse la promoción de medidas cautelares.
• Considera que la interpretación correcta de la comunicación de toda causa contra funcionarios públicos impuesta por el art. 48 de la ley 24.946 es aquella que tiene como único objeto la promoción de un sumario administrativo y, en consecuencia y expresamente, duda de que sea correcta la interpretación efectuada por gran parte de los tribunales federales en el sentido de admitir la intervención de la FIA también en esos procesos.
Se ha argumentado que el objetivo de la resolución fue superar problemas de coordinación entre los Fiscales. Puede ser. Pero ello no justifica de ningún modo la solución que se le dio al problema planteado, que obviamente no fue la que nosotros propiciáramos.
Ya en el año 2006 vislumbraba que estos problemas sobrevendrían y elevé a consideración del Señor Procurador General de la Nación un proyecto que adoptaba soluciones que contemplaban un mejor equilibrio entre la especialización requerida para la investigación de corrupción, la búsqueda de eficacia en el impulso de los procesos penales y, a la vez, el resguardo de la coherencia y los derechos de los imputados que podían verse afectados por la intervención de más de un fiscal. El Sr. Procurador General, en estos tres años, no impulsó ni esa iniciativa ni cualesquiera otra, sino la que ahora vino a consagrar, yendo en contra de sus propios actos reglamentarios, de las argumentaciones del propio Estado argentino a nivel internacional y de los intereses de la sociedad por los que debe velar según el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Tampoco surge de la resolución iniciativa alguna enderezada a verificar siquiera la regularidad de los criterios contrarios a la prosecución de la acción penal sobre los que se había planteado la controversia que se debía dirimir. La mezquina labor exegética no fue acompañada de ningún tipo de examen sobre la corrección de decisiones que implicaron la falta de persecución penal o de evitación de las consecuencias de delitos sumamente graves.
La reseña histórica que se efectuó en la citada Resolución estuvo lejos de ser detallada o “detenida”, como ligeramente se afirmó en la circular posterior.
Tal reseña, además de limitarse a enunciar normas o algunos proyectos normativos, no tuvo en cuenta otras realidades importantes, como las razones por las que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue creada y todavía existe y el lugar que ocupa en el imaginario social, amén del contexto de impunidad de la corrupción en que su misión se desenvuelve.
Pero aun si nos limitáramos al aspecto normativo, la reseña que se efectuó es parcial y deja afuera de su espectro de análisis jurisprudencia, proyectos normativos y doctrina cuya relevancia no pudo ser ignorada si lo que pretendía era una visión, como luego se insistió, “detenida” o acabada o completa o minuciosa, como debió haber sido dada la trascendencia de lo que se estaba decidiendo.
En la miope recolección de antecedentes que el Procurador utiliza para construir el relato que ahora viene a imponer, brillan por su ausencia nada más y nada menos que pronunciamientos específicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son insoslayables para cualquiera que aborde el tema.
En el fallo Argentino Ríos del 31 de julio de 1987 (Fallos C.S.J.N., t. 310, p. 1510) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando objeciones formales del entonces Procurador General de la Nación a la intervención de la FIA en causas penales, admitió la asunción del ejercicio directo de la acción pública por parte de la FIA cualquiera sea el estado en que se encuentre la causa y aun cuando paralelamente actuara el representante del Ministerio Público, y más aun: inclusive admitió la posibilidad de contradicciones entre ambos sin que ello constituyera un escándalo jurídico. Allí se sostuvo que “el mentado cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas refleja, al margen de las falencias e imperfecciones del régimen jurídico que lo rige, la intención de incorporar a las instituciones nacionales un funcionario que defienda los intereses individuales y sociales al modo del ‘ombudsman’ establecido en numerosas legislaciones extranjeras. No cabe que tales funciones, de por sí coadyuvantes para una buena administración de justicia, sean enervadas por una crítica formalista ajena a tales valores de fondo”.
Aun los jueces que en esa ocasión votaron en disidencia reconocieron que en la FIA confluían facultades referentes a la promoción de la conducta administrativa de los agentes de la administración pública nacional con otras de naturaleza judicial propias del Ministerio Público, “cuales son las relativas a preparar y promover la acción pública...”.
