El valor probatorio del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Por José Zalaquett
Publicado en www.revistaideele.com

La sentencia elaborada por el juez San Martín Castro, por la cual se condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de privación de libertad, ha motivado controversia, entre otros puntos, sobre el valor probatorio que en ella se asigna a hallazgos y conclusiones contenidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En mi opinión, la valoración que el juez hace del contenido de dicho documento es acertada. Me baso para ello en las siguientes consideraciones:

1. El crimen de Estado.

Es cierto que son las personas quienes cometen crímenes, no los estados. Sin embargo, la expresión “crimen de Estado” tiene pleno sentido, en cuanto denota la perpetración de ilícitos penales por quien o quienes ostentan los poderes del Estado y se valen de tales potestades no solo para ejecutar hechos delictuosos, sino también para intentar ocultarlos, negarlos y, en todo caso, para eludir su propia responsabilidad.

Bien recordaba en sus primeros párrafos el informe Nunca Más, emitido en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina, lo que Hobbes sostuvo en su obra capital, Leviatán: no hay peor crimen que aquél cometido a conciencia de su impunidad. En nuestros tiempos, el sentido de este aserto se ha hecho dramáticamente patente. Es claro que el asesinato perpetrado por un particular vulnera el valor o bien jurídico “vida humana” de igual modo que un asesinato político ordenado por la autoridad, y ambos pueden revestir similares características de crueldad o premeditación. Sin embargo, para los efectos de la salvaguarda general de los derechos de las personas y del Estado de Derecho, el crimen que se comete en la esperanza de no ser descubierto es menos grave que el que perpetran las autoridades del Estado que, valiéndose del monopolio de la fuerza, la que se puede aplicar legítimamente solo para respaldar el cumplimiento de las leyes y para proteger los derechos fundamentales, vulneran tales derechos, confiando en la impunidad que su posición de poder parece garantizarles. En este segundo caso, nos encontramos en una situación de suprema indefensión de las personas, pues el pastor se ha transformado en lobo.

Precisamente porque las autoridades estatales cuentan con poderes que les permiten dar el golpe y ocultar la mano, la prueba de la responsabilidad criminal de los más altos agentes del Estado ofrece, con mucha frecuencia, particulares dificultades. La respuesta a este problema no consiste, por cierto, en echar por la borda principios jurídicos largamente asentados, como los que consagran la presunción de inocencia y el valor de ciertos medios de prueba; pero sí exige una rigurosa labor de investigación, ponderación y raciocinio judicial que aplique tales principios a la compleja realidad del crimen cometido u ordenado por altas autoridades del Estado.


2. Hechos de contexto y valor probatorio del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

El juzgador del caso Fujimori alude al Informe Final de la CVR recordando que se trata de un instrumento de justicia transicional de carácter interdisciplinario, cuya labor se centró en reconstruir la historia de los años de violencia y, además, tuvo por fin contribuir a que haya una recomposición del país desgastado y quebrado durante esos años, y a que no se repitan tales experiencias. Estos objetivos, nos advierte el juez, son “distintos a los estrictamente judiciales”. Así es: lo que se ha dado en llamar “justicia transicional” en foros académicos internacionales y en el debate público que ha tenido lugar en muchas naciones que se esfuerzan por superar un pasado reciente de graves conflictos y crímenes políticos, es un conjunto de principios y políticas que se han aplicado con variados matices y modalidades, en distintos países, durante las últimas tres décadas; no obstante ellas tienen el propósito común de forjar o reconstruir una institucionalidad y una convivencia social quebrantadas por dictaduras políticas, conflictos armados y otras situaciones semejantes. Se trata de una tarea de refundación moral y política, cuya piedra angular suele ser el establecimiento de una Comisión de la Verdad con la misión de revelar, de manera fundada y creíble, la magnitud de las atrocidades perpetradas, los daños causados a personas determinadas y a la nación en su conjunto, y proponer medidas de reparación y de prevención con el fin de hacer justicia a las víctimas y asegurar que tales hechos no se repitan.

Tal comisión, por tanto, no es un tribunal, sino un órgano estatal, autónomo y transitorio, cuyo sentido es de carácter histórico y moral. Sin perjuicio de ello, sus conclusiones, si efectivamente ha actuado con rigor y honestidad, como ciertamente fue el caso de la Comisión peruana, pueden servir de base para adoptar políticas y medidas de reparación, justicia y reforma institucional.


3. Presunciones judiciales

Una presunción judicial, medio de prueba ampliamente aceptado en la legislación comparada, consiste en tomar pie en hechos conocidos para deducir de ellos, lógicamente, hechos no conocidos que son sustanciales, pertinentes y controvertidos en el proceso.

