Artículo publicado en el Diario Clarín el 26.04.08
Por Roberto Saba
Director de la Asociación por los Derechos Civiles
El miércoles, en un evento sin precedentes, más de cien personas, entre las cuales había periodistas, activistas de derechos, estudiantes y ciudadanos en general, fueron testigos del proceso por medio del cual la Corte Suprema interpreta la Constitución Nacional y define el alcance de nuestros derechos. Esto nunca había sido posible hasta que la Corte decidió que algunos casos en los que está en juego el interés público fueran debatidos transparente y participativamente.
La Constitución es, en gran parte, lo que nuestra Corte Suprema dice que es. Allí se definen cuáles son y hasta donde llegan nuestras libertades y las facultades del gobierno. Cuando la Corte decide si se violó o no un derecho en el contexto de un caso concreto, por ejemplo, el de libertad de expresión, no sólo está tomando una decisión relevante para las partes. Esa decisión nos alcanza a todos en la medida en que el derecho a la libertad de expresión de cada uno de nosotros se define en esa decisión aparentemente ajena. Por eso, el debate que se da dentro del proceso judicial es en verdad un proceso que atañe a toda la sociedad.
Hasta ahora, ese mecanismo fundamental de definición del alcance de nuestras libertades y derechos constitucionales, salvo algunas pocas excepciones, se daba dentro de los límites cerrados y opacos del Palacio de Justicia y sólo participaban de él, mediante un proceso escrito, las partes del pleito.
El miércoles la Corte Suprema convocó por primera vez en su historia de casi siglo y medio a una audiencia pública sin restricciones de acceso, donde los Magistrados se trabaron en un diálogo abierto, franco, transparente y público con las partes y los "amigos del tribunal" en la búsqueda colectiva de la mejor interpretación constitucional en un caso que definirá aspectos cruciales del derecho a la libertad de expresión de todos nosotros. La Corte así inició una nueva práctica más transparente y participativa para tomar decisiones constitucionales. Es mucho aún lo que resta hacer para mejorarla, pero sin duda el Tribunal dio un paso histórico que contribuye a la reconstrucción de la legitimidad de nuestra Justicia.
domingo, 27 de abril de 2008
sábado, 19 de abril de 2008
La Libertad de Expresión como Precondición de la Democracia
Entrevista a Owen Fiss y Roberto Saba
Esta entevista a dos voces fue realizada por una Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales hace algunos años, no recuerdo cuantos. Creo que la Revista, editada por estudiantes, dejó de salir, pero no estoy seguro, al menos no encontre rastros de ella en la web.
Los recientes debates abiertos en Argentina sobre regulación en materia de radiodifusión, observatorio de medios de comunicación, límites a la discrecionalidad en la distribución de la publicidad oficial, digitalización de la radio y televisión y concentración de propiedad de medios, me recordaron esta entrevista que nos hicieron los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales hace ya muchos años a mi maestro, el Profersor Owen Fiss, y a mí. Los estudiantes, lllamaron a esto un contrapunto, pero creo que ello no fue apropiado por dos razones. Por un lado, sería casi una falta de respeto que alguien como yo tuviera un contrapunto sobre este tema con un experto en el tema como Fiss. Los contrapuntos pueden darse sólo entre pares y yo soy sólo su alumno, Por otro lado, al no mediar casi discrepancia alguna entre su posicion y la mia, no creo que este sea un contrapunto. Si bien las ideas aquí esbozadas por cuestiones de espacio requieren de mayor desarrollo para ser descriptas con mayor precisión, me pareció que los reportajes cobraron actualidad. Para alimentar este debate, recomiendo muy especialmente el libro de Owen Fiss titulado La Ironía de la Libertad de Expresión, publicado por la Editorial Gedisa. Tambien hay, por supuesto, una version en inglés (The Irony of Free Speech) y una colección de ensayos de su autoría reunidos en Liberalism Divided.
A continuación, el texto de la publicación:
La libertad de expresión resulta ser uno de aquellos pilares fundamentales sobre los que se estructuran los sistemas democráticos modernos. Ella permite el libre flujo de ideas, el control del poder, el diálogo político e incluso la formación de la propia identidad individual y colectiva. A pesar de lo anterior, tanto la legislación como la jurisprudencia chilena no han sabido recoger y consagrar a la libertad de expresión como un valor fundamental de nuestro sistema democrático, afectando con ello, la misma viabilidad de la participación ciudadana y del control del poder público. A la luz de lo anterior, Apuntes de Derecho decidió dedicar su contrapunto al valor de la libertad de expresión y a las problemáticas asociadas a su efectiva consagración. Owen Fiss y Roberto Saba -destacados académicos especialistas en la materia- conversan con Apuntes de Derecho sobre la fundamentación, las restricciones y los conflictos que la libertad de expresión enfrenta en contexto de sociedades abiertas a la libre discusión y el rol que en ellas juegan los tribunales de justicia, el legislador, el periodismo y la sociedad civil en general.
1.- ¿ Podría definir la libertad de expresión en términos de un derecho individual, como una potestad derivada exclusivamente de nuestra calidad de seres morales autónomos o si, al contrario, considera la libertad de expresión más bien como un valor que resulta especialmente relevante en las sociedades democráticas?
OWEN FISS: La libertad de expresión es tanto un principio filosófico como una norma Constitucional. En este último sentido, se pretende precisamente fortalecer y dar continuidad al sistema democrático. Cabe señalar, además, que es la “Libertad de Expresión” la que asegura a los ciudadanos la obtención de la información e ideas necesarias para poder ejercer sus derechos como seres soberanos.
ROBERTO SABA: El derecho a la libertad de expresión es un derecho individual, sólo que a fin de determinar los límites de la regulación estatal que se haga de él debemos recurrir a su justificación y fundamento. En este sentido, es posible identificar, al menos, dos formas de justificar este derecho que conducen a dos modos diferentes de articular su regulación. Una forma clásica de entender el derecho a la libertad de expresión tiene que ver con la protección de la capacidad de todo ser humano de determinarse autónomamente. Es decir, la expresión de nuestras creencias, emociones o ideas forma parte de nuestro desarrollo como individuos libres, autónomos. En este sentido, y de acuerdo con lo que Berlin entiende como libertades negativas, la libertad de expresión requiere de una casi nula interferencia estatal. Es muy complicado, casi imposible desde este punto de vista, pensar en alguna justificación que permita poner límites a la expresión individual, a menos que ella, como cualquier ejercicio de la autonomía personal, derive en la afectación de la autonomía de terceros. Uno de los casos “test” más ejemplificativos es el de la regulación de la propiedad de medios o de la programación que se presente en televisión. Bajo una concepción de la libertad de expresión asociada a la autonomía personal sería imposible poner límites a la propiedad de medios de comunicación o establecer reglas que rijan el contenido de lo que se muestra en televisión. Como manifestación de la autonomía, la libertad de expresión sería prácticamente ilimitada.
Una segunda forma de entender la libertad de expresión es la que la asocia con la necesidad de contar, en un sistema democrático, con un robusto intercambio de ideas. La democracia, desde este punto de vista, es un sistema de autogobierno por el cual la ciudadanía decide colectivamente cuáles son las reglas que regirán su vida como comunidad política. Este autogobierno requiere que la ciudadanía se embarque en una empresa epistemológica acerca de cuáles son las mejores respuestas a problemas públicos. Esta búsqueda se enriquece en la medida en que el intercambio de ideas y perspectivas es más variado y representativo de la diversidad de puntos de vista existentes en una sociedad determinada y se empobrece cuando esos puntos de vista se reducen en cantidad y variedad. El problema serio es, desde esta visión democrática de la libertad de expresión, que el empobrecimiento del debate público deriva en el mal funcionamiento del sistema político y en la
calidad de las decisiones a las que se arribe en forma colectiva. La libertad de expresión, desde esta visión, no es sólo y excluyentemente un derecho a la autoderteminación autónoma de la persona sino que se constituye fundamentalmente como precondición del sistema democrático. Como dije al principio, cada lectura de lo que en realidad se protege con el derecho a la libertad de expresión impacta sobre la regulación estatal permitida. Así, esta segunda forma de ver la libertad de expresión dará lugar a una regulación estatal que tienda a robustecer el debate público. Volviendo a nuestro ejemplo de los medios, la libertad de expresión como precondición de la deliberación pública que requiere la democracia como sistema de autogobierno ciudadano, permitirá poner límites a la propiedad de esos medios a fin de evitar la concentración en unas pocas manos (de modo que sólo se puedan expresar unas pocas voces), o permitirá establecer pautas acerca del contenido de la programación televisiva de forma que los ciudadanos tengamos acceso a la mayor variedad posible de puntos de vista (en lugar de regirse exclusivamente por lo que las reglas del mercado demandan en función del principio de maximización del beneficio). Yo creo que esta segunda forma de entender la libertad de expresión es la correcta dado el sistema político que nuestras constituciones han establecido. Además, la protección de la expresión como autodeterminación y ejercicio de la autonomía personal puede encontrarse en la protección que la mayoría de las constituciones occidentales establecen cuando se refieren a la privacidad y la libertad de conciencia.
2.- ¿ Cómo esa consideración podría afectar a la plena operatividad de la idea de libertad de expresión cuando ésta choca con otros valores que la sociedad considera relevantes? Un ejemplo de estos valores que pudiera chocar con la libertad de expresión es el respeto por ciertos grupos étnicos o religiosos, que se sienten ofendidos por una expresión, aunque no “dañados” en términos de derechos individuales específicos.
OWEN FISS: En la búsqueda de una definición para la Libertad de Expresión, en algunas ocasiones, ésta va a chocar con otros valores. Cuando hablamos de la instigación al disturbio que es una forma de expresión, ella, sin embargo, puede ser restringida para proteger el orden público. De manera que la libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros valores constitucionales, como la igualdad. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando en el ejercicio de expresar u opinar, ciertas personas difamen o desprestigien una religión o raza de tal forma que este tipo de expresión ponga en peligro la reputación de dicho grupo. En resolución de conflictos de esta magnitud, entre libertad de expresión e igualdad, las Cortes debieran guiarse por tres principios. En primer lugar, el simple hecho que alguien se sienta ofendido o esté en vehemente desacuerdo por un pronunciamiento nunca es una razón suficiente para intervenir en ese acto. Es posible percibir, entonces, que la igualdad como norma constitucional estaría genuinamente amenazada. El segundo principio dice relación con la premisa que establece el deber de “no asumir automáticamente que la libertad de expresión tiene prioridad por sobre la igualdad”, es decir si consideramos hipotéticamente un orden jerárquico entre estos valores la libertad de expresión vendría primero. De manera que, la igualdad es tan esencial para la democracia como la libertad. Por último, la igualdad debiera ser considerada como un elemento de la expresión, y lo que inicialmente podría parecer una colisión entre libertad e igualdad es en la actualidad un choque entre libertad y libertad. A consecuencia de lo anterior, la expresión de algunos posiblemente silenciara a otros. El modelo sistemático de expresión racista puede, por ejemplo, forzar las minorías a retirarse del debate público. Pornografía, por otro lado, podría crear y mantener la imagen de la mujer como un objeto sexual, y por ende disminuir su capacidad de contribuir en la discusión pública. El sector rico de la población ha invertido ilimitadas cantidades de dinero en campañas electorales y en cierta forma podría callar la voz de los pobres. Sin embargo, lo que se busca con la protección constitucional de la expresión es precisamente asegurar un fuerte debate público, aun cuando los ejemplos recién citados nos demuestran como la no - regulación del ejercicio de la expresión en algunos de sus aspectos y su libertad, en la actualidad, tan solo logran empobrecer el debate público.