A su vez, en el precedente Cacciatore del 26 de abril de 1988 (Fallos C.S.J.N., t. 311, p. 593), la Suprema Corte se adhirió a lo dictaminado por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, quien ratificó el criterio sentado en Ríos, aceptando la coexistencia de los fiscales del Ministerio Público y de la FIA aun cuando se admitiera en cabeza de ésta el ejercicio de la acción pública y aun cuando en un mismo asunto los representantes de ambas instituciones sustentasen criterios diversos.
Más allá de la posibilidad de aplicar actualmente la doctrina que emerge de esos precedentes a raíz de la regulación instaurada por la ley 24.946, no parece razonable que ni siquiera se los haya mencionado en la resolución 147/08 cuando se trataba de analizar los antecedentes de actuación judicial de la FIA, máxime si lo que supuestamente se pretendía era realizar “una detenida reseña histórica del organismo” (conf. Circular citada).
Tampoco advertimos razones para que se efectuara la mención de sólo algunos de los proyectos de reforma de la FIA, ignorando el arduo debate que se suscitó a partir de 1999 cuando se creó la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuya superposición con la FIA fue objeto de discusiones entre juristas, congresistas y el público en general (reflejadas por diversos medios de la época: vg. La Nación del 29 de octubre de 2000: “Reducirán facultades de la Oficina Anticorrupción”).
Sobre el punto cabe hacer referencia al dictamen vertido por el Procurador Fiscal Subrogante en los autos “Gostanian, A., s. Recurso Extraordinario”, quien –seguido por la Corte Suprema en el fallo del 30 de mayo de 2006- abordó algunas de las cuestiones emergentes de la aludida superposición, refiriéndose expresamente al ejercicio de la acción penal por parte de la FIA.
También cabe tener presente el proyecto de reforma legislativa promovido por el entonces Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, ante la Cámara de Senadores de la Nación con fecha 31 de octubre de 2000. Allí claramente se identifica y se destaca el rol anticorrupción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, al extremo de proponer la absorción por ésta de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción por considerar que ese rol debía ser exclusivo.
Esta discusión contemporánea, ineludible para analizar aquello que estaba en juego, fue ignorada absolutamente en la resolución 147, que paradójicamente termina consagrando una situación en la que la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo termina teniendo –independientemente de que las ejerza o no- mayores facultades que la FIA, dada su facultad de querellar y –por lo tanto- de intervenir en las causas por hechos de corrupción yendo más allá de la mera consulta del expediente a la que la Resolución 147 reduce la “intervención necesaria” consagrada por la ley.
En la Resolución 147 no se advierte, por otro lado, un análisis exhaustivo de la doctrina existente sobre la cuestión, ya que, por ejemplo, se citan artículos sólo parcialmente, como ocurre con el del Dr. Canda, sin referir ni confrontar su interpretación amplia sobre las competencias de la FIA, por ejemplo respecto del sentido de la notificación del artículo 48 de la ley. Éste sostiene, por ejemplo, –en contra claramente de lo sostenido por el Procurador General- que “la intervención de la FIA se funda no sólo en el hecho de que aquella ha efectuado la investigación que derivara en la denuncia penal, sino, también, en su calidad de órgano del Ministerio Público especializado en el estudio de las conductas administrativas, tanto desde el punto de vista administrativo disciplinario como desde el ángulo de los delitos contra la administración pública” (Canda, F., La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Control de la Administración Pública-Administrativo, legislativo y judicial, Jornadas Austral, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2003, ps. 681 y ss.).
Ni qué decir del deliberado silencio acerca del derecho internacional vigente sobre la cuestión, que específicamente era aplicable a la FIA, de tal suerte que resoluciones de la Procuración General de la Nación de otras épocas, también omitidas en la parcial reseña histórica, se hacían eco de aquellas normas cuando se referían a la FIA.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Resolución del entonces Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, Nro. 112 del 22 de noviembre de 2003, que adopta un criterio que claramente colisiona con el que ahora se ha venido a imponer. Tal Resolución ni siquiera se menciona, obviamente, por su manifiesta contradicción con la nueva exégesis que se adopta e impone.