De este modo, el informe de una comisión de la verdad, debidamente ponderado por el juez de una causa criminal, bien puede contribuir decisivamente a probar hechos de contexto, como el carácter sistemático y generalizado de los actos criminales perpetrados por agentes estatales y el hecho de que tales prácticas responden a una política del gobierno. Así lo hace la sentencia que comentamos, en sus apartados 123 y siguientes.


4. Teorías de la responsabilidad del mando y del dominio del hecho

A partir del desarrollo de la jurisprudencia penal internacional, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y fruto también del desarrollo de doctrinas penales recientes, han surgido teorías jurídicas sobre la responsabilidad de los mandos militares superiores, así como de actores que, sin haber perpetrado materialmente un crimen, controlan los factores y circunstancias que hicieron posible su comisión. No contamos con el espacio para abundar sobre estas teorías. En definitiva, en mi opinión, ellas (principalmente la segunda) constituyen un enriquecimiento necesario del concepto de autor indirecto o mediato.

El fallo que comentamos constituye un destacado ejemplo de razonamiento judicial que se adentra en las complejidades fácticas y probatorias del crimen de Estado, para llegar a conclusiones que, a mi parecer, son justas y sólidas. No crea, como pretenden muchos de quienes lo atacan, evidencias artificiales ni extiende indebidamente las que han quedado establecidas. Por el contrario, esta sentencia es una pieza jurídica seria y docta, que aplica correctamente presunciones judiciales (además de otros medios de prueba), así como conceptos legales sobre autoría mediata a los hechos examinados, logrando, en definitiva, que Fujimori no eluda sus responsabilidades penales como autor, al amparo de interpretaciones inaceptablemente estrechas del derecho y la justicia.

Fujimori fue condenado por violación de Derechos Humanos

El Comercio.com.pe
7 de abril de 2009

Tras 484 días y 161 sesiones, Fujimori fue condenado por violación de DD.HH.

El ex presidente Alberto Fujimori fue hallado culpable de cuatro delitos por la justicia peruana en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro lo halló por unanimidad culpable de las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

“Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. La sentencia que se emite es condenatoria”, dijo San Martín.

Fujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el 10 de diciembre de 2007.

Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la sentencia mientras escribía sin detenerse en una libreta sin mirar en ningún momento al tribunal.

Sus dos hijos más conocidos, Keiko y Kenji Fujimori, escucharon la sentencia con molestia, mientras que la madre de uno de los estudiantes universitarios de La Cantuta asesinado por el grupo Colina lloraba.

El juez San Martín dijo que por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones un equipo formado por más de 20 personas trabajó junto a los otros dos magistrados: Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.

San Martín indicó que la sentencia estaba dividida en cuatro partes, constaba de 711 folios, 8.390 parágrafos, 1.258 notas a pie de página y el texto estaba escrito en letras Century de tamaño 11.

La relatora de la sentencia empezó a leer los 247 fundamentos que sustentan la condena de Fujimori por los cuatro delitos, luego de las 9:27 de la mañana, hecho que continúa hasta el momento.

Es la primera vez que un ex mandatario peruano y latinoamericano, elegido bajo comicios democráticos, es declarado culpable bajo la justicia de su país por violaciones a los derechos humanos.

Fujimori gobernó el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta que renunció vía fax luego de huir a Japón el 19 de noviembre de 2000.

Un Museo de la Memoria para Perú

El siguiente artículo de Vargas Llosa publicado en El País, de España, y reproducido en Argentina por La Nación, propone un debate sobre la importancia y justificación de Museos de la Memoria en países que sufrieron violaciones masivas de derechos humanos. El debate es aún muy débil en Argentina y podría enriquecerse con discusiones similares en otros países del mundo, como por ejemplo en Perú. Aquí va...

"Perú no necesita museos"

Insólito desplante a la canciller alemana, Angela Merkel

Mario Vargas LLosa
El País
Sábado 21 de marzo de 2009

LIMA.- El autor de esta teoría -que Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales- es el señor Antero Flores Aráoz, ministro de Defensa del gobierno peruano. No se trata de un gorila lleno de entorchados y con sesos de aserrín, sino de un abogado que, como profesional y político, ha hecho una distinguida carrera en el Partido Popular Cristiano, del que se separó hace algún tiempo para representar a Perú como embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura.

Para situar el úcase del ministro en su debido contexto hay que recordar que, entre 1980 y 2000, Perú padeció una guerra revolucionaria desatada por Sendero Luminoso, cuyo salvajismo terrorista provocó una respuesta militar de una desmesura también vertiginosa. Cerca de 70.000 peruanos, la inmensa mayoría de los cuales eran humildes campesinos de los Andes y habitantes de los pueblos más pobres y marginales del país, murieron en ese cataclismo.

Al terminar la dictadura de Alberto Fujimori (a punto de ser condenado en estos días por los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante su régimen), el gobierno democrático nombró una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la magnitud de esta tragedia social. Presidida por un respetado intelectual y filósofo, el doctor Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Comisión elaboró un documentado estudio de esos años sangrientos y un cuidadoso análisis de las causas y consecuencias, y del saldo en vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados, torturas, secuestros, desaparición de personas y de aldeas que dejó la violencia de esos años.