ROBERTO SABA: El mero hecho de sentirse “dañado” por una expresión no puede implicar una justificación para limitarla, del mismo modo que el sentirse afectado por la conducta de terceros no puede ser la única razón que permita prohibir esa conducta o autorice el reclamo de una compensación posterior. Yo puedo sentirme muy afectado por considerar que la forma en que usted se viste hiere las más básicas reglas de la estética, y eso a mí me daña profundamente, pero eso no puede ser suficiente para justificar una regulación respecto de la vestimenta de la gente. El daño debe ser real y debemos ser capaces de establecer standards para determinar cuándo y de qué modo ese daño tiene lugar. La concepción de la libertad de expresión como precondición necesaria para el funcionamiento pleno de la democracia deliberativa como forma de autogobierno presupone un standard claro en ese sentido. Según este, la expresión sólo será protegida en la medida en que no se transforme en un elemento “silenciador”, como diría Fiss, de la expresión de otros. Permítame presentar el siguiente ejemplo: supongamos que estamos en una clase donde, utilizando el método socrático, todos los estudiantes presentan sus ideas y puntos de vista para ir acercándose colectivamente a las posibles respuestas que la materia en estudio presenta. Asumamos también que la clase sólo dura un par de horas, que tenemos límites de tiempo en nuestro debate. No parece ser justo que uno de los participantes de la discusión hable durante una hora y media mientras el resto se priva de escuchar otros puntos de vista. Supongamos que la clase cuenta con un gran número de alumnos en un aula enorme donde sólo se hacen escuchar aquellos que han sido capaces de adquirir un micrófono, mientras que otros no logran hacer escuchar su voz por razones “técnicas”. Supongamos que el 90% de las voces pertenecen a la mayoría blanca masculina de la clase; ello obviamente no será un contexto propicio o “amigable” para que la minoría indígena, homosexual o femenina tenga el valor de manifestar su opinión. Aunque resulta terrible desde el punto de vista individual que una persona no tenga el valor o la posibilidad de expresarse, desde el punto de vista del sistema democrático, lo terrible es la privación del debate público de contar con ese punto de vista como una opción a ser considerada para la toma de la decisión pública. El estado, bajo esta concepción de la libertad de expresión, operaría como un “referee” que asigna la palabra, distribuye el micrófono, impone límite a las voces más poderosas y da lugar a la expresión de los más débiles, todo con la finalidad de robustecer el debate público y así mejorar la calidad de la decisión de autogobierno. Es necesario agregar que esto también implica que expresiones que podemos considerar personalmente atroces deberían permitirse si ellas no conllevan al silenciamiento de nadie.
3.- ¿Cómo vincula usted la conexión existente (o inexistente) entre libertad de expresión e igualdad en aquellos casos en que la opinión de las mayorías tienden a imponer un “discurso social” por sobre las minorías?
FISS: Los sectores políticos del Estado son muy sensibles y perceptivos al sentimiento de la mayoría y producto de esta capacidad pueden actuar como enemigos de la libertad de expresión. Los Políticos buscarán silenciar a las minorías, o a aquellos que fuertemente critican políticas predominantes o del ámbito cultural. En esa instancia, debemos contar con el sistema judicial, el más independiente de todas las instituciones estatales, para apoyar la Constitución y proteger la Libertad de Expresión. En otros casos, a modo de ejemplo, cuando intentan corregir la concentración de los medios de comunicación y crear accesos para las voces disidentes, algunos sectores políticos buscan maneras de aumentar las fronteras de la libertad, y en ese sentido sus acciones deberán ser respetadas por el Poder Judicial.
ROBERTO SABA: La regla de la mayoría como mecanismo para la toma de decisiones en un sistema democrático es profundamente imperfecta, pero es la mejor forma conocida por los seres humanos para acercarse al ideal de discusión moral que emula la deliberación democrática. Es bueno recordar que una regla de consenso redunda en el otorgamiento de un poder enorme y desproporcionado a las minorías que tendrían un permanente poder de veto sobre la decisión y preferencias de las mayorías. Sin embargo, nuestras democracias constitucionales, a la vez que otorgan este poder a las mayorías, también les imponen un límite: el límite constitucional que implica el respeto de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la libertad de expresión. Las mayorías, en una democracia, tienen el poder de tomar las decisiones pero no cualquier decisión: sólo aquellas que no sobrepasan los límites constitucionales. Este límite constitucional es algo usualmente olvidado o subestimado en nuestras democracias Latinoamericanas tan propensas a pasar del populismo (mal llamado democracia) a la dictadura, del poder total a la mayoría al poder total de la minoría, olvidando que una democracia constitucional implica un sistema de gobierno por regla de mayoría con límite constitucional. La libertad de expresión es uno de esos límites constitucionales al ejercicio de la democracia y uno de los instrumentos más importantes para asegurar una igual libertad a cada individuo para participar del proceso democrático de toma de decisiones. La libertad de expresión, entendida como expresión de la autonomía (aquella a la que me referí al comienzo de la entrevista como la primera forma de entender la libertad de expresión), deja poco espacio para la protección de las minorías en el ejercicio de su derecho. Esa libertad (negativa) a la expresión deja a cada ciudadano librado a ejercer este derecho del modo en que pueda, y ello puede debilitar el debate democrático. La libertad de expresión como precondición de una deliberación pública robusta permite asegurar a todos una participación igualitaria en el debate y en el proceso democrático de toma de decisiones.
4. - ¿Qué elementos, en su opinión, son necesarios e indispensables para construir, o al menos idear, una protección sólida y fuerte a la libertad de expresión en las actuales sociedades democráticas?
OWEN FISS: Como cualquier garantía constitucional, la implementación de la libertad de expresión debe contar con la sabiduría, sensatez y fuerza del Poder Judicial. En algunas situaciones, este poder debe mantenerse al margen de los sectores políticos, y en otros deberá agresivamente interferir. De todas formas, no obstante lo anterior el control tiene que ser el mismo. El Poder Judicial debe entender que la Libertad de Expresión es una idea política, un instrumento democrático fundamental para los propios gobiernos y es usado para proteger esas prácticas, pero solamente aquellas prácticas que acrecientan y enriquecen el debate público. El Poder Judicial debe velar por esto, en las palabras de uno de nuestros jueces en Estados Unidos “Juez Brennan”, la discusión y el debate sobre asuntos de importancia nacional deben ser “desinhibidos, robustos y completamente abiertos”.
ROBERTO SABA: Creo que debemos hacer el esfuerzo por considerar a la libertad de expresión en términos más amplios que a los que estamos acostumbrados en América Latina. Es lógico que en un contexto donde los periodistas que critican a aquellos que tienen más poder son censurados o hasta asesinados, la libertad de expresión se asocie con la libertad de prensa y la protección del periodismo. Sin embargo, ello es insuficiente y, a veces, autofrustrante de la misma empresa dedicada a la protección de la libertad de expresión. En nuestros países el estado ha sido muchas veces considerado un enemigo de la libertad de expresión. En general, aquellos que bienintencionadamente reclaman un mayor goce de este derecho exigen una casi inexistente interferencia estatal y regulación pública del ejercicio de la libertad de expresión. La paradoja es que este reclamo por el retiro del estado, fundado en una presunción en su contra, lleva a que grupos privados poderosos limiten la expresión de los que tiene menos poder o que las reglas del mercado decidan cuál será el grado de robustez del debate público. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos y la dificultad para acceder a la expresión y a la información en América Latina son obstáculos al ejercicio del derecho que sólo pueden removerse con la participación del estado. El estado puede ser un amigo de la libertad de expresión y no necesariamente su enemigo. El estado no debe renunciar a la regulación del derecho sino que debe asumir, y debemos hacerle asumir, el rol de “referee” que mencioné anteriormente. La falta de intervención estatal se convierte así en una forma de violación de la libertad de expresión por omisión que conduce a una grave distorsión del debate público, impide el autogobierno de la ciudadanía y viola el principio de igualdad ante la ley.
Esta entevista a dos voces fue realizada por una Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales hace algunos años, no recuerdo cuantos. Creo que la Revista, editada por estudiantes, dejó de salir, pero no estoy seguro, al menos no encontre rastros de ella en la web.
Los recientes debates abiertos en Argentina sobre regulación en materia de radiodifusión, observatorio de medios de comunicación, límites a la discrecionalidad en la distribución de la publicidad oficial, digitalización de la radio y televisión y concentración de propiedad de medios, me recordaron esta entrevista que nos hicieron los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales hace ya muchos años a mi maestro, el Profersor Owen Fiss, y a mí. Los estudiantes, lllamaron a esto un contrapunto, pero creo que ello no fue apropiado por dos razones. Por un lado, sería casi una falta de respeto que alguien como yo tuviera un contrapunto sobre este tema con un experto en el tema como Fiss. Los contrapuntos pueden darse sólo entre pares y yo soy sólo su alumno, Por otro lado, al no mediar casi discrepancia alguna entre su posicion y la mia, no creo que este sea un contrapunto. Si bien las ideas aquí esbozadas por cuestiones de espacio requieren de mayor desarrollo para ser descriptas con mayor precisión, me pareció que los reportajes cobraron actualidad. Para alimentar este debate, recomiendo muy especialmente el libro de Owen Fiss titulado La Ironía de la Libertad de Expresión, publicado por la Editorial Gedisa. Tambien hay, por supuesto, una version en inglés (The Irony of Free Speech) y una colección de ensayos de su autoría reunidos en Liberalism Divided.
A continuación, el texto de la publicación:
La libertad de expresión resulta ser uno de aquellos pilares fundamentales sobre los que se estructuran los sistemas democráticos modernos. Ella permite el libre flujo de ideas, el control del poder, el diálogo político e incluso la formación de la propia identidad individual y colectiva. A pesar de lo anterior, tanto la legislación como la jurisprudencia chilena no han sabido recoger y consagrar a la libertad de expresión como un valor fundamental de nuestro sistema democrático, afectando con ello, la misma viabilidad de la participación ciudadana y del control del poder público. A la luz de lo anterior, Apuntes de Derecho decidió dedicar su contrapunto al valor de la libertad de expresión y a las problemáticas asociadas a su efectiva consagración. Owen Fiss y Roberto Saba -destacados académicos especialistas en la materia- conversan con Apuntes de Derecho sobre la fundamentación, las restricciones y los conflictos que la libertad de expresión enfrenta en contexto de sociedades abiertas a la libre discusión y el rol que en ellas juegan los tribunales de justicia, el legislador, el periodismo y la sociedad civil en general.
1.- ¿ Podría definir la libertad de expresión en términos de un derecho individual, como una potestad derivada exclusivamente de nuestra calidad de seres morales autónomos o si, al contrario, considera la libertad de expresión más bien como un valor que resulta especialmente relevante en las sociedades democráticas?
OWEN FISS: La libertad de expresión es tanto un principio filosófico como una norma Constitucional. En este último sentido, se pretende precisamente fortalecer y dar continuidad al sistema democrático. Cabe señalar, además, que es la “Libertad de Expresión” la que asegura a los ciudadanos la obtención de la información e ideas necesarias para poder ejercer sus derechos como seres soberanos.