La propia Procuración General de la Nación, durante la gestión del Dr. Righi, en un documento oficial bilingüe español-inglés prologado por el Sr. Procurador General de la Nación con el obvio objetivo de difundir en todo el orbe información pública sobre la institución y que es utilizado como documento por el Estado argentino en los múltiples foros y evaluaciones internacionales en materia de gobernabilidad, titulado “Apuntes sobre el sistema judicial y el Ministerio Público Fiscal”, señala en su página 24 respecto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: “En los últimos años, como consecuencia de la designación de un nuevo titular del organismo fueron efectuadas importantes modificaciones tendientes a modernizar la gestión del organismo. Para alcanzar este cometido, inicialmente se realizó un diagnóstico de la Fiscalía y, con el objeto de optimizar y hacer más transparente su gestión, se solicitó la opinión de organizaciones de la sociedad civil. La actividad de diagnóstico tuvo por objeto posicionar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como el órgano especializado, independiente y capacitado del Ministerio Público para la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, particularmente aquellos que configuran el fenómeno de la corrupción. En este sentido, la FIA constituye uno de los principales vehículos del Estado Nacional para dar cumplimiento al compromiso asumido por nuestro país al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 36 establece que ‘Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas’”.
Así lo ha alegado la República Argentina al sostener su adecuación a sus obligaciones internacionales, tal como surge expresamente –por ejemplo- de los considerandos 98, 99 y 100 del reciente Informe de Evaluación de la República Argentina en el marco de la Fase 2 de seguimiento de la implementación de la Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, donde se dice claramente que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es una agencia especializada del Ministerio Público con jurisdicción en todo el país para casos de corrupción de funcionarios públicos nacionales o casos en los que se hallen afectados fondos del Estado.
No comparto tampoco la entronización de supuestos conceptos jurídicos que la Resolución 147 hace suyos, presuponiendo algo así como esencias o naturalezas en lo que denomina, sin asidero normativo alguno, “fiscalía penal temática” y “fiscalía de investigaciones administrativas”, desprendiendo conclusiones de esas esencias supuestamente diferentes que son antojadizas y que se desprenden de palabras sin referencia semántica alguna. Palabras desprovistas de todo significado, como bien desenmascaró Alf Ross en Tû – Tû (Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1976).
Otro tanto puede decirse de la calificación de “subproducto” (¿por qué no al menos “producto”?) que se atribuye a la actuación judicial de la FIA, conceptualización alambicada que oscurece la sencillez y lógica de la actuación de la FIA: investigar hechos que pueden generar ora responsabilidad disciplinaria ora responsabilidad penal, o generalmente ambas a la vez.
La visualización de la FIA como una “oficina de investigaciones administrativas” y su desvinculación de la investigación de la corrupción no toma en cuenta que si bien al momento de la creación de la FIA no se había desarrollado en profundidad ese concepto con el sentido técnico que hoy se le atribuye en el mundo entero, el propio decreto ley original 5668/62, citado por el Procurador aunque leído a medias, decía expresamente en su primer párrafo de “Visto”, que el fundamento de la creación de lo que luego fue la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se basaba en la existencia de hechos “que revelarían una extendida corrupción administrativa” (conf. B.O. 28/VI/62).
Se ha ignorado, asimismo, que la competencia de la FIA se extiende también a toda institución o asociación que reciba aportes estatales en lo que hace al manejo de tales recursos, circunstancia característica del fenómeno de la corrupción y que excede notoriamente el ámbito de las llamadas conductas administrativas.
Una vez más, la norma fluye y desborda el ceñido cartabón impuesto por el Sr. Procurador General en su interpretación obligatoria.
La afirmación de que el cometido principal de la FIA es promover la investigación de posibles faltas disciplinarias de índole administrativo no se ajusta a tales extremos y tampoco a la historia del organismo, cuyo sentido no fue precisamente la investigación de cuadros medios y bajos de la administración pública.
El reduccionismo imperante en la Resolución 147 no toma tampoco en cuenta la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostiene que la conducta de los denominados funcionarios políticos no es pasible de ser investigada a la luz del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (Dictámenes, 194:171), ni toma nota de la vigencia desde hace diez años del dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación 190/99, que ha venido excluyendo a la FIA de la actuación como parte acusadora de los sumarios administrativos que no hubieren sido promovidos por ella, pese a la expresa previsión del Reglamento de Investigaciones Administrativas –decreto 467/99-, que tampoco es mencionado en la Resolución del Sr. Procurador General.
