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viernes, 26 de noviembre de 2010

Bob Cottrol: Discriminacion Estructural en los Estados Unidos

La Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo recibirá la visita del Profesor de Derecho Constitucional Robert James Cottrol, de la George Washington University Law School.

El Prof. Cottrol dictará dos seminarios:

La Igualdad y la discriminación laboral en los Estados Unidos

y La ciencias sociales y la prueba en el litigio estructural

Ambos encuentros tendrán lugar el 1 y 2 de Diciembre respectivamente a las 18:30 en el aula 7-5 de la sede de Mario Bravo 1050 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.

Los escritos del Prof. Cottrol sobre derecho constitucional e historia han sido publicados en el Yale Law Journal, el Georgetown Law Journal, el American Journal of Legal History, en Law and Society Review, Slavery and Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, American Quarterly, entre otros.

Actualmente su investigación contrasta el rol que tienen las leyes en el desarrollo de sistemas esclavistas y de jerarquía racial en los Estados Unidos y América Latina.

La asistencia a los seminarios es libre y gratuita, le solicitamos que si desean inscribirse lo hagan vía mail a eventosde@palermo.edu detallando nombre, apellido, teléfono y a cual de los dos seminarios se quieren inscribir.

jueves, 4 de febrero de 2010

Michael Shifter hablará sobre Obama y América Latina en la UP

Les puede interesar:

Reunión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo con Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue (Washington, DC) y profesor de Política Latinoamericana de la Universidad de Georgetown.

Michael tiene una larga trayectoria de trabajo en América Latina. Su rica carrera incluye su desempeño, en la década del 90, como Director del Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos para la Región Andina y el Cono Sur de la Fundación Ford, de donde pasó a dirigir el programa de América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy hasta que se sumó al equipo del Dialogo Inter-Americano, think tank líder en relaciones entre Estados Unidos y América Latina del que ha sido nombrado Presidente recientemente.

Michael escribe permanentemente sobre relaciones entre Estados Unidos y América Latina y política del Hemisferio. Sus artículos han sido publicados por el New York Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Washington Post, The Los Angeles Times, Journal of Democracy, Harvard International Review, Clarin, O Estado de S. Paulo, y Cambio.

Es co-editor, junto con Jorge Domínguez, de Constructing Democratic Governance in Latin America, publicado por Johns Hopkins University Press.

Ha testificado en repetidas oportunidades ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la política de su país hacia América Latina Mike hará una breve presentacion sobre "Obama y Latinoamérica: nuevos comienzos, viejas fricciones".

Luego de ello, tendremos la oportunidad de dialogar con él. La reunión será el próximo Martes 16 de Febrero a las 12:30 hs en Mario Bravo 1050.

Por cuestiones logísticas, les agradeceré nos confirmen asistencia al tel. 5199-4500 int. 1212 o vía e-mail a eventosde@palermo.edu. Al confirmar participación, pueden pedir el envío de un paper de Michael sobre el tema de su presentación.

sábado, 18 de abril de 2009

La ACLU usa la FOIA y logra extraer memos justificatorios de la tortura del gobierno de Bush

Como respuesta a una demanda judicial iniciada por la Union Americana por los Derechos Civiles de los Estados Unidos (la antigua y prestigiosa organización más conocida por su sigla en inglés ACLU) al amparo de la Ley de Acceso a la Información de ese país (la Freedom of Information Act o FOIA), el MInisterio de Justicia hizo públicos los memos secretos usados por la administración del Presidente Bush para justificar la tortura. Estos memos, producidos por la Oficina de Asesoramiento Jurídico del MInisterio de Justicia, proveyó del andamiaje legal para que la CIA pudiera experiementar el método de tortura conocido como "submarino" y otras métodos ilegales de interrogatorio que violan la ley de los Estados Unidos y el derecho internacional.


La ACLU solicitó al Ministerio de Justicia la designación de un fiscal independiente que investigue las prácticas de tortura que tuvieron lugar durante la administración de Bush.

Anthony Romerto, Director Ejecutivo de la ACLU dijo que: "Tenemos que mirar hacia atrás antes de que podamos movernos hacia adelante como nación. Cuando se han cometido crímenes, el sistema jurídico de los Estados Unidos exige que los que violaron la ley se hagan responsables de sus actos. La afirmación del Presidente Obama sosteniendo que no debería perseguirse a los funcionarios que cometieron crímenes antes de que se lleve a cabo una profunda investigación, es simplemente inaceptable. Aplicar las leyes de la nación no debería ser el producto de una decisión política. Estos memos proveen la evidencia más contundente de que la funcionarios del más alto nivel del gobierno autorizaron y bendijeron actos de tortura que violaron el derecho nacional y el internacional."

Esta es sólo una de las grandes cosas que pueden lograrse con una buena ley de acceso a la información. Es una pena que nuestro gobierno continúe negándose a discutirla en el Congreso... (ver acá y acá)

Para más información sobre los memos que la ACLU logró hacer públicos, podés ver el website de la ACLU y la nota del New York Times.

sábado, 28 de marzo de 2009

Acceso a la Información en momentos de crisis, contrastes

En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.

La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...

RS

The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial

No pueden decírtelo


Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.

La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático

La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.

Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.

El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.


The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You

By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.

The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.

“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.

According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.

The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.

Acceso a la Información en momentos de crisis, contrastes

En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.

La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...

RS

The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial

No pueden decírtelo


Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.

La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de
pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para
el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de
gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático

La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso
Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en
la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.

Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.

El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.


The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You

By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.

The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.

“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.

According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.

The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.

sábado, 24 de mayo de 2008

Obama sobre América Latina

Algunos tramos del discurso de campaña de ayer de Barak Obama sobre América Latina:

"Es tiempo de una nueva alianza de las Américas"

"Después de ocho años de políticas desastrosas de George Bush, ha llegado la hora de avanzar la diplomacia directa, con amigos y enemigos, sin precondiciones".

Si se convierte en presidente, dijo desde Miami, impondrá una "nueva estrategia" hacia Cuba y en la lucha contra la pobreza, la inseguridad y las drogas.

Los vínculos ya no serán, dijo, entre las cúpulas del poder político y económico, sino dirigida a ayudar a los pobres de la región. Estados Unidos será "otra vez un faro de esperanza y una mano que ayude", agregó.

"Hemos fracasado en conectarnos con la gente de la región con el respeto debido a un socio".

