Ciudadano de "alta intensidad"
Por: Fabián Bosoer
Diario Clarín
16 de abril de 2009
La ciencia política latinoamericana sería otra de no tener a Guillermo O'Donnell. Autor de algunas categorías ya clásicas del análisis político como la del "Estado burocrático-autoritario", para catalogar a los regímenes dictatoriales de los años 60 o "ciudadanía de baja intensidad" y "democracias delegativas" para definir el carácter incompleto de las transiciones posautoritarias y los procesos de democratización de estas últimas décadas, O'Donnell es el politólogo argentino más reconocido por el ámbito académico anglosajón, al que le ha enseñado también a mirar de una manera más sutil y compleja las realidades sociopolíticas de estas partes del mundo.
O'Donnell acaba de recibir la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una de esas raras muestras de consenso que se puede permitir sólo en ocasiones excepcionales la política vernácula. Sus dos últimos libros, Disonancias y Catacumbas (Prometeo) resultan una buena recomendación de lectura -terapéutica y pedagógica- para quienes están enfrascados en las barricadas móviles de nuestro tiempo, aferrados a espacios de poder o empeñados en desplazar a quienes allí están, para ocupar esos espacios, como si de ello dependiera el destino de la República.
En Disonancias, O'Donnell invita a no olvidar nunca los horrores del pasado autoritario y a no renunciar a una crítica fundamentada de las deficiencias que exhiben las democracias existentes, empezando por la nuestra. Para ello, es fundamental que funcionen la rendición de cuentas y el estado de derecho pero también que exista un Estado efectivo, que represente verdaderamente a los ciudadanos.
En Catacumbas aparecen los ciclos pendulares de la política argentina en una radiografía del pasado que alumbra sobre dilemas y encerronas que amagan con reaparecer o siguen vigentes. Como si hubiera un sustrato cultural que marca los límites de los cambios y las recurrencias en las mismas taras, obstáculos y oportunidades desaprovechadas. Nada mejor que un "ciudadano ilustre" como Guillermo O'Donnell para levantar la intensidad de nuestra ciudadanía y mejorar la calidad de los debates, en estos tiempos electorales que no ofrecen mucho al respecto.
jueves, 16 de abril de 2009
miércoles, 15 de abril de 2009
Bertoni: "No hay voluntad de darles transparencia a las instituciones"
"No hay voluntad de darles transparencia a las instituciones"
Según el especialista en libertad de expresión, el Gobierno no informa bien sobre sus actos
La Nacion
15 de abril de 2009
Entrevista a Eduardo Bertoni
Director del Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
Carmen María Ramos
Para LA NACION
Las amenazas a la libertad de expresión y la falta de independencia de los poderes judiciales de la región son los dos temas en los que se ha concentrado Eduardo Bertoni, flamante director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. "El actual gobierno no tiene la voluntad política de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia de las instituciones", dice Bertoni, de 43 años, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington.
Sobre la libertad de prensa en el país, este abogado argentino, recientemente repatriado, señala que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la figura del delito de injurias en el Código Penal argentino contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tiene que ser reformada".
Según explica, las figuras de calumnia, injuria, difamación son consideradas delitos y usadas en varios países de América latina cuando los funcionarios quieren intimidar, presionar o coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Los delitos contrarios a la libertad de expresión deben ser erradicados, a su entender, de los códigos penales.
-En los años 90, la Argentina derogó la figura de desacato del Código Penal. ¿No es un avance?
-Hay mayor conciencia, pero no tenemos ley de acceso a la información pública, y sí la tienen otros países de la región. Como hay una amplitud de voces críticas, se puede llegar a pensar que en el país todo está bien. Pero hay déficits concretos para ampliar los márgenes del ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina.
-La presidenta Cristina Kirchner suele quejarse agriamente de la forma en que los medios informan.
-En una sociedad democrática los pilares son la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Presidenta tiene derecho de quejarse si no le gustan los medios de comunicación, pero no de victimizarse. Debe saber manejar los márgenes de la tolerancia.
-¿Qué sucede cuando la respuesta de un gobierno pasa por la discrecionalidad y la arbitrariedad en la utilización de los dineros públicos para premiar o castigar los halagos y las críticas?
-En una democracia, es sano que no haya discriminación en la pauta de la publicidad oficial, sea cual fuere la línea de pensamiento del medio. Hace poco, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al gobierno nacional otorgarles publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial. Si bien esa decisión fue apelada y llegará a la Corte, ya se la considera un fallo histórico.
-Uno de los problemas de nuestra sociedad es la falta de confianza en las instituciones en general y en el Poder Judicial en particular. La gente les cree más a los medios de comunicación?
-Por eso hay que trabajar en el fortalecimiento de los poderes judiciales. Si son débiles, no pueden investigar y sancionar a quienes atacan a los periodistas que investigan ni sancionar a los corruptos.
-¿Ve influencias del chavismo en la relación de los Kirchner con la prensa?
-En 2002 y 2003, Chávez atacaba a los medios de comunicación. Decía que mentían, que no informaban y que atacaban al pueblo venezolano. El discurso kirchnerista tiene antecedentes en el chavismo, que enfrentó a los medios con la sociedad. Aquí, el "discurso K" tampoco beneficia el clima social.
-Usted dice que hay desinterés oficial para ampliar los márgenes de la libertad de prensa en la Argentina. ¿Cómo se advierte eso, concretamente?
-Yo digo que hay una falta de voluntad política respecto de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia. La Argentina no tiene ley de acceso a la información pública, por ejemplo. A partir de 2000, distintos países de la región, como Uruguay, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá, empezaron a apoyar leyes de transparencia. A través de esa posibilidad, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden tener más y mejor información sobre la actividad estatal, lo que, a su vez, permite formar una opinión pública más ilustrada y comprometida, en tanto que su ejercicio continuado y riguroso puede hacer que mejore la marcha de la administración pública. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos, qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, qué hacen y qué dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano, y en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, son pocos los que lo conocen y muchos menos todavía los que lo ejercen a través de pedidos concretos de información.
Según el especialista en libertad de expresión, el Gobierno no informa bien sobre sus actos
La Nacion
15 de abril de 2009
Entrevista a Eduardo Bertoni
Director del Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
Carmen María Ramos
Para LA NACION
Las amenazas a la libertad de expresión y la falta de independencia de los poderes judiciales de la región son los dos temas en los que se ha concentrado Eduardo Bertoni, flamante director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. "El actual gobierno no tiene la voluntad política de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia de las instituciones", dice Bertoni, de 43 años, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington.
Sobre la libertad de prensa en el país, este abogado argentino, recientemente repatriado, señala que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la figura del delito de injurias en el Código Penal argentino contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tiene que ser reformada".
Según explica, las figuras de calumnia, injuria, difamación son consideradas delitos y usadas en varios países de América latina cuando los funcionarios quieren intimidar, presionar o coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Los delitos contrarios a la libertad de expresión deben ser erradicados, a su entender, de los códigos penales.
-En los años 90, la Argentina derogó la figura de desacato del Código Penal. ¿No es un avance?
-Hay mayor conciencia, pero no tenemos ley de acceso a la información pública, y sí la tienen otros países de la región. Como hay una amplitud de voces críticas, se puede llegar a pensar que en el país todo está bien. Pero hay déficits concretos para ampliar los márgenes del ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina.
-La presidenta Cristina Kirchner suele quejarse agriamente de la forma en que los medios informan.
-En una sociedad democrática los pilares son la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Presidenta tiene derecho de quejarse si no le gustan los medios de comunicación, pero no de victimizarse. Debe saber manejar los márgenes de la tolerancia.
-¿Qué sucede cuando la respuesta de un gobierno pasa por la discrecionalidad y la arbitrariedad en la utilización de los dineros públicos para premiar o castigar los halagos y las críticas?
-En una democracia, es sano que no haya discriminación en la pauta de la publicidad oficial, sea cual fuere la línea de pensamiento del medio. Hace poco, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al gobierno nacional otorgarles publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial. Si bien esa decisión fue apelada y llegará a la Corte, ya se la considera un fallo histórico.
-Uno de los problemas de nuestra sociedad es la falta de confianza en las instituciones en general y en el Poder Judicial en particular. La gente les cree más a los medios de comunicación?
-Por eso hay que trabajar en el fortalecimiento de los poderes judiciales. Si son débiles, no pueden investigar y sancionar a quienes atacan a los periodistas que investigan ni sancionar a los corruptos.
-¿Ve influencias del chavismo en la relación de los Kirchner con la prensa?
-En 2002 y 2003, Chávez atacaba a los medios de comunicación. Decía que mentían, que no informaban y que atacaban al pueblo venezolano. El discurso kirchnerista tiene antecedentes en el chavismo, que enfrentó a los medios con la sociedad. Aquí, el "discurso K" tampoco beneficia el clima social.
-Usted dice que hay desinterés oficial para ampliar los márgenes de la libertad de prensa en la Argentina. ¿Cómo se advierte eso, concretamente?
-Yo digo que hay una falta de voluntad política respecto de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia. La Argentina no tiene ley de acceso a la información pública, por ejemplo. A partir de 2000, distintos países de la región, como Uruguay, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá, empezaron a apoyar leyes de transparencia. A través de esa posibilidad, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden tener más y mejor información sobre la actividad estatal, lo que, a su vez, permite formar una opinión pública más ilustrada y comprometida, en tanto que su ejercicio continuado y riguroso puede hacer que mejore la marcha de la administración pública. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos, qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, qué hacen y qué dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano, y en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, son pocos los que lo conocen y muchos menos todavía los que lo ejercen a través de pedidos concretos de información.
lunes, 13 de abril de 2009
¿Pena de Muerte en Argentina?
Un debate que no vale la pena
Por Juan F. González Bertomeu
Profesor de Derecho de la Universidad de Palermo; doctorando, New York University.
Leonardo Filippini
Profesor de Derecho de la Universidad de Palermo e Investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Publicada en El Dial.com
La subsistencia del debate en torno a la pena de muerte es desgraciada. Estamos radicalmente en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una discusión superada para nuestra comunidad. No porque pensemos que el tema no se pueda discutir. En una democracia todo puede debatirse y dadas ciertas circunstancias —por ejemplo, la comisión de un crimen horrendo— es normal que examinemos otra vez algunas de nuestras presuposiciones. Sin embargo, las razones en contra de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.
Por empezar, en la Argentina la pena de muerte está doblemente prohibida. Por la Constitución, primero, que es nuestro acuerdo básico acerca de los valores fundamentales para nuestra convivencia democrática, y por varios compromisos internacionales que el Estado Argentino adquirió, en segundo lugar. Si existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos pensar seriamente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos internacionales. Pero ese fundamento no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de nuestros acuerdos de convivencia más básicos.
Por cierto, Argentina no es la excepción: 92 países han abolido la pena de muerte, y de los 59 que todavía la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos, en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto, debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones, pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte que no es fruto del capricho.
Más allá de la ley y las tendencias globales hay una segunda negativa rotunda a la pena de muerte: la solución a la expansión de los delitos violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población y especialmente su porción más desaventajada. Sencillamente, la muerte estatal como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le atribuyen.
Supongamos por un momento que la pena de muerte puede justificarse moralmente: ¿Ofrecería algún tipo de solución? Algunos estudios empíricos llevados a cabo en Estados Unidos indican que no está demostrada la eficiencia de la pena capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación. Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco, reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto menos, un camino temerario y de incierto final.
La segunda complicación de un camino así emprendido es que nos deja atados a una comprensión demasiado limitada de nuestras acciones. La probabilidad de que al momento de obrar una persona evalúe la probabilidad de que se le aplique la pena de muerte al final de un proceso judicial es incierta. Nuestras motivaciones son bastante más complejas que una contabilidad binaria. El grueso de la ilegalidad penal, en cambio, es un universo de actos violentos asociados a ataques a la propiedad y exige más bien una reflexión profunda sobre nuestros niveles de cohesión social, la forma y contenido de nuestras reglas de convivencia, la igualdad de trato y oportunidades, y las expectativas que cada uno tiene sobre su capacidad de satisfacer necesidades esenciales y planes de vida en el corto y mediano plazo. En dirección contraria a la de quienes simpatizan con la pena capital, no es impensable que algunos crean que no tienen nada que perder si la respuesta estatal es una sola, sombría y anunciada.
Existe, además, un problema adicional si se pretende utilizar la pena de muerte como medida ejemplar frente a otros potenciales delincuentes. Ciertamente, una forma de disuadir a alguien es castigando a otro. Todos sabemos, así, cuando poner las barbas en remojo. Pero si el castigo se justifica de algún modo es porque se dirige al ofensor en tanto agente moral, es decir, como persona. El ofensor debe estar en condiciones de entender por qué se lo está castigando. Las razones que justifican el castigo deben relacionarse con él o ella, no con la conducta de otras personas. Castigar para disuadir a otros, en cambio, implica tratar a alguien como el objeto portador de un mensaje estatal, antes que como el individuo responsable que cometió un crimen. Incluso quien crea que no hay problemas insalvables con las sanciones ejemplares debe reconocer que es inaceptable quitar la vida de una persona como instrumento de la política criminal.
Para sortear esta última objeción se podría decir que la pena capital no está dirigida a todos, sino sólo al delincuente, y que su muerte evita que cometa más delitos en el futuro. Pero esto es apenas una descripción descarnada que no justifica nada. Podríamos predicar lo mismo respecto de la muerte de cualquiera. No existen razones de peso para concluir que el ofensor va a reincidir y los casos sonados que levanta la prensa no inclinan el fiel para concluir lo contrario. Por otro lado, el sistema penal es selectivo y el peso de la ley no recae homogéneamente sobre todos nosotros. En esto, Argentina tampoco es la excepción; lo mismo ocurre en todas partes. En consecuencia, debemos mirar con cautela la cuestión de la reincidencia, pues ella indica no sólo la posibilidad de una efectiva reiteración delictiva sino que también sugiere la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las agencias de persecución. En otras palabras, no estaríamos hablando de delincuentes más peligrosos sino de prácticas institucionales sesgadas.