La mención de la cuestión como algo solucionado por el Reglamento Interno de la FIA es una muestra más del autismo institucional que campea en la resolución mencionada, que es refractaria a todo dato de la realidad, ¡¡¡conduciendo a la paradoja de confinar a la FIA al desempeño de una función que en la realidad se le niega desde hace diez años!!! (pese al casi estéril esfuerzo que he puesto en los últimos cinco para revertir la cuestión en los ámbitos parlamentario, judicial y del Poder Ejecutivo Nacional).
Tampoco es razonable afirmar que el legislador optó por la organización del Ministerio Fiscal por instancia, fuero y territorio, porque –precisamente- la FIA es la excepción a tales criterios generales, que el mismo legislador ha introducido expresamente.
No menos sorprendente, más allá de la discusión teórica propia del derecho procesal civil, es la referencia que se efectúa en la Resolución 147/08 a la posibilidad de que la intervención de la FIA en los trámites relativos a medidas cautelares pueda afectar la estrategia del fiscal de turno, utilizándose como ejemplo la excarcelación pero sin decir una sola palabra sobre lo que en verdad se estaba planteando: una medida cautelar que impidiera la ejecución de un presunto delito en vías de concreción a través de la firma de un contrato. No podemos avizorar en qué medida tolerar la ejecución de un delito y la obtención de los beneficios provenientes del mismo puedan caber en lo que el Sr. Procurador General de la Nación considera una “estrategia procesal”.
Llama también poderosamente la atención la referencia que efectúa la Resolución 147/08 a la suficiencia de recursos humanos y materiales que a criterio del Sr. Procurador General de la Nación tendría la FIA, extremo que no condice con los pedidos de cambio de inmueble y de incremento de personal que he efectuado a la Procuración y que -salvo algunas mejoras importantes pero insuficientes- fueron en general insatisfechos, manteniéndose la situación de precariedad que aqueja al organismo desde hace años, sin que pueda sostenerse seriamente lo afirmado, que colijo hace referencia indirecta a la práctica del Sr. Procurador General de utilizar esta FIA como un reservorio de aquellos empleados y funcionarios desplazados de la Procuración General en sucesivas purgas, sin transferir, sin embargo, los cargos que ocupan.
Cualquier profesional que haya visitado la FIA en estos años –el Sr. Procurador General de la Nación lo hizo una vez al inicio de su gestión - no dejará de estar sorprendido por la citada afirmación.
Comprendo, sin embargo, que la lejanía con el lugar en que se halla emplazada la FIA haya tornado también impreciso el cargo del suscripto, que esta resolución –como otras anteriores- confunde con el de “Fiscal General”.
Lo mismo cabe decir de la desorientación exhibida en la actual página web del Ministerio Público de la Nación –reformulada totalmente en el mes de diciembre próximo pasado-, que dentro del organigrama ubica a la FIA como una fiscalía no penal ¡de la jurisdicción de la Capital Federal!
Lamentablemente, el daño producido a las competencias de la FIA, a la lucha anticorrupción en general y al desvaído récord de la República Argentina en esta materia también ha implicado un daño a la reputación del Señor Procurador General, mas no por la difusión pública de sus actos sino por tales actos en sí, a los que he sido absolutamente ajeno. Como dijera alguna vez el profesor Raúl Zaffaroni en una más que gráfica frase al referirse a la necesidad de preservar a rajatabla ciertas reglas de juego democráticas e institucionales más allá de las conveniencias y la distribución de fuerzas ocasionales: “No hay que tocar el hacha porque corta”.
La Resolución 147/08 implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que encaré hace 5 años: el impulso de investigaciones preliminares, pero su seguimiento activo y en cierta manera agresivo para que los casos judiciales no se diluyeran con el paso del tiempo, extremo que constituye el principal problema en esta materia; y el impulso de causas judiciales relevantes –pese a no haber sido originadas por la FIA, lo que era obvio dada la parálisis a la que estuvo sometido el organismo en la década de los 90 y que se reflejaba en un número insignificante de denuncias durante más de una década-, tratando de darles un impulso adicional sobre la base de la experticia y capacidades propias y exclusivas del organismo.