Para revertirlo, prometió medir "sus resultados no a través de acuerdos entre gobiernos, sino por medio de las esperan zas del chico en las favelas de Río, la seguridad del policía de la Ciudad de México y las respuestas a los gritos de los prisioneros políticos en las cárceles de La Habana".

Obama ofreció su agenda para la región: mantendrá el embargo a Cuba, pero levantará restricciones y se mostró dispuesto a levantar por completo el bloqueo comercial si el régimen impulsa reformas; criticó en términos durísimos a Chávez; y apoyó a Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), aún si las persigue a través de sus fronteras con Ecuador o Venezuela.

Condicionó su apoyo a los acuerdos de libre comercio: "No podemos aceptar un comercio que enriquece a aquellos en la cima mientras corta los peldaños de abajo".

Por eso votó en contra del Acuerdo para América Central (Cafta, por sus siglas en inglés) y rechazó el pendiente con Colombia, pero apoyó el modificado con Perú.

La Argentina sólo recibió una mención sobre el final de su discurso. Fue cuando anticipó que evaluará "las oportunidades y riesgos de la energía nuclear en el hemisferio sentándonos con México, Brasil, la Argentina y Chile".

Elogió al presidente mexicano Felipe Calderón por su nombre y le prometió su ayuda, pero también marcó deficiencias en su país.

En cuanto a Lula, destacó su liderazgo en etanol: "Podemos aprender del progreso alcanzado por un país como Brasil".

Cuba, en tanto, concentró la mayor cantidad de alusiones directas -una veintena-. Dijo que el régimen de los hermanos Castro creó "un terrible y trágico statu quo ". Pero también denunció la política seguida por Estados Unidos por décadas, la que "no ha hecho nada por impulsar la libertad pa ra el pueblo cubano" y prometió imponer "una estrategia de cambio".

"Mantendré el embargo", aclaró. Y también dijo que autorizará "de inmediato y sin límites los viajes y el envío de remesas a la isla".

Además transmitirá un mensaje a La Habana: "Si dan pasos significativos hacia la democracia, empezando con la liberación de todos los prisioneros políticos, tomaremos medidas para empezar a normalizar relaciones".

Para Obama, la línea adoptada por Bush hacia Cuba, compartida por el candidato republicano John McCain, sólo ofrece "palabras duras" pero nulos resultados. A ellos, dedicó numerosas y variadas críticas. "Es tiempo de impulsar una diplomacia directa, con amigos y enemigos por igual, sin precondiciones", dijo.


Diplomacia agresiva

Si Cuba concentró más líneas de su discurso, las palabras más duras se las dedicó a Chávez, al que calificó de "demagogo" y como uno de los "matones autoritarios" del hemisferio. "Su predecible pero pelig rosa mezcla de retórica antiestadounidense, su gobierno autoritario y su diplomacia de chequera ofrece la misma falsa promesa de las ya intentadas y fallidas ideologías del pasado", dijo.

"Chávez es un líder electo democráticamente -reconoció-. Pero también sabemos que no gobierna democráticamente. Habla de la gente, pero sus acciones sólo benefician su propio poder."

Y fijó una línea clara y controvertida de acción si arriba a la Casa Blanca: "Apoyaremos por completo la lucha de Colombia contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para terminar con el reino del terror de los paramilitares de centroderecha. Apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a los terroristas que buscan zonas protegidas del otro lado de sus fronteras. Y echaremos luz sobre cualquier apoyo a las FARC que provenga de gobiernos vecinos".

Parte de la culpa por la expansión chavista, sin embargo, la centró en el "vacío" que produjo la falta de iniciativa de la administración Bush, lo que también destacó que aprovecharon los europeos, China y hasta Irán para ampliar su influencia. Eso cambiará, anticipó, si él sucede a Bush en enero de 2009. "Impulsaremos una diplomacia agresiva, basada en principios y sostenida desde el día uno", anunció.

lunes, 25 de febrero de 2008

Se va Bush, ¿qué viene?

Por Michael Shifter

Nota aparecida en Perú Economico
El autor es el Vice Presidente del Diálogo Interamericano con sede en Washington D.C.

February 22, 2008

A medida que se estrechan las opciones que los votantes estadounidenses enfrentarán el próximo noviembre, los latinoamericanos y quienes siguen los sucesos en la región crecientemente se hacen la inevitable pregunta: ¿Cómo cambiará la nueva administración la política de EEUU hacia América Latina?

Si la historia reciente sirve de alguna guía, la respuesta es “muy poco”. Desde George H. W. Bush (1989-1993) a Bill Clinton (1993-2001) a George W. Bush (2001-2008), el patrón a lo largo de las dos últimas décadas ha sido uno de continuidad más que de cambio. Por ejemplo, Clinton adoptó el acuerdo NAFTA negociado por su predecesor, tal como el Bush más joven ha respaldado el esfuerzo del Plan Colombia desarrollado bajo Clinton. Así que cualquiera sea el senador que asuma el poder el próximo enero –Hillary Clinton o Barack Obama en el lado demócrata o el presunto representante republicano John McCain–, es poco realista esperar un cambio dramático en la política de Washington hacia la región.

¿Importa América Latina?

La evidencia más clara a favor de la tesis de la continuidad es que los candidatos apenas han mencionado a América Latina en la campaña. Por cierto, ha habido algunas referencias a la región en los debates, incluyendo temas de comercio (particularmente el TLC con el Perú) y la inmigración. Además, la región ha captado algo más de atención a medida que los candidatos compiten por el cada vez más importante voto latino, en Texas y en otros lugares.

Pero incluso en mayor medida de lo esperado hace algunos meses, la creciente preocupación por la tambaleante economía y la pesada necesidad de reformas en el sistema de salud pública han mantenido a los candidatos enfocados principal- mente en los temas domésticos. Cuando la campaña ha enfrentado temas de política exterior, el énfasis ha sido puesto en Irak, lo cual no es sorprendente. Cualesquiera que sean las intenciones de los candidatos, arreglar ese desastre va a ocupar mucho a la próxima administración. Con situaciones volátiles en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Irán, Corea del Norte y China, América Latina parece destinada a quedar como una prioridad muy baja.

Sin embargo, es útil tratar de anticipar cómo los candidatos podrían responder a los retos regionales que casi con certeza enfrentarán cuando asuman el poder. Aunque es tentador y lógico aproximarse a este ejercicio tema por tema –comercio, inmigración, drogas, seguridad, democracia, etc.– la presidencia de George W. Bush en particular nos ha enseñado que otras áreas de la política exterior de los Estados Unidos y sus intangibles matices de tono y estilo resultan más determinantes para la factibilidad de una alianza regional productiva.