ROBERTO SABA: El derecho a la libertad de expresión es un derecho individual, sólo que a fin de determinar los límites de la regulación estatal que se haga de él debemos recurrir a su justificación y fundamento. En este sentido, es posible identificar, al menos, dos formas de justificar este derecho que conducen a dos modos diferentes de articular su regulación. Una forma clásica de entender el derecho a la libertad de expresión tiene que ver con la protección de la capacidad de todo ser humano de determinarse autónomamente. Es decir, la expresión de nuestras creencias, emociones o ideas forma parte de nuestro desarrollo como individuos libres, autónomos. En este sentido, y de acuerdo con lo que Berlin entiende como libertades negativas, la libertad de expresión requiere de una casi nula interferencia estatal. Es muy complicado, casi imposible desde este punto de vista, pensar en alguna justificación que permita poner límites a la expresión individual, a menos que ella, como cualquier ejercicio de la autonomía personal, derive en la afectación de la autonomía de terceros. Uno de los casos “test” más ejemplificativos es el de la regulación de la propiedad de medios o de la programación que se presente en televisión. Bajo una concepción de la libertad de expresión asociada a la autonomía personal sería imposible poner límites a la propiedad de medios de comunicación o establecer reglas que rijan el contenido de lo que se muestra en televisión. Como manifestación de la autonomía, la libertad de expresión sería prácticamente ilimitada.
Una segunda forma de entender la libertad de expresión es la que la asocia con la necesidad de contar, en un sistema democrático, con un robusto intercambio de ideas. La democracia, desde este punto de vista, es un sistema de autogobierno por el cual la ciudadanía decide colectivamente cuáles son las reglas que regirán su vida como comunidad política. Este autogobierno requiere que la ciudadanía se embarque en una empresa epistemológica acerca de cuáles son las mejores respuestas a problemas públicos. Esta búsqueda se enriquece en la medida en que el intercambio de ideas y perspectivas es más variado y representativo de la diversidad de puntos de vista existentes en una sociedad determinada y se empobrece cuando esos puntos de vista se reducen en cantidad y variedad. El problema serio es, desde esta visión democrática de la libertad de expresión, que el empobrecimiento del debate público deriva en el mal funcionamiento del sistema político y en la
calidad de las decisiones a las que se arribe en forma colectiva. La libertad de expresión, desde esta visión, no es sólo y excluyentemente un derecho a la autoderteminación autónoma de la persona sino que se constituye fundamentalmente como precondición del sistema democrático. Como dije al principio, cada lectura de lo que en realidad se protege con el derecho a la libertad de expresión impacta sobre la regulación estatal permitida. Así, esta segunda forma de ver la libertad de expresión dará lugar a una regulación estatal que tienda a robustecer el debate público. Volviendo a nuestro ejemplo de los medios, la libertad de expresión como precondición de la deliberación pública que requiere la democracia como sistema de autogobierno ciudadano, permitirá poner límites a la propiedad de esos medios a fin de evitar la concentración en unas pocas manos (de modo que sólo se puedan expresar unas pocas voces), o permitirá establecer pautas acerca del contenido de la programación televisiva de forma que los ciudadanos tengamos acceso a la mayor variedad posible de puntos de vista (en lugar de regirse exclusivamente por lo que las reglas del mercado demandan en función del principio de maximización del beneficio). Yo creo que esta segunda forma de entender la libertad de expresión es la correcta dado el sistema político que nuestras constituciones han establecido. Además, la protección de la expresión como autodeterminación y ejercicio de la autonomía personal puede encontrarse en la protección que la mayoría de las constituciones occidentales establecen cuando se refieren a la privacidad y la libertad de conciencia.
2.- ¿ Cómo esa consideración podría afectar a la plena operatividad de la idea de libertad de expresión cuando ésta choca con otros valores que la sociedad considera relevantes? Un ejemplo de estos valores que pudiera chocar con la libertad de expresión es el respeto por ciertos grupos étnicos o religiosos, que se sienten ofendidos por una expresión, aunque no “dañados” en términos de derechos individuales específicos.
OWEN FISS: En la búsqueda de una definición para la Libertad de Expresión, en algunas ocasiones, ésta va a chocar con otros valores. Cuando hablamos de la instigación al disturbio que es una forma de expresión, ella, sin embargo, puede ser restringida para proteger el orden público. De manera que la libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros valores constitucionales, como la igualdad. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando en el ejercicio de expresar u opinar, ciertas personas difamen o desprestigien una religión o raza de tal forma que este tipo de expresión ponga en peligro la reputación de dicho grupo. En resolución de conflictos de esta magnitud, entre libertad de expresión e igualdad, las Cortes debieran guiarse por tres principios. En primer lugar, el simple hecho que alguien se sienta ofendido o esté en vehemente desacuerdo por un pronunciamiento nunca es una razón suficiente para intervenir en ese acto. Es posible percibir, entonces, que la igualdad como norma constitucional estaría genuinamente amenazada. El segundo principio dice relación con la premisa que establece el deber de “no asumir automáticamente que la libertad de expresión tiene prioridad por sobre la igualdad”, es decir si consideramos hipotéticamente un orden jerárquico entre estos valores la libertad de expresión vendría primero. De manera que, la igualdad es tan esencial para la democracia como la libertad. Por último, la igualdad debiera ser considerada como un elemento de la expresión, y lo que inicialmente podría parecer una colisión entre libertad e igualdad es en la actualidad un choque entre libertad y libertad. A consecuencia de lo anterior, la expresión de algunos posiblemente silenciara a otros. El modelo sistemático de expresión racista puede, por ejemplo, forzar las minorías a retirarse del debate público. Pornografía, por otro lado, podría crear y mantener la imagen de la mujer como un objeto sexual, y por ende disminuir su capacidad de contribuir en la discusión pública. El sector rico de la población ha invertido ilimitadas cantidades de dinero en campañas electorales y en cierta forma podría callar la voz de los pobres. Sin embargo, lo que se busca con la protección constitucional de la expresión es precisamente asegurar un fuerte debate público, aun cuando los ejemplos recién citados nos demuestran como la no - regulación del ejercicio de la expresión en algunos de sus aspectos y su libertad, en la actualidad, tan solo logran empobrecer el debate público.
ROBERTO SABA: El mero hecho de sentirse “dañado” por una expresión no puede implicar una justificación para limitarla, del mismo modo que el sentirse afectado por la conducta de terceros no puede ser la única razón que permita prohibir esa conducta o autorice el reclamo de una compensación posterior. Yo puedo sentirme muy afectado por considerar que la forma en que usted se viste hiere las más básicas reglas de la estética, y eso a mí me daña profundamente, pero eso no puede ser suficiente para justificar una regulación respecto de la vestimenta de la gente. El daño debe ser real y debemos ser capaces de establecer standards para determinar cuándo y de qué modo ese daño tiene lugar. La concepción de la libertad de expresión como precondición necesaria para el funcionamiento pleno de la democracia deliberativa como forma de autogobierno presupone un standard claro en ese sentido. Según este, la expresión sólo será protegida en la medida en que no se transforme en un elemento “silenciador”, como diría Fiss, de la expresión de otros. Permítame presentar el siguiente ejemplo: supongamos que estamos en una clase donde, utilizando el método socrático, todos los estudiantes presentan sus ideas y puntos de vista para ir acercándose colectivamente a las posibles respuestas que la materia en estudio presenta. Asumamos también que la clase sólo dura un par de horas, que tenemos límites de tiempo en nuestro debate. No parece ser justo que uno de los participantes de la discusión hable durante una hora y media mientras el resto se priva de escuchar otros puntos de vista. Supongamos que la clase cuenta con un gran número de alumnos en un aula enorme donde sólo se hacen escuchar aquellos que han sido capaces de adquirir un micrófono, mientras que otros no logran hacer escuchar su voz por razones “técnicas”. Supongamos que el 90% de las voces pertenecen a la mayoría blanca masculina de la clase; ello obviamente no será un contexto propicio o “amigable” para que la minoría indígena, homosexual o femenina tenga el valor de manifestar su opinión. Aunque resulta terrible desde el punto de vista individual que una persona no tenga el valor o la posibilidad de expresarse, desde el punto de vista del sistema democrático, lo terrible es la privación del debate público de contar con ese punto de vista como una opción a ser considerada para la toma de la decisión pública. El estado, bajo esta concepción de la libertad de expresión, operaría como un “referee” que asigna la palabra, distribuye el micrófono, impone límite a las voces más poderosas y da lugar a la expresión de los más débiles, todo con la finalidad de robustecer el debate público y así mejorar la calidad de la decisión de autogobierno. Es necesario agregar que esto también implica que expresiones que podemos considerar personalmente atroces deberían permitirse si ellas no conllevan al silenciamiento de nadie.
3.- ¿Cómo vincula usted la conexión existente (o inexistente) entre libertad de expresión e igualdad en aquellos casos en que la opinión de las mayorías tienden a imponer un “discurso social” por sobre las minorías?
FISS: Los sectores políticos del Estado son muy sensibles y perceptivos al sentimiento de la mayoría y producto de esta capacidad pueden actuar como enemigos de la libertad de expresión. Los Políticos buscarán silenciar a las minorías, o a aquellos que fuertemente critican políticas predominantes o del ámbito cultural. En esa instancia, debemos contar con el sistema judicial, el más independiente de todas las instituciones estatales, para apoyar la Constitución y proteger la Libertad de Expresión. En otros casos, a modo de ejemplo, cuando intentan corregir la concentración de los medios de comunicación y crear accesos para las voces disidentes, algunos sectores políticos buscan maneras de aumentar las fronteras de la libertad, y en ese sentido sus acciones deberán ser respetadas por el Poder Judicial.
ROBERTO SABA: La regla de la mayoría como mecanismo para la toma de decisiones en un sistema democrático es profundamente imperfecta, pero es la mejor forma conocida por los seres humanos para acercarse al ideal de discusión moral que emula la deliberación democrática. Es bueno recordar que una regla de consenso redunda en el otorgamiento de un poder enorme y desproporcionado a las minorías que tendrían un permanente poder de veto sobre la decisión y preferencias de las mayorías. Sin embargo, nuestras democracias constitucionales, a la vez que otorgan este poder a las mayorías, también les imponen un límite: el límite constitucional que implica el respeto de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la libertad de expresión. Las mayorías, en una democracia, tienen el poder de tomar las decisiones pero no cualquier decisión: sólo aquellas que no sobrepasan los límites constitucionales. Este límite constitucional es algo usualmente olvidado o subestimado en nuestras democracias Latinoamericanas tan propensas a pasar del populismo (mal llamado democracia) a la dictadura, del poder total a la mayoría al poder total de la minoría, olvidando que una democracia constitucional implica un sistema de gobierno por regla de mayoría con límite constitucional. La libertad de expresión es uno de esos límites constitucionales al ejercicio de la democracia y uno de los instrumentos más importantes para asegurar una igual libertad a cada individuo para participar del proceso democrático de toma de decisiones. La libertad de expresión, entendida como expresión de la autonomía (aquella a la que me referí al comienzo de la entrevista como la primera forma de entender la libertad de expresión), deja poco espacio para la protección de las minorías en el ejercicio de su derecho. Esa libertad (negativa) a la expresión deja a cada ciudadano librado a ejercer este derecho del modo en que pueda, y ello puede debilitar el debate democrático. La libertad de expresión como precondición de una deliberación pública robusta permite asegurar a todos una participación igualitaria en el debate y en el proceso democrático de toma de decisiones.
4. - ¿Qué elementos, en su opinión, son necesarios e indispensables para construir, o al menos idear, una protección sólida y fuerte a la libertad de expresión en las actuales sociedades democráticas?
OWEN FISS: Como cualquier garantía constitucional, la implementación de la libertad de expresión debe contar con la sabiduría, sensatez y fuerza del Poder Judicial. En algunas situaciones, este poder debe mantenerse al margen de los sectores políticos, y en otros deberá agresivamente interferir. De todas formas, no obstante lo anterior el control tiene que ser el mismo. El Poder Judicial debe entender que la Libertad de Expresión es una idea política, un instrumento democrático fundamental para los propios gobiernos y es usado para proteger esas prácticas, pero solamente aquellas prácticas que acrecientan y enriquecen el debate público. El Poder Judicial debe velar por esto, en las palabras de uno de nuestros jueces en Estados Unidos “Juez Brennan”, la discusión y el debate sobre asuntos de importancia nacional deben ser “desinhibidos, robustos y completamente abiertos”.