Un vasto sector de opinión pública reconoció el valioso trabajo de la Comisión, pero, como era de esperar, sus conclusiones fueron criticadas y rechazadas por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo. De este modo, estas últimas se curaban en salud de su complicidad con un régimen autoritario que, además de cleptómano y corrompido hasta los tuétanos, detenta un pavoroso prontuario de asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas con el pretexto de la lucha antisubversiva.

La Comisión organizó, con los materiales de su investigación, una de las más conmovedoras exposiciones que se hayan visto jamás en Perú y que todavía se puede visitar, aunque en formato algo reducido, en el Museo de la Nación, en Lima. Llamada Yuyanapak (Para recordar), muestra, en fotos, películas, cuadros sinópticos y testimonios diversos la ferocidad demencial con que los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y, también, comandos de las Fuerzas Especiales y grupos de aniquilamiento -como el tristemente célebre Grupo Colina- sembraron el horror segando decenas de millares de vidas humanas inocentes y la impotencia y desesperación de los sectores más humildes y desamparados del país ante ese vendaval que se abatió sobre ellos, desencadenado por el fanatismo ideológico y el desprecio generalizado por la moral y por la ley.

Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial a Perú, ofreció ayuda de su gobierno para financiar un Museo de la Memoria que, siguiendo las pautas sentadas por Yuyanapak, sería, a la vez, un documento genuino, didáctico y aleccionador sobre los estragos materiales y morales que padeció Perú en los años del terror y un llamado a la reconciliación, a la paz y a la convivencia democrática.

Por razones obvias, Alemania es sensible a estos temas, y no es extraño que un país que ha hecho un admirable esfuerzo para enfrentarse a un pasado atroz con sentido autocrítico y ha conseguido superarlo y es por eso, ahora, una sociedad sólidamente democrática, haya querido apoyar la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fiel a la palabra de la canciller, el gobierno alemán propuso donar dos millones de dólares a Perú para la construcción del Museo de la Memoria, el que cuenta ya, incluso, con un posible terreno, en el Campo de Marte, en torno a una hermosa escultura de Lika Mutal inspirada en ese mismo drama: El ojo que llora . El gobierno peruano, en una actitud lamentable, ha hecho saber que no acepta el donativo alemán. Y el ministro de Defensa ha sido el encargado de justificar semejante de-saire con la teoría resumida en el título de este artículo.

El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países sólo deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery ni el Hermitage, y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar lápices, abecedarios y zapatos. Y el ministro ha refrendado las críticas que ya se habían hecho en el pasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a Yuyanapak: falta de imparcialidad, mantener una abusiva equidistancia entre los terroristas y las fuerzas del orden.

Esas críticas son de una injusticia flagrante. Nadie criticó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA más que yo. Fui candidato aquellos años y dediqué buena parte de mi campaña a denunciar sus crímenes y su locura fanática y a defender la necesidad de combatirlos con la máxima energía, pero dentro de la ley, porque si un gobierno democrático empieza a utilizar los métodos de los terroristas para derrotar al terrorismo, como hizo Fujimori, aquellos, de algún modo, ganan la guerra, aunque parezca que la pierdan. Por eso, hubo dos atentados fallidos contra mi vida, uno en Pucallpa y otro en Lima. Por otra parte, creo haber criticado con la misma constancia las contemporizaciones, cobardías y medias tintas de los intelectuales de izquierda frente al terrorismo. Por todo ello creo poder decir, con total objetividad, sin ser acusado de simpatías extremistas, después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la Comisión, que hay en ellos un esfuerzo sostenido para desenterrar la verdad histórica entre el dédalo de documentos, testimonios, informes, declaraciones y manipulaciones contradictorios que debió cotejar. Sin duda que en esos nueve abultados volúmenes se han deslizados errores. Pero ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido, señalando de manera inequívoca que la primera y mayor responsabilidad de esa monstruosa carnicería la tuvieron los fanáticos senderistas y emerretistas convencidos de que asesinando a mansalva a todos sus opositores traerían al Perú el paraíso socialista.

Los peruanos necesitamos un Museo de la Memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política. Para que lo ocurrido en los años 80 y 90 no se vuelva a repetir. Para aprender de una manera vívida adónde conducen la sinrazón delirante de los ideólogos marxistas y maoístas y, asimismo, los métodos fascistas con que Montesinos y Fujimori los combatieron, convencidos de que todo vale para lograr el objetivo, aunque ello signifique sacrificar a decenas de miles de inocentes.

Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y, sobre todo, de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros.
Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico.

El progreso no significa sólo muchos colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes gobiernan digan o hagan tonterías.