Por cierto, el mayor reto de la próxima administración en su tarea de formular una política hacia América Latina es comprender que, mientras los últimos ocho años de la presidencia de Bush han sembrado desconfianza en la región, no es posible ni deseable volver a la mentalidad y al enfoque que caracterizó a Washington en el 2000. Desde entonces, América Latina y los Estados Unidos han cambiado en formas dramáticas y fundamentales. Para bien o para mal, la globalización ha reducido la influencia relativa de Washington en la región y ha ampliado las opciones tanto económicas como políticas de los países de América Latina, especialmente en los países más grandes de América del Sur.

Póquer de personalidades

Como un político relativamente novato con menor bagaje político que los otros dos potenciales ocupantes de la Casa Blanca, Obama podría estar en una relativamente mejor posición para acceder a lo que implican estas transformaciones. La poderosa retórica de Obama, quien se ha convertido en el favorito en el lado demócrata, parece reflejar un entendimiento de estos cambios mayores. Pero incluso una presidencia de Clinton o de McCain se vería forzada a hacer ajustes cuando se encontrara confrontada por una región que se rehúsa a aceptar la etiqueta de “patio trasero”; de lo contrario se arriesgaría a un deterioro aún mayor de la relación entre Estados Unidos y América Latina.

Dados los muchos años que tiene dentro del establishment político, el candidato que quizá tendría la mayor dificultad en hacer el ajuste sería McCain. Sin embargo, paradójicamente, él es el que mejor sintoniza en los temas de mayor preocupación para la mayoría de los gobiernos de América Latina. El senador por Arizona, por ejemplo, es un robusto defensor del libre comercio, incluyendo el acuerdo con el Perú así como el más problemático y controvertido acuerdo pendiente con Colombia. Él cree que el NAFTA –el acuerdo de libre comercio firmado por los Estados Unidos, México y Canadá en 1993– ha sido, en retrospectiva, enormemente beneficioso.

En agudo contraste, Obama y Clinton hablan de revisar el impopular acuerdo NAFTA, aunque no está claro qué es exactamente lo que esto conllevaría. Esta postura refleja un reciente cambio en la opinión pública de los Estados Unidos, un cambio que es especialmente marcado en el Partido Demócrata (después de todo, Bill Clinton abrazó los principios del libre comercio). Ambos se oponen al acuerdo con Colombia, para lo cual invocan la violencia contra los líderes sindicales y los altos índices de impunidad judicial. Apoyaron el acuerdo con el Perú, que fuera modificado para incorporar provisiones ambientales y laborales. Pero sólo dieron su apoyo después de que estuvo claro que, a diferencia del acuerdo con Colombia, no tendrían que pagar el alto costo político de enfrentar a los sindicatos, un grupo electoral medular de su partido.

Es vital distinguir entre las posiciones cambiantes de los tres candidatos en el contexto de una campaña política competitiva y en rápido movimiento, y lo que harán una vez en el poder. Por ejemplo, muchos creen que, una vez en la presidencia, Clinton u Obama (quienes se asemejan marcadamente en la mayoría de temas de política) encontrarían la forma de aprobar el acuerdo comercial con Colombia. Ante el objetivo de gobernar, las mayores implicancias para la política exterior que emanarían de archivar o rechazar un tratado ya negociado pesarían mucho más. De similar manera, McCain ha criticado los subsidios al etanol hace mucho tiempo, pero ha sido más ambivalente mientras intenta conseguir la nominación republicana.

McCain también ha dado marcha atrás en materia de inmigración, un tema de importancia mayor para los votantes latinos y para muchos gobiernos latinoamericanos. Ha sido el único entre los candidatos presidenciales republicanos de este año que ha favorecido una reforma completa de la legislación sobre inmigración. Él quiere combinar una fuerte presión para hacer cumplir la ley en la frontera con un pro- grama de trabajos temporales y una vía hacia la ciudadanía para unos doce millones de trabajadores indocumentados en el país. Ha demostrado amplio coraje político al hacer frente a su partido y liderar este esfuerzo en el Senado.

Sin embargo, aunque ello sea popular en la región, ésta es una de las razones por las que McCain ha tenido tanta dificultad en ganarse la confianza de la mayoría del Partido Re publicano, que respalda una aproximación más de mano dura. Con la esperanza de sacarles brillo a sus credenciales conserva doras y unir al partido, McCain recientemente ha dado una importancia mayor al punto de seguridad más que a otras medidas. En cualquier caso, en vista de las muchas predicciones de histeria anti-inmigrante, debe ser reconfortante para América Latina que el candidato republica no con la postura más liberal en esta cuestión fuera capaz de asegurarse la nominación.

En el lado demócrata, las diferencias entre Clinton y Obama en el tema de la inmigración son triviales. Como McCain, ambos sostienen un punto de vista liberal, apoyan una reforma más completa y votaron en el Senado a favor de la construcción del “muro” en la frontera entre los Estados Unidos y México que ha causado tanto resentimiento en el Sur. A la fecha, a Clinton le ha ido mejor entre los votantes latinos que a Obama, en particular en California y Nevada, pero la primaria de Texas a principios de marzo será una prueba importante para los dos. Obama es el hijo de un padre inmigrante de Kenya mientras Clinton se beneficia de la asociación favorable que tienen muchos latinos con la trayectoria de su esposo como presidente en los años 90.

Temas sensibles

¿Cómo enfrentarían los tres posibles futuros presidentes el reto de Hugo Chávez? La política de la administración Bush ha sido notable por su confusión e incoherencia. En enero de 2009, Chávez perderá a su enemigo ideal y la próxima administración tendrá una chance de elaborar una postura más consistente y sofisticada. McCain ha tenido palabras duras para Chávez y probablemente seguiría una estrategia más confrontacional, aunque no está claro qué opciones tendría.

Muchos esperan que Clinton y, especialmente, Obama serán capaces de reducir las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela en el corto plazo. Pero con la cercana alianza de Chávez con Irán y las recientes amenazas de cortar las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, parece que las diferencias son demasiado profundas para que solo un cambio en la administración de los Estados Unidos pueda borrarlas. Por supuesto, Obama ha hecho hincapié en su disposición a “conversar” con los gobiernos inamistosos de Venezuela e Irán sin condiciones, así que por lo menos existe una posibilidad de que haya un esfuerzo diplomático más vigoroso y efectivo.