ROBERTO SABA: Creo que debemos hacer el esfuerzo por considerar a la libertad de expresión en términos más amplios que a los que estamos acostumbrados en América Latina. Es lógico que en un contexto donde los periodistas que critican a aquellos que tienen más poder son censurados o hasta asesinados, la libertad de expresión se asocie con la libertad de prensa y la protección del periodismo. Sin embargo, ello es insuficiente y, a veces, autofrustrante de la misma empresa dedicada a la protección de la libertad de expresión. En nuestros países el estado ha sido muchas veces considerado un enemigo de la libertad de expresión. En general, aquellos que bienintencionadamente reclaman un mayor goce de este derecho exigen una casi inexistente interferencia estatal y regulación pública del ejercicio de la libertad de expresión. La paradoja es que este reclamo por el retiro del estado, fundado en una presunción en su contra, lleva a que grupos privados poderosos limiten la expresión de los que tiene menos poder o que las reglas del mercado decidan cuál será el grado de robustez del debate público. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos y la dificultad para acceder a la expresión y a la información en América Latina son obstáculos al ejercicio del derecho que sólo pueden removerse con la participación del estado. El estado puede ser un amigo de la libertad de expresión y no necesariamente su enemigo. El estado no debe renunciar a la regulación del derecho sino que debe asumir, y debemos hacerle asumir, el rol de “referee” que mencioné anteriormente. La falta de intervención estatal se convierte así en una forma de violación de la libertad de expresión por omisión que conduce a una grave distorsión del debate público, impide el autogobierno de la ciudadanía y viola el principio de igualdad ante la ley.
domingo, 23 de marzo de 2008
Persepolis: Un Comic contra el Fundamentalismo y la Discriminación
Sencillamente, un libro brillante. Me refiero a Persepolis, de Marjane Satrapi, devenido luego en la película que le mereció el Premio del Jurado en Cannes en 2007. Aca va un poco más de información extraída de www.guiadelcomic.com
Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi, la historia de cómo creció en un regimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene diez años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de cincuenta años de reinado del sha de Persia en Irán y da paso a una república islámica.
Además de diferenciarse de los demás niños por haber sido educada al estilo occidental dentro de una familia de clase alta y por unos padres de ideología progresista y partidarios del islamismo moderado, "Marji" (como la conoceremos al principio de la historia) también tiene una considerable inquietud intelectual para una niña de su edad y notable imaginación que la lleva a mantener conversaciones con Dios -al que encuentra un curioso parecido con Karl Marx- o soñar con llegar a ser algún día la última profeta que siga los pasos de Jesús y Mahoma. La historia de unos antepasados ilustres (su bisabuelo fue el último rey de la dinastía persa de los Qadjar), una familia que se opone activamente al gobierno del Sha, las manifestaciones, la diferencia de clases sociales o la marginación de la niña son algunas de las piezas del puzzle que Marji se esfuerza por componer con la intención de comprender el mundo que la rodea. Al tiempo que va creciendo, Marjane se da cuenta de que el nuevo régimen islámico por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno.
En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que componen Persépolis. El segundo ocupa el periodo de 1980 a 1984 y tiene como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los ochenta y el inicio de su adolescencia, donde conoceremos, por ejemplo, de su afición a grupos musicales prohibidos por el regimen islámico, y algunos de los problemas en que se mete ya de bien jovencita por su carácter rebelde. El tercer álbum se centra en las múltiples penurias y peripecias vitales que vivirá la autora en Austria entre 1984 y 1989, donde es enviada a vivir por sus padres para protegerla tanto de los bombardeos como de los problemas legales en los que podría acabar de continuar con su conducta, que no siempre se adecuaba a las costumbres propugnadas desde el gobierno islámico. El cuarto y último presentará su regreso a Irán, una época en que realiza sus estudios de bellas artes en Teherán, y tras vivir en Europa varios años nos explica como tiene que volver a acostumbrarse nuevo a las condiciones de vida bajo el régimen chiita de los ayatolá.
Sobre el cómic
Una obra de un indudable valor humano, Persépolis viene precedido de un considerable éxito de ventas para una obra de sus características (30.000 ejemplares vendidos en Francia en un año) y un puñado de premios entre los que destaca los del Salón del Comic de Angouleme (el más importante de Europa), donde el primer álbum ganó el Premio al Autor Revelación (Coup de coeur) el 2001 y el segundo el Premio al Mejor Guión en 2002. Fuera de Francia, en EEUU ha ganado el Premio Harvey a la Mejor Obra Extranjera 2004, y en España fue galardonada con el Primer Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco. En Estados unidos también fue nominado en los Premios Eisner 2004 en las categorías de Mejor Novela Gráfica y Mejor Obra Extranjera y de nuevo en la edición de 2005 en la categoría de Mejor Obra Extranjera, mientras que en España también fue nominado en los Premios del Salón del Cómic de Barcelona en la categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002.
En Francia los cuatro álbumes de Persépolis fueron publicados entre noviembre de 2000 y septiembre de 2003 por L'Association, editorial independiente que tiene en su catálogo varios destacables cómics autobiográficos como Diario de un álbum de Dupuy y Berberian, Mis Circunsantacias de Lewis Trondheim o La Ascensión del gran mal de David B.
Por último, mencionar que si bien el dibujo de Satrapi es el factor que más hecha para atrás del cómic en un primer vistazo (la propia autora reconoce que "al principio dibujaba muy mal"), sin embargo resulta sorprendentemente apropiado para el tono de la primera entrega de la historia, ya que el grafismo recuerda a los dibujos infantiles y aumenta la sensación de estar observando el mundo precisamente a través de los ojos de una niña.
La autora
Marjane Satrapi (Rasht, Irán, 1969) estudió Bellas Artes en Teherán, y cansada de la censura y de la discriminación de la mujer que tenía que soportar en su país, en 1994 abandonó finalmente su país (había vivido cinco años en Austria en la segunda mitad de los 80) para marcharse a vivir y desarrollar su carrera artística en Francia.
Tras su llegada a París entra en contacto con L'Association, donde la animan (especialmente David B., autor de La ascensión del gran mal y que ejerció de "padrino historietístico" de Satrapi) a crear un cómic donde reflejar sus vivencias y su visión de la sociedad iraní, de la que surge a finales de 2000 la serie Persépolis. Una vez concluidos los cuatro álbumes de esta obra, sus siguientes cómics han sido los álbumes autoconclusivos Bordados (2003), Pollo con ciruelas (2004), ambos publicados por L'Association en Francia y Norma Editorial en España, y donde insiste en el relato inspirado en hechos reales (ahora de familiares y conocidos) y sobre la vida en Irán.
En otros campos artísticos, comentar que paralelamente a la realización de Persépolis Satrapi también escribió y/o ilustró varios libros dirigidos al público infantil: Sagesses et malices de la Perse (2001), Les monstres n'aiment pas la lune (2001), Ulysse au pays de fous (2001) y Ajdar (2002, este último también publicado en España por Norma Editorial). Y por supuesto, últimamente la actividad que le ha ocupado ha sido la película de animación de Persépolis, donde firma guión y dirección conjuntamente con Vincent Paronnaud.
Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi, la historia de cómo creció en un regimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene diez años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de cincuenta años de reinado del sha de Persia en Irán y da paso a una república islámica.Además de diferenciarse de los demás niños por haber sido educada al estilo occidental dentro de una familia de clase alta y por unos padres de ideología progresista y partidarios del islamismo moderado, "Marji" (como la conoceremos al principio de la historia) también tiene una considerable inquietud intelectual para una niña de su edad y notable imaginación que la lleva a mantener conversaciones con Dios -al que encuentra un curioso parecido con Karl Marx- o soñar con llegar a ser algún día la última profeta que siga los pasos de Jesús y Mahoma. La historia de unos antepasados ilustres (su bisabuelo fue el último rey de la dinastía persa de los Qadjar), una familia que se opone activamente al gobierno del Sha, las manifestaciones, la diferencia de clases sociales o la marginación de la niña son algunas de las piezas del puzzle que Marji se esfuerza por componer con la intención de comprender el mundo que la rodea. Al tiempo que va creciendo, Marjane se da cuenta de que el nuevo régimen islámico por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno.
En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que componen Persépolis. El segundo ocupa el periodo de 1980 a 1984 y tiene como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los ochenta y el inicio de su adolescencia, donde conoceremos, por ejemplo, de su afición a grupos musicales prohibidos por el regimen islámico, y algunos de los problemas en que se mete ya de bien jovencita por su carácter rebelde. El tercer álbum se centra en las múltiples penurias y peripecias vitales que vivirá la autora en Austria entre 1984 y 1989, donde es enviada a vivir por sus padres para protegerla tanto de los bombardeos como de los problemas legales en los que podría acabar de continuar con su conducta, que no siempre se adecuaba a las costumbres propugnadas desde el gobierno islámico. El cuarto y último presentará su regreso a Irán, una época en que realiza sus estudios de bellas artes en Teherán, y tras vivir en Europa varios años nos explica como tiene que volver a acostumbrarse nuevo a las condiciones de vida bajo el régimen chiita de los ayatolá.
Sobre el cómic
Una obra de un indudable valor humano, Persépolis viene precedido de un considerable éxito de ventas para una obra de sus características (30.000 ejemplares vendidos en Francia en un año) y un puñado de premios entre los que destaca los del Salón del Comic de Angouleme (el más importante de Europa), donde el primer álbum ganó el Premio al Autor Revelación (Coup de coeur) el 2001 y el segundo el Premio al Mejor Guión en 2002. Fuera de Francia, en EEUU ha ganado el Premio Harvey a la Mejor Obra Extranjera 2004, y en España fue galardonada con el Primer Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco. En Estados unidos también fue nominado en los Premios Eisner 2004 en las categorías de Mejor Novela Gráfica y Mejor Obra Extranjera y de nuevo en la edición de 2005 en la categoría de Mejor Obra Extranjera, mientras que en España también fue nominado en los Premios del Salón del Cómic de Barcelona en la categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002.
En Francia los cuatro álbumes de Persépolis fueron publicados entre noviembre de 2000 y septiembre de 2003 por L'Association, editorial independiente que tiene en su catálogo varios destacables cómics autobiográficos como Diario de un álbum de Dupuy y Berberian, Mis Circunsantacias de Lewis Trondheim o La Ascensión del gran mal de David B.
Por último, mencionar que si bien el dibujo de Satrapi es el factor que más hecha para atrás del cómic en un primer vistazo (la propia autora reconoce que "al principio dibujaba muy mal"), sin embargo resulta sorprendentemente apropiado para el tono de la primera entrega de la historia, ya que el grafismo recuerda a los dibujos infantiles y aumenta la sensación de estar observando el mundo precisamente a través de los ojos de una niña.
La autora
Marjane Satrapi (Rasht, Irán, 1969) estudió Bellas Artes en Teherán, y cansada de la censura y de la discriminación de la mujer que tenía que soportar en su país, en 1994 abandonó finalmente su país (había vivido cinco años en Austria en la segunda mitad de los 80) para marcharse a vivir y desarrollar su carrera artística en Francia.
Tras su llegada a París entra en contacto con L'Association, donde la animan (especialmente David B., autor de La ascensión del gran mal y que ejerció de "padrino historietístico" de Satrapi) a crear un cómic donde reflejar sus vivencias y su visión de la sociedad iraní, de la que surge a finales de 2000 la serie Persépolis. Una vez concluidos los cuatro álbumes de esta obra, sus siguientes cómics han sido los álbumes autoconclusivos Bordados (2003), Pollo con ciruelas (2004), ambos publicados por L'Association en Francia y Norma Editorial en España, y donde insiste en el relato inspirado en hechos reales (ahora de familiares y conocidos) y sobre la vida en Irán.