Finalmente, también podemos pensar en la pena de muerte deslindada de toda idea de prevención y simplemente asociada al castigo por un mal cometido. Pero el castigo aquí sería irracional y bárbaro, semejante a la venganza. La equiparación de ofensas, la ley del Talión —si pensamos en la pena de muerte para sólo para casos de homicidio, algo que no parece ser obvio en el debate público—, es errónea. Una vida humana, sea cual fuere, es inconmensurable. Y, justamente, condenamos a quien se arroga la capacidad de poner fin a la vida de una persona con el reproche más severo de la ley. Quitar la vida no es algo valioso. Es algo que castigamos, y sólo excepcionalmente dejamos libre de reproche algunos comportamientos; por ejemplo, cuando se actúa en defensa propia. A diferencia del delito cometido por una persona, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos nosotros. Es paradójico que deba matar a alguien para reafirmar, como dice nuestra Constitución, que el respeto a la vida humana es el pilar central de nuestro arreglo como comunidad.
El problema de la inseguridad demanda esfuerzo. Pero, ¿por qué no reclamar seriamente por reformas que enfrenten la inseguridad y que, a la vez, estén comprometidas con los valores más hondos que abrazamos como sociedad? ¿Por qué no reclamar por un sistema de prevención a un tiempo eficiente y comprometido con los derechos humanos? El debate sobre la pena de muerte es simplista y erróneo. No pone nada sustancioso sobre la mesa, ni nos ayuda a consolidar una sociedad que honre sus compromisos y valores más profundos. Paradójicamente, tampoco ayuda a enfrentar el delito. Es, en definitiva, un debate que no vale la pena.
..................
Una versión breve de la misma nota, se publicó en el Diario Clarín
Una polémica que atrasa
Por Juan González Bertomeu y Leonardo Filippini
Docentes de Derecho, Universidad de Palermo
Publicado en Clarín
11 de abril de 2009
La pena de muerte está doblemente prohibida por la Constitución y por varios tratados internacionales ratificados por la Argentina. Si existieran argumentos convincentes para su utilización, deberíamos repudiar esos compromisos. Pero tales argumentos no existen.
La tendencia global es clara y el único país occidental que la aplica regularmente es Estados Unidos que recibe fuertes críticas por ello. La eficiencia de la pena de muerte para prevenir delitos no está probada y hay demasiadas variables en juego que impiden confiar en semejante correlación.
En este marco de incertidumbre, reclamar la vida de algunos es temerario. Nuestros actos son complejos y no están determinados por la probabilidad de recibir un castigo. El grueso de la ilegalidad penal consiste en ataques a la propiedad y exige una reflexión profunda sobre los niveles de inequidad de nuestra sociedad antes que sobre la pena capital. La pena de muerte tampoco puede emplearse para disuadir a otros. El castigo se justifica porque se dirige al ofensor en tanto agente moral y no debe relacionarse con la conducta de otras personas.
Quitar la vida como instrumento de política criminal es inaceptable e implica tratar a alguien como portador de un mensaje estatal, antes que como un individuo responsable de un crimen. Alguien dirá que el castigo evita que un delincuente feroz cometa más delitos. Sin embargo, aun considerando los casos que levanta la prensa, la cuestión de la reincidencia es engañosa, ya que ella está afectada por la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las agencias de persecución penal.
Incluso si pensáramos en la pena de muerte como un merecido castigo por un hecho atroz, sería irracional y semejante a la venganza. A diferencia de un delito individual, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos. Es paradójico que el Estado deba matar a alguien para reafirmar que el respeto a la vida es un valor central.
La discusión sobre la pena de muerte no nos ayuda a honrar nuestros compromisos más profundos, ni a enfrentar el delito.
Por Juan F. González Bertomeu
Profesor de Derecho de la Universidad de Palermo; doctorando, New York University.
Leonardo Filippini
Profesor de Derecho de la Universidad de Palermo e Investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Publicada en El Dial.com
La subsistencia del debate en torno a la pena de muerte es desgraciada. Estamos radicalmente en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una discusión superada para nuestra comunidad. No porque pensemos que el tema no se pueda discutir. En una democracia todo puede debatirse y dadas ciertas circunstancias —por ejemplo, la comisión de un crimen horrendo— es normal que examinemos otra vez algunas de nuestras presuposiciones. Sin embargo, las razones en contra de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.
Por empezar, en la Argentina la pena de muerte está doblemente prohibida. Por la Constitución, primero, que es nuestro acuerdo básico acerca de los valores fundamentales para nuestra convivencia democrática, y por varios compromisos internacionales que el Estado Argentino adquirió, en segundo lugar. Si existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos pensar seriamente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos internacionales. Pero ese fundamento no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de nuestros acuerdos de convivencia más básicos.
Por cierto, Argentina no es la excepción: 92 países han abolido la pena de muerte, y de los 59 que todavía la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos, en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto, debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones, pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte que no es fruto del capricho.
Más allá de la ley y las tendencias globales hay una segunda negativa rotunda a la pena de muerte: la solución a la expansión de los delitos violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población y especialmente su porción más desaventajada. Sencillamente, la muerte estatal como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le atribuyen.
Supongamos por un momento que la pena de muerte puede justificarse moralmente: ¿Ofrecería algún tipo de solución? Algunos estudios empíricos llevados a cabo en Estados Unidos indican que no está demostrada la eficiencia de la pena capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación. Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco, reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto menos, un camino temerario y de incierto final.
La segunda complicación de un camino así emprendido es que nos deja atados a una comprensión demasiado limitada de nuestras acciones. La probabilidad de que al momento de obrar una persona evalúe la probabilidad de que se le aplique la pena de muerte al final de un proceso judicial es incierta. Nuestras motivaciones son bastante más complejas que una contabilidad binaria. El grueso de la ilegalidad penal, en cambio, es un universo de actos violentos asociados a ataques a la propiedad y exige más bien una reflexión profunda sobre nuestros niveles de cohesión social, la forma y contenido de nuestras reglas de convivencia, la igualdad de trato y oportunidades, y las expectativas que cada uno tiene sobre su capacidad de satisfacer necesidades esenciales y planes de vida en el corto y mediano plazo. En dirección contraria a la de quienes simpatizan con la pena capital, no es impensable que algunos crean que no tienen nada que perder si la respuesta estatal es una sola, sombría y anunciada.
Existe, además, un problema adicional si se pretende utilizar la pena de muerte como medida ejemplar frente a otros potenciales delincuentes. Ciertamente, una forma de disuadir a alguien es castigando a otro. Todos sabemos, así, cuando poner las barbas en remojo. Pero si el castigo se justifica de algún modo es porque se dirige al ofensor en tanto agente moral, es decir, como persona. El ofensor debe estar en condiciones de entender por qué se lo está castigando. Las razones que justifican el castigo deben relacionarse con él o ella, no con la conducta de otras personas. Castigar para disuadir a otros, en cambio, implica tratar a alguien como el objeto portador de un mensaje estatal, antes que como el individuo responsable que cometió un crimen. Incluso quien crea que no hay problemas insalvables con las sanciones ejemplares debe reconocer que es inaceptable quitar la vida de una persona como instrumento de la política criminal.
Para sortear esta última objeción se podría decir que la pena capital no está dirigida a todos, sino sólo al delincuente, y que su muerte evita que cometa más delitos en el futuro. Pero esto es apenas una descripción descarnada que no justifica nada. Podríamos predicar lo mismo respecto de la muerte de cualquiera. No existen razones de peso para concluir que el ofensor va a reincidir y los casos sonados que levanta la prensa no inclinan el fiel para concluir lo contrario. Por otro lado, el sistema penal es selectivo y el peso de la ley no recae homogéneamente sobre todos nosotros. En esto, Argentina tampoco es la excepción; lo mismo ocurre en todas partes. En consecuencia, debemos mirar con cautela la cuestión de la reincidencia, pues ella indica no sólo la posibilidad de una efectiva reiteración delictiva sino que también sugiere la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las agencias de persecución. En otras palabras, no estaríamos hablando de delincuentes más peligrosos sino de prácticas institucionales sesgadas.
Finalmente, también podemos pensar en la pena de muerte deslindada de toda idea de prevención y simplemente asociada al castigo por un mal cometido. Pero el castigo aquí sería irracional y bárbaro, semejante a la venganza. La equiparación de ofensas, la ley del Talión —si pensamos en la pena de muerte para sólo para casos de homicidio, algo que no parece ser obvio en el debate público—, es errónea. Una vida humana, sea cual fuere, es inconmensurable. Y, justamente, condenamos a quien se arroga la capacidad de poner fin a la vida de una persona con el reproche más severo de la ley. Quitar la vida no es algo valioso. Es algo que castigamos, y sólo excepcionalmente dejamos libre de reproche algunos comportamientos; por ejemplo, cuando se actúa en defensa propia. A diferencia del delito cometido por una persona, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos nosotros. Es paradójico que deba matar a alguien para reafirmar, como dice nuestra Constitución, que el respeto a la vida humana es el pilar central de nuestro arreglo como comunidad.
El problema de la inseguridad demanda esfuerzo. Pero, ¿por qué no reclamar seriamente por reformas que enfrenten la inseguridad y que, a la vez, estén comprometidas con los valores más hondos que abrazamos como sociedad? ¿Por qué no reclamar por un sistema de prevención a un tiempo eficiente y comprometido con los derechos humanos? El debate sobre la pena de muerte es simplista y erróneo. No pone nada sustancioso sobre la mesa, ni nos ayuda a consolidar una sociedad que honre sus compromisos y valores más profundos. Paradójicamente, tampoco ayuda a enfrentar el delito. Es, en definitiva, un debate que no vale la pena.
..................
Una versión breve de la misma nota, se publicó en el Diario Clarín
Una polémica que atrasa
Por Juan González Bertomeu y Leonardo Filippini
Docentes de Derecho, Universidad de Palermo
Publicado en Clarín
11 de abril de 2009
La pena de muerte está doblemente prohibida por la Constitución y por varios tratados internacionales ratificados por la Argentina. Si existieran argumentos convincentes para su utilización, deberíamos repudiar esos compromisos. Pero tales argumentos no existen.
La tendencia global es clara y el único país occidental que la aplica regularmente es Estados Unidos que recibe fuertes críticas por ello. La eficiencia de la pena de muerte para prevenir delitos no está probada y hay demasiadas variables en juego que impiden confiar en semejante correlación.
En este marco de incertidumbre, reclamar la vida de algunos es temerario. Nuestros actos son complejos y no están determinados por la probabilidad de recibir un castigo. El grueso de la ilegalidad penal consiste en ataques a la propiedad y exige una reflexión profunda sobre los niveles de inequidad de nuestra sociedad antes que sobre la pena capital. La pena de muerte tampoco puede emplearse para disuadir a otros. El castigo se justifica porque se dirige al ofensor en tanto agente moral y no debe relacionarse con la conducta de otras personas.
Quitar la vida como instrumento de política criminal es inaceptable e implica tratar a alguien como portador de un mensaje estatal, antes que como un individuo responsable de un crimen. Alguien dirá que el castigo evita que un delincuente feroz cometa más delitos. Sin embargo, aun considerando los casos que levanta la prensa, la cuestión de la reincidencia es engañosa, ya que ella está afectada por la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las agencias de persecución penal.
Incluso si pensáramos en la pena de muerte como un merecido castigo por un hecho atroz, sería irracional y semejante a la venganza. A diferencia de un delito individual, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos. Es paradójico que el Estado deba matar a alguien para reafirmar que el respeto a la vida es un valor central.
La discusión sobre la pena de muerte no nos ayuda a honrar nuestros compromisos más profundos, ni a enfrentar el delito.
domingo, 12 de abril de 2009
Congreso en Girona: Neutralidad y Teoría del Derecho
Del site de la conferencia:
Hace 5 años, iniciamos con mucha ilusión un proyecto editorial con grandes pretensiones de calidad y modestas pretensiones de difusión: se trataba de poner en marcha una colección de libros en el ámbito de la filosofía del derecho, acogiendo tanto traducciones que pusieran al alcance del lector de lengua española importantes libros de otras culturas jurídicas, como monografías originales. Cinco años después, los resultados han desbordado todas las previsiones en cuanto a la difusión y creemos, honestamente, que han aportado un granito de arena al debate iusfilosófico.
Hoy, la colección cuenta con más de treinta volúmenes publicados y 18 en preparación. Por ello, la editorial Marcial Pons y los grupos de investigación de filosofía del derecho de la Universidad de Girona y de la Universidad Pompeu Fabra (a los que pertenecen los directores de la colección), estamos organizando un congreso internacional conmemorativo de los primeros 50 volúmenes de la colección, que se realizará los días 20, 21 y 22 de mayo de 2010 en la ciudad de Girona (España).
Pretendemos que el congreso sea un lugar de encuentro de autores y lectores de nuestros libros. Por ello, 12 de los autores de la colección serán los ponentes del evento: Dr. Robert Alexy, Dr. Juan C. Bayón, Dr. Brian Bix, Dr. Eugenio Bulygin, Dr. Bruno Celano, Dr. Jules L. Coleman, Dr. Riccardo Guastini, Dr. Brian Leiter, Dr. Jorge Luis Rodríguez, Dr. Frederick Schauer, Dr. Scott J. Shapiro, Dr. Wilfrid J. Waluchow. Y hemos elegido el tema Neutralidad y teoría del derecho como eje vertebrador de las ponencias por ser, también, uno de los aspectos más a menudo abordados, directa o indirectamente, en los libros de la colección.