Obama también ha dicho que él estaría preparado para hablar con el régimen de Cuba, un tema sensible y probable- mente el origen de la mayor irritación en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina en los pasados 40 años. Obama refleja un cambio generacional y probablemente estaría más dispuesto que Clinton a buscar un acercamiento, quien ha calificado la propuesta de Obama de simplista y, ciertamente, mucho más que McCain, quien goza del apoyo entusiasta de la línea dura de la comunidad exiliada de Miami. El eventual fallecimiento de Fidel Castro cambiaría los cálculos de todos y forzaría a una inmediata reconsideración de la política hacia Cuba en Washington –una política que sin duda será observada muy de cerca en todo el globo, especialmente en el mundo hispanohablante. La muerte de un símbolo perdurable de este calibre en los meses antes de la elección de noviembre podría catapultar rápidamente a América Latina hacia el centro de los temas de la campaña. Pero, como la renuncia de Castro a la jefatura suprema de Cuba ya ha pasado y ha tenido relativamente poco impacto en la campaña, es posible que aun su muerte tenga un efecto efímero.

Los latinoamericanos han sido comprensiblemente críticos del doble estándar emanado desde Washington acerca de los derechos humanos en años recientes, pero estarán aliviados por el hecho de que los tres candidatos restantes se oponen a las prácticas de tortura, un tema delicado en el contexto de la guerra global contra el terrorismo. McCain, por supuesto, habla a partir de su experiencia personal –él fue prisionero de guerra y fue torturado en Vietnam por más de cinco años. Pero él ha retrocedido recientemente en este tema en otro intento de ganar el apoyo de los más conservadores de su partido.

Estos retos van estar sumamente difíciles para el próximo presidente, dado que los recursos limitados y los constreñimientos políticos hacen irreal esperar esquemas grandiosos y nuevas y costosas iniciativas. Pero, a pesar de quien gane, la buena noticia es que una administración impopular habrá pasado e incluso modestos cam- bios de enfoque podrían aumentar sustancialmente la cooperación entre Estados Unidos y América Latina. Más significativo que cualquier política específica, Estados Unidos tiene la posibilidad de demostrar que entiende las transformaciones en el hemisferio y que es capaz de responder constructivamente a ellas sin caer en el abuso o la indiferencia.

viernes, 25 de enero de 2008

El New York Times se jugó por Hillary

January 25, 2008

Editorial
Primary Choices: Hillary Clinton


This generally is the stage of a campaign when Democrats have to work hard to get excited about whichever candidate seems most likely to outlast an uninspiring pack. That is not remotely the case this year.

The early primaries produced two powerful main contenders: Hillary Clinton, the brilliant if at times harsh-sounding senator from New York; and Barack Obama, the incandescent if still undefined senator from Illinois. The remaining long shot, John Edwards, has enlivened the race with his own brand of raw populism.

As Democrats look ahead to the primaries in the biggest states on Feb. 5, The Times’s editorial board strongly recommends that they select Hillary Clinton as their nominee for the 2008 presidential election.

We have enjoyed hearing Mr. Edwards’s fiery oratory, but we cannot support his candidacy. The former senator from North Carolina has repudiated so many of his earlier positions, so many of his Senate votes, that we’re not sure where he stands. We certainly don’t buy the notion that he can hold back the tide of globalization.

By choosing Mrs. Clinton, we are not denying Mr. Obama’s appeal or his gifts. The idea of the first African-American nominee of a major party also is exhilarating, and so is the prospect of the first woman nominee. “Firstness” is not a reason to choose. The times that false choice has been raised, more often by Mrs. Clinton, have tarnished the campaign.

Mr. Obama and Mrs. Clinton would both help restore America’s global image, to which President Bush has done so much grievous harm. They are committed to changing America’s role in the world, not just its image.

On the major issues, there is no real gulf separating the two. They promise an end to the war in Iraq, more equitable taxation, more effective government spending, more concern for social issues, a restoration of civil liberties and an end to the politics of division of George W. Bush and Karl Rove.

Mr. Obama has built an exciting campaign around the notion of change, but holds no monopoly on ideas that would repair the governing of America. Mrs. Clinton sometimes overstates the importance of résumé. Hearing her talk about the presidency, her policies and answers for America’s big problems, we are hugely impressed by the depth of her knowledge, by the force of her intellect and by the breadth of, yes, her experience.

It is unfair, especially after seven years of Mr. Bush’s inept leadership, but any Democrat will face tougher questioning about his or her fitness to be commander in chief. Mrs. Clinton has more than cleared that bar, using her years in the Senate well to immerse herself in national security issues, and has won the respect of world leaders and many in the American military. She would be a strong commander in chief.

Domestically, Mrs. Clinton has tackled complex policy issues, sometimes failing. She has shown a willingness to learn and change. Her current proposals on health insurance reflect a clear shift from her first, famously disastrous foray into the issue. She has learned that powerful interests cannot simply be left out of the meetings. She understands that all Americans must be covered — but must be allowed to choose their coverage, including keeping their current plans. Mr. Obama may also be capable of tackling such issues, but we have not yet seen it. Voters have to judge candidates not just on the promise they hold, but also on the here and now.

The sense of possibility, of a generational shift, rouses Mr. Obama’s audiences and not just through rhetorical flourishes. He shows voters that he understands how much they hunger for a break with the Bush years, for leadership and vision and true bipartisanship. We hunger for that, too. But we need more specifics to go with his amorphous promise of a new governing majority, a clearer sense of how he would govern.

The potential upside of a great Obama presidency is enticing, but this country faces huge problems, and will no doubt be facing more that we can’t foresee. The next president needs to start immediately on challenges that will require concrete solutions, resolve, and the ability to make government work. Mrs. Clinton is more qualified, right now, to be president.

We opposed President Bush’s decision to invade Iraq and we disagree with Mrs. Clinton’s vote for the resolution on the use of force. That’s not the issue now; it is how the war will be ended. Mrs. Clinton seems not only more aware than Mr. Obama of the consequences of withdrawal, but is already thinking through the diplomatic and military steps that will be required to contain Iraq’s chaos after American troops leave.

On domestic policy, both candidates would turn the government onto roughly the same course — shifting resources to help low-income and middle-class Americans, and broadening health coverage dramatically. Mrs. Clinton also has good ideas about fixing the dysfunction in Mr. Bush’s No Child Left Behind education program.

Mr. Obama talks more about the damage Mr. Bush has done to civil liberties, the rule of law and the balance of powers. Mrs. Clinton is equally dedicated to those issues, and more prepared for the Herculean task of figuring out exactly where, how and how often the government’s powers have been misused — and what must now be done to set things right.

