Dicen que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se reunió hace unos días con el ex Gobernador Carlos Rukauf, el mismo que diseñó la política de seguridad basada en "meter bala a los delincuentes" y bajo cuya gobernación la población carcelaria con prisión preventiva ascendió a niveles tan altos que provocó el histórico fallo Verbitsky decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual esa situación violaba los derechos constitucionales de los detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, según datos inciertos porque no hay buena información oficial, las cárceles albergan a unos 25.000 presos cuando sólo podrían contener a unos 12.000. El 80% de esos presos no tienen condena y permanecen encerrados en esa condición por un promedio de 4 años. Según estadísticas oficiales, alrededor del 26% de esos presos sin condena son liberados sin haber sido encontrados culpables de ningún delito.
En ese contexto, el Gobernador, quizá influído por alguna conversación con el ex gobernador, sostuvo que era necesario "un estado dispuesto a todo" y cargó contra el por el denominado "hipergarantismo", categoría novedosa que él despega de lo que parece ser algo positivo... el mero garantismo... Cuánto garantismo hace falta para pasar al hipergantismo? La verdad que mete miedo...
Diario la Nacion
Excarcelaciones controvertidas
Criticó Scioli a los jueces que liberan presos peligrosos
"Estamos ante delincuentes dispuestos a todo y necesitamos un Estado dispuesto a todo"
Lunes 30 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa
Ramiro Sagasti
LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, exigió a la Justicia más "rigor y firmeza" porque, opinó, "la mayor frustración para un buen policía es que después de hacer un buen trabajo y de detener a un delincuente lo vea al otro día caminando por el barrio".
De esta manera, cuestionó, aunque sin nombrarlos, a los jueces que recientemente otorgaron beneficios excarcelatorios a presos que volvieron a delinquir. "Hay políticas hipergarantistas, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo. Para este momento hace falta mayor firmeza y rigurosidad en las normas. Porque estamos ante delincuentes dispuestos a todo y el Estado de Derecho tiene que estar también dispuesto a todo", sostuvo ayer el gobernador.
"Que quede claro que cuando hablo de hipergarantismo hablo de los casos en los que la ley se aplica con ligereza; no hablo de las garantías constitucionales. Tampoco le hablo a ningún juez en particular, porque no me corresponde", dijo el gobernador a LA NACION.
Anteayer, justamente, la policía había detenido, por integrar una banda que robaba departamentos, a Mario Luis Vittete Sellanes ("el Uruguayo"), sospechoso de ser el jefe de la banda que robó las cajas de seguridad del Banco Río, en Acassuso, en enero de 2006.
Vittete Sellanes había sido excarcelado por el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, que ya había sido cuestionado por liberar delincuentes: la organización Madres del Dolor pidió juicio político para él después de haber liberado a un acusado de violar a su hija.
Otro juez cuestionado es Nicolás Schiavo, de San Martín, que dio la prisión domiciliaria a un gendarme acusado de violar a dos mujeres. "Hace pocos días, la Cámara Penal dio vuelta un fallo de un juez y evitó la libertad condicional de ese gendarme", recordó Scioli, al hablar de las modificaciones del Código Procesal Penal, que endurecieron el régimen de excarcelaciones.
Agregó: "Más que hablar sobre un juez en particular, yo explico los cambios en el sistema [...]. Hubo un fallo de la Cámara que se hizo sobre la base de la reforma del Código de Procedimiento Penal, que tuvo como objetivo central limitar las excarcelaciones, que los delincuentes peligrosos no estén paseando alegremente después que se los detenga por alguna causa. Esto ya está ocurriendo; me costó gran esfuerzo poder crear consenso. Fueron cinco meses de discusión".
Schiavo también había favorecido con una prisión domiciliaria monitoreada por medio de una pulsera electrónica a Angel Fernández, que cuando gozaba de este beneficio fue acusado de asesinar a los cuatro integrantes de la familia Mansilla, en julio del año pasado, en Los Cardales. Por este caso, se pidió el juicio político de Schiavo.
El presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, Carlos Lami, dijo ayer a LA NACION que, además de la conducta de esos dos jueces, también es observada la de otros funcionarios del Poder Judicial de San Isidro y San Martín.
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