Nuestro objetivo es ofrecer un evento de primera magnitud en el debate iusfilosófico internacional que sirva de encuentro de distintas tradiciones jurídicas, dirigido especialmente a la comunidad hispano-americana.
sábado, 11 de abril de 2009
Lugares para la Memoria del Holocausto
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el auspicio de la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research, organizan y convocan a una conferencia pública sobre:
Experiencias de gestión de sitios y museos de memoria del Holocausto, el
Martes 21 de abril de 2009, a las 14:30 hs.
Experiencias de gestión de sitios y museos de memoria del Holocausto, el
Martes 21 de abril de 2009, a las 14:30 hs.
Expondrán:
El evento sera en el NH Hotel, Bolívar 120/160, Ciudad de Buenos Aires (C1066A), Salón Mayor
RSVP
Natalia Luterstein: 5167 6500, int. 6565
- Irit Abramski, del Museo Yad Vashem, Jerusalem
- Robert Kuwalek, del Museo Estatal Majdanek, Polonia
- Teresa Swiebocka, del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, Polonia
- Yariv Lapid, del Memorial de Mauthausen, Austria
El evento sera en el NH Hotel, Bolívar 120/160, Ciudad de Buenos Aires (C1066A), Salón Mayor
RSVP
Natalia Luterstein: 5167 6500, int. 6565
John Dinges: "El desafío del periodismo de hoy es pedir cuentas a los políticos"
Conversación con John Dinges en el Centro Knight
Para el periodista norteamericano John Dinges, luego del período de dictaduras militares en Latinoamérica y cuando un presidente autoritario como Fujimori ha sido sentenciado por la justicia, el rol de la prensa es "fiscalizar la democracia, revelar sus debilidades, y las violaciones de las reglas de juego por parte de los presidentes. Hay que hacerlo en todos los países, porque en todos hay abusos de poder".
Corresponsal en Chile para medios como Time, Washington Post y ABC Radio durante y después del golpe de Pinochet, Dinges fue también cofundador de la revista chilena APSI, que combatió la dictadura. Narró este periodo en su libro "Operación Cóndor: Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur" (Ediciones B 2004). Desde 1996, es profesor y director de radio en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y uno de los directores del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), una organización independiente sin fines de lucro que realiza periodismo de investigación en Chile.
Para Dinges, presidentes como Hugo Chávez y Álvaro Uribe tienen diferentes agendas, pero sus métodos y concepto populista del poder son parecidos. En este contexto, la prensa debe fiscalizar la democracia. Y Dinges tiene una propuesta para hacer periodismo de investigación viable y que cuestione el poder: "los periodistas deben continuar haciendo investigaciones dentro de los medios que existen, sin poner todas sus cartas en ese juego". El cambio va a suceder cuando existan entidades independientes que sólo se dediquen a hacer periodismo de investigación en coordinación financiera y editorial con los medios.
Lea la entrevista completa en el sitio del Centro Knight.
Para el periodista norteamericano John Dinges, luego del período de dictaduras militares en Latinoamérica y cuando un presidente autoritario como Fujimori ha sido sentenciado por la justicia, el rol de la prensa es "fiscalizar la democracia, revelar sus debilidades, y las violaciones de las reglas de juego por parte de los presidentes. Hay que hacerlo en todos los países, porque en todos hay abusos de poder".
Corresponsal en Chile para medios como Time, Washington Post y ABC Radio durante y después del golpe de Pinochet, Dinges fue también cofundador de la revista chilena APSI, que combatió la dictadura. Narró este periodo en su libro "Operación Cóndor: Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur" (Ediciones B 2004). Desde 1996, es profesor y director de radio en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y uno de los directores del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), una organización independiente sin fines de lucro que realiza periodismo de investigación en Chile.
Para Dinges, presidentes como Hugo Chávez y Álvaro Uribe tienen diferentes agendas, pero sus métodos y concepto populista del poder son parecidos. En este contexto, la prensa debe fiscalizar la democracia. Y Dinges tiene una propuesta para hacer periodismo de investigación viable y que cuestione el poder: "los periodistas deben continuar haciendo investigaciones dentro de los medios que existen, sin poner todas sus cartas en ese juego". El cambio va a suceder cuando existan entidades independientes que sólo se dediquen a hacer periodismo de investigación en coordinación financiera y editorial con los medios.
Lea la entrevista completa en el sitio del Centro Knight.
viernes, 10 de abril de 2009
Bruce Ackerman sale al cruce de los Conservadores y defiende a Harold Koh en su nominación
Disculpen que está en inglés, pero me pareció interesante...
The Demonization of Harold Koh
Bruce Ackerman
Para The Daily Beast
April 8th, 2009
Republicans threaten to filibuster the nomination of Harold Koh, dean of Yale Law School, as an “international imperialist,” but Yale Law professor Bruce Ackerman reveals his true views.
Conservatives are rallying against Harold Koh’s nomination as legal adviser to the State Department. They are right to see it as a key position. Koh would be the nation’s decisive spokesman on the rule of law in foreign affairs. While the Supreme Court speaks rarely and reluctantly in this area, the opinions of the legal adviser have an immediate impact throughout the entire domain of our international relations.
It’s perfectly appropriate, then, to scrutinize Koh’s views—and especially important to prevent right-wing criticism from obscuring Koh's distinctive contribution to the Obama administration.
The opening round has been dominated by baseless charges that Koh would have American courts impose Shariah law. Even the National Review has distanced itself from these claims. Nevertheless, they will serve their purpose if they help more respectable commentators, like John Fonte of the Hudson Institute, paint Koh as an extreme advocate of “international imperialism. Under Koh’s plan, the Constitution would become secondary and international law would take precedence….”
It’s true that Koh has condemned the Bush administration’s violations of international law. But so has President Obama, and we should expect him to nominate a man who will carry through on his commitment. Conservatives should recognize that they lost the election, and that the State Department will indeed return the country to its traditional role as a leading advocate of international law.
While Koh’s internationalism is mainstream, his truly distinctive views deal with the relationship between Congress and the presidency in developing foreign-relations law. His landmark book, The National Security Constitution, is a sobering review of the historical process through which the imperial presidency has broken from congressional oversight. Koh’s work represents the most thoughtful effort to restore Congress to its rightful role as a check on presidential power in foreign affairs.
In contrast to most legal critics, Koh doesn’t succumb to the illusion that the Supreme Court will take the lead in insisting upon a robust congressional role. He calls for the legislative enactment of a National Security Charter that would require the president to consult Congress on key issues. Reflecting on the failures of earlier efforts, like the War Powers Resolution and the National Emergency Act, he proposes new structures that might effectively operate to check presidential unilateralism in the decades ahead.
Koh published his book in 1990, and its distinctive mix of visionary possibility and hard-headed practicality earned him a professorship at the Yale Law School.
Over the years, he won the broad respect of his peers, who gave him their solid support when the time came to select a new dean.
Koh’s scholarly work has stood the test of time. Indeed, the excesses of the war on terror only make his call for a realistic restoration of effective congressional oversight more relevant now than in 1990.
This is the real importance of the Koh nomination. President Obama has selected one of the few lawyers who probed deeply into the constitutional implications of presidential unilateralism and how it might be controlled. Koh would be taking his position as legal adviser at one of the rare moments when it might be politically possible to consider a National Security Charter that aims to restore an effective system of checks and balances.
The abuses of the Bush years are still fresh in the public mind. Both Congress and the president have pledged to restore the rule of law. There won’t be a better time for America to confront the profound structural problems that allowed President Bush to keep the facts about torture, and other illegalities, from Congress and the American people. Koh is precisely the person who might help the House, Senate, and the president reach a consensus on framework legislation that will prevent similar abuses in the future.
It would be a great shame if the right-wing assault on Koh were allowed to deprive Americans of this opportunity.
Bruce Ackerman is a professor of law at Yale University.
The Demonization of Harold Koh
Bruce Ackerman
Para The Daily Beast
April 8th, 2009
Republicans threaten to filibuster the nomination of Harold Koh, dean of Yale Law School, as an “international imperialist,” but Yale Law professor Bruce Ackerman reveals his true views.
Conservatives are rallying against Harold Koh’s nomination as legal adviser to the State Department. They are right to see it as a key position. Koh would be the nation’s decisive spokesman on the rule of law in foreign affairs. While the Supreme Court speaks rarely and reluctantly in this area, the opinions of the legal adviser have an immediate impact throughout the entire domain of our international relations.
It’s perfectly appropriate, then, to scrutinize Koh’s views—and especially important to prevent right-wing criticism from obscuring Koh's distinctive contribution to the Obama administration.
The opening round has been dominated by baseless charges that Koh would have American courts impose Shariah law. Even the National Review has distanced itself from these claims. Nevertheless, they will serve their purpose if they help more respectable commentators, like John Fonte of the Hudson Institute, paint Koh as an extreme advocate of “international imperialism. Under Koh’s plan, the Constitution would become secondary and international law would take precedence….”
It’s true that Koh has condemned the Bush administration’s violations of international law. But so has President Obama, and we should expect him to nominate a man who will carry through on his commitment. Conservatives should recognize that they lost the election, and that the State Department will indeed return the country to its traditional role as a leading advocate of international law.
While Koh’s internationalism is mainstream, his truly distinctive views deal with the relationship between Congress and the presidency in developing foreign-relations law. His landmark book, The National Security Constitution, is a sobering review of the historical process through which the imperial presidency has broken from congressional oversight. Koh’s work represents the most thoughtful effort to restore Congress to its rightful role as a check on presidential power in foreign affairs.
In contrast to most legal critics, Koh doesn’t succumb to the illusion that the Supreme Court will take the lead in insisting upon a robust congressional role. He calls for the legislative enactment of a National Security Charter that would require the president to consult Congress on key issues. Reflecting on the failures of earlier efforts, like the War Powers Resolution and the National Emergency Act, he proposes new structures that might effectively operate to check presidential unilateralism in the decades ahead.
Koh published his book in 1990, and its distinctive mix of visionary possibility and hard-headed practicality earned him a professorship at the Yale Law School.
Over the years, he won the broad respect of his peers, who gave him their solid support when the time came to select a new dean.
Koh’s scholarly work has stood the test of time. Indeed, the excesses of the war on terror only make his call for a realistic restoration of effective congressional oversight more relevant now than in 1990.
This is the real importance of the Koh nomination. President Obama has selected one of the few lawyers who probed deeply into the constitutional implications of presidential unilateralism and how it might be controlled. Koh would be taking his position as legal adviser at one of the rare moments when it might be politically possible to consider a National Security Charter that aims to restore an effective system of checks and balances.
The abuses of the Bush years are still fresh in the public mind. Both Congress and the president have pledged to restore the rule of law. There won’t be a better time for America to confront the profound structural problems that allowed President Bush to keep the facts about torture, and other illegalities, from Congress and the American people. Koh is precisely the person who might help the House, Senate, and the president reach a consensus on framework legislation that will prevent similar abuses in the future.
It would be a great shame if the right-wing assault on Koh were allowed to deprive Americans of this opportunity.
Bruce Ackerman is a professor of law at Yale University.
Agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires
Comisión Provincial Por la Memoria: Comité Contra la Tortura
8 de abril de 2009
La Comisión Provincial Por la Memoria, a través de su Comité Contra la Tortura, denuncia:
Agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos: problemas con el acceso a la educación y hacinamiento en los pabellones destinados a alojar niños/as y embarazadas en la Unidad Nro. 33 de Los Hornos.
Con fecha 1 de abril del año 2009, integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, se hicieron presente en la Unidad Nº 33 de Los Hornos, en el Modulo C, pabellones Nº 10 y 11, a partir de recibir la información que las detenidas se encontraban realizando una huelga de hambre pasiva desde el viernes 27 de marzo. Esta acción fue acompañada por un petitorio en el cuál las detenidas explican los hechos que motivaron tal acción:
“Las internas del pabellón 8, 9,10 y 11 de la Unidad Nº 33 “Los Hornos”, La Plata. Que nos adherimos a una huelga de hambre. Motivos: que se proteja la integridad física y mental de cada menor alojado en la Unidad ya que el día 27 del corriente, la menor Palacios Alejandra, regresa de la Guardería (“Las Palomitas”) con signos de mordeduras varias. Paso seguido, la madre de la menor pidió explicaciones a la docente a cargo del cuidado y del traslado de la menor sin tener respuesta alguna de la docente quien manifestó: no saber lo que pasó, que la menor estaba durmiendo, “fue un descuido”.
En entrevistas mantenidas con las detenidas alojadas en el módulo C de la unidad Nº 33, estas nos manifestaron que luego de que la niña fue atendida en “Casa Cuna”, los médicos no les informaron acerca de las causas que produjeron esas lesiones a la niña, aunque ellas así lo solicitaron.
Esta situación forma parte de las complejidades particulares que produce la permanencia de los niños en unidades carcelarias de la provincia. El Poder ejecutivo provincial, a través de los Ministerios correspondientes, no ha garantizado a las mujeres detenidas y sus niños/as el acceso los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la educación.
En el año 2008 este Comité Contra la Tortura junto a la Asociación por los Derechos Civiles realizaron un diagnóstico sobre el “Acceso a la educación de los niños/as alojados junto a sus madres en la Unidad Nº 33.
Allí se señalaban con especial énfasis, problemas derivados de la asistencia de los hijos de las mujeres detenidos a un jardín maternal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Es preciso señalar que la población femenina detenida en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires ha crecido en el ultimo año, mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el año 2008 representan el 4,1% del total de detenidos.
1. Proporcione las condiciones edilicias adecuadas a los fines de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños/as y de sus madres.