As strongly as we back her candidacy, we urge Mrs. Clinton to take the lead in changing the tone of the campaign. It is not good for the country, the Democratic Party or for Mrs. Clinton, who is often tagged as divisive, in part because of bitter feeling about her husband’s administration and the so-called permanent campaign. (Indeed, Bill Clinton’s overheated comments are feeding those resentments, and could do long-term damage to her candidacy if he continues this way.)

We know that she is capable of both uniting and leading. We saw her going town by town through New York in 2000, including places where Clinton-bashing was a popular sport. She won over skeptical voters and then delivered on her promises and handily won re-election in 2006.

Mrs. Clinton must now do the same job with a broad range of America’s voters. She will have to let Americans see her power to listen and lead, but she won’t be able to do it town by town.

When we endorsed Mrs. Clinton in 2006, we were certain she would continue to be a great senator, but since her higher ambitions were evident, we wondered if she could present herself as a leader to the nation.

Her ideas, her comeback in New Hampshire and strong showing in Nevada, her new openness to explaining herself and not just her programs, and her abiding, powerful intellect show she is fully capable of doing just that. She is the best choice for the Democratic Party as it tries to regain the White House.

sábado, 19 de enero de 2008

The Fragility of the Law

By Owen Fiss
Sterling Professor of Law
Published in the last Yale Law Report

Sterling Professor of Law, Owen Fiss teaches procedure, legal theory, and constitutional law at Yale Law School. He is the author of many articles and books on these subjects, including more recently, A Way Out/America’s Ghettos and the Legacy of Racism, Adjudication and its Alternatives (with Judith Resnik), and The Law as it Could Be. Professor Fiss also co-directs Law School programs in Latin America and the Middle East.

In the following article, Professor Fiss identifies what he sees as challenges to the Constitution and the American rule of law brought on by the “War Against Terrorism.”

The phrase “War Against Terrorism” has no discrete legal content. It was politically inspired, and used to mobilize American society. Yet the declaration of the “War Against Terrorism” marked the beginning of a unique challenge to the rule of law that began on September 11, 2001, and continues to this very day.

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In speaking of the rule of law, I refer not to the statutes and regulations that serve the purposes of the state, but rather
to the Constitution itself, which creates the public morality of the nation. The Constitution is not exhausted by the
words appearing in the document executed in 1787 and its twenty-seven amendments. It also includes principles,
such as the separation of powers or the right to travel, that are inferred from the overall structure of the Constitution,
and certain enactments of Congress—the Civil Rights Act of 1964, for example—that articulate the governing principles
of American society. These principles are laden with a special normative value that derives from the role they play in defining our national identity—what it means to be American. Since September 11, at least three of these principles have
been put in issue. The first is the prohibition against torture, derived, as I see it, from the Eighth Amendment and our
participation in the Convention Against Torture. The challenge comes not so much from the grotesque treatment of
prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq, where disciplinary proceedings were brought against those responsible,
but from the Administration’s actions in the war against Al Qaeda itself.

In order to broaden the range of techniques that interrogators can use against prisoners allegedly linked to Al Qaeda,
an August 2002 Department of Justice memorandum argued that only acts causing pain “equivalent in intensity to the
pain accompanying physical injury, such as organ failure, impairment of body function, or even death” fell within
the legal definition of torture. The Department of Justice later distanced itself from this definition, but a separate
December 2002 Department of Defense memorandum establishing guidelines for the interrogation of prisoners held at
Guantánamo suggested that two practices almost universally understood as torture—the use of scenarios designed to
convince detainees that death was imminent, and use of a wet towel and dripping water to induce fear of suffocation—
though forbidden “as a matter of policy for the time being,” nonetheless “may be legally available.” The program of “extraordinary renditions,” in which American officials have abducted suspected Al Qaeda members and transferred them to countries that routinely engage in torture, suggests a similar disregard for the principle against torture. Indeed, it has become an open question whether the President even believes himself bound by the principle. In December 2005, when he signed a statutory ban on torture, President Bush said that he intended to construe the ban as consistent with his constitutional powers as Commander in Chief and his duty to protect against terrorist attacks, a statement that has been widely understood as indicating that he may not feel bound by the act’s language.

The President is entirely correct that statutes cannot constitutionally interfere with his powers as Commander in Chief,
but the statutory ban on torture merely codifies an underlying constitutional prohibition that is, of course, superior to
the President’s power to lead the military. As such, it is fully binding on his actions.

The second principle that has been put into doubt is the right of the people to communicate without fear of government
eavesdropping. This freedom is rooted in the Fourth Amendment and is not absolute: the Fourth Amendment
only prohibits unreasonable searches. Courts have historically protected this freedom by requiring the government,
if at all possible, to apply for a judicial warrant before listening in on private conversations.

In 2005, news media revealed that soon after the September 11 attacks the President had authorized the National Security Agency (nsa) to intercept communications between persons in the United States and persons abroad if the nsa believed that one of the parties was linked to Al Qaeda. This program has proven enormously controversial, and much of the controversy has centered on whether it violated a 1978 law, the Foreign Intelligence Surveillance Act (fisa), that prohibits such governmental surveillance without authorization by a special court. In a 2006 legal memorandum defending the program, the Attorney General argued that the wiretaps were much like any other strategic engagement with the enemy, exclusively within the President’s powers as Commander in Chief, and not subject to statutory regulation. This past January, the Attorney
General modified his position, perhaps in a nod to critics or to an unfavorable lower court decision denying the government’s motion to dismiss a challenge to the nsa program.

The Attorney General indicated that he had, for the first time, begun to obtain judicial approval of the wiretaps under fisa. But he did not concede the issue of Presidential power, and left unresolved important questions about the scope of judicial oversight. The Attorney General did not disclose, for example, whether the special court is approving wiretaps on an individual basis, or whether it is granting blanket authorizations that cover multiple wiretaps. To my mind the focus of the inquiry should not be on whether the nsa program violates fisa, but rather whether it violates the Fourth Amendment itself. Admittedly, the Supreme Court has never spoken directly to the issue of whether the government must obtain a warrant before intercepting communications like those at issue in the nsa program, but the very reasons that the Supreme Court has
imposed a warrant requirement in other wiretapping cases— including those involving domestic threats to public order— are fully applicable. A warrant requirement does not prevent the President from thwarting terrorist attacks, but minimizes abuses and avoids the impairment of communicative freedom that comes from knowing that the President could tap the phone of anyone he claims is linked to Al Qaeda.