Esos ejes habían sido anticipados por mí en el concurso público que se desarrolló para cubrir el cargo que finalmente tuve el honor de ocupar, ya que precisamente en la evaluación oral expuse sobre la relación entre la FIA y los fiscales de turno.
Mi compromiso en la lucha contra la corrupción tampoco era desconocido en el momento de mi designación, al extremo de haberse elogiado mi selección y tales antecedentes en el Global Corruption Report 2005 de Transparencia Internacional (en el informe correspondiente a Argentina, pag. 96)
Nada se objetó en aquél momento y las decisiones de la Procuración General, hasta ahora, habían apoyado esa línea de trabajo, en la que siempre me sentí respaldado por los dos Procuradores con los que me tocó desempeñarme, no habiendo sufrido de parte de ellos intromisión ni presiones indebidas respecto de las investigaciones o causas en curso, más allá de la pasividad exhibida en ocasión de los recortes a las facultades de investigación concretadas por la AFIP respecto del acceso a las declaraciones impositivas, por el Ministerio de Justicia respecto de los anexos reservados de las declaraciones juradas integrales patrimoniales y por la mayoría de los auditores de la AGN –en un proceder notoriamente irregular- respecto de la posibilidad de acceder a los documentos de trabajo de las auditorías y a los nombres de los auditores con el objeto de tomarles declaración testimonial.
En esa línea, asimismo, habíamos logrado el reconocimiento de los tribunales –con mayor o menor alcance pero siempre con mayor generosidad que la Resolución 147 de la PGN-, encaré tareas de capacitación y de reciclaje del organismo con el apoyo del Banco Mundial que contaron oportunamente con el visto bueno de la Procuración General de la Nación, dotamos de transparencia a su funcionamiento a través de diversas iniciativas que incluyeron la activación de una página web y fundamos el Foro Nacional de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción.
El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes, especialmente en lo que hace al cuerpo de contadores auditores, que es un ejemplo de pericia, compromiso y trabajo, y al número de fiscales que en ella se desempeñan.
Se ha ocasionado, además, una lesión al lugar simbólico de la FIA como órgano anticorrupción, que resentirá también, sin dudas, el desarrollo futuro de investigaciones preliminares.
La resolución 147 ha implicado pisotear el trabajo desarrollado por el suscripto en estos cinco años y retrotrae la situación del organismo al letargo preexistente a mi gestión (bien descrito por Verbitsky, H., en su libro “Hacer la Corte”, Planeta, Buenos Aires, 1993, ps. 99/106), receso institucional, molicie y virtual complicidad a los que no he de plegarme.
También se ha consagrado un cambio de términos de referencia para mi cargo, dado que ya no tendrá la misma relevancia para el desempeño de la función la experiencia judicial en materia penal que he ido adquiriendo a través de los años y que es el fruto de mi vocación.
Por otro lado, entiendo que las falencias en el diseño y la conformación del organismo y de su regulación, que he debido sobrellevar con gran esfuerzo en estos 5 años, -tal como manifesté públicamente- deben ser objeto de un reexamen en el ámbito del Congreso Nacional. No deseo que ese necesario debate, en el que se hallan en juego instituciones fundamentales de la República, se confunda con una discusión acerca de las virtudes y defectos de una persona, en este caso del suscripto.
Tampoco sería conveniente que la amplia discusión que se halla pendiente –y que tarde o temprano seguramente tendrá lugar- se contamine siquiera con la sospecha de que deseo acumular poderes que no me corresponden o con la idea de que podría estar en busca de figuración personal, como burdamente plantea el propio Procurador General de la Nación en las resoluciones del 1 y del 3 de diciembre de 2008, en las que intenta borrar con el codo lo que había escrito con la mano (dictadas en las causas “Marx, Daniel s. enriquecimiento ilícito” y “Amadeo, Eduardo y otros s/defraudación por administración fraudulenta”), en las que olvida que alcé la voz sólo cuando estaban en juego las competencias de la FIA y no cuestiones personales, que en estos años hubo muchas y que sistemáticamente callé, como el penoso episodio en que el Sr. Procurador trató vanamente de convencer a representantes de la Fundación Poder Ciudadano para que retiraran una propuesta para integrar un consejo asesor, la que el suscripto ni siquiera había solicitado, en lugar de autorizarme o no en el expediente que se había formado al efecto, cuestión que -por cierto- se halla pendiente desde hace casi un año.