En otros campos artísticos, comentar que paralelamente a la realización de Persépolis Satrapi también escribió y/o ilustró varios libros dirigidos al público infantil: Sagesses et malices de la Perse (2001), Les monstres n'aiment pas la lune (2001), Ulysse au pays de fous (2001) y Ajdar (2002, este último también publicado en España por Norma Editorial). Y por supuesto, últimamente la actividad que le ha ocupado ha sido la película de animación de Persépolis, donde firma guión y dirección conjuntamente con Vincent Paronnaud.
lunes, 10 de marzo de 2008
Igualdad, Discapacidad y Accesibilidad
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que obliga a Metrovías y al Estado Nacional a que readecue las estaciones para personas con movilidad reducida.
(6 de marzo de 2008) Con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una persona discapacitada que utiliza una silla de ruedas inició una acción de amparo para que las estaciones de subterráneos sean readecuadas para el acceso de personas con movilidad reducida. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no hizo lugar a la apelación de Metrovías y del Estado Nacional y confirmó el relevante fallo de primera instancia de la jueza federal Liliana Heiland que había ordenado que en el plazo de 6 meses se presente un plan integral de obras.
En ambos fallos la justicia realizó un importante reconocimiento del derecho de los discapacitados motrices a contar con estaciones que le permitan desplazarse sin barreras en los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Apelaciones señaló que las múltiples normas que obligan a Metrovías y el Estado Nacional a adecuar los medios de transporte para personas de movilidad reducida sufrieron “un fenomenal quiebre” ya que los prestadores del servicio “incumplieron varias veces su obligación de adaptar el servicio público de subterráneos eliminando barreras”. También remarca que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) omitió el deber de fiscalizar su cumplimiento.
En su fundamento, el juez de Cámara Néstor Buján destacó que la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 2075/02 que declaró la emergencia para el sector del transporte hace seis años, no justificó que las obras no se hayan realizado ya que “a la fecha de su entrada en vigencia las obligaciones específicamente previstas en la ley 22.431 y su decreto reglamentario 498/83 (fijando 10 años para su cumplimiento), como la ley 24.314 y decreto 914/97 (fijando 3 años para su cumplimiento) ya estaban incumplidas, por vencimiento de plazos allí previstos”. Los tiempos acordados por estas leyes para readecuar las estaciones se habían agotado dos veces.
Por su parte, el juez de Cámara Pedro Coviello dijo que no existe una justificación “para que se haya dejado de lado a una parte de nuestros habitantes que no porque carezcan de las aptitudes plenas de otros, tengan que soportar que no se les brinde las ayudas necesarias para que puedan superar sus dificultades motrices.”
Asimismo, sostuvo que no hay motivos para que Metrovías pueda sentirse afectada “porque se le exija, simplemente, el cumplimiento de una manda legal (…) máxime que se trata de personas que no tienen otra vía que la judicial para reclamar por el reconocimiento de sus derechos, derechos que la sociedad tiene el grave deber de reconocer, efectivizar y facilitar”.
En el fallo también se puso de relieve “el diario calvario que enfrentan dichas personas de trasladarse en ciudades no adaptadas a su situación, ni en sus edificios, medios de transporte, instalaciones y servicios de distinta índole, impidiéndoles, de tal modo, desarrollar al máximo el resto de sus capacidades y vocaciones, y, al mismo tiempo, privándolos tanto a ellos como a la misma sociedad de brindar y recibir, respectivamente, su aporte en bien de la comunidad”.
La sentencia no se encuentra firme. Los demandados todavía pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De un total de 73 estaciones que componen la red de subterráneos de Buenos Aires, sólo 12 son accesibles para personas con movilidad reducida.
(6 de marzo de 2008) Con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una persona discapacitada que utiliza una silla de ruedas inició una acción de amparo para que las estaciones de subterráneos sean readecuadas para el acceso de personas con movilidad reducida. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no hizo lugar a la apelación de Metrovías y del Estado Nacional y confirmó el relevante fallo de primera instancia de la jueza federal Liliana Heiland que había ordenado que en el plazo de 6 meses se presente un plan integral de obras.
En ambos fallos la justicia realizó un importante reconocimiento del derecho de los discapacitados motrices a contar con estaciones que le permitan desplazarse sin barreras en los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Apelaciones señaló que las múltiples normas que obligan a Metrovías y el Estado Nacional a adecuar los medios de transporte para personas de movilidad reducida sufrieron “un fenomenal quiebre” ya que los prestadores del servicio “incumplieron varias veces su obligación de adaptar el servicio público de subterráneos eliminando barreras”. También remarca que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) omitió el deber de fiscalizar su cumplimiento.
En su fundamento, el juez de Cámara Néstor Buján destacó que la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 2075/02 que declaró la emergencia para el sector del transporte hace seis años, no justificó que las obras no se hayan realizado ya que “a la fecha de su entrada en vigencia las obligaciones específicamente previstas en la ley 22.431 y su decreto reglamentario 498/83 (fijando 10 años para su cumplimiento), como la ley 24.314 y decreto 914/97 (fijando 3 años para su cumplimiento) ya estaban incumplidas, por vencimiento de plazos allí previstos”. Los tiempos acordados por estas leyes para readecuar las estaciones se habían agotado dos veces.
Por su parte, el juez de Cámara Pedro Coviello dijo que no existe una justificación “para que se haya dejado de lado a una parte de nuestros habitantes que no porque carezcan de las aptitudes plenas de otros, tengan que soportar que no se les brinde las ayudas necesarias para que puedan superar sus dificultades motrices.”
Asimismo, sostuvo que no hay motivos para que Metrovías pueda sentirse afectada “porque se le exija, simplemente, el cumplimiento de una manda legal (…) máxime que se trata de personas que no tienen otra vía que la judicial para reclamar por el reconocimiento de sus derechos, derechos que la sociedad tiene el grave deber de reconocer, efectivizar y facilitar”.
En el fallo también se puso de relieve “el diario calvario que enfrentan dichas personas de trasladarse en ciudades no adaptadas a su situación, ni en sus edificios, medios de transporte, instalaciones y servicios de distinta índole, impidiéndoles, de tal modo, desarrollar al máximo el resto de sus capacidades y vocaciones, y, al mismo tiempo, privándolos tanto a ellos como a la misma sociedad de brindar y recibir, respectivamente, su aporte en bien de la comunidad”.
La sentencia no se encuentra firme. Los demandados todavía pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De un total de 73 estaciones que componen la red de subterráneos de Buenos Aires, sólo 12 son accesibles para personas con movilidad reducida.
lunes, 25 de febrero de 2008
Se va Bush, ¿qué viene?
Por Michael Shifter
Nota aparecida en Perú Economico
El autor es el Vice Presidente del Diálogo Interamericano con sede en Washington D.C.
February 22, 2008
A medida que se estrechan las opciones que los votantes estadounidenses enfrentarán el próximo noviembre, los latinoamericanos y quienes siguen los sucesos en la región crecientemente se hacen la inevitable pregunta: ¿Cómo cambiará la nueva administración la política de EEUU hacia América Latina?
Si la historia reciente sirve de alguna guía, la respuesta es “muy poco”. Desde George H. W. Bush (1989-1993) a Bill Clinton (1993-2001) a George W. Bush (2001-2008), el patrón a lo largo de las dos últimas décadas ha sido uno de continuidad más que de cambio. Por ejemplo, Clinton adoptó el acuerdo NAFTA negociado por su predecesor, tal como el Bush más joven ha respaldado el esfuerzo del Plan Colombia desarrollado bajo Clinton. Así que cualquiera sea el senador que asuma el poder el próximo enero –Hillary Clinton o Barack Obama en el lado demócrata o el presunto representante republicano John McCain–, es poco realista esperar un cambio dramático en la política de Washington hacia la región.
¿Importa América Latina?
La evidencia más clara a favor de la tesis de la continuidad es que los candidatos apenas han mencionado a América Latina en la campaña. Por cierto, ha habido algunas referencias a la región en los debates, incluyendo temas de comercio (particularmente el TLC con el Perú) y la inmigración. Además, la región ha captado algo más de atención a medida que los candidatos compiten por el cada vez más importante voto latino, en Texas y en otros lugares.
Pero incluso en mayor medida de lo esperado hace algunos meses, la creciente preocupación por la tambaleante economía y la pesada necesidad de reformas en el sistema de salud pública han mantenido a los candidatos enfocados principal- mente en los temas domésticos. Cuando la campaña ha enfrentado temas de política exterior, el énfasis ha sido puesto en Irak, lo cual no es sorprendente. Cualesquiera que sean las intenciones de los candidatos, arreglar ese desastre va a ocupar mucho a la próxima administración. Con situaciones volátiles en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Irán, Corea del Norte y China, América Latina parece destinada a quedar como una prioridad muy baja.
Sin embargo, es útil tratar de anticipar cómo los candidatos podrían responder a los retos regionales que casi con certeza enfrentarán cuando asuman el poder. Aunque es tentador y lógico aproximarse a este ejercicio tema por tema –comercio, inmigración, drogas, seguridad, democracia, etc.– la presidencia de George W. Bush en particular nos ha enseñado que otras áreas de la política exterior de los Estados Unidos y sus intangibles matices de tono y estilo resultan más determinantes para la factibilidad de una alianza regional productiva.
Por cierto, el mayor reto de la próxima administración en su tarea de formular una política hacia América Latina es comprender que, mientras los últimos ocho años de la presidencia de Bush han sembrado desconfianza en la región, no es posible ni deseable volver a la mentalidad y al enfoque que caracterizó a Washington en el 2000. Desde entonces, América Latina y los Estados Unidos han cambiado en formas dramáticas y fundamentales. Para bien o para mal, la globalización ha reducido la influencia relativa de Washington en la región y ha ampliado las opciones tanto económicas como políticas de los países de América Latina, especialmente en los países más grandes de América del Sur.
Póquer de personalidades
Como un político relativamente novato con menor bagaje político que los otros dos potenciales ocupantes de la Casa Blanca, Obama podría estar en una relativamente mejor posición para acceder a lo que implican estas transformaciones. La poderosa retórica de Obama, quien se ha convertido en el favorito en el lado demócrata, parece reflejar un entendimiento de estos cambios mayores. Pero incluso una presidencia de Clinton o de McCain se vería forzada a hacer ajustes cuando se encontrara confrontada por una región que se rehúsa a aceptar la etiqueta de “patio trasero”; de lo contrario se arriesgaría a un deterioro aún mayor de la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Dados los muchos años que tiene dentro del establishment político, el candidato que quizá tendría la mayor dificultad en hacer el ajuste sería McCain. Sin embargo, paradójicamente, él es el que mejor sintoniza en los temas de mayor preocupación para la mayoría de los gobiernos de América Latina. El senador por Arizona, por ejemplo, es un robusto defensor del libre comercio, incluyendo el acuerdo con el Perú así como el más problemático y controvertido acuerdo pendiente con Colombia. Él cree que el NAFTA –el acuerdo de libre comercio firmado por los Estados Unidos, México y Canadá en 1993– ha sido, en retrospectiva, enormemente beneficioso.
En agudo contraste, Obama y Clinton hablan de revisar el impopular acuerdo NAFTA, aunque no está claro qué es exactamente lo que esto conllevaría. Esta postura refleja un reciente cambio en la opinión pública de los Estados Unidos, un cambio que es especialmente marcado en el Partido Demócrata (después de todo, Bill Clinton abrazó los principios del libre comercio). Ambos se oponen al acuerdo con Colombia, para lo cual invocan la violencia contra los líderes sindicales y los altos índices de impunidad judicial. Apoyaron el acuerdo con el Perú, que fuera modificado para incorporar provisiones ambientales y laborales. Pero sólo dieron su apoyo después de que estuvo claro que, a diferencia del acuerdo con Colombia, no tendrían que pagar el alto costo político de enfrentar a los sindicatos, un grupo electoral medular de su partido.