A third principle challenged by the “War Against Terrorism” is what I call the principle of freedom. This principle is rooted in the constitutional guarantee of the writ of habeas corpus and due process, and denies the government the power to incarcerate anyone without charging them with a crime and swiftly bringing them to trial. This principle contains an exception for the exigencies of war: As a matter of necessity, enemy combatants can be seized on the battlefield and imprisoned for the duration of hostilities. In the midst of the Afghanistan War, the President declared that alleged soldiers of the Taliban and Al Qaeda captured anywhere in the world were not ordinary prisoners of war but rather “illegal enemy combatants.” This special
designation allows the military to interrogate them on a protracted basis, to incarcerate them indefinitely, even beyond
the duration of hostilities, to put them on trial before military commissions, and to punish them for the simple act of fighting. Traditionally the designation of “illegal enemy combatant” applied to individual spies or saboteurs, or to irregular militias, never to entire armies.

Because they are being held as “illegal enemy combatants,” prisoners at Guantánamo have had little ability to press their claim for freedom. Some insisted, for example, that they never fought for the Taliban or Al Qaeda, but had been wrongly seized by local authorities or bounty hunters. At first there was no procedure to adjudicate these claims, but in July 2004 the Administration established a system of administrative tribunals to review individual cases. These tribunals were staffed by the military, freed of many of the ordinary rules of evidence, and though military personnel serve as personal representatives, the prisoners were not allowed the assistance of counsel. The Administration is now putting some of the Guantánamo prisoners on trial, using military commissions instead of courts martial or ordinary civilian courts. Traditionally military commissions were used to try persons caught red-handed in a theater of war, and, in response to litigation challenging their use at
Guantánamo, the Supreme Court expressed the fear that the Administration had transformed them “from a tribunal of true exigency into a more convenient adjudicatory tool.” But the Court stopped short of declaring these tribunals an offense to due process, holding only that they conflicted with a statute. In October 2006, Congress responded to this decision by enacting a law specifically granting the Administration authority to continue with its use of military tribunals. This statute came on the heels of an earlier use of administrative tribunals to review the status of the Guantánamo prisoners and denied them the right to petition for a writ of habeas corpus.

The Administration has not been content to confine the “illegal enemy combatant” designation to those seized in Afghanistan or another theater of armed conflict. The war against Al Qaeda knows no bounds, and the Administration has thus invited us to view the United States itself as a battleground and subject to the same rules. As a result, a citizen of Qatar studying at Butler University in Indiana (Ali Saleh Kahlah al-Marri) was seized and is now being held incommunicado at a naval brig
in South Carolina. Similarly, an American citizen (Jose Padilla) was arrested at O’Hare airport and held in the same brig for more than three years before being charged with a crime in federal court.

One could accept that the war against Al Qaeda is a war, and resist the conclusion—that the United States is a battleground similar to Afghanistan—not just as a matter of ordinary usage, but because of the consequences that conclusion would have for American society. To treat the United States as a battleground in the same sense as Afghanistan would threaten the fabric of ordinary life and put the exception to the principle of freedom for enemy combatants in the position of eating up the rule. The Administration would be able to imprison anyone living within our midst—citizens and non-citizens alike—without ever charging them with a crime and putting them on trial. Many have decried these developments as an abuse of executive power. Yet while the Executive Branch is the driving force, the other branches are complicit in these challenges to the rule of law. When Congress enacted the 2005 statute affirming the ban against torture, legislators failed to provide any remedy for violations. Congress has not taken any steps to stop the NSA wiretapping program, though the Administration’s about-face in January 2007 made such measures less urgent. When it comes to the principle of freedom, Congress became a full partner with the Administration, passing legislation to deny aliens deemed “illegal enemy combatants” access to the protection
of the writ of habeas corpus and authorizing their trial by military commissions.

The Supreme Court’s performance has been no better. Its decisions have caught the headlines because they rebuffed the Administration, but they are hardly victories for the Constitution. In one case, the Court ruled that that an American citizen (Yasser Hamdi) held as an illegal enemy combatant in the South Carolina naval brig was entitled to the assistance of counsel and an evidentiary hearing regarding his claim that he had not taken up arms against the United States. This ruling was based on due process, yet it left the prisoner to carry most of the evidentiary burden and four Justices expressed their view that a military tribunal offered a sufficient forum for the prisoner to press his claim for freedom. In other cases, the Court’s performance has even been more timid. When Jose Padilla challenged his detention, the Supreme Court refused to rule on the merits and instead held that he had initially filed his habeas petitionin the wrong court. Even more significantly, the Court has
refused, at least so far, to address a ruling that the Court of Appeals in Washington, D.C., first advanced in 2003 and reaffirmed this February, that aliens held at Guantánamo do not have any constitutional rights that can be vindicated by the writ of habeas corpus. On April 2, 2007, the Supreme Court denied a writ of certiorari seeking review of this judgment. In so doing, the Court allowed the program of the elected branches to run its course, but it failed, yet again, in its duty to safeguard the Constitution and the values it embodies.

viernes, 4 de enero de 2008

Obama empezo con el pie correcto...

Barak Obama subió al escenario con una amplia sonrisa. Respondión con aplausos a los gritos y saludos de sus seguidores ayer antes de que se votara en Iowa por la candidatura democrata a la presidencia, el primer test de los candidatos en una larga secuencia de votaciones estatales. Allí dijo:

“Dicen que este país está demasiado dividido, demasiado desilusionado como para re-unirse entorno a un propósito común. Pero esta noche de enero, en este momento clave de nuestra historia, ustedes habrán hecho aquello que los cínicos dicen que no podrían hacer"...