2. Designe personal medico especializado a los fines de garantizar el acceso a la salud de los niños/as.
3. Disponga de móviles especialmente asignados para el traslado de mujeres con niños/as y mujeres embarazadas
4. Diseñe un programa de promoción y protección de los derechos de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación a los fines de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de los niños - educación, salud, contacto con su madre y familiares, actividades recreativas y culturales- en el marco de un ambiente adecuado. (Artículo Nº 4; Artículo Nº 23; Artículo Nº 14 de Ley 13.298).
Esta situación fue denunciada en :
Para ampliar la información comunicarse con:
Laurana Malacalza: 011 - 15 66 47 51 94
Roberto Cipriano García: 0221-156017695
8 de abril de 2009
La Comisión Provincial Por la Memoria, a través de su Comité Contra la Tortura, denuncia:
Agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos: problemas con el acceso a la educación y hacinamiento en los pabellones destinados a alojar niños/as y embarazadas en la Unidad Nro. 33 de Los Hornos.
Con fecha 1 de abril del año 2009, integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, se hicieron presente en la Unidad Nº 33 de Los Hornos, en el Modulo C, pabellones Nº 10 y 11, a partir de recibir la información que las detenidas se encontraban realizando una huelga de hambre pasiva desde el viernes 27 de marzo. Esta acción fue acompañada por un petitorio en el cuál las detenidas explican los hechos que motivaron tal acción:
“Las internas del pabellón 8, 9,10 y 11 de la Unidad Nº 33 “Los Hornos”, La Plata. Que nos adherimos a una huelga de hambre. Motivos: que se proteja la integridad física y mental de cada menor alojado en la Unidad ya que el día 27 del corriente, la menor Palacios Alejandra, regresa de la Guardería (“Las Palomitas”) con signos de mordeduras varias. Paso seguido, la madre de la menor pidió explicaciones a la docente a cargo del cuidado y del traslado de la menor sin tener respuesta alguna de la docente quien manifestó: no saber lo que pasó, que la menor estaba durmiendo, “fue un descuido”.
En entrevistas mantenidas con las detenidas alojadas en el módulo C de la unidad Nº 33, estas nos manifestaron que luego de que la niña fue atendida en “Casa Cuna”, los médicos no les informaron acerca de las causas que produjeron esas lesiones a la niña, aunque ellas así lo solicitaron.
Esta situación forma parte de las complejidades particulares que produce la permanencia de los niños en unidades carcelarias de la provincia. El Poder ejecutivo provincial, a través de los Ministerios correspondientes, no ha garantizado a las mujeres detenidas y sus niños/as el acceso los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la educación.
En el año 2008 este Comité Contra la Tortura junto a la Asociación por los Derechos Civiles realizaron un diagnóstico sobre el “Acceso a la educación de los niños/as alojados junto a sus madres en la Unidad Nº 33.
Allí se señalaban con especial énfasis, problemas derivados de la asistencia de los hijos de las mujeres detenidos a un jardín maternal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
- El jardín maternal Las Palomitas, donde asisten los hijos de las mujeres detenidas y los hijos del personal penitenciario , es supervisado por la coordinación de establecimientos pre- escolares que depende del Servicio Penitenciario, sin intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Esto impide que la propuesta pedagógica y la capacitación de los docentes sea adecuada a las necesidades de la población. Por ejemplo, la propuesta pedagógica no contemplan la particularidad de experiencia de estos niños/as, definida en términos de una brusca ruptura entre los vínculos y la modalidad que estos adquieren al interior de la unidad carcelaria y los que construye en el exterior.
- Es el personal de seguridad penitenciaria el encargado de garantizar el acceso y el traslado al jardín maternal, situación que impide la participación de las madres y el acompañamiento pertinente a los niños.
Es preciso señalar que la población femenina detenida en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires ha crecido en el ultimo año, mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el año 2008 representan el 4,1% del total de detenidos.
El aumento de la población femenina, es proporcional al aumento de mujeres detenidas alojadas junto a sus hijos y de mujeres embarazadas. Mientras en que mayo del 2008, se encontraban alojadas en la Unida Nº 33 de los Hornos 60 niños; al mes de julio ese número aumentaba a 71 niño/as y 23 mujeres se encentraban embarazadas. Este número aumentó a 82 niños/as y 25 mujeres embarazadas en abril del 2009.
No existe ninguna resolución o reglamentación del Servicio Penitenciario que designe la permanencia de mujeres embarazadas o que residen juntos a sus hijos en esa unidad penal, por lo cual la unidad no ha sido adecuada a tales fines
Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones de la Unidad Nº 33 de Los Hornos. En el pabellón 11 de dicha Unidad Penal, se encontraban alojadas 23 y 27 niños. Las celdas de 12 mts2. alojaban dos mujeres con niños/as. Las mujeres debían retirar en el horario diurno las cunas para disponer de lugar para que puedan ser usados por ellas y sus hijos. El aumento de cantidad de niños alojados en dicha unidad penitenciaria, genera problemas de infraestructura y funcionamiento, tal como ha sido reiteradamente denunciado por este Comité:
En entrevistas mantenidas con las autoridades penitenciarias, estas señalaron que:
Ante esta situación el Comité contra la Tortura le solicitó al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires:
No existe ninguna resolución o reglamentación del Servicio Penitenciario que designe la permanencia de mujeres embarazadas o que residen juntos a sus hijos en esa unidad penal, por lo cual la unidad no ha sido adecuada a tales fines
Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones de la Unidad Nº 33 de Los Hornos. En el pabellón 11 de dicha Unidad Penal, se encontraban alojadas 23 y 27 niños. Las celdas de 12 mts2. alojaban dos mujeres con niños/as. Las mujeres debían retirar en el horario diurno las cunas para disponer de lugar para que puedan ser usados por ellas y sus hijos. El aumento de cantidad de niños alojados en dicha unidad penitenciaria, genera problemas de infraestructura y funcionamiento, tal como ha sido reiteradamente denunciado por este Comité:
- Los pabellones no se encuentran diseñados para alojar niños/as: las celdas y los pabellones no tienen lugar disponible y adecuado para los niños. Los pabellones cuentan con dos pisos con una escalera sin medidas de seguridad para la movilidad y el desplazamiento de los mismos.
- Las celdas son de tamaño reducido para alojar mujeres con hijos.
- El mobiliario no es el adecuado para el uso de los niños/as. (mesas, sillas, bancos) y es insuficiente (solo una heladera y una cocina por pabellón). No existen bancos y sillas apropiadas para niños y mucho menos para bebes.
- El hacinamiento en los pabellones produce que las condiciones higiénicas no sean las adecuadas, especialmente para la permanencia de niños y mujeres embarazadas.
- Los baños y duchas no están diseñados ni se encuentran en condiciones para ser usados por niños/as.
En entrevistas mantenidas con las autoridades penitenciarias, estas señalaron que:
- La designación de personal médico especializado en la atención de los niños, no ha aumentado en proporción a la cantidad de niños/as alojados en la Unidad penal.
- La Unidad penal no cuenta con móviles especialmente designados para el traslado de mujeres con hijos.
Ante esta situación el Comité contra la Tortura le solicitó al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires:
1. Proporcione las condiciones edilicias adecuadas a los fines de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños/as y de sus madres.
2. Designe personal medico especializado a los fines de garantizar el acceso a la salud de los niños/as.
3. Disponga de móviles especialmente asignados para el traslado de mujeres con niños/as y mujeres embarazadas
4. Diseñe un programa de promoción y protección de los derechos de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación a los fines de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de los niños - educación, salud, contacto con su madre y familiares, actividades recreativas y culturales- en el marco de un ambiente adecuado. (Artículo Nº 4; Artículo Nº 23; Artículo Nº 14 de Ley 13.298).
Esta situación fue denunciada en :
- El marco del amparo colectivo a favor de los derechos de los niños que conviven con sus hijso en las unidades carcelarias de la provincia que tramita aun sin resolucion ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de La Plata.
- Ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el macro del "Habeas Corpus Verbitsky”
- Ante la Dirección provincial de Educación Inicial .
Para ampliar la información comunicarse con:
Laurana Malacalza: 011 - 15 66 47 51 94
Roberto Cipriano García: 0221-156017695
jueves, 9 de abril de 2009
Justicia vs. Resolución Alternativa de Conflictos: A 25 años de "Against Settlement", por Owen Fiss
Hace 25 años Owen Fiss publicaba su famoso artículo Against Settlement, 93 Yale L.J. 1073 (1984), traducido al español en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo bajo el título Contra el Acuerdo Extrajudicial.
Allí, en 1984, Owen Fiss sostenía que el movimiento a favor de la instalación generalizada de la Resolución Alternativa de Conflictos había sobrevalorado el acuerdo realizado por fuera del proceso judicial. Su argumento se basaba en que este proceso desarrollado frente a un juez y de acuerdo a procedimientos específicos tiene por objeto un fin más ambicioso y más valioso que la resolución de conflictos, el cuál no debería perderse de vista. El artículo tuvo un especial significado cuando los proyectos de reforma de justicia en América Latina, muchos de ellos inspirados en la necesidad de desagotar una justicia tapada de causas sin resolver, veían en la mediación una panacea.
La Revista Jurídica de la Universidad de Fordham organizó la semana pasada un Simposio para discutir con el propio Fiss, cuál era la vigencia de aquella obra luego de 25 años durante los cuales se expandió la resolución alternativa de conflictos, evolucionó el litigio de interés público, y crecieron el litigio colectivo y el litigio internacional.
Interesante iniciativa de la Fordham Law Review... Me refiero a la de celebrar una idea y revisitarla después de 25 años. Quizá se pueda hacer lo mismo con grandes obras de autores nuestros...
Allí, en 1984, Owen Fiss sostenía que el movimiento a favor de la instalación generalizada de la Resolución Alternativa de Conflictos había sobrevalorado el acuerdo realizado por fuera del proceso judicial. Su argumento se basaba en que este proceso desarrollado frente a un juez y de acuerdo a procedimientos específicos tiene por objeto un fin más ambicioso y más valioso que la resolución de conflictos, el cuál no debería perderse de vista. El artículo tuvo un especial significado cuando los proyectos de reforma de justicia en América Latina, muchos de ellos inspirados en la necesidad de desagotar una justicia tapada de causas sin resolver, veían en la mediación una panacea.
La Revista Jurídica de la Universidad de Fordham organizó la semana pasada un Simposio para discutir con el propio Fiss, cuál era la vigencia de aquella obra luego de 25 años durante los cuales se expandió la resolución alternativa de conflictos, evolucionó el litigio de interés público, y crecieron el litigio colectivo y el litigio internacional.
Interesante iniciativa de la Fordham Law Review... Me refiero a la de celebrar una idea y revisitarla después de 25 años. Quizá se pueda hacer lo mismo con grandes obras de autores nuestros...
Un País al Margen de la Ley... Esta vez en versión Gieco
El video me parece excelente y la actuación es magnífica (aunque reconozco poca objetividad...)
Por otro lado, me pareció interesante como disparador de una discusión sobre un tema recurrente de nuestra literatura (desde el Martín Fierro) y de la "pop culture" argentina: la relación de los argentinos con la ley. Las interpretaciones se las dejo a ustedes...
Por otro lado, me pareció interesante como disparador de una discusión sobre un tema recurrente de nuestra literatura (desde el Martín Fierro) y de la "pop culture" argentina: la relación de los argentinos con la ley. Las interpretaciones se las dejo a ustedes...
miércoles, 8 de abril de 2009
Fujimori fue condenado por violación de Derechos Humanos
El Comercio.com.pe
7 de abril de 2009
Tras 484 días y 161 sesiones, Fujimori fue condenado por violación de DD.HH.
El ex presidente Alberto Fujimori fue hallado culpable de cuatro delitos por la justicia peruana en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro lo halló por unanimidad culpable de las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
“Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. La sentencia que se emite es condenatoria”, dijo San Martín.
Fujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el 10 de diciembre de 2007.
Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la sentencia mientras escribía sin detenerse en una libreta sin mirar en ningún momento al tribunal.
Sus dos hijos más conocidos, Keiko y Kenji Fujimori, escucharon la sentencia con molestia, mientras que la madre de uno de los estudiantes universitarios de La Cantuta asesinado por el grupo Colina lloraba.
El juez San Martín dijo que por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones un equipo formado por más de 20 personas trabajó junto a los otros dos magistrados: Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
San Martín indicó que la sentencia estaba dividida en cuatro partes, constaba de 711 folios, 8.390 parágrafos, 1.258 notas a pie de página y el texto estaba escrito en letras Century de tamaño 11.
La relatora de la sentencia empezó a leer los 247 fundamentos que sustentan la condena de Fujimori por los cuatro delitos, luego de las 9:27 de la mañana, hecho que continúa hasta el momento.
Es la primera vez que un ex mandatario peruano y latinoamericano, elegido bajo comicios democráticos, es declarado culpable bajo la justicia de su país por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori gobernó el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta que renunció vía fax luego de huir a Japón el 19 de noviembre de 2000.
7 de abril de 2009
Tras 484 días y 161 sesiones, Fujimori fue condenado por violación de DD.HH.
El ex presidente Alberto Fujimori fue hallado culpable de cuatro delitos por la justicia peruana en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro lo halló por unanimidad culpable de las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
“Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. La sentencia que se emite es condenatoria”, dijo San Martín.
Fujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el 10 de diciembre de 2007.
Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la sentencia mientras escribía sin detenerse en una libreta sin mirar en ningún momento al tribunal.
Sus dos hijos más conocidos, Keiko y Kenji Fujimori, escucharon la sentencia con molestia, mientras que la madre de uno de los estudiantes universitarios de La Cantuta asesinado por el grupo Colina lloraba.