Es vital distinguir entre las posiciones cambiantes de los tres candidatos en el contexto de una campaña política competitiva y en rápido movimiento, y lo que harán una vez en el poder. Por ejemplo, muchos creen que, una vez en la presidencia, Clinton u Obama (quienes se asemejan marcadamente en la mayoría de temas de política) encontrarían la forma de aprobar el acuerdo comercial con Colombia. Ante el objetivo de gobernar, las mayores implicancias para la política exterior que emanarían de archivar o rechazar un tratado ya negociado pesarían mucho más. De similar manera, McCain ha criticado los subsidios al etanol hace mucho tiempo, pero ha sido más ambivalente mientras intenta conseguir la nominación republicana.
McCain también ha dado marcha atrás en materia de inmigración, un tema de importancia mayor para los votantes latinos y para muchos gobiernos latinoamericanos. Ha sido el único entre los candidatos presidenciales republicanos de este año que ha favorecido una reforma completa de la legislación sobre inmigración. Él quiere combinar una fuerte presión para hacer cumplir la ley en la frontera con un pro- grama de trabajos temporales y una vía hacia la ciudadanía para unos doce millones de trabajadores indocumentados en el país. Ha demostrado amplio coraje político al hacer frente a su partido y liderar este esfuerzo en el Senado.
Sin embargo, aunque ello sea popular en la región, ésta es una de las razones por las que McCain ha tenido tanta dificultad en ganarse la confianza de la mayoría del Partido Re publicano, que respalda una aproximación más de mano dura. Con la esperanza de sacarles brillo a sus credenciales conserva doras y unir al partido, McCain recientemente ha dado una importancia mayor al punto de seguridad más que a otras medidas. En cualquier caso, en vista de las muchas predicciones de histeria anti-inmigrante, debe ser reconfortante para América Latina que el candidato republica no con la postura más liberal en esta cuestión fuera capaz de asegurarse la nominación.
En el lado demócrata, las diferencias entre Clinton y Obama en el tema de la inmigración son triviales. Como McCain, ambos sostienen un punto de vista liberal, apoyan una reforma más completa y votaron en el Senado a favor de la construcción del “muro” en la frontera entre los Estados Unidos y México que ha causado tanto resentimiento en el Sur. A la fecha, a Clinton le ha ido mejor entre los votantes latinos que a Obama, en particular en California y Nevada, pero la primaria de Texas a principios de marzo será una prueba importante para los dos. Obama es el hijo de un padre inmigrante de Kenya mientras Clinton se beneficia de la asociación favorable que tienen muchos latinos con la trayectoria de su esposo como presidente en los años 90.
Temas sensibles
¿Cómo enfrentarían los tres posibles futuros presidentes el reto de Hugo Chávez? La política de la administración Bush ha sido notable por su confusión e incoherencia. En enero de 2009, Chávez perderá a su enemigo ideal y la próxima administración tendrá una chance de elaborar una postura más consistente y sofisticada. McCain ha tenido palabras duras para Chávez y probablemente seguiría una estrategia más confrontacional, aunque no está claro qué opciones tendría.
Muchos esperan que Clinton y, especialmente, Obama serán capaces de reducir las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela en el corto plazo. Pero con la cercana alianza de Chávez con Irán y las recientes amenazas de cortar las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, parece que las diferencias son demasiado profundas para que solo un cambio en la administración de los Estados Unidos pueda borrarlas. Por supuesto, Obama ha hecho hincapié en su disposición a “conversar” con los gobiernos inamistosos de Venezuela e Irán sin condiciones, así que por lo menos existe una posibilidad de que haya un esfuerzo diplomático más vigoroso y efectivo.
Obama también ha dicho que él estaría preparado para hablar con el régimen de Cuba, un tema sensible y probable- mente el origen de la mayor irritación en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina en los pasados 40 años. Obama refleja un cambio generacional y probablemente estaría más dispuesto que Clinton a buscar un acercamiento, quien ha calificado la propuesta de Obama de simplista y, ciertamente, mucho más que McCain, quien goza del apoyo entusiasta de la línea dura de la comunidad exiliada de Miami. El eventual fallecimiento de Fidel Castro cambiaría los cálculos de todos y forzaría a una inmediata reconsideración de la política hacia Cuba en Washington –una política que sin duda será observada muy de cerca en todo el globo, especialmente en el mundo hispanohablante. La muerte de un símbolo perdurable de este calibre en los meses antes de la elección de noviembre podría catapultar rápidamente a América Latina hacia el centro de los temas de la campaña. Pero, como la renuncia de Castro a la jefatura suprema de Cuba ya ha pasado y ha tenido relativamente poco impacto en la campaña, es posible que aun su muerte tenga un efecto efímero.
Los latinoamericanos han sido comprensiblemente críticos del doble estándar emanado desde Washington acerca de los derechos humanos en años recientes, pero estarán aliviados por el hecho de que los tres candidatos restantes se oponen a las prácticas de tortura, un tema delicado en el contexto de la guerra global contra el terrorismo. McCain, por supuesto, habla a partir de su experiencia personal –él fue prisionero de guerra y fue torturado en Vietnam por más de cinco años. Pero él ha retrocedido recientemente en este tema en otro intento de ganar el apoyo de los más conservadores de su partido.
Estos retos van estar sumamente difíciles para el próximo presidente, dado que los recursos limitados y los constreñimientos políticos hacen irreal esperar esquemas grandiosos y nuevas y costosas iniciativas. Pero, a pesar de quien gane, la buena noticia es que una administración impopular habrá pasado e incluso modestos cam- bios de enfoque podrían aumentar sustancialmente la cooperación entre Estados Unidos y América Latina. Más significativo que cualquier política específica, Estados Unidos tiene la posibilidad de demostrar que entiende las transformaciones en el hemisferio y que es capaz de responder constructivamente a ellas sin caer en el abuso o la indiferencia.
Nota aparecida en Perú Economico
El autor es el Vice Presidente del Diálogo Interamericano con sede en Washington D.C.
February 22, 2008
A medida que se estrechan las opciones que los votantes estadounidenses enfrentarán el próximo noviembre, los latinoamericanos y quienes siguen los sucesos en la región crecientemente se hacen la inevitable pregunta: ¿Cómo cambiará la nueva administración la política de EEUU hacia América Latina?
Si la historia reciente sirve de alguna guía, la respuesta es “muy poco”. Desde George H. W. Bush (1989-1993) a Bill Clinton (1993-2001) a George W. Bush (2001-2008), el patrón a lo largo de las dos últimas décadas ha sido uno de continuidad más que de cambio. Por ejemplo, Clinton adoptó el acuerdo NAFTA negociado por su predecesor, tal como el Bush más joven ha respaldado el esfuerzo del Plan Colombia desarrollado bajo Clinton. Así que cualquiera sea el senador que asuma el poder el próximo enero –Hillary Clinton o Barack Obama en el lado demócrata o el presunto representante republicano John McCain–, es poco realista esperar un cambio dramático en la política de Washington hacia la región.
¿Importa América Latina?
La evidencia más clara a favor de la tesis de la continuidad es que los candidatos apenas han mencionado a América Latina en la campaña. Por cierto, ha habido algunas referencias a la región en los debates, incluyendo temas de comercio (particularmente el TLC con el Perú) y la inmigración. Además, la región ha captado algo más de atención a medida que los candidatos compiten por el cada vez más importante voto latino, en Texas y en otros lugares.
Pero incluso en mayor medida de lo esperado hace algunos meses, la creciente preocupación por la tambaleante economía y la pesada necesidad de reformas en el sistema de salud pública han mantenido a los candidatos enfocados principal- mente en los temas domésticos. Cuando la campaña ha enfrentado temas de política exterior, el énfasis ha sido puesto en Irak, lo cual no es sorprendente. Cualesquiera que sean las intenciones de los candidatos, arreglar ese desastre va a ocupar mucho a la próxima administración. Con situaciones volátiles en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Irán, Corea del Norte y China, América Latina parece destinada a quedar como una prioridad muy baja.
Sin embargo, es útil tratar de anticipar cómo los candidatos podrían responder a los retos regionales que casi con certeza enfrentarán cuando asuman el poder. Aunque es tentador y lógico aproximarse a este ejercicio tema por tema –comercio, inmigración, drogas, seguridad, democracia, etc.– la presidencia de George W. Bush en particular nos ha enseñado que otras áreas de la política exterior de los Estados Unidos y sus intangibles matices de tono y estilo resultan más determinantes para la factibilidad de una alianza regional productiva.
Por cierto, el mayor reto de la próxima administración en su tarea de formular una política hacia América Latina es comprender que, mientras los últimos ocho años de la presidencia de Bush han sembrado desconfianza en la región, no es posible ni deseable volver a la mentalidad y al enfoque que caracterizó a Washington en el 2000. Desde entonces, América Latina y los Estados Unidos han cambiado en formas dramáticas y fundamentales. Para bien o para mal, la globalización ha reducido la influencia relativa de Washington en la región y ha ampliado las opciones tanto económicas como políticas de los países de América Latina, especialmente en los países más grandes de América del Sur.
Póquer de personalidades
Como un político relativamente novato con menor bagaje político que los otros dos potenciales ocupantes de la Casa Blanca, Obama podría estar en una relativamente mejor posición para acceder a lo que implican estas transformaciones. La poderosa retórica de Obama, quien se ha convertido en el favorito en el lado demócrata, parece reflejar un entendimiento de estos cambios mayores. Pero incluso una presidencia de Clinton o de McCain se vería forzada a hacer ajustes cuando se encontrara confrontada por una región que se rehúsa a aceptar la etiqueta de “patio trasero”; de lo contrario se arriesgaría a un deterioro aún mayor de la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Dados los muchos años que tiene dentro del establishment político, el candidato que quizá tendría la mayor dificultad en hacer el ajuste sería McCain. Sin embargo, paradójicamente, él es el que mejor sintoniza en los temas de mayor preocupación para la mayoría de los gobiernos de América Latina. El senador por Arizona, por ejemplo, es un robusto defensor del libre comercio, incluyendo el acuerdo con el Perú así como el más problemático y controvertido acuerdo pendiente con Colombia. Él cree que el NAFTA –el acuerdo de libre comercio firmado por los Estados Unidos, México y Canadá en 1993– ha sido, en retrospectiva, enormemente beneficioso.
En agudo contraste, Obama y Clinton hablan de revisar el impopular acuerdo NAFTA, aunque no está claro qué es exactamente lo que esto conllevaría. Esta postura refleja un reciente cambio en la opinión pública de los Estados Unidos, un cambio que es especialmente marcado en el Partido Demócrata (después de todo, Bill Clinton abrazó los principios del libre comercio). Ambos se oponen al acuerdo con Colombia, para lo cual invocan la violencia contra los líderes sindicales y los altos índices de impunidad judicial. Apoyaron el acuerdo con el Perú, que fuera modificado para incorporar provisiones ambientales y laborales. Pero sólo dieron su apoyo después de que estuvo claro que, a diferencia del acuerdo con Colombia, no tendrían que pagar el alto costo político de enfrentar a los sindicatos, un grupo electoral medular de su partido.
