Argentina, en deuda con el acceso a la información

Hay 11 países en América Latina que tienen normas aprobadas por el Congreso
Argentina, en deuda con el acceso a la información

No existe una ley nacional sobre el derecho a solicitar datos al Estado. Está vigente un decreto que es parcial. En Chile comenzará a regir a partir del lunes.

Por: Miguel Wiñazki
Publicado en Clarín
17 de abril de 2009

Hay 11 países en América Latina que disponen de una Ley de Acceso a la Información Pública, y la Argentina no está entre ellos. El último en sumarse a la lista fue Chile. El próximo lunes la ley entrará allí en vigencia efectiva. Desde ese día, todos los organismos del Estado deberán publicar en un sitio Web todos los datos vinculados a sus gastos: desde el monto de sus remuneraciones hasta lo que destina a cada contrato solventado con dinero público.

El senador Hernán Larrain, de la Concertación, sintetizó el valor de la Ley. "Su implementación es la principal reforma del Estado que se ha realizado en el país desde hace muchos años. Es una ley llamada a producir una gran transformación en la actividad pública".

La ley existe en México, donde tiene rango constitucional, en Chile, Colombia, Perú, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, Ecuador, República Dominicana y Antigua y Barbuda. También en los Estados Unidos y en Canadá. No existe como ley en Argentina, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Venezuela.

El modelo de la transparencia por vía legal está incorporado en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Es el derecho a "investigar y recibir informaciones", dimensiones inherentes a la libertad de expresión.

Las leyes de transparencia permiten que quienes soliciten informacion al Gobierno lo hagan sin exponer razones legales para legitimar sus demandas. Cada ciudadano tiene la potestad de requerir los datos que quiera y el Estado la obligación de otorgarlos, simplemente porque alguien se lo solicita. En la Argentina, sin embargo, no hay ley sino un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003. Rige sólo para el Poder Ejecutivo y no para el Legislativo o el Judicial. Ello da lugar a una arbitraria disparidad de criterios para facilitar informacion requerida. Para citar un sólo ejemplo: un periódico de Florencia Varela solicitó hace cuatro años al municipio información relativa al gasto en recursos públicos de la comuna. No hubo ningún resultado. En éstos días se presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para acceder a esos datos, que aún no fueron suministrados.

Como enfatiza María Clara Güida, especialista en acceso a la información de la Universidad de Buenos Aires, "sería muy importante que Argentina tenga una ley de acceso a la información porque es un derecho humano fundamental, que tiene que estar reglamentado en una norma nacional. Se aplican decretos y resoluciones que son parches dispares. Las provincias tienen normas distintas entre sí, y los municipios también".

El derecho a la información es esencial a la democracia, como el agua y el aire. Y la alianza entre el secreto y el poder es un muro que no lleva a ninguna parte.