El juez San Martín dijo que por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones un equipo formado por más de 20 personas trabajó junto a los otros dos magistrados: Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
San Martín indicó que la sentencia estaba dividida en cuatro partes, constaba de 711 folios, 8.390 parágrafos, 1.258 notas a pie de página y el texto estaba escrito en letras Century de tamaño 11.
La relatora de la sentencia empezó a leer los 247 fundamentos que sustentan la condena de Fujimori por los cuatro delitos, luego de las 9:27 de la mañana, hecho que continúa hasta el momento.
Es la primera vez que un ex mandatario peruano y latinoamericano, elegido bajo comicios democráticos, es declarado culpable bajo la justicia de su país por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori gobernó el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta que renunció vía fax luego de huir a Japón el 19 de noviembre de 2000.
Libertad de prensa : el año 2008 en cifras
Reporteros sin Fronteras
30 de diciembre de 2008
Un mal clima, aunque mejores cifras ; la represión se desplaza a Internet
En 2008 :
60 periodistas asesinados
1 colaborador de los medios asesinado
673 periodistas detenidos
929 agredidos o amenazados
353 medios de comunicación censurados
29 periodistas secuestrados
Y en lo que se refiere a Internet :
1 blogger asesinado
59 bloggers detenidos
45 agredidos
1.740 sitios informativos cerrados o suspendidos
A título comparativo, en 2007 :
86 periodistas asesinados
20 colaboradores de medios asesinados
887 periodistas detenidos
67 secuestrados
1. 511 agredidos o amenazados
528 medios de comunicación censurados
Reporteros sin Fronteras he tenido en cuenta los casos en que o bien ha quedado establecida la relación entre la profesión de la víctima y el incidente, o bien es altamente probable. Las cifras indicadas censan los episodios que han llegado a conocimiento de la organización, lo que deja al margen los casos que las víctimas han mantenido voluntariamente en secreto, con frecuencia para proteger su seguridad. Sin embargo, el balance presentado del año 2008 se basa en la misma metodología que los de años anteriores, lo que hace posible establecer comparaciones.
Vista general
Las zonas de Asia-Pacífico y Maghreb-Oriente Medio siguen siendo las más letales para la prensa. Después de Irak (15 asesinados), Pakistán (7 asesinados) y Filipinas (6 asesinados), son los dos países donde más periodistas perdieron la vida en este año. La hecatombe continúa en México, donde asesinaron a 4 periodistas por motivos profesionales. El descenso del número de muertos en Africa (3 en 2008, 12 en 2007) se explica sobre todo por la renuncia de muchos profesionales a seguir ejerciendo su oficio, lo que con frecuencia les ha llevado a emprender el camino del exilio, así como por la progresiva desaparición de medios de comunicación en las zonas en conflicto (especialmente en Somalia).
Los arrestos y detenciones (más allá de 48 horas de privación de libertad) son particularmente numerosos en Africa, donde las comisarías resultan un lugar de paso obligado para muchos reporteros que « molestan » a los gobiernos establecidos, y franquean las líneas rojas trazadas por ellos. En Irak (31 detenciones), el ejército norteamericano sigue gestionando la seguridad, llegando en ocasiones a encarcelar a los colaboradores de medios extranjeros, o a periodistas locales. En China (38 detenciones), el año olímpico sirvió de excusa para muchos encarcelamientos. En Birmania (17 detenciones), muchos periodistas o bloggers críticos han pagado con su libertad la rigidez de la Junta.
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"Es cierto que las cifras son menos elevadas que el año anterior, pero el descenso oculta muy mal una generalización de la intimidación y la censura, también en Occidente, así como un endurecimiento de los gobiernos más autoritarios. Aunque, efectivamente, algunas situaciones han mejorado cuantitativamente, hay que tener en cuenta que a veces se debe al desaliento de los propios periodistas, que emprenden el camino del exilio o renuncian a su trabajo. En este contexto no podemos decir que cerca de sesenta asesinatos, cientos de detenciones y actuaciones de censura generalizadas, sean un motivo para sentirse optimistas."
La represión se desplaza a Internet
En el año 2008 mataron o detuvieron a menos periodistas de medios de comunicación tradicionales. Pero, sin embargo, eso no significa que haya mejorado en el mundo la situación de la libertad de prensa : ahora, a medida que se van transformando la prensa escrita y audiovisual y que la blogosfera adquiere una envergadura mundial, la predación se ejerce en Internet.
A este respecto, las cifras hablan por sí solas. Por primera vez, en 2008 mataron a un hombre cuando efectuaba un trabajo de « periodismo ciudadano » : al empresario chino Wei Wenhua le golpearon hasta matarle unos oficiales municipales ("chengguan") el 7 de enero, después de que grabara un altercado con manifestantes en la ciudad de Tianmen (provincia de Hubei). En treinta y siete países se han verificado actuaciones de censura en la Web, sobre todo en China (93 sitios censurados), Siria (162 sitios censurados) e Irán (38 sitios censurados). Pero tampoco las democracias se quedan cortas en lo que se refiere a la vigilancia y represión del Net : en Tailandia o Turquía, los tabúes del rey o el ejército son tan pertinaces que la policía vigila y castiga cada vez más a los usuarios poco delicados del ciberespacio. Los sitios de vídeos compartidos, como YouTube o Dailymotion, han sido uno de los objetivos preferidos de los censores oficiales. Cada vez son más frecuentes los bloqueos y filtrados en el momento en que tal, o cual, autoridad considera « ofensivo » alguno de sus contenidos.
Esa reacción epidérmica de algunos gobiernos hacia los sitios « colectivos » empieza a generar fenómenos de « censura masiva », sobre todo en las redes sociales. La censura de un sitio como Twitter (en Siria) o Facebook (bloqueado en Siria y Túnez, filtrado en Turquía y en los Emiratos Arabes Unidos) tiene como consecuencia una cascada de bloqueos que, si se añaden a las medidas habituales de control, multiplican el resultado por diez.
La cárcel es, en fin, la respuesta cada vez más frecuente de los gobiernos a las críticas formuladas en los blogs. En China detuvieron a diez ciberdisidentes, a 31 les agredieron o amenazaron y la justicia dictó condenas para al menos tres. En Irán, Reporteros sin Fronteras ha contabilizado dieciocho detenciones, 31 agresiones y diez condenas. En Siria (8 detenciones, 3 condenas), Egipto (6 detenciones) o Marruecos (2 detenciones, 2 condenas), la libre expresión en Internet resulta muy problemática. La máquina de triturar la libertad en Internet fue particularmente severa en Birmania, donde la Junta hizo que condenaran, en condiciones vergonzosas, al blogger y actor Zarganar y al joven ciberdisidente Nay Phone Latt, a penas de cárcel increíblemente graves (59 años para el primero, 20 años para el segundo). Estos dos hombres se han sumado a los muchos otros presos políticos birmanos, 16 de los cuales son periodistas.
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"El aumento de la influencia y las potencialidades de Internet va acompañado de una mayor vigilancia de algunos gobiernos, que ya tenían fuertes tendencias en materia de seguridad. Los países represivos se dotan cada año de nuevas herramientas que les permiten llevar a cabo la caza de datos y vigilancia de la Re, que poco a poco está convirtiéndose en el campo de batalla de ciudadanos con espíritu crítico o de periodistas censurados ; y justamente por eso representa una amenaza para los poderosos, acostumbrados a gobernar a su antojo, y con toda impunidad."
Mal clima, mejores cifras
Este aumento de la represión de Internet se produce en un contexto en que los medios de comunicación tradicionales, incluidos los de las grandes democracias occidentales, se ven sometidos a nuevas presiones. Las leyes antiterroristas, o « post-11 de septiembre », colocan a los periodistas de investigación en una situación muy delicada. Los enviados especiales tienen que enfrentarse a una hostilidad creciente si proceden de países aliados a la « coalición antiterrorista » de Estados Unidos, o equiparables.
Sin embargo, e incluso aunque la situación es globalmente mala, las cifras no son tan alarmantes como en años anteriores. La represión se desplaza y diversifica. Algunos gobiernos autoritarios ya no están en el poder. Hay que decir que el 24% menos de detenciones no significa que el envío de la policía a una redacción, o al domicilio de un reportero, no siga ocurriendo con demasiada frecuencia, incluso en Francia. Figuras del periodismo o de la libertad de expresión, como Hu Jia, preso "olímpico" de un gobierno chino siempre igual de intolerante, empiezan el año 2009 en la cárcel.
El optimismo no es oportuno. Siguen sucediéndose los asesinatos de periodistas, con un ligero descenso (86 en 2007, 60 en 2008, es decir un 22% menos), y ahora se concentran en zonas "calientes" donde los conflictos armados, la violencia político-mafiosa o el terrorismo, afectan a todos los civiles (Irak, zonas tribales paquistaníes, Filipinas, México). Les secuestros, eficaces fuentes de ingresos y presiones políticas, cada vez son más frecuentes en Afganistán (7 periodistas o colaboradores secuestrados), Somalia (5 secuestros), México (5 secuestros) o Irak (4 secuestros).
Finalmente, la censura es una herramienta que es cierto ha experimentado una ligera deflación (una tercera parte de diferencia entre 2007 y 2008), pero que sigue siendo un arma utilizada diariamente en muchos países, con similar reparto en todos los continentes (Sudán : 4 medios de comunicación censurados ; Guinea : 5 ; Somalia : 5 ; Irán : 27 ; Egipto : 10 ; Siria : 11 ; Rusia : 15 ; Bielorrusia : 18 ; Turquía : 13 ; Birmania : 85 ; China : 132 ; Pakistán : 19 ; Malasia : 25 ; Bolivia : 20 ; Brasil : 14 ; México : 10 ; Venezuela : 7...).
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"No hay que creer que un descenso de las cifras significa una situación mejor. A diario, o casi, asistimos al triste espectáculo de un periodista esposado, en todos los continentes. La cárcel suele ser la respuesta más frecuente de los gobiernos cuestionados. Y los asesinatos, que todavía se cuentan por decenas, en los que es más que probable la implicación de las fuerzas de seguridad, prácticamente nunca son objeto de un proceso judicial, tanto si ocurren en Sri Lanka como en Burkina Faso."
30 de diciembre de 2008
Un mal clima, aunque mejores cifras ; la represión se desplaza a Internet
En 2008 :
60 periodistas asesinados
1 colaborador de los medios asesinado
673 periodistas detenidos
929 agredidos o amenazados
353 medios de comunicación censurados
29 periodistas secuestrados
Y en lo que se refiere a Internet :
1 blogger asesinado
59 bloggers detenidos
45 agredidos
1.740 sitios informativos cerrados o suspendidos
A título comparativo, en 2007 :
86 periodistas asesinados
20 colaboradores de medios asesinados
887 periodistas detenidos
67 secuestrados
1. 511 agredidos o amenazados
528 medios de comunicación censurados
Reporteros sin Fronteras he tenido en cuenta los casos en que o bien ha quedado establecida la relación entre la profesión de la víctima y el incidente, o bien es altamente probable. Las cifras indicadas censan los episodios que han llegado a conocimiento de la organización, lo que deja al margen los casos que las víctimas han mantenido voluntariamente en secreto, con frecuencia para proteger su seguridad. Sin embargo, el balance presentado del año 2008 se basa en la misma metodología que los de años anteriores, lo que hace posible establecer comparaciones.
Vista general
Las zonas de Asia-Pacífico y Maghreb-Oriente Medio siguen siendo las más letales para la prensa. Después de Irak (15 asesinados), Pakistán (7 asesinados) y Filipinas (6 asesinados), son los dos países donde más periodistas perdieron la vida en este año. La hecatombe continúa en México, donde asesinaron a 4 periodistas por motivos profesionales. El descenso del número de muertos en Africa (3 en 2008, 12 en 2007) se explica sobre todo por la renuncia de muchos profesionales a seguir ejerciendo su oficio, lo que con frecuencia les ha llevado a emprender el camino del exilio, así como por la progresiva desaparición de medios de comunicación en las zonas en conflicto (especialmente en Somalia).
Los arrestos y detenciones (más allá de 48 horas de privación de libertad) son particularmente numerosos en Africa, donde las comisarías resultan un lugar de paso obligado para muchos reporteros que « molestan » a los gobiernos establecidos, y franquean las líneas rojas trazadas por ellos. En Irak (31 detenciones), el ejército norteamericano sigue gestionando la seguridad, llegando en ocasiones a encarcelar a los colaboradores de medios extranjeros, o a periodistas locales. En China (38 detenciones), el año olímpico sirvió de excusa para muchos encarcelamientos. En Birmania (17 detenciones), muchos periodistas o bloggers críticos han pagado con su libertad la rigidez de la Junta.
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"Es cierto que las cifras son menos elevadas que el año anterior, pero el descenso oculta muy mal una generalización de la intimidación y la censura, también en Occidente, así como un endurecimiento de los gobiernos más autoritarios. Aunque, efectivamente, algunas situaciones han mejorado cuantitativamente, hay que tener en cuenta que a veces se debe al desaliento de los propios periodistas, que emprenden el camino del exilio o renuncian a su trabajo. En este contexto no podemos decir que cerca de sesenta asesinatos, cientos de detenciones y actuaciones de censura generalizadas, sean un motivo para sentirse optimistas."
La represión se desplaza a Internet
En el año 2008 mataron o detuvieron a menos periodistas de medios de comunicación tradicionales. Pero, sin embargo, eso no significa que haya mejorado en el mundo la situación de la libertad de prensa : ahora, a medida que se van transformando la prensa escrita y audiovisual y que la blogosfera adquiere una envergadura mundial, la predación se ejerce en Internet.
