El precio del silencio de los medios

El precio del silencio de los medios

Roberto Saba y Robert O. Varenik*
END - 08:30 - 14/09/2008

SANTIAGO
En 1986, el periodista opositor José Carrasco Tapia fue arrastrado de su casa en Santiago, Chile, por uno de los escuadrones de la muerte del general Augusto Pinochet. Le dispararon 13 veces en la nuca y lo arrojaron en un cementerio. Así se sumó a una lista macabra de periodistas latinoamericanos tratados brutalmente por atreverse a hablar durante los años 1970 y 1980.

Durante esa época, los secuestros, la tortura y los asesinatos tenían asida por la garganta a la prensa latinoamericana; la estenografía era una opción infinitamente más segura para los que reportaban las noticias. A medida que América Latina se volvía cada vez democrática en los años subsiguientes, más periodistas eligieron investigar en lugar de reescribir gacetillas de prensa gubernamentales.

Especialmente al atacar la corrupción oficial, los periodistas valientes hicieron del saqueo de las arcas públicas un negocio arriesgado más que un derecho de nacimiento --y enfurecieron a muchos de los corruptos--. Hoy, muchos gobiernos latinoamericanos, temerosos de la capacidad de los medios para exponer delitos, alteraron sus tácticas aunque siguen decididos a cercenar la libertad de prensa.

Los periodistas latinoamericanos tal vez hoy enfrenten una menor amenaza de muerte, pero muchos aún confrontan un puñado de desafíos destinados a controlarlos. A puertas cerradas, los gobiernos pergeñan incentivos financieros y poderes regulatorios para acallar la crítica mediática y torcer el contenido editorial a su favor.

Sin una prensa crítica, los innegables progresos de América Latina hacia una verdadera democracia --el desarrollo de una ciudadanía informada y facultada y de gobiernos respetuosos de las fronteras legítimas del poder-- resultarán amenazados, incluso cuando las trampas electorales formales se vuelvan más habituales.

Existe un patrón alarmante de manipulación de la prensa en toda la región, desde las autoridades hondureñas que le cortaron el servicio telefónico a una estación de radio nacional, hasta los funcionarios argentinos que castigan a la prensa escrita. En diferente medida, las autoridades locales y nacionales en estos países, y en Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, están reescribiendo colectivamente el manual del juego autoritario.

Aún más generalizada que la represión indirecta es la presión pervertidora del dinero oficial. En toda América Latina, la publicidad proveniente del sector público es crítica para la supervivencia financiera de los periódicos y las estaciones de radio, en especial para los medios locales. En Colombia, la rutina es simple: los periodistas que subsisten de los ingresos generados por la venta de espacio publicitario a los organismos de gobierno llaman a los funcionarios por la mañana para obtener información para sus artículos; más tarde, cuando intentan venderle publicidad a los mismos funcionarios, descubren el verdadero costo de la cobertura de noticias independiente.

En la misma sintonía, en 2004, el presidente de Costa Rica decretó que su administración dejaría de anunciar en el principal periódico del país, en represalia por la cobertura crítica. En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda de Perú utilizó los contratos publicitarios del gobierno para inclinar a su favor la cobertura de su ministerio y de su propia persona en los periódicos nacionales.

Algunos gobiernos practican un método aún más directo de soborno a cambio de obtener una cobertura favorable. En Honduras, los pagos directos del gobierno a los periodistas son moneda corriente, al igual que los salarios mínimos o inexistentes para los periodistas. Algunos funcionarios incluso les exigen a los periodistas que firmen contratos donde se los obliga a realizar una cobertura favorable de las actividades oficiales.

En toda la región, las autoridades gubernamentales hacen callar a quienes consideran agitadores y manipulan los procedimientos de emisión de licencias de transmisión para beneficiar a sus aliados políticos o acallar a las voces independientes. En consecuencia, la autocensura convulsiona a redacciones enteras, y a muchos medios no comerciales o alternativos se les niega el acceso a las frecuencias de transmisión.

Todos, salvo los más valientes, permanecen en silencio; con la amenaza de la ruina para su periódico o su estación de radio, los riesgos que corren los periodistas ya no son principalmente personales. En riesgo está la diversidad floreciente de opinión e información que comenzó a revitalizar a la industria de medios tradicionalmente formal y monopólica de la región.

El panorama no es totalmente lúgubre e, irónicamente, informar sobre la manipulación noticiosa ayudó a galvanizar a los políticos en algunos países para crear mejores reglas de juego y más aplicables.

Medidas como procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes por parte del sector público, y no el control político sobre la asignación de los fondos publicitarios del gobierno, harían mucho, sobre todo si se las combina con una información de calidad, para proteger a los medios de la persistente tentación de las autoridades de controlar lo que el público puede saber.

Carrasco Tapia murió por su visión de un periodismo opositor crítico. Sería una tragedia si aquellos que todavía quieren controlar a los medios triunfan ejecutando sus tácticas de manera subterránea, a puertas cerradas. La amenaza que plantean puede ser menos dramática, pero no por eso menos perniciosa.

*Roberto Saba es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, en Chile, y Robert O. Varenik, es el Director Ejecutivo en funciones de la Open Society Justice Initiative. Ambas organizaciones recientemente publicaron The Price of Silence (El precio del silencio), un informe sobre la censura en los medios de América Latina.

Copyright: Project Syndicate, 2008.

www.project-syndicate.org

Palabras Claves: Opìnión, Roberto Saba