Entrevista al Jurista Víctor Abramovich

"Los derechos humanos se juegan hoy en temas como migración y narcotráfico"

Publicada en Clarín
19 de abril de 2009

La región ya no padece dictaduras, pero la exclusión genera nuevas formas de opresión. Las rutas de la droga y de los inmigrantes están diseñadas a golpes de violencia, mientras la ley funciona esporádicamente.

Claudio Martyniuk.
cmartyniuk@clarin.com

La situación de América latina en materia de derechos humanos tuvo un cambio importante a partir de que se dejaran atrás los regímenes militares. Sin embargo, siguen existiendo desafíos, unos vinculados al pasado dictatorial y otros originados en formas de violencias enquistadas, en desigualdades y opresiones.

En la labor académica y como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -la misma CIDH que visitó Argentina en el oscuro 1979 y que este año cumple medio siglo-, Víctor Abramovich concentra su atención en la situación de los derechos humanos en América latina.

¿Ha cambiado el significado de los derechos humanos en la región?

Luego de los sistemas de terrorismo de Estado en Sudamérica, y los conflictos armados internos en Centroamérica, que se manifestaron en las décadas de 1970 y 1980, se presentó otra etapa, de transición a la democracia -los '80 en Sudamérica y, después de los acuerdos de paz, a fines de los '80 y principios de los '90, en Centroamérica. Ahí el eje central fue el tratamiento del pasado -qué hacer con los crímenes de las dictaduras- y el desarrollo de los principios de justicia, verdad, memoria y reparación. También se presentó la necesidad de desmantelar el legado dictatorial en las democracias, ya que en la transición persisten normas de excepción y fueros militares.

Da la sensación de que aparecieron también nuevas preocupaciones en la sociedad civil.

Sí, porque aparecieron cuestiones ligadas a la igualdad ante la ley -de la mujer y de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Estas reformas de los códigos civiles, que culturalmente parece que se dieron hace mucho, son muy recientes. Y hoy, con problemas, se avanza en la transparencia de los sistemas electorales y en el respeto básico de las libertades de prensa y de expresión. Pero hay dificultades en la efectivización de derechos, sobre todo por la profunda desigualdad y exclusión social. La situación de pueblos indígenas, las comunidades negras, los migrantes irregulares y la selectividad de los sistemas penales son problemas urgentes.

En materia de violencia, ¿lo más grave se registra en Colombia?

Colombia es un caso aparte en este proceso, porque tiene un conflicto armado interno que lleva 30 años y es el país donde se registra la crisis humanitaria más importante del continente, y una de las más importantes del mundo: estamos hablando de dos millones y medio a tres millones de personas desplazadas a causa de la violencia. Entonces, ahí la situación es diferente porque el tema del derecho a la vida y la integridad física sigue siendo central. Los países vecinos deben sostener los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos, porque implican una garantía última para las víctimas. Cualquier país que sostenga una política de derechos humanos debería tener en Colombia una prioridad.

La violencia en Colombia, ¿afecta al sistema democrático?

Colombia tiene una democracia que funciona, pero también tiene un conflicto armado. Esto hace que se contrapongan las lógicas de la democracia y del conflicto. Y es indudable que la violencia política afecta al sistema democrático. Un caso extremo es el de la Unión Patriótica, un partido que fue importante, pero sus dirigentes fueron asesinados. Hoy se investiga la vinculación de dirigentes políticos con grupos paramilitares, lo cual implica apoyo no sólo económico, sino también el exterminio de los opositores, para garantizar que ciertas personas no lleguen a ocupar cargos públicos.

¿Qué papel juega la Justicia?

Funciona con relativa independencia; es un activo de la democracia del país. La Corte Constitucional colombiana puso límites a declaraciones de estado de excepción y ha invalidado algunas normas de la Ley de Justicia y Paz, que es la base del proceso de desmovilización con los paramilitares, por considerar que no respetaban los derechos de las víctimas a que hubiera justicia, verdad y reparación.

El cuestionamiento al poder estatal, ¿se extiende a otros países por el avance del narcotráfico?

Sí. Pero la diferencia de Colombia es que hay un conflicto armado interno que se vincula a la política, aunque su violencia está ligada al narcotráfico. Por el traslado de las rutas del tráfico de armas y drogas, se extiende geográficamente la violencia en Latinoamérica. Hoy, los derechos humanos se juegan en temas como migración y narcotráfico, entre otros. En varios países crece el control territorial de organizaciones criminales que generan prácticas de violencia, como la muerte de periodistas en México por investigar mafias.