A este respecto, las cifras hablan por sí solas. Por primera vez, en 2008 mataron a un hombre cuando efectuaba un trabajo de « periodismo ciudadano » : al empresario chino Wei Wenhua le golpearon hasta matarle unos oficiales municipales ("chengguan") el 7 de enero, después de que grabara un altercado con manifestantes en la ciudad de Tianmen (provincia de Hubei). En treinta y siete países se han verificado actuaciones de censura en la Web, sobre todo en China (93 sitios censurados), Siria (162 sitios censurados) e Irán (38 sitios censurados). Pero tampoco las democracias se quedan cortas en lo que se refiere a la vigilancia y represión del Net : en Tailandia o Turquía, los tabúes del rey o el ejército son tan pertinaces que la policía vigila y castiga cada vez más a los usuarios poco delicados del ciberespacio. Los sitios de vídeos compartidos, como YouTube o Dailymotion, han sido uno de los objetivos preferidos de los censores oficiales. Cada vez son más frecuentes los bloqueos y filtrados en el momento en que tal, o cual, autoridad considera « ofensivo » alguno de sus contenidos.
Esa reacción epidérmica de algunos gobiernos hacia los sitios « colectivos » empieza a generar fenómenos de « censura masiva », sobre todo en las redes sociales. La censura de un sitio como Twitter (en Siria) o Facebook (bloqueado en Siria y Túnez, filtrado en Turquía y en los Emiratos Arabes Unidos) tiene como consecuencia una cascada de bloqueos que, si se añaden a las medidas habituales de control, multiplican el resultado por diez.
La cárcel es, en fin, la respuesta cada vez más frecuente de los gobiernos a las críticas formuladas en los blogs. En China detuvieron a diez ciberdisidentes, a 31 les agredieron o amenazaron y la justicia dictó condenas para al menos tres. En Irán, Reporteros sin Fronteras ha contabilizado dieciocho detenciones, 31 agresiones y diez condenas. En Siria (8 detenciones, 3 condenas), Egipto (6 detenciones) o Marruecos (2 detenciones, 2 condenas), la libre expresión en Internet resulta muy problemática. La máquina de triturar la libertad en Internet fue particularmente severa en Birmania, donde la Junta hizo que condenaran, en condiciones vergonzosas, al blogger y actor Zarganar y al joven ciberdisidente Nay Phone Latt, a penas de cárcel increíblemente graves (59 años para el primero, 20 años para el segundo). Estos dos hombres se han sumado a los muchos otros presos políticos birmanos, 16 de los cuales son periodistas.
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"El aumento de la influencia y las potencialidades de Internet va acompañado de una mayor vigilancia de algunos gobiernos, que ya tenían fuertes tendencias en materia de seguridad. Los países represivos se dotan cada año de nuevas herramientas que les permiten llevar a cabo la caza de datos y vigilancia de la Re, que poco a poco está convirtiéndose en el campo de batalla de ciudadanos con espíritu crítico o de periodistas censurados ; y justamente por eso representa una amenaza para los poderosos, acostumbrados a gobernar a su antojo, y con toda impunidad."
Mal clima, mejores cifras
Este aumento de la represión de Internet se produce en un contexto en que los medios de comunicación tradicionales, incluidos los de las grandes democracias occidentales, se ven sometidos a nuevas presiones. Las leyes antiterroristas, o « post-11 de septiembre », colocan a los periodistas de investigación en una situación muy delicada. Los enviados especiales tienen que enfrentarse a una hostilidad creciente si proceden de países aliados a la « coalición antiterrorista » de Estados Unidos, o equiparables.
Sin embargo, e incluso aunque la situación es globalmente mala, las cifras no son tan alarmantes como en años anteriores. La represión se desplaza y diversifica. Algunos gobiernos autoritarios ya no están en el poder. Hay que decir que el 24% menos de detenciones no significa que el envío de la policía a una redacción, o al domicilio de un reportero, no siga ocurriendo con demasiada frecuencia, incluso en Francia. Figuras del periodismo o de la libertad de expresión, como Hu Jia, preso "olímpico" de un gobierno chino siempre igual de intolerante, empiezan el año 2009 en la cárcel.
El optimismo no es oportuno. Siguen sucediéndose los asesinatos de periodistas, con un ligero descenso (86 en 2007, 60 en 2008, es decir un 22% menos), y ahora se concentran en zonas "calientes" donde los conflictos armados, la violencia político-mafiosa o el terrorismo, afectan a todos los civiles (Irak, zonas tribales paquistaníes, Filipinas, México). Les secuestros, eficaces fuentes de ingresos y presiones políticas, cada vez son más frecuentes en Afganistán (7 periodistas o colaboradores secuestrados), Somalia (5 secuestros), México (5 secuestros) o Irak (4 secuestros).
Finalmente, la censura es una herramienta que es cierto ha experimentado una ligera deflación (una tercera parte de diferencia entre 2007 y 2008), pero que sigue siendo un arma utilizada diariamente en muchos países, con similar reparto en todos los continentes (Sudán : 4 medios de comunicación censurados ; Guinea : 5 ; Somalia : 5 ; Irán : 27 ; Egipto : 10 ; Siria : 11 ; Rusia : 15 ; Bielorrusia : 18 ; Turquía : 13 ; Birmania : 85 ; China : 132 ; Pakistán : 19 ; Malasia : 25 ; Bolivia : 20 ; Brasil : 14 ; México : 10 ; Venezuela : 7...).
Reacción de Reporteros sin Fronteras :
"No hay que creer que un descenso de las cifras significa una situación mejor. A diario, o casi, asistimos al triste espectáculo de un periodista esposado, en todos los continentes. La cárcel suele ser la respuesta más frecuente de los gobiernos cuestionados. Y los asesinatos, que todavía se cuentan por decenas, en los que es más que probable la implicación de las fuerzas de seguridad, prácticamente nunca son objeto de un proceso judicial, tanto si ocurren en Sri Lanka como en Burkina Faso."
domingo, 5 de abril de 2009
Corte Constitucional de Colombia falla a favor de revista que se negaba a publicar una tercera rectificación
Revista Semana
Bogotá, Colombia
Corte Constitucional tumbó desacato contra director de Semana
La Corte Constitucional falló en última instancia que la rectificación que hizo la revista Semana en el caso del Magistrado José Alfredo Escobar Araujo fue suficiente y ajustada a la Constitución.
Con esto, la Corte dejó sin piso el fallo de desacato impartido por el juzgado 16 de Bogotá, el cual había ordenado tres días de arresto y una multa contra el director de esta revista, Alejandro Santos, por presuntamente no haber rectificado una información en los términos que le dictó el Tribunal Superior de Bogotá. “La Corte se abstiene de ordenar una nueva rectificación al director de Semana por considerar que la ya realizada se ajusta a lo prescrito por la Corte”, dijo el alto tribunal en un comunicado leído esta tarde en rueda de prensa. “Este fallo que revisó la tutela deja sin piso el incidente de desacato contra Alejandro Santos que esté cursando. Esta Corte considera que fue restituido el derecho que se le vulneró al magistrado Araujo”, dijo el magistrado ponente Mauricio González.
Además la Corte ratificó una jurisprudencia anterior, según la cual los fallos que obligan a los medios de comunicación a rectificar informaciones no pueden determinar la fecha en la que debe hacerse la rectificación; las características de diagramación (tamaño del artículo, número de caracteres); ni la ubicación de la rectificación dentro de alguna sección o espacio del medio (en este caso en la portada de la revista). El fallo del Tribunal desconoce “reglas jurisprudenciales del derecho de rectificación y tienen capacidad de afectar el derecho de información y prensa del medio”. La Corte confirmó que sí había lugar a que la revista rectificara la información que había publicado originalmente en su nota "El mecenas de la justicia" que hablaba de la presunta amistad de un particular Ascenso Reyes con el fiscal general de la Nación y varios magistrados de las altas cortes, entre ellos Escobar Araujo, puesto que sí se había visto afectado el buen nombre y honra del magistrado. Y, en efecto, la revista rectificó dos veces esta información. La Corte señaló hasta dónde debía llegar la rectificación: debía hacerla explícita, señalar la causa, aclaró la real autoría de la financiación del homenaje ofrecido en Santa Marta al magistrado Araujo; el lugar y hora de realización de otro homenaje en Neiva; el nombre de los participantes en dichos homenajes; las circunstancias de tiempo y lugar; la mención de los soportes probatorios de las afirmaciones que hizo la revista; y por último, la no vinculación de Araujo con actividades ilicitas o irregulares. De otra parte, en el primer fallo del Tribunal, este había dicho que “resulta apresurado y sin fundamento concluir que Asencio Reyes es ‘mecenas de la justicia’ o el ‘Rasputín de la justicia’”. La Corte determinó que estas frases del fallo no eran válidas en el caso en cuestión.
Bogotá, Colombia
Corte Constitucional tumbó desacato contra director de Semana
La Corte Constitucional falló en última instancia que la rectificación que hizo la revista Semana en el caso del Magistrado José Alfredo Escobar Araujo fue suficiente y ajustada a la Constitución.
Con esto, la Corte dejó sin piso el fallo de desacato impartido por el juzgado 16 de Bogotá, el cual había ordenado tres días de arresto y una multa contra el director de esta revista, Alejandro Santos, por presuntamente no haber rectificado una información en los términos que le dictó el Tribunal Superior de Bogotá. “La Corte se abstiene de ordenar una nueva rectificación al director de Semana por considerar que la ya realizada se ajusta a lo prescrito por la Corte”, dijo el alto tribunal en un comunicado leído esta tarde en rueda de prensa. “Este fallo que revisó la tutela deja sin piso el incidente de desacato contra Alejandro Santos que esté cursando. Esta Corte considera que fue restituido el derecho que se le vulneró al magistrado Araujo”, dijo el magistrado ponente Mauricio González.
Además la Corte ratificó una jurisprudencia anterior, según la cual los fallos que obligan a los medios de comunicación a rectificar informaciones no pueden determinar la fecha en la que debe hacerse la rectificación; las características de diagramación (tamaño del artículo, número de caracteres); ni la ubicación de la rectificación dentro de alguna sección o espacio del medio (en este caso en la portada de la revista). El fallo del Tribunal desconoce “reglas jurisprudenciales del derecho de rectificación y tienen capacidad de afectar el derecho de información y prensa del medio”. La Corte confirmó que sí había lugar a que la revista rectificara la información que había publicado originalmente en su nota "El mecenas de la justicia" que hablaba de la presunta amistad de un particular Ascenso Reyes con el fiscal general de la Nación y varios magistrados de las altas cortes, entre ellos Escobar Araujo, puesto que sí se había visto afectado el buen nombre y honra del magistrado. Y, en efecto, la revista rectificó dos veces esta información. La Corte señaló hasta dónde debía llegar la rectificación: debía hacerla explícita, señalar la causa, aclaró la real autoría de la financiación del homenaje ofrecido en Santa Marta al magistrado Araujo; el lugar y hora de realización de otro homenaje en Neiva; el nombre de los participantes en dichos homenajes; las circunstancias de tiempo y lugar; la mención de los soportes probatorios de las afirmaciones que hizo la revista; y por último, la no vinculación de Araujo con actividades ilicitas o irregulares. De otra parte, en el primer fallo del Tribunal, este había dicho que “resulta apresurado y sin fundamento concluir que Asencio Reyes es ‘mecenas de la justicia’ o el ‘Rasputín de la justicia’”. La Corte determinó que estas frases del fallo no eran válidas en el caso en cuestión.
miércoles, 1 de abril de 2009
Adiós a Alfonsín...
Buenos Aires 1ro de abril de 2009
Queridas/os amigas/os y colegas,
Hoy es un día profundamente triste para muchos argentinos y argentinas y, muy especialmente y con seguridad, para aquellos y aquellas que tuvieron el privilegio histórico de haber trabajado con el Presidente Raúl Alfonsín en la década del 80.
Alfonsín no fue sólo el Presidente que tuvo la responsabilidad histórica de liderar la refundación de una democracia liberal en un país que acababa de sufrir una de las peores y más devastadoras dictaduras de la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Fue un líder político valiente y cuyas acciones y decisiones, es claro, se encontraban fundadas en los ideales de libertad, igualdad, respeto de los derechos humanos y el establecimiento y cuidado de las instituciones democráticas en un país con una pobre tradición en todos esos frentes. Sus años de trabajo durante la dictadura como abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, su decisión, primero como candidato de la UCR y luego como presidente, de llevar adelante el Juicio a las Juntas Militares en tiempos en los que los sometidos a proceso y sus aliados tenían aún poder real de hacer daño y amenazaban la continuidad del régimen democrático, así como las decenas de iniciativas tendientes a consolidar el régimen de libertad reinstaurado en 1983, como por ejemplo la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia a cuyo frente designó a Carlos Nino, dan cuenta de la coherencia con la que desarrolló su carrera política, y de su inquebrantable compromiso con los principios que subyacen a una democracia liberal y con los derechos humanos.
La figura de Alfonsín se agranda aún más cuando se la observa en perspectiva histórica. Muchas de sus iniciativas desde el gobierno, como la reforma constitucional para recortar los poderes del presidente y someterlo a mayores controles, fundada en su visión de lograr una democracia más deliberativa y consensual; el impulso de una nueva ley de radiodifusión que democratice el acceso a la expresión; la reforma de la justicia penal; la instalación de un Corte Suprema que marcó una época, entre muchas otras, dan cuenta de su vocación de estadista y de su aguda percepción para identificar la agenda básica de una democracia en construcción. Lamentablemente, casi todos estos temas no fueron aún encarados con detemrinación y, mucho menos, resueltos. Es en estos tiempos, igual que hace 25 años, que hacen falta en Argentina liderazgos como el de Raúl Alfonsín para sostener el trabajo en pos de esta, su agenda. Sin duda, los ciudadanos y activistas que compartimos estas visiones, lo vamos a extrañar.