El lustro que termina, sumado a las particulares circunstancias que han acompañado su conclusión, me llevan a dar un paso al costado, deseando fervientemente que ello contribuya a una discusión franca y desinhibida acerca de las funciones y competencias adecuadas de los órganos de control necesarios en un sistema democrático y del desempeño del sistema judicial en la materia, ya que la situación actual es deficiente e ineficaz, circunstancias que no pueden ser suplidas solamente por el compromiso y el esfuerzo de algunas personas, como ocurrió en la FIA en estos cinco años, en los que con mi equipo –al que estoy profundamente agradecido por su incansable e indispensable labor- tratamos de sobreponernos con éxito diverso a infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales
Estas cuestiones adquieren especial importancia cuando la República Argentina acaba de cumplir veinticinco años continuados de democracia y, claramente, la lucha contra la corrupción es una de las más graves asignaturas pendientes.
Está claro que la corrupción es un fenómeno que se da en mayor o menor medida en todos los países, pero lamentablemente el nuestro se destaca por la impunidad casi absoluta de ese fenómeno y la falta de decisión y seriedad para hacerle frente.
En la medida en que no se comprenda y se asuma que la corrupción y su impunidad impactan en la vigencia de los derechos humanos –tal como ha puesto de manifiesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Informe sobre Paraguay, año 2001)- y en la calidad del sistema democrático, exhibiendo sin pudor la desigualdad social de un sistema penal que castiga impiadosamente a los pobres y a los marginales que son generalmente víctimas de la corrupción, pero que es cortés e impotente ante poderosos y corruptos, no será posible respetar el papel de los órganos de control y optimizar su funcionamiento y competencias.
Resuenan en mi mente las palabras vertidas hace casi ya cien años por el destacado jurista y político brasileño Rui Barbosa ante el Senado de su país: “De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto”.
La deliberación necesaria que se halla pendiente trasciende -como manifesté también públicamente- a quienes ocasionalmente ocupen el Gobierno y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
También trasciende la campaña electoral que se avecina, en cuyo marco no deseo quedar envuelto, toda vez que mi trabajo siempre estuvo al margen de intereses políticos contingentes y respondió siempre a la idea de que la política anticorrupción se trata de una política de Estado –horizontal a todos los partidos políticos- que debe mantenerse y profundizarse en el futuro.
Lamentando el indeseado protagonismo que me ha sido asignado en el último de los episodios traumáticos que han caracterizado a la historia institucional de la FIA, pido disculpas a la ciudadanía por los errores que seguramente he cometido y por no poder superar ya más este cansancio de correr en dirección contraria.
Saludo a Ud. con el respeto y consideración de siempre.
Firmado: Carlos Manuel Garrido
EL PAIS
La crisis argentina
Dimite el fiscal anticorrupción que investigaba los bienes de los Kirchner
Manuel Garrido deja su cargo por falta de medios y harto de "zancadillas"
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 14/03/2009
El responsable de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, encargado de perseguir los delitos de corrupción de los funcionarios, presentó en la noche del jueves su dimisión, cuatro meses después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmara una resolución acotando las facultades de su fiscalía.
El responsable de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, encargado de perseguir los delitos de corrupción de los funcionarios, presentó en la noche del jueves su dimisión, cuatro meses después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmara una resolución acotando las facultades de su fiscalía. Garrido, de 45 años, considera que las nuevas condiciones reducen su oficina a un papel "casi intrascendente".
El fiscal se había significado en los últimos cinco años por sus denuncias contra varios ministros y había impulsado una investigación sobre el incremento de los bienes de la propia presidenta, Cristina Fernández, y de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. En el índice de percepción de corrupción que elabora Transparency International, y en el que se analizan 180 países, Argentina ocupa un penoso puesto 109, peor que Brasil (80), México (72), Colombia (70) o del muy cercano Uruguay (en un decoroso puesto 26).
