En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de
pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para
el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de
gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso
Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en
la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
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