El País
Madrid
LUIS MORENO-OCAMPO 24/05/2010
Desde junio de 2003 tengo el privilegio y la responsabilidad de conducir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nuestra misión es terminar con la impunidad de los crímenes que una y otra vez dijimos que no se iban a repetir, solo para ver que eran cometidos una y otra vez: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
El Estatuto de Roma, que se aprobó en 1998, sirvió para crear algo más que la Corte Penal Internacional. Transformó el "nunca más" de una promesa moral en un deber jurídico. Los Estados se comprometieron a castigar estos crímenes; aceptaron que si ellos no lo hacían, otro tribunal, la Corte Penal Internacional, independiente y permanente, podía intervenir en su territorio con su apoyo.
La Corte es la parte más visible de la red, pero su fuerza radica en el compromiso de los 111 países que han ratificado el Estatuto de Roma y en ciudadanos activos de todo el mundo.
El acuerdo de Roma se firmó sin carácter retroactivo, para crímenes cometidos después de 2002. No se pueden investigar, por tanto, ni los crímenes cometidos bajo las órdenes de Pinochet o el apartheid en Sudáfrica.
Colombia es una muestra de cómo funciona el nuevo sistema. Las autoridades colombianas se han comprometido a investigar los crímenes cometidos en su territorio y me han invitado repetidas veces para comprobar los esfuerzos que realizan. Mi primer deber es no investigar cuando las autoridades nacionales lo hacen.
Otro ejemplo es Kenia. Aunque el Parlamento keniano no llegó a un acuerdo para realizar juicios nacionales sobre los crímenes cometidos después de las elecciones de diciembre de 2007, las autoridades aceptaron que la Corte abriese una investigación independiente.
Cada caso de la Corte tiene consecuencias en todo el mundo. Nuestro primer juicio fue contra un líder del Congo por usar niños de menos de 15 años como soldados. Y aun antes de la sentencia, el caso tuvo impacto en Nepal, donde más de 3.000 niños fueron desmovilizados.
También tuvo consecuencias la orden de arresto contra el presidente de Sudán, Al Bashir, por crímenes en contra de los ciudadanos de Darfur, a pesar de que todavía no ha sido ejecutada. La orden cambió para siempre el manejo de los conflictos internacionales. Las víctimas no pueden ser ignoradas en la mesa de negociación. No hay más impunidad para jefes de Estado que cometen crímenes masivos. Su destino es enfrentar la justicia.
Mi responsabilidad en el Tribunal de La Haya incluye construir los cimientos de una institución que debe prestar un servicio de justicia en todo el mundo y por los siglos que vienen. Fui nombrado por mi experiencia como fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas, realizado en Argentina en 1985, el primer juicio a los máximos comandantes por crímenes masivos realizado después de Núremberg. Ese proceso me entrenó en cómo investigar crímenes masivos sin contar con el auxilio de la policía. Me mostró también cómo la justicia puede ayudar a reconciliar a una sociedad dividida. Antes del juicio mi mamá creía que yo estaba cometiendo un grave error, creía que el general Videla era igual a su papá, mi abuelo, que también era general. No pude convencerla, el juicio lo hizo. Poco después de haber comenzado las audiencias de testigos me dijo: "Le sigo queriendo a Videla, pero tiene que estar preso".
Para llevar a cabo mi labor, pido colaboración a los que considero los mayores expertos del mundo: Lord Goldsmith, ex fiscal general de Reino Unido, que revisó mi presentación del primer caso; Catherine Mackinnon, que creó el concepto de justicia de género, es mi asesora en el área; o Mireille Delmas-Marty, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia.
Le agradezco a España, que ha liderado la adopción del Estatuto de Roma, por permitir que Baltasar Garzón se sume a partir de hoy y por siete meses a nuestro equipo. Somos 300 personas de 70 países distintos. Tenemos que ser un equipo eficiente y consistente. Garzón nos va a ayudar a desarrollar algunas áreas de nuestro Manual de Operaciones. Su experiencia en investigaciones nacionales e internacionales sobre crímenes cometidos por miembros del Estado o de organizaciones criminales va a permitir que desarrollemos nuevos métodos de investigación.