Es vital distinguir entre las posiciones cambiantes de los tres candidatos en el contexto de una campaña política competitiva y en rápido movimiento, y lo que harán una vez en el poder. Por ejemplo, muchos creen que, una vez en la presidencia, Clinton u Obama (quienes se asemejan marcadamente en la mayoría de temas de política) encontrarían la forma de aprobar el acuerdo comercial con Colombia. Ante el objetivo de gobernar, las mayores implicancias para la política exterior que emanarían de archivar o rechazar un tratado ya negociado pesarían mucho más. De similar manera, McCain ha criticado los subsidios al etanol hace mucho tiempo, pero ha sido más ambivalente mientras intenta conseguir la nominación republicana.
McCain también ha dado marcha atrás en materia de inmigración, un tema de importancia mayor para los votantes latinos y para muchos gobiernos latinoamericanos. Ha sido el único entre los candidatos presidenciales republicanos de este año que ha favorecido una reforma completa de la legislación sobre inmigración. Él quiere combinar una fuerte presión para hacer cumplir la ley en la frontera con un pro- grama de trabajos temporales y una vía hacia la ciudadanía para unos doce millones de trabajadores indocumentados en el país. Ha demostrado amplio coraje político al hacer frente a su partido y liderar este esfuerzo en el Senado.
Sin embargo, aunque ello sea popular en la región, ésta es una de las razones por las que McCain ha tenido tanta dificultad en ganarse la confianza de la mayoría del Partido Re publicano, que respalda una aproximación más de mano dura. Con la esperanza de sacarles brillo a sus credenciales conserva doras y unir al partido, McCain recientemente ha dado una importancia mayor al punto de seguridad más que a otras medidas. En cualquier caso, en vista de las muchas predicciones de histeria anti-inmigrante, debe ser reconfortante para América Latina que el candidato republica no con la postura más liberal en esta cuestión fuera capaz de asegurarse la nominación.
En el lado demócrata, las diferencias entre Clinton y Obama en el tema de la inmigración son triviales. Como McCain, ambos sostienen un punto de vista liberal, apoyan una reforma más completa y votaron en el Senado a favor de la construcción del “muro” en la frontera entre los Estados Unidos y México que ha causado tanto resentimiento en el Sur. A la fecha, a Clinton le ha ido mejor entre los votantes latinos que a Obama, en particular en California y Nevada, pero la primaria de Texas a principios de marzo será una prueba importante para los dos. Obama es el hijo de un padre inmigrante de Kenya mientras Clinton se beneficia de la asociación favorable que tienen muchos latinos con la trayectoria de su esposo como presidente en los años 90.
Temas sensibles
¿Cómo enfrentarían los tres posibles futuros presidentes el reto de Hugo Chávez? La política de la administración Bush ha sido notable por su confusión e incoherencia. En enero de 2009, Chávez perderá a su enemigo ideal y la próxima administración tendrá una chance de elaborar una postura más consistente y sofisticada. McCain ha tenido palabras duras para Chávez y probablemente seguiría una estrategia más confrontacional, aunque no está claro qué opciones tendría.
Muchos esperan que Clinton y, especialmente, Obama serán capaces de reducir las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela en el corto plazo. Pero con la cercana alianza de Chávez con Irán y las recientes amenazas de cortar las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, parece que las diferencias son demasiado profundas para que solo un cambio en la administración de los Estados Unidos pueda borrarlas. Por supuesto, Obama ha hecho hincapié en su disposición a “conversar” con los gobiernos inamistosos de Venezuela e Irán sin condiciones, así que por lo menos existe una posibilidad de que haya un esfuerzo diplomático más vigoroso y efectivo.
Obama también ha dicho que él estaría preparado para hablar con el régimen de Cuba, un tema sensible y probable- mente el origen de la mayor irritación en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina en los pasados 40 años. Obama refleja un cambio generacional y probablemente estaría más dispuesto que Clinton a buscar un acercamiento, quien ha calificado la propuesta de Obama de simplista y, ciertamente, mucho más que McCain, quien goza del apoyo entusiasta de la línea dura de la comunidad exiliada de Miami. El eventual fallecimiento de Fidel Castro cambiaría los cálculos de todos y forzaría a una inmediata reconsideración de la política hacia Cuba en Washington –una política que sin duda será observada muy de cerca en todo el globo, especialmente en el mundo hispanohablante. La muerte de un símbolo perdurable de este calibre en los meses antes de la elección de noviembre podría catapultar rápidamente a América Latina hacia el centro de los temas de la campaña. Pero, como la renuncia de Castro a la jefatura suprema de Cuba ya ha pasado y ha tenido relativamente poco impacto en la campaña, es posible que aun su muerte tenga un efecto efímero.
Los latinoamericanos han sido comprensiblemente críticos del doble estándar emanado desde Washington acerca de los derechos humanos en años recientes, pero estarán aliviados por el hecho de que los tres candidatos restantes se oponen a las prácticas de tortura, un tema delicado en el contexto de la guerra global contra el terrorismo. McCain, por supuesto, habla a partir de su experiencia personal –él fue prisionero de guerra y fue torturado en Vietnam por más de cinco años. Pero él ha retrocedido recientemente en este tema en otro intento de ganar el apoyo de los más conservadores de su partido.
Estos retos van estar sumamente difíciles para el próximo presidente, dado que los recursos limitados y los constreñimientos políticos hacen irreal esperar esquemas grandiosos y nuevas y costosas iniciativas. Pero, a pesar de quien gane, la buena noticia es que una administración impopular habrá pasado e incluso modestos cam- bios de enfoque podrían aumentar sustancialmente la cooperación entre Estados Unidos y América Latina. Más significativo que cualquier política específica, Estados Unidos tiene la posibilidad de demostrar que entiende las transformaciones en el hemisferio y que es capaz de responder constructivamente a ellas sin caer en el abuso o la indiferencia.
sábado, 26 de enero de 2008
Arte y Libertad de Expresion sobre el Muro
El artista especializado en graffiti, Banksy, dibuja sobre el Muro que separa Israel de Palestina y enciende la polémica a ambos lados de la pared...
Anciano: Usted pinto el muro y lo hace parecer bello.
Banksy: Gracias.
Anciano: No queremos que sea bello, odiamos este muro, lárguese de acá!
Para más información sobre la obra de Banksy, ver
http://www.briansewell.com/artist/b-artist/banksy/banksy-palestinian-tag.html
viernes, 25 de enero de 2008
A 11 a años de un dia negro para la libertad de expresion en Argentina
José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997 cuando estaba cubriendo la temporada para ese medio. Tras una reunión social en la casa de un empresario, Cabezas fue secuestrado por delincuentes que lo asesinaron y quemaron dentro de su auto.
En el acto que se celebró hoy en su memoria, la hermana del reportero gráfico expresó: "Lo que hay que solucionar es el Poder Judicial mismo, el único responsable". "La Justicia no me dio nada en qué confiar", afirmó esta mañana Gladys Cabezas, en la Plaza de los Dos Congresos.
El New York Times se jugó por Hillary
January 25, 2008
Editorial
Primary Choices: Hillary Clinton
This generally is the stage of a campaign when Democrats have to work hard to get excited about whichever candidate seems most likely to outlast an uninspiring pack. That is not remotely the case this year.
The early primaries produced two powerful main contenders: Hillary Clinton, the brilliant if at times harsh-sounding senator from New York; and Barack Obama, the incandescent if still undefined senator from Illinois. The remaining long shot, John Edwards, has enlivened the race with his own brand of raw populism.
As Democrats look ahead to the primaries in the biggest states on Feb. 5, The Times’s editorial board strongly recommends that they select Hillary Clinton as their nominee for the 2008 presidential election.
We have enjoyed hearing Mr. Edwards’s fiery oratory, but we cannot support his candidacy. The former senator from North Carolina has repudiated so many of his earlier positions, so many of his Senate votes, that we’re not sure where he stands. We certainly don’t buy the notion that he can hold back the tide of globalization.
By choosing Mrs. Clinton, we are not denying Mr. Obama’s appeal or his gifts. The idea of the first African-American nominee of a major party also is exhilarating, and so is the prospect of the first woman nominee. “Firstness” is not a reason to choose. The times that false choice has been raised, more often by Mrs. Clinton, have tarnished the campaign.
Mr. Obama and Mrs. Clinton would both help restore America’s global image, to which President Bush has done so much grievous harm. They are committed to changing America’s role in the world, not just its image.
On the major issues, there is no real gulf separating the two. They promise an end to the war in Iraq, more equitable taxation, more effective government spending, more concern for social issues, a restoration of civil liberties and an end to the politics of division of George W. Bush and Karl Rove.
Mr. Obama has built an exciting campaign around the notion of change, but holds no monopoly on ideas that would repair the governing of America. Mrs. Clinton sometimes overstates the importance of résumé. Hearing her talk about the presidency, her policies and answers for America’s big problems, we are hugely impressed by the depth of her knowledge, by the force of her intellect and by the breadth of, yes, her experience.
It is unfair, especially after seven years of Mr. Bush’s inept leadership, but any Democrat will face tougher questioning about his or her fitness to be commander in chief. Mrs. Clinton has more than cleared that bar, using her years in the Senate well to immerse herself in national security issues, and has won the respect of world leaders and many in the American military. She would be a strong commander in chief.
Domestically, Mrs. Clinton has tackled complex policy issues, sometimes failing. She has shown a willingness to learn and change. Her current proposals on health insurance reflect a clear shift from her first, famously disastrous foray into the issue. She has learned that powerful interests cannot simply be left out of the meetings. She understands that all Americans must be covered — but must be allowed to choose their coverage, including keeping their current plans. Mr. Obama may also be capable of tackling such issues, but we have not yet seen it. Voters have to judge candidates not just on the promise they hold, but also on the here and now.
The sense of possibility, of a generational shift, rouses Mr. Obama’s audiences and not just through rhetorical flourishes. He shows voters that he understands how much they hunger for a break with the Bush years, for leadership and vision and true bipartisanship. We hunger for that, too. But we need more specifics to go with his amorphous promise of a new governing majority, a clearer sense of how he would govern.
The potential upside of a great Obama presidency is enticing, but this country faces huge problems, and will no doubt be facing more that we can’t foresee. The next president needs to start immediately on challenges that will require concrete solutions, resolve, and the ability to make government work. Mrs. Clinton is more qualified, right now, to be president.
We opposed President Bush’s decision to invade Iraq and we disagree with Mrs. Clinton’s vote for the resolution on the use of force. That’s not the issue now; it is how the war will be ended. Mrs. Clinton seems not only more aware than Mr. Obama of the consequences of withdrawal, but is already thinking through the diplomatic and military steps that will be required to contain Iraq’s chaos after American troops leave.
On domestic policy, both candidates would turn the government onto roughly the same course — shifting resources to help low-income and middle-class Americans, and broadening health coverage dramatically. Mrs. Clinton also has good ideas about fixing the dysfunction in Mr. Bush’s No Child Left Behind education program.
Mr. Obama talks more about the damage Mr. Bush has done to civil liberties, the rule of law and the balance of powers. Mrs. Clinton is equally dedicated to those issues, and more prepared for the Herculean task of figuring out exactly where, how and how often the government’s powers have been misused — and what must now be done to set things right.
As strongly as we back her candidacy, we urge Mrs. Clinton to take the lead in changing the tone of the campaign. It is not good for the country, the Democratic Party or for Mrs. Clinton, who is often tagged as divisive, in part because of bitter feeling about her husband’s administration and the so-called permanent campaign. (Indeed, Bill Clinton’s overheated comments are feeding those resentments, and could do long-term damage to her candidacy if he continues this way.)
We know that she is capable of both uniting and leading. We saw her going town by town through New York in 2000, including places where Clinton-bashing was a popular sport. She won over skeptical voters and then delivered on her promises and handily won re-election in 2006.
Mrs. Clinton must now do the same job with a broad range of America’s voters. She will have to let Americans see her power to listen and lead, but she won’t be able to do it town by town.