No tuve la suerte de estar en el grupo de mis amigos, colegas y maestros que trabajaron con Alfonsín durante su gobierno. El azar de mi fecha de nacimiento me privó de esa oportunidad única. Sin embargo, fui (y soy) lo suficientemente afortunado como para compartir ideas, ideales y tareas con muchos de ellos y tuve la suerte de haber conocido a Alfonsín a través de ellos o de la mano de ellos. Son muchos los amigos y amigas en los que pienso hoy y sé de la profunda tristeza en la que deben estar sumidos. Pienso en los recuerdos que vendrán a sus cabezas de aquellos años de vibrante trabajo e idealismo, pienso que piensan en los otros líderes y maestros que compartieron con ellos aquellos tiempos y que partieron en el pasado y que Alfonsín tuvo que despedir. Pienso que piensan también en Carlos Nino, en Eduardo Rabossi y en Genaro Carrió. A todos esos amigos y amigas deseo transmitirles mi profundo pesar por la partida de Raúl Alfonsín y me tomo el atrevimiento de invitarlos a que este triste momento se convierta en inspiración para profundizar los compromisos y contribuciones que cada uno pueda sumar para hacer realidad la Argentina que Alfonsín soñó.
Les mando a todos y todas y muy afectuoso abrazo,
Roberto Saba
Buenos Aires
April 1, 2009
Dearest friends and colleagues,
Today is one of profound sadness for many Argentines, and most certainly especially so for those who had the historic privilege of working with President Raúl Alfonsín during the 80s.
Alfonsín was not simply the President whose historic responsibility it was to implement the restitution of liberal democracy in a country that had suffered one of the worst and most devastating dictatorships of the second half of the twentieth century in the world. He was a valiant political leader whose actions and decisions were clearly rooted in the ideals of freedom, equality, respect for human rights, and protection of democratic institutions in a country possessing weak traditions on each of those fronts. The years he worked during the dictatorship as legal counsel for the Permanent Assembly for Human Rights, his decision – first as candidate for the UCR party and later as President – to prosecute the military juntas during a time when the accused still held enough power to do damage and threatened the continuation of the democratic regime, as well as the dozens of initiatives put in place to consolidate the system of freedom reinstated in 1983, such as the Council for Democratic Consolidation whom he selected Carlos Nino to head, all reflect the coherence that shaped his political career and his unshakeable commitment to the principles underlying liberal democracy and human rights.
The figure of Alfonsín grows larger yet when observed from a historical perspective. Many of his governmental initiatives, such as the constitutional reform to cut back presidential powers and subject it to stricter controls, which was founded in his vision for a more deliberative and consensual democracy, or the impulse provided by a new law regulating broadcasting to democratize access to expression, and, to mention only two more among many others, the reform of the criminal code and the installation of a Supreme Court that has marked a new era, all provide ample evidence of his talent as a statesman and his keen perception of the fundamental agenda for building a democracy. It is truly unfortunate that almost none of these measures were taken up with determination or, worse yet, ever resolved. So it is that in our days, as it was 25 years ago, that Argentina is in dire need of great leaders such as Raúl Alfonsín to carry on the work he started and to complete his agenda. Without doubt, the citizens and activists who share these values are going to miss him deeply.
I did not have the fortune to be a part of the group of my friends, colleagues, and teachers who worked with Alfonsín during his administration. The happenstance of my birth date deprived me of this unique opportunity. Still, I was (and am) lucky enough to have been able to share ideas, ideals, and tasks with many people in the group and so had the pleasure of knowing Alfonsín indirectly through them or by their hands, as it were. I am thinking of a great many friends today, knowing how saddened they must be. I am thinking of the memories of those years of vibrant work and idealism that must be in their minds and I wonder if they are thinking of the other leaders and teachers who shared those times with them, those who have since left us, those to whom Alfonsín had to bid farewell. I believe they must be remembering Carlos Nino, Eduardo Rabossi, and Genaro Carrió. To all of these friends I wish to communicate my profound regret for the passing of Raúl Alfonsín and dare risk the appearance of insolence by inviting everyone to use the opportunity to convert sadness into inspiration and renewed commitment to contributing in the effort to bring about the Argentina that Alfonsín dreamt of.
With my most cordial sentiments,
Roberto Saba
lunes, 30 de marzo de 2009
Scioli, irresponsable: "Estamos ante delincuentes dispuestos a todo y necesitamos un Estado dispuesto a todo"
Dicen que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se reunió hace unos días con el ex Gobernador Carlos Rukauf, el mismo que diseñó la política de seguridad basada en "meter bala a los delincuentes" y bajo cuya gobernación la población carcelaria con prisión preventiva ascendió a niveles tan altos que provocó el histórico fallo Verbitsky decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual esa situación violaba los derechos constitucionales de los detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, según datos inciertos porque no hay buena información oficial, las cárceles albergan a unos 25.000 presos cuando sólo podrían contener a unos 12.000. El 80% de esos presos no tienen condena y permanecen encerrados en esa condición por un promedio de 4 años. Según estadísticas oficiales, alrededor del 26% de esos presos sin condena son liberados sin haber sido encontrados culpables de ningún delito.
En ese contexto, el Gobernador, quizá influído por alguna conversación con el ex gobernador, sostuvo que era necesario "un estado dispuesto a todo" y cargó contra el por el denominado "hipergarantismo", categoría novedosa que él despega de lo que parece ser algo positivo... el mero garantismo... Cuánto garantismo hace falta para pasar al hipergantismo? La verdad que mete miedo...
Diario la Nacion
Excarcelaciones controvertidas
Criticó Scioli a los jueces que liberan presos peligrosos
"Estamos ante delincuentes dispuestos a todo y necesitamos un Estado dispuesto a todo"
Lunes 30 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa
Ramiro Sagasti
LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, exigió a la Justicia más "rigor y firmeza" porque, opinó, "la mayor frustración para un buen policía es que después de hacer un buen trabajo y de detener a un delincuente lo vea al otro día caminando por el barrio".
De esta manera, cuestionó, aunque sin nombrarlos, a los jueces que recientemente otorgaron beneficios excarcelatorios a presos que volvieron a delinquir. "Hay políticas hipergarantistas, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo. Para este momento hace falta mayor firmeza y rigurosidad en las normas. Porque estamos ante delincuentes dispuestos a todo y el Estado de Derecho tiene que estar también dispuesto a todo", sostuvo ayer el gobernador.
"Que quede claro que cuando hablo de hipergarantismo hablo de los casos en los que la ley se aplica con ligereza; no hablo de las garantías constitucionales. Tampoco le hablo a ningún juez en particular, porque no me corresponde", dijo el gobernador a LA NACION.
Anteayer, justamente, la policía había detenido, por integrar una banda que robaba departamentos, a Mario Luis Vittete Sellanes ("el Uruguayo"), sospechoso de ser el jefe de la banda que robó las cajas de seguridad del Banco Río, en Acassuso, en enero de 2006.
Vittete Sellanes había sido excarcelado por el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, que ya había sido cuestionado por liberar delincuentes: la organización Madres del Dolor pidió juicio político para él después de haber liberado a un acusado de violar a su hija.
Otro juez cuestionado es Nicolás Schiavo, de San Martín, que dio la prisión domiciliaria a un gendarme acusado de violar a dos mujeres. "Hace pocos días, la Cámara Penal dio vuelta un fallo de un juez y evitó la libertad condicional de ese gendarme", recordó Scioli, al hablar de las modificaciones del Código Procesal Penal, que endurecieron el régimen de excarcelaciones.
Agregó: "Más que hablar sobre un juez en particular, yo explico los cambios en el sistema [...]. Hubo un fallo de la Cámara que se hizo sobre la base de la reforma del Código de Procedimiento Penal, que tuvo como objetivo central limitar las excarcelaciones, que los delincuentes peligrosos no estén paseando alegremente después que se los detenga por alguna causa. Esto ya está ocurriendo; me costó gran esfuerzo poder crear consenso. Fueron cinco meses de discusión".
Schiavo también había favorecido con una prisión domiciliaria monitoreada por medio de una pulsera electrónica a Angel Fernández, que cuando gozaba de este beneficio fue acusado de asesinar a los cuatro integrantes de la familia Mansilla, en julio del año pasado, en Los Cardales. Por este caso, se pidió el juicio político de Schiavo.
El presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, Carlos Lami, dijo ayer a LA NACION que, además de la conducta de esos dos jueces, también es observada la de otros funcionarios del Poder Judicial de San Isidro y San Martín.
En ese contexto, el Gobernador, quizá influído por alguna conversación con el ex gobernador, sostuvo que era necesario "un estado dispuesto a todo" y cargó contra el por el denominado "hipergarantismo", categoría novedosa que él despega de lo que parece ser algo positivo... el mero garantismo... Cuánto garantismo hace falta para pasar al hipergantismo? La verdad que mete miedo...
Diario la Nacion
Excarcelaciones controvertidas
Criticó Scioli a los jueces que liberan presos peligrosos
"Estamos ante delincuentes dispuestos a todo y necesitamos un Estado dispuesto a todo"
Lunes 30 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa
Ramiro Sagasti
LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, exigió a la Justicia más "rigor y firmeza" porque, opinó, "la mayor frustración para un buen policía es que después de hacer un buen trabajo y de detener a un delincuente lo vea al otro día caminando por el barrio".
De esta manera, cuestionó, aunque sin nombrarlos, a los jueces que recientemente otorgaron beneficios excarcelatorios a presos que volvieron a delinquir. "Hay políticas hipergarantistas, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo. Para este momento hace falta mayor firmeza y rigurosidad en las normas. Porque estamos ante delincuentes dispuestos a todo y el Estado de Derecho tiene que estar también dispuesto a todo", sostuvo ayer el gobernador.
"Que quede claro que cuando hablo de hipergarantismo hablo de los casos en los que la ley se aplica con ligereza; no hablo de las garantías constitucionales. Tampoco le hablo a ningún juez en particular, porque no me corresponde", dijo el gobernador a LA NACION.
Anteayer, justamente, la policía había detenido, por integrar una banda que robaba departamentos, a Mario Luis Vittete Sellanes ("el Uruguayo"), sospechoso de ser el jefe de la banda que robó las cajas de seguridad del Banco Río, en Acassuso, en enero de 2006.
Vittete Sellanes había sido excarcelado por el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, que ya había sido cuestionado por liberar delincuentes: la organización Madres del Dolor pidió juicio político para él después de haber liberado a un acusado de violar a su hija.
Otro juez cuestionado es Nicolás Schiavo, de San Martín, que dio la prisión domiciliaria a un gendarme acusado de violar a dos mujeres. "Hace pocos días, la Cámara Penal dio vuelta un fallo de un juez y evitó la libertad condicional de ese gendarme", recordó Scioli, al hablar de las modificaciones del Código Procesal Penal, que endurecieron el régimen de excarcelaciones.
Agregó: "Más que hablar sobre un juez en particular, yo explico los cambios en el sistema [...]. Hubo un fallo de la Cámara que se hizo sobre la base de la reforma del Código de Procedimiento Penal, que tuvo como objetivo central limitar las excarcelaciones, que los delincuentes peligrosos no estén paseando alegremente después que se los detenga por alguna causa. Esto ya está ocurriendo; me costó gran esfuerzo poder crear consenso. Fueron cinco meses de discusión".
Schiavo también había favorecido con una prisión domiciliaria monitoreada por medio de una pulsera electrónica a Angel Fernández, que cuando gozaba de este beneficio fue acusado de asesinar a los cuatro integrantes de la familia Mansilla, en julio del año pasado, en Los Cardales. Por este caso, se pidió el juicio político de Schiavo.
El presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, Carlos Lami, dijo ayer a LA NACION que, además de la conducta de esos dos jueces, también es observada la de otros funcionarios del Poder Judicial de San Isidro y San Martín.
sábado, 28 de marzo de 2009
Más de 180 organizaciones rechazan campaña sobre difamación de las religiones
Más de 180 organizaciones rechazan campaña sobre difamación de las religiones
Fuente: IFEX
Más de 180 organizaciones de derechos de todo el mundo, entre ellos 27miembros de IFEX, se unieron para oponerse a una campaña de "difamación de religiones" en la ONU, montada por estados islámicos, que convertiría la crítica a la religión en un crimen en las resoluciones, declaraciones y conferencias mundiales de la ONU.
Recientemente, Pakistán, a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), presentó una resolución para "combatir la difamación de las religiones" en la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el texto se refiere frecuentemente a proteger a todas las religiones, la única religión que se especificaba como atacada es el islam. La resolución de someterá a votación el último día de la sesión, el 27 de marzo.
La OIC, una organización intergubernamental que abarca 57 estados en lo que la población es en su mayoría o en grado importante musulmana, arreció su lucha para que el concepto de que la difamación religiosa se agregue a las resoluciones de la ONU tras los ataques del 11 de septiembre. La presión de proteger las religiones de la difamación ha estado creciendo, especialmente desde la polémica de las caricaturas danesas en 2005.
Varios miembros de IFEX, como Freedom House (Casa de la Libertad), que coorganizó la declaración conjunta, han hecho campaña contra la creciente tendencia de usar las leyes de difamación religiosa para limitar la libertad de palabra.
Argumentan que los creyentes religiosos tienen el derecho de no ser sometidos a discriminación debido a sus creencias y que como tales están protegidos por el derecho internacional. Pero no pueden esperar que su religión esté libre de toda crítica.
Además, dicen los 186 signatarios, las resoluciones "se pueden usar en algunos países para silenciar e intimidar a los activistas de derechos humanos, los disidentes religiosos y otras voces independientes", así como para legitimar leyes arcaicas contra la blasfemia, que siguen en los códigos de muchos estados miembro de la UE.