Obama ganó en Iowa, un estado predominantemente blanco... Podrá ganar la primaria? Y la presidencia? Lo cierto es que empezó con el pie correcto y afortunadamente no fue el derecho...

lunes, 31 de diciembre de 2007

EE.UU. después de Bush: en nombre del liberalismo

Por Bruce Ackerman
(Articulo publicado en el Diario La Nacion, de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 2006, traducido del artículo original aparecido en The American Prospect)

Tras cinco años de gobierno republicano, argumentan los autores de este polémico texto, EE.UU. es hoy un país más inseguro y desigual. Luego de su publicación original en The American Prospect, este "manifiesto" recibió el apoyo de personalidades del progresismo estadounidense
El texto que reproducimos a continuación fue escrito en respuesta a las críticas del historiador Tony Judt, quien en un artículo que reprodujo Enfoques el 10 de septiembre pasado -y que provocó una polémica que trascendió más allá de los ámbitos académicos de Estados Unidos- acusó a los intelectuales progresistas norteamericanos de haber tolerado de manera pasiva e incluso legitimadora la invasión a Irak.
Mientras los políticos y las lumbreras de la extrema derecha nos tildan de partidarios de Osama ben Laden, Tony Judt, en un ensayo ampliamente discutido y apasionadamente debatido, publicado en la London Review of Books, acusa a los liberales norteamericanos, sin distinción, de haber consentido la catastrófica política exterior del presidente Bush. Ambas acusaciones carecen de sentido y soporte.
Claramente, éste es un momento en el que los liberales debemos definirnos. Lo verdaderamente importante es que la mayoría de los liberales, incluyendo a los abajo firmantes, hemos mantenido nuestro curso durante estos terribles cinco años. Hemos sido coherentes en el repudio público de las desastrosas políticas de la administración Bush y nuestro diagnóstico, desgraciadamente, ha sido confirmado por los hechos. La debacle de Bush es una consecuencia directa del repudio de los principios liberales. Y si este país se va a recuperar, debemos comenzar por restablecer esos principios.
* * *
Todos nosotros nos hemos opuesto a la guerra en Irak porque era ilegal, imprudente y destructiva para la posición moral de Estados Unidos. Esta guerra alimentó, y continúa haciéndolo, jihadistas cuyo compromiso con la violencia horrible e injustificada quedó ampliamente demostrada por los ataques del 11 de septiembre y las masacres en España, Indonesia, Túnez, Gran Bretaña y otros lugares. En lugar de darnos más seguridad, la guerra en Irak ha puesto en peligro la seguridad común de los norteamericanos y de nuestros aliados.
Creemos que el Estado de Israel tiene el derecho fundamental de existir, libre de ataques militares, dentro de fronteras seguras cercanas a las de 1967, y que el gobierno de EE.UU. tiene una responsabilidad especial en el logro de una paz duradera en Medio Oriente. Pero el gobierno de Bush perdió. Fracasó en el intento de seguir un curso firme y constructivo. Desalentó los proyectos de un acuerdo honorable palestino-israelí. Alentó los desproporcionados ataques de Israel contra el Líbano luego de las incursiones de Hezbollah, lo que redundó en muertes y una vasta destrucción material.
No nos equivoquemos: creemos que el uso de la fuerza puede, a veces, estar justificado. Apoyamos el uso de la fuerza norteamericana, junto a nuestros aliados, en Bosnia, Kosovo y Afganistán. Pero la guerra debe ser el último recurso. La enfática confianza de la administración Bush en la intervención militar es ilegítima y contraproducente. Crea enemigos innecesarios, degrada la defensa nacional, distrae de los reales peligros e ignora la imperiosa necesidad de edificar un orden internacional que contemple en forma pacífica las aspiraciones de poderes en ascenso en Asia y América latina.
La mala aplicación del poder militar también pone en peligro la libertad de los norteamericanos en casa. El presidente reclama autoridad como comandante en jefe para mandar a prisiones militares a ciudadanos norteamericanos sin ningún juicio civil o militar que les permita enfrentar las acusaciones. También reclama el poder para realizar escuchas telefónicas sin garantías, en violación directa de lo que indica el congreso. Estas usurpaciones presagian lo que podrían ser medidas aún más drásticas si tuviera lugar otro ataque en suelo estadounidense.
* * *
Al mismo tiempo, el presidente toma el poder inconstitucionalmente en otros frentes. Busca liberarse a sí mismo mediante cientos de decretos, afirmando, con un gesto y agresividad sin precedentes, su derecho a ignorar el control del congreso. Tal desprecio por los representantes del pueblo raya en la pretensión monárquica.
Las políticas de pánico del gobierno distraen de cuestiones importantes de justicia social y protección del medio ambiente. Sin remordimientos, el presidente busca socavar el principio de impuestos progresivos. Bajo la excusa del patriotismo, promueve amplios recortes impositivos para los ricos a expensas de políticas que puedan fortalecer los lazos comunes que nos unen como comunidad.
Reafirmamos el gran principio del liberalismo: que cada ciudadano tiene el derecho a los medios elementales para tener una buena vida. Creemos apasionadamente que las sociedades deberían brindar un trato igualitario a sus ciudadanos dentro de la ley, más allá de su lugar de nacimiento, raza, sexo, propiedad, religión, identidad étnica o predisposición sexual. Queremos volver a dirigir el debate a las cuestiones centrales de preocupación del norteamericano medio, su derecho a la vivienda, a la salud, a la igualdad de oportunidades para el empleo y a salarios justos, al igual que a la seguridad física y a un ambiente sustentable para nosotros y las futuras generaciones.
En lugar de asegurar estos principios, el presidente y su partido ven la supresión de votos con indulgencia y proponen nuevos requerimientos para poder votar, lo que hará aún más difícil a los pobres y ancianos ejercer sus derechos democráticos. La negación de la realidad del gobierno llega a su pico en su rechazo a reconocer a la ciencia cuando describe el cambio climático mundial que ya se está produciendo. Contra el consejo de todos los expertos serios, el gobierno falló groseramente en su responsabilidad hacia nuestra descendencia. Una y otra vez atentó contra el protocolo de Kyoto y no alentó la conservación energética. Insistimos en un claro corte con estas políticas vergonzosas. Nuestro gobierno debería liderar la reducción de gases que producen el efecto invernadero y reconocer nuestra responsabilidad como mayores generadores de polución. Deberíamos invertir masivamente en recursos energéticos que tuvieran en cuenta el control ambiental y ayudar, al mismo tiempo, a restaurar nuestra base productiva.
El desprecio de la administración por la ciencia está unido con el desdén general por la razón, un prejuicio que cualquier sociedad moderna debería haber dejado atrás. Ya sea en materia de investigación científica, el control de la natalidad, la política exterior, los costos de los medicamentos o la manera en que se toman las decisiones, el gobierno de Bush ha desafiado a la evidencia y a la lógica, saboteando a sus propios funcionarios profesionales. Rechaza consultar a expertos y críticos serios. Actúa en secreto, desafía los poderes del congreso. Se niega a identificar a aquellos a los que se solicita consejo y hasta esconde los nombres del equipo del vicepresidente. Asfixia a los funcionarios que intentan cumplir con su tarea. Llama a compinches cuya lealtad no puede compensar su incompetencia. Cuando se lo desafía, responde con mentiras y distorsiones.