Garrido, al que el Gobierno ha acusado repetidamente de excesivo protagonismo mediático, afirma que se marcha de la fiscalía harto de "sufrir infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales", en un país donde, afirma, "existe impunidad casi absoluta para robarle al Estado". Denunció también un recorte paulatino de medios hasta el extremo, dijo, que no se ha podido levantar la puerta del garaje de su oficina, que se desplomó hace cuatro meses.
El fiscal se reunió hace pocos días con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, y el presidente de la Auditoría General, Leandro Despouy, en un intento por formar una especie de frente anticorrupción y debió llegar a la conclusión de que no tenía posibilidades de éxito. Mondino cesa en diciembre próximo y ya se sabe que será sustituido por un dirigente afín a los Kirchner. Despouy se ha quejado ya repetidamente de la falta de apoyo para controlar las cuentas del Estado.
La dimisión de Garrido coincide, además, con la polvareda levantada por unas declaraciones del obispo Eguía Seguí quien, de visita en Roma, declaró que "en Argentina, la corrupción está institucionalizada. En sus intentos por quitar importancia a las declaraciones de su colega, otro obispo, Eduardo García, puso la guinda: "Se está dando demasiada trascendencia a algo que se sabe desde hace tiempo, que no se refiere a una realidad particular, sino a todos los ámbitos de la sociedad...".
La percepción de corrupción es, efectivamente, muy alta en Argentina, donde el hipotético latrocinio de políticos, sindicalistas y militares forma parte de la conversación diaria del ciudadano medio. Los periódicos y revistas informan día a día de presuntos casos de enriquecimiento inexplicable sin que esas denuncias parezcan acarrear consecuencias (ni para los denunciantes ni para los denunciados).
La justicia -falta de medios, según unos, o parcialmente mediatizada por el poder político, según otros- sufre grandes demoras en la tramitación de las causas por corrupción. Catorce años de media, según el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica. Sólo va deprisa cuando el denunciado es destituido, algo poco frecuente. Fue el caso, sin embargo, de la ministra de Economía Felisa Miceli, procesada por el descubrimiento de una bolsa con 200.000 pesos en el cuarto de baño de su despacho.
"La gente descree del poder judicial y aprueba el sálvese quien pueda", se lamenta el abogado Ricardo Monner Sans, que lleva años intentando una cruzada particular contra la corrupción. El abogado ha presentado 33 denuncias formales en los últimos cinco años, algunas de largo recorrido, como la que afecta al incremento de patrimonio del matrimonio Kirchner, otras relacionadas con miembros del gabinete, como el poderoso ministro de Planificación, Julio de Vido (contra el que hay otras ocho denuncias), y finalmente otras que resultarían chistosas si no representaran un determinando ambiente: denunció a las Líneas Aéreas Federales (LAFSA), una empresa estatal, por no volar ni tener aviones pero pagar el sueldo de un gerente de atención al público y de mantenimiento. Monner denunció también el uso privado de bienes del Estado por parte de Néstor Kirchner, porque viaja en aviones oficiales sin cargo alguno que lo justifique.
"Garrido me acompañó en la denuncia sobre el patrimonio de los Kirchner. Ahora ya no sé lo que va a pasar", explicó ayer Monner Sans a EL PAÍS. "La marcha del fiscal es un asunto grave porque se quiebra una de las pocas voces independientes que quedaban", añadió. "Es conveniente recordar, además, que el estudio jurídico del procurador general, Righi, atiende a los gordos sindicales", apunta Monner Sans. Los gordos son los máximos responsables de la central sindical peronista, acusados también en ocasiones de irregularidades y enriquecimiento inexplicable.
Un repaso nada exhaustivo por los archivos de prensa muestra que 21 altos funcionarios nombrados por los Kirchner están siendo investigados por la justicia. Como no podía ser menos, las Fuerzas Armadas no se libran de las acusaciones de corrupción: el ex jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, está procesado por irregularidades en el manejo de una cuenta bancaria supuestamente destinada a fondos extrapresupuestarios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
LinkWithin