Los signatarios expresaron que el concepto de la difamación de religiones, que dicen que no tiene base en el derecho nacional o internacional, resucitará en otros lugares, incluyendo la conferencia mundial de seguimiento de contra el racismo, apodada Durbán II, que se celebrará en Ginebra en abril.
Los 186 grupos están pidiendo a todos los gobiernos que se opongan a la resolución en el Consejo de Derechos Humanos esta semana, así como a cualquier resultado en la conferencia de revisión Durbán que apoye directa o indirectamente la campaña de difamación de las religiones "a expensas de libertades básicas y derechos humanos individuales".
Ver:
- Declaración conjunta de los 186 grupos: http://tinyurl.com/cz3qm5
Fuente: IFEX
Más de 180 organizaciones de derechos de todo el mundo, entre ellos 27miembros de IFEX, se unieron para oponerse a una campaña de "difamación de religiones" en la ONU, montada por estados islámicos, que convertiría la crítica a la religión en un crimen en las resoluciones, declaraciones y conferencias mundiales de la ONU.
Recientemente, Pakistán, a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), presentó una resolución para "combatir la difamación de las religiones" en la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el texto se refiere frecuentemente a proteger a todas las religiones, la única religión que se especificaba como atacada es el islam. La resolución de someterá a votación el último día de la sesión, el 27 de marzo.
La OIC, una organización intergubernamental que abarca 57 estados en lo que la población es en su mayoría o en grado importante musulmana, arreció su lucha para que el concepto de que la difamación religiosa se agregue a las resoluciones de la ONU tras los ataques del 11 de septiembre. La presión de proteger las religiones de la difamación ha estado creciendo, especialmente desde la polémica de las caricaturas danesas en 2005.
Varios miembros de IFEX, como Freedom House (Casa de la Libertad), que coorganizó la declaración conjunta, han hecho campaña contra la creciente tendencia de usar las leyes de difamación religiosa para limitar la libertad de palabra.
Argumentan que los creyentes religiosos tienen el derecho de no ser sometidos a discriminación debido a sus creencias y que como tales están protegidos por el derecho internacional. Pero no pueden esperar que su religión esté libre de toda crítica.
Además, dicen los 186 signatarios, las resoluciones "se pueden usar en algunos países para silenciar e intimidar a los activistas de derechos humanos, los disidentes religiosos y otras voces independientes", así como para legitimar leyes arcaicas contra la blasfemia, que siguen en los códigos de muchos estados miembro de la UE.
Los signatarios expresaron que el concepto de la difamación de religiones, que dicen que no tiene base en el derecho nacional o internacional, resucitará en otros lugares, incluyendo la conferencia mundial de seguimiento de contra el racismo, apodada Durbán II, que se celebrará en Ginebra en abril.
Los 186 grupos están pidiendo a todos los gobiernos que se opongan a la resolución en el Consejo de Derechos Humanos esta semana, así como a cualquier resultado en la conferencia de revisión Durbán que apoye directa o indirectamente la campaña de difamación de las religiones "a expensas de libertades básicas y derechos humanos individuales".
Ver:
- Declaración conjunta de los 186 grupos: http://tinyurl.com/cz3qm5
Uruguay: El Parlamento aprueba ley de cuotas para mayor presencia política de la mujer
La Voz de Galicia
URUGUAY
EFE 24/3/2009 1:37 h
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy una ley que obliga a los partidos a incluir al menos a una mujer por cada dos hombres en las listas de los comicios internos de junio próximo, aunque aplaza su aplicación en las elecciones generales y locales hasta el 2014.
El espaldarazo de los diputados -votaron a favor 75 de los 78 legisladores que participaron en un debate que duró toda la tarde- se une al que ya dieron los senadores uruguayos, por lo que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación.
El borrador fue apoyado en pleno por la coalición izquierdista Frente Amplio, en el poder, y por los opositores Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado.
No obstante, tres diputados blancos discreparon, en medio de las críticas en algunas facciones de ese partido a la que llamaron «utilización electoralista» de la votación por el Frente Amplio.
La nueva ley será aplicada ya para los comicios internos que el 28 de junio próximo designarán al candidato oficial de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Sin embargo, en estos comicios de octubre, que darán lugar al nuevo Parlamento y presidente del país, la normativa no tendrá efecto y las mujeres deberán esperar a las elecciones nacionales del 2014 para ver confirmada su mayor presencia política por esta ley de cuotas.
Esta decisión de aplazar la plena implementación de la ley hasta el 2014 tanto para los comicios nacionales como para los locales fue producto del acuerdo en la votación celebrada en el Senado y la condición del opositor Partido Nacional para el respaldo de la normativa.
La nueva normativa puede tener también poca incidencia en las listas de los comicios internos de junio, pues los postulantes principales y con mayores posibilidades de ser elegidos están ya definidos desde hace tiempo.
No obstante, el optimismo marcó la votación y la aprobación del proyecto de ley, que fue acogido con grandes aplausos por parte de las legisladoras de los -en otros ámbitos- feroces enemigos Frente Amplio y Partido Nacional.
Según declaró al diario digital Observa la senadora Mónica Xavie, del Frente Amplio, esta ley «ataca al cuello de botella por el cual las mujeres no acceden a cargos políticos».
Añadió que el país «tiene una deuda política con las mujeres», con apenas un 10,8 por ciento de representación real en el Parlamento uruguayo, a pesar de ser el 52 por ciento de la población.
El diputado del Partido Nacional Gustavo Borsari subrayó su desacuerdo en que alguien entre en el Parlamento por el simple hecho de ser hombre o mujer, según informó Radio El Espectador.
Otro de los legisladores blancos que no apoyaron la ley, Jorge Gandini, se manifestó en contra de que «la cuota política vulnere la libertad del ciudadano de elegir su representación».
Por el contrario, las diputadas del PN Sandra Etcheverry, Adriana Peña y Beatriz Argimon, citadas por esa misma emisora, dijeron que esta ley es un gran instrumento para lograr la democracia real.
URUGUAY
EFE 24/3/2009 1:37 h
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy una ley que obliga a los partidos a incluir al menos a una mujer por cada dos hombres en las listas de los comicios internos de junio próximo, aunque aplaza su aplicación en las elecciones generales y locales hasta el 2014.
El espaldarazo de los diputados -votaron a favor 75 de los 78 legisladores que participaron en un debate que duró toda la tarde- se une al que ya dieron los senadores uruguayos, por lo que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación.
El borrador fue apoyado en pleno por la coalición izquierdista Frente Amplio, en el poder, y por los opositores Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado.
No obstante, tres diputados blancos discreparon, en medio de las críticas en algunas facciones de ese partido a la que llamaron «utilización electoralista» de la votación por el Frente Amplio.
La nueva ley será aplicada ya para los comicios internos que el 28 de junio próximo designarán al candidato oficial de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Sin embargo, en estos comicios de octubre, que darán lugar al nuevo Parlamento y presidente del país, la normativa no tendrá efecto y las mujeres deberán esperar a las elecciones nacionales del 2014 para ver confirmada su mayor presencia política por esta ley de cuotas.
Esta decisión de aplazar la plena implementación de la ley hasta el 2014 tanto para los comicios nacionales como para los locales fue producto del acuerdo en la votación celebrada en el Senado y la condición del opositor Partido Nacional para el respaldo de la normativa.
La nueva normativa puede tener también poca incidencia en las listas de los comicios internos de junio, pues los postulantes principales y con mayores posibilidades de ser elegidos están ya definidos desde hace tiempo.
No obstante, el optimismo marcó la votación y la aprobación del proyecto de ley, que fue acogido con grandes aplausos por parte de las legisladoras de los -en otros ámbitos- feroces enemigos Frente Amplio y Partido Nacional.
Según declaró al diario digital Observa la senadora Mónica Xavie, del Frente Amplio, esta ley «ataca al cuello de botella por el cual las mujeres no acceden a cargos políticos».
Añadió que el país «tiene una deuda política con las mujeres», con apenas un 10,8 por ciento de representación real en el Parlamento uruguayo, a pesar de ser el 52 por ciento de la población.
El diputado del Partido Nacional Gustavo Borsari subrayó su desacuerdo en que alguien entre en el Parlamento por el simple hecho de ser hombre o mujer, según informó Radio El Espectador.
Otro de los legisladores blancos que no apoyaron la ley, Jorge Gandini, se manifestó en contra de que «la cuota política vulnere la libertad del ciudadano de elegir su representación».
Por el contrario, las diputadas del PN Sandra Etcheverry, Adriana Peña y Beatriz Argimon, citadas por esa misma emisora, dijeron que esta ley es un gran instrumento para lograr la democracia real.
Acceso a la Información en momentos de crisis, contrastes
En medio de la peor crisis económica, (e inevitablemente política y social) que afecta al mundo entero, y muy particularmente a los Estados Unidos, el New York Times dedica su editorial a un proyecto de ley que tiende a mejorar el modo en que se clasifican documentos en el gobierno y se intenta mejorar el acceso a la información de los ciudadanos norteamericanos... Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque, como dice al final la editorial que traduzco rápidamente abajo, cuando el gobierno exige mayores esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía en forma de mayores impuestos, mayor desempleo y menor gasto social, es lógica la contrapartida de ser más transparentes y darle a esos mismos ciudadanos la oportunidad de saber más acerca del modo en que se desarrolla la acción de gobierno. Por otro lado, si el gobierno impulsa programas tendientes a rescatar una economía en llamas, que involucran ingentes cantidades de dinero público, es necesario, imprescindible, que ese gasto de dinero se haga del modo más transparente posible.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
La crisis afecta y afectará aún más a nuestro país. En un momento como este, en el que además se inicia una campaña electoral con miras a la votación del 28 de junio, sería un aporte fundamental de la dirigencia política argentina realizar propuestas tendientes a transparentar la gestión del gobierno... en este tema estamos muy atrás... recordemos que Agentina es uno de los muy pocos países del mundo que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información (ver acá). Mientras el diputado de los Estados Unidos mencionado en la editorial promueve el perfeccionamiento de un aspecto puntual del funcionamiento de la Ley de Libertad de Informacion (FOIA) y el principal diario del país del norte le dedica una editorial, nuestros representantes aun debaten si es realmente necesario contar con una norma de ese tipo... En fin...
RS
The New York Times
23 de marzo de 2009
Editorial
No pueden decírtelo
Según el último conteo, el gobierno federal de los Estados Unidos emplea 107 diferentes categorías de información reservada - una categoría fuera de las clasificaciones es denominada "sensible, pero sin clasificar." Esta proliferación de etiquetados no parece diseñada para proteger los legítimos secretos, sino la libertad de movimientos de los burócratas. El resultado final ha sido contrario al mandato la Ley de Libertad de Información, que consiste en que la gente pueda conocer la actividad de gobierno, simple y llanamente.
La Cámara acaba de aprobar una medida para poner fin a esta plaga de pseudoclasificación. Sus partidarios dicen que esta norma no es sólo una ventaja para el público, sino un intenta de promover "un lenguaje común dentro de gobierno". Son tantos los tabúes que lo organismos del estado tienen problemas para comprender las restricciones que ponen otras agencias de un modo automático
La etiqueta de "Uso oficial" ha sido usada indiscriminadamente en la mayoría de los documentos, incluso Cuando no hay un criterio común acerca de lo significa. La norma propuesta por la Cámara de Diputados corregiría eso al asignarle al Archivista Nacional la facultad de establecer cómo y qué se debe clasificar, con especial énfasis en la reducción de categorías y poner fin a la retención sin sentido de la información solicitada por la gente.
Según el impulsor del proyecto de ley, el Representante Steve Driehaus, Demócrata de Ohio, se presentaron 362.000 F.O.I.A. solicitudes del año pasado, y casi un tercio de ellas aún no se han procesado a causa de “sobreclasificación”. El proyecto de ley exige que los funcionarios con la responsabilidad de determinar las clasificaciones deben ser capacitados para la tarea y poner su número de identificación personal debajo de la decisión de considerar cierta información como fuera de los límites de la publicidad, decisión que estaría sujeta a la revisión del inspector general.
El Senado ahora tiene que hacer su parte. En un momento en que Washington está pidiendo tantos esfuerzos a sus ciudadanos, no cabe duda de que les debe la oportunidad de comprender cómo la política - para bien y para mal - se hace.
The New York Times
March 23, 2009
EDITORIAL
They Can’t Tell You
By last count, the federal government employs 107 different categories of restricted information — one off-limits category zanily pronounces, “sensitive but unclassified.” This muddle of mislabeling seems designed not to protect legitimate secrets but to empower bureaucrats. The end result has been to greatly blunt the Freedom of Information Act’s mandate to let the public in on the business of government, plain and simple.
The House has just approved a measure to end this plague of pseudoclassification. Its backers say it is not just a boon for the public, but an attempt to promote “a common language within government.” There are so many taboos that agencies are even having trouble understanding one another’s rubber-stamp restrictions.
“Official use only” has been slapped wholesale on documents, even though there’s no common standard for what that means. The House measure would correct that by having the national archivist prescribe how and what to classify, with particular emphasis on cutting back categories and ending the pro forma withholding of nonsensitive information requested by the public.
According to the bill’s sponsor, Representative Steve Driehaus, Democrat of Ohio, there were 362,000 F.O.I.A. requests last year, and almost a third of them still remain to be processed because of overclassification. The bill requires classifiers to be trained for the task and to put their IDs on what they deem out of bounds, subject to inspector general review.
The Senate now needs to do its part. At a time when Washington is asking so much of its citizens, surely it owes them a chance to understand how policy — for good and ill — is made.
Ley de Acceso a la Información en el Mundo... Argentina aún en deuda...
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