¿Cuál es la agenda, en derechos humanos, de Centroamérica?

Hay temas que tienen que ver con las transiciones a la democracia y el juzgamiento de crímenes cometidos durante los conflictos armados internos; son los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras. Se presenta un alto poder de impunidad frente a esos crímenes. Hay problemáticas vinculadas al aumento de la criminalidad organizada, pero también otros nuevos, derivados, por ejemplo, de la migración. El tema de los niños que migran solos o con otros menores -a veces van tras sus padres, que fueron a EE. UU.- , es de enorme gravedad porque hay una tendencia a considerar que si la persona ingresa ilegalmente al territorio, no accede a ningún derecho. En los últimos tiempos se observa una vinculación de las políticas migratorias con las políticas de seguridad en la región. Y esto se refleja en los centros de detención de las estaciones migratorias, que funcionan en una suerte de limbo legal: no son centros penales, por lo tanto no se aplican las normas y garantías, pero tampoco son espacios abiertos; son una especie de lugares de detención administrativa, donde hay una amplia discrecionalidad de los encargados de la custodia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace un seguimiento sobre centros de detención de migrantes en Texas.

¿Cuáles son los componentes de ese Sistema Interamericano?

Fundamentalmente, la CIDH y la Corte Interamericana. La CIDH supervisa la situación de los derechos humanos en los países. Puede recibir denuncias cuando los casos no obtuvieron respuesta en el nivel estatal. Si considera que el Estado violó la Convención o la Declaración Americana, emite una recomendación que marca las obligaciones que debe cumplir el Estado. Si no las cumple -y si ese país aceptó la competencia de la Corte Interamericana- puede demandarlo. EE. UU., Canadá y muchos países del Caribe no aceptan la competencia de la Corte.

¿Cuál es la importancia de los fallos de la Corte Interamericana?

El impacto es alto en América latina. Todos los Estados de la zona pueden ser demandados ante la Corte. Además, influye su jurisprudencia. La Corte Interamericana limitó la facultad de los Estados de amnistiar graves violaciones a los derechos humanos o declararlos prescriptos. Y esa jurisprudencia es tomada por cortes de Argentina, Chile y Perú, que así reabrieron causas que estaban cerradas. Hay ejemplos en contrario: jueces de República Dominicana se negaron a aplicar una decisión de la Corte Interamericana sobre tratamiento de migrantes haitianos y consideraron que ella no se adecuaba al orden interno.

¿Cómo se resuelve el conflicto?

No hay una regla que lo dirima, porque la base de la integración en un sistema de justicia internacional es que el Estado esté dispuesto a aceptar las decisiones. La Corte argentina es la que fue más lejos. Algunos de sus jueces, aun disconformes con ciertos fallos de la Corte Interamericana, consideraron que la inserción del país en ese sistema obliga a acatar los fallos del tribunal internacional.

También ejerce influencia sobre reformas legales.

Es una de las áreas de mayor efectividad del sistema, por los cambios en las políticas que se dan en el marco de los casos, pero no a partir de decisiones, sino por acuerdos que se alcanzan. Los actores del sistema -organizaciones sindicales, de indígenas, de afroamericanos y movimientos sociales- llevan casos no sólo para obtener una jurisprudencia, sino también para motivar cambios en las políticas legislativas. En los últimos años se agrega una mayor predisposición de los Estados a resolver de manera consensuada los casos y evitar los procesos contenciosos. Así, Argentina se comprometió a derogar la norma sobre desacato y la ley de migraciones de la dictadura, a revisar la legislación en materia de calumnias e injurias y a reformar el Código de Justicia Penal Militar. Chile, a través de este tipo de acuerdos, promueve una nueva ley de acceso a la información pública. En México, por una acción contra la judicialización del aborto terapéutico en Baja California -la judicialización impide practicar el aborto legal en un tiempo razonable- se acordó un protocolo de implementación del aborto no punible. A partir de un caso, entonces, se discuten políticas de protección de derechos humanos.

¿Qué intervención tuvo la CIDH en Bolivia, ante las denuncias de prácticas de servidumbre?

Constató la existencia de un régimen de semiesclavitud en haciendas del Chaco boliviano. Allí las personas no están encadenadas, ni las hacen trabajar a latigazos, pero no se les paga salario, sino que hay una libreta donde se anota todo lo que el propietario les entrega, desde el alimento hasta la vestimenta. Familias guaraníes enteras son un objeto más de la hacienda, y hasta que no cubren la deuda no pueden salir.

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