* * *
La razón es indispensable para el autogobierno democrático. Esta verdad evidente era un compromiso fundamental para nuestros Padres Fundadores, que creían que era compatible con el derecho de todo norteamericano, contemplado en la Primera Enmienda, al libre ejercicio de la religión. Al debatir las políticas en el ámbito público, nuestro gobierno debería fundamentar sus leyes de manera tal que pudieran ser aceptadas por la gente más allá de sus creencias religiosas. El compromiso público con la razón y la evidencia es básico para una democracia pluralista. Sin embargo ha sido erosionada por el actual gobierno en una campaña que todavía se desvive por complacer a su ala de extrema derecha.
Las fallas de este gobierno en respetar el proceso de la razón pública ha generado predecibles consecuencias, ninguna de ellas buena. El gobierno de Bush no ha podido proteger a sus ciudadanos del desastre -de enemigos externos el 11 de septiembre de 2001 y del huracán y las inundaciones que afectaron la costa del Golfo en 2005-. Ha llevado a la guerra en Irak a un callejón sin salida. Es incapaz de presentar una estrategia para poner un final sostenible a nuestra intervención militar.
Insistimos en que nuestro país debe ser defendido vigorosamente contra sus reales enemigos, los islámicos radicales que se organizan para atacarnos. Pero la seguridad no requiere la tortura o el rechazo de las garantías básicas del debido proceso. Por el contrario, la conducta sin leyes de la administración y sus violaciones de la Convención de Ginebra sólo dañan nuestra posición moral y nuestra habilidad para combatir a los llamados de ideólogos violentos. Al defender la tortura, el gobierno de Bush se involucra precisamente en el tipo de relativismo ético que pretende condenar. Mientras tanto, rechaza enfrentar su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib, Guantánamo y otros lugares. Al haber errado en un plan para contingencias obvias, ha buscado como chivo expiatorio a personal militar de bajo rango cuando deberían ser identificados y castigados errores de comando más importantes.
Nos negamos a limitar nuestras críticas a personalidades. Creemos que los abusos de poder que han sido usuales bajo el mando de Bush no deben ser adjudicados sólo a él -y al vicepresidente-, sino al movimiento conservador que ha deteriorado, durante décadas, la habilidad del gobierno de actuar razonable y efectivamente por el bien común.
* * *
Amamos a este país. Pero el verdadero patriotismo no consiste en bravatas o calumnias. Reside en la lealtad a nuestros grandes ideales constitucionales. Somos una república, no una monarquía. Creemos en la ley, no en las prisiones secretas. Insistimos en la justicia para todos, no en los privilegios para pocos. Al repudiar estos ideales norteamericanos, la administración Bush deshonra a este país y daña nuestro reclamo por un liderazgo democrático en el resto del mundo.
Será un trabajo duro reparar este daño. Representará algo más que derrotar a la extrema derecha en las elecciones. Debemos comprometernos en grandes actos de imaginación política e inspirar a la nueva generación para que adopte los principios liberales y los adapte con ingenio en un nuevo siglo.
Por Bruce Ackerman y Todd Gitlin
Traducción: María Elena Rey
© LA NACION y The American Prospect
Por qué escribir un manifiesto
Prestigioso referente de los derechos civiles, Ackerman defiende los valores centrales de su país
La ineficacia corrompe, especialmente durante un año de elecciones legislativas y poca actividad: no hay un líder de la oposición, no hay una plataforma partidaria coherente, no hay un imperativo de establecer un programa coherente para el ejercicio responsable del poder. En tiempos de necesidad, cualquier cosa que sirva para ganar un distrito electoral es buena para el partido. Y si los demócratas ganan la mayoría en el senado o la cámara de representantes (o en ambas) el 7 de noviembre, es porque los moderados se han unido a los liberales para repudiar los extraordinarios errores de la administración de George W. Bush.
En el escenario más optimista, los demócratas no podrán aprobar leyes demasiado ambiciosas debido al veto presidencial. Será grande la tentación de pasar los próximos dos años en una política de escarbar y exponer las equivocaciones del presidente, del vicepresidente y de sus socios neoconservadores. Algo de esto es absolutamente necesario, pero Bush y sus secuaces ya están en retirada. Los demócratas no deberían permitir que la perspectiva de vetos presidenciales les impida proponer al país leyes serias para el futuro -lo que pondrá a los republicanos a la defensiva- e invitar a los norteamericanos a ir más allá de la política del miedo.
Esto requiere visión, y la tarea no se ve facilitada por los esfuerzos de elegantes radicales que niegan cualquier diferencia real entre los neoconservadores y sus antagonistas intelectuales. Es fácil señalar a prominentes halcones liberales, pero también lo es identificar a los palomos conservadores serios, basta con observar al instituto Cato, de extrema derecha. Deberíamos ir más allá de las personalidades individuales para reconocer el aliento y la fuerza de la oposición liberal al curso actual y para definir una agenda liberal convincente para el siglo XXI. Este no es un trabajo para los opinadores de la prensa escrita ni para los grupos de expertos de Washington. Requiere un debate mucho más amplio.
Este es, por lo menos, el pensamiento que nos llevó a Todd Gitlin y a mí a escribir un manifiesto que podría atraer a un amplio espectro de intelectuales, de historiadores a poetas y de filósofos a novelistas, así como a economistas ganadores del Nobel y líderes en leyes, ciencias políticas y sociología. Desde que apareció en el sitio de The American Prospect , el manifiesto ha recibido cientos de apoyos adicionales, incluidos los de Joyce Appleby, ex presidente de la American Historical Association; Oscar Hijuelos, novelista ganador del premio Pulitzer, y Daniel Okrent, ex editor de The New York Times . Esta respuesta inicial sugiere una amplia determinación de convocar al país de regreso a sus fundamentos liberales.
Considero este manifiesto como el primer paso de una empresa que llevará una década de reafirmación de la importancia de los valores liberales para Estados Unidos. La magnitud del fiasco Bush quedará más clara con cada mes que pase. La única cuestión real es si este oscuro momento marca el comienzo de una declinación catastrófica o si provocará un vigoroso debate y una renovación de los valores centrales de la nación, que esta administración echó irreflexivamente por la borda.
B.A .
© Bruce Ackerman
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/enfoques/nota.asp?nota_id=855767
LA NACION | 05.11.2006 | Página 3 | Enfoques

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