When we endorsed Mrs. Clinton in 2006, we were certain she would continue to be a great senator, but since her higher ambitions were evident, we wondered if she could present herself as a leader to the nation.
Her ideas, her comeback in New Hampshire and strong showing in Nevada, her new openness to explaining herself and not just her programs, and her abiding, powerful intellect show she is fully capable of doing just that. She is the best choice for the Democratic Party as it tries to regain the White House.
Editorial
Primary Choices: Hillary Clinton
This generally is the stage of a campaign when Democrats have to work hard to get excited about whichever candidate seems most likely to outlast an uninspiring pack. That is not remotely the case this year.
The early primaries produced two powerful main contenders: Hillary Clinton, the brilliant if at times harsh-sounding senator from New York; and Barack Obama, the incandescent if still undefined senator from Illinois. The remaining long shot, John Edwards, has enlivened the race with his own brand of raw populism.
As Democrats look ahead to the primaries in the biggest states on Feb. 5, The Times’s editorial board strongly recommends that they select Hillary Clinton as their nominee for the 2008 presidential election.
We have enjoyed hearing Mr. Edwards’s fiery oratory, but we cannot support his candidacy. The former senator from North Carolina has repudiated so many of his earlier positions, so many of his Senate votes, that we’re not sure where he stands. We certainly don’t buy the notion that he can hold back the tide of globalization.
By choosing Mrs. Clinton, we are not denying Mr. Obama’s appeal or his gifts. The idea of the first African-American nominee of a major party also is exhilarating, and so is the prospect of the first woman nominee. “Firstness” is not a reason to choose. The times that false choice has been raised, more often by Mrs. Clinton, have tarnished the campaign.
Mr. Obama and Mrs. Clinton would both help restore America’s global image, to which President Bush has done so much grievous harm. They are committed to changing America’s role in the world, not just its image.
On the major issues, there is no real gulf separating the two. They promise an end to the war in Iraq, more equitable taxation, more effective government spending, more concern for social issues, a restoration of civil liberties and an end to the politics of division of George W. Bush and Karl Rove.
Mr. Obama has built an exciting campaign around the notion of change, but holds no monopoly on ideas that would repair the governing of America. Mrs. Clinton sometimes overstates the importance of résumé. Hearing her talk about the presidency, her policies and answers for America’s big problems, we are hugely impressed by the depth of her knowledge, by the force of her intellect and by the breadth of, yes, her experience.
It is unfair, especially after seven years of Mr. Bush’s inept leadership, but any Democrat will face tougher questioning about his or her fitness to be commander in chief. Mrs. Clinton has more than cleared that bar, using her years in the Senate well to immerse herself in national security issues, and has won the respect of world leaders and many in the American military. She would be a strong commander in chief.
Domestically, Mrs. Clinton has tackled complex policy issues, sometimes failing. She has shown a willingness to learn and change. Her current proposals on health insurance reflect a clear shift from her first, famously disastrous foray into the issue. She has learned that powerful interests cannot simply be left out of the meetings. She understands that all Americans must be covered — but must be allowed to choose their coverage, including keeping their current plans. Mr. Obama may also be capable of tackling such issues, but we have not yet seen it. Voters have to judge candidates not just on the promise they hold, but also on the here and now.
The sense of possibility, of a generational shift, rouses Mr. Obama’s audiences and not just through rhetorical flourishes. He shows voters that he understands how much they hunger for a break with the Bush years, for leadership and vision and true bipartisanship. We hunger for that, too. But we need more specifics to go with his amorphous promise of a new governing majority, a clearer sense of how he would govern.
The potential upside of a great Obama presidency is enticing, but this country faces huge problems, and will no doubt be facing more that we can’t foresee. The next president needs to start immediately on challenges that will require concrete solutions, resolve, and the ability to make government work. Mrs. Clinton is more qualified, right now, to be president.
We opposed President Bush’s decision to invade Iraq and we disagree with Mrs. Clinton’s vote for the resolution on the use of force. That’s not the issue now; it is how the war will be ended. Mrs. Clinton seems not only more aware than Mr. Obama of the consequences of withdrawal, but is already thinking through the diplomatic and military steps that will be required to contain Iraq’s chaos after American troops leave.
On domestic policy, both candidates would turn the government onto roughly the same course — shifting resources to help low-income and middle-class Americans, and broadening health coverage dramatically. Mrs. Clinton also has good ideas about fixing the dysfunction in Mr. Bush’s No Child Left Behind education program.
Mr. Obama talks more about the damage Mr. Bush has done to civil liberties, the rule of law and the balance of powers. Mrs. Clinton is equally dedicated to those issues, and more prepared for the Herculean task of figuring out exactly where, how and how often the government’s powers have been misused — and what must now be done to set things right.
As strongly as we back her candidacy, we urge Mrs. Clinton to take the lead in changing the tone of the campaign. It is not good for the country, the Democratic Party or for Mrs. Clinton, who is often tagged as divisive, in part because of bitter feeling about her husband’s administration and the so-called permanent campaign. (Indeed, Bill Clinton’s overheated comments are feeding those resentments, and could do long-term damage to her candidacy if he continues this way.)
We know that she is capable of both uniting and leading. We saw her going town by town through New York in 2000, including places where Clinton-bashing was a popular sport. She won over skeptical voters and then delivered on her promises and handily won re-election in 2006.
Mrs. Clinton must now do the same job with a broad range of America’s voters. She will have to let Americans see her power to listen and lead, but she won’t be able to do it town by town.
When we endorsed Mrs. Clinton in 2006, we were certain she would continue to be a great senator, but since her higher ambitions were evident, we wondered if she could present herself as a leader to the nation.
Her ideas, her comeback in New Hampshire and strong showing in Nevada, her new openness to explaining herself and not just her programs, and her abiding, powerful intellect show she is fully capable of doing just that. She is the best choice for the Democratic Party as it tries to regain the White House.
domingo, 20 de enero de 2008
Vidas Arrasadas: Salud Mental y Derechos Humanos en Argentina
Vidas Arrasadas
La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos
Abajo encontrarán la introducción del excelente informe sobre derechos humanos y salud mental en Argentina preparado por el Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Al respecto, recomiendo ver la nota del ex Ministro de Salud, el Dr. Gines Gonzalez García en el Diario La Nación en la que responsabiliza a los jueces por esta situación: "La autoridad sanitaria -el equipo de salud que recibe, trata y contiene a los pacientes- debe recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones pero habitualmente reticente a autorizar altas dispuestas por los profesionales actuantes. Sobre todo cuando más del 80% de las personas internadas en manicomios están en esa condición por orden judicial. Para revertir ese escenario, abrimos una instancia de diálogo con muchos magistrados que muestran preocupación por la judicialización de los pacientes.."
A ese artículo respondió el Dr. Recondo, Presidente de la Asociación de Magistrados" en ese mismo diaro: "El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, publicó un artículo en LA NACION con el título de "Salud mental: recuperar el tiempo perdido". Contiene una serie de inexactitudes que entiendo necesario aclarar. González García sostiene que la autoridad sanitaria debe "recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones, pero habitualmente reticente a autorizar altas". Con esa frase, el responsable de velar por la salud de todos los argentinos parece ignorar que si bien hoy en la Argentina existe un plexo normativo que sólo le da legitimidad a un juez para disponer la internación forzosa o involuntaria de un paciente, haya tenido o no conductas delictivas, esa decisión es tomada sobre la base de informes periciales que elaboran los expertos (psiquiatras y psicólogos). Y una situación similar se produce cuando se trata de las altas. No puede ser sino un juez quien, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 34 y 482 del Código Civil, restrinja, en una situación excepcional, la libertad de una persona. Esa norma es de más rigurosa aplicación cuando la causa invocada para la detención es el padecimiento mental de las personas. Esta tendencia histórica fue reforzada por las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Caracas (1990) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)." Nota completa en: http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=965863
Del Resumen Ejecutivo del Informe de MDRI y CELS...
Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos documenta violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas4 en las instituciones psiquiátricas argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más.
Este informe registra graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial5 mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de violencia física y sexual. El informe también detalla condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución.
La institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en gran medida, a décadas de una politica de invertir en grandes instituciones que segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.
La segregación de las personas en las instituciones psiquiátricas
Hace muy poco tiempo estuve en Open Door, en la Colonia Cabred. Allí, hablando con su Director, me dijo acá hay alrededor de 1.064, o una cifra parecida, [de] internos. Me dijo, más o menos 750 están por pobres; es decir, están porque hace mucho que están y están porque nadie los va a buscar, y están porque no tienen adónde ir si salen. Se suma todo: el tiempo que llevan, la soledad, el acostumbramiento a esa soledad o a esa forma de vida y el no tener parientes interesados en ellos. Es decir que no son locos, son pobres y solos; que es una buena manera de volverse locos.
- Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires
La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas argentines contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, las personas pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial de las instituciones psiquiátricas, y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.
La segregación a gran escala de la que son objeto las personas institucionalizadas en el sistema de salud mental argentino es injustifi cada, dada la riqueza de profesionales de salud mental capacitados de los que dispone y la existencia de programas alternativos centrados en la comunidad en varias regiones del país. Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per capita del mundo. Amplios sectores de la población urbana argentina fi nancian individualmente su psicoterapia durante un largo período de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.
El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental —tales como el subsidio económico para la vivienda, rehabilitación psicosocial, y apoyo de los pares— ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad. No obstante, en Argentina estos servicios alternatives prácticamente no existen (aunque en este informe se presentan algunas excepciones a esta observación general, desarrolladas en las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires). Muchas de las personas con discapacidades mentales que carecen de recursos personales o de una familia que pueda fi nanciar una atención privada, no tienen otra opción que las instituciones asilares. El alto grado de hospitalización a largo plazo en grandes instituciones consume los recursos públicos que, en su lugar, deberían ser usados para desarrollar servicios integrados a la comunidad. Si bien existen algunos programas de atención comunitarios que demuestran que la Argentina dispone de los recursos técnicos necesarios para reformar los servicios e integrar a las personas con discapacidades mentales en la comunidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta las entrevistas a funcionarios y profesionales así como el análisis de las políticas en salud mental efectivamente implementadas, las organizaciones fi rmantes pueden concluir que aún no existe una política general conducente a la integración comunitaria de las personas con discapacidades mentales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las tres instituciones psiquiátricas más grandes absorben el 80 por ciento del presupuesto de salud mental.
Para ver el documento completo:
http://www.mdri.org/projects/americas/Argentina/MDRI.ARG.SPAN.NEW.pdf
También en la página del CELS, pero creo que hay un error en el link.
La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos
Abajo encontrarán la introducción del excelente informe sobre derechos humanos y salud mental en Argentina preparado por el Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Al respecto, recomiendo ver la nota del ex Ministro de Salud, el Dr. Gines Gonzalez García en el Diario La Nación en la que responsabiliza a los jueces por esta situación: "La autoridad sanitaria -el equipo de salud que recibe, trata y contiene a los pacientes- debe recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones pero habitualmente reticente a autorizar altas dispuestas por los profesionales actuantes. Sobre todo cuando más del 80% de las personas internadas en manicomios están en esa condición por orden judicial. Para revertir ese escenario, abrimos una instancia de diálogo con muchos magistrados que muestran preocupación por la judicialización de los pacientes.."
A ese artículo respondió el Dr. Recondo, Presidente de la Asociación de Magistrados" en ese mismo diaro: "El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, publicó un artículo en LA NACION con el título de "Salud mental: recuperar el tiempo perdido". Contiene una serie de inexactitudes que entiendo necesario aclarar. González García sostiene que la autoridad sanitaria debe "recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones, pero habitualmente reticente a autorizar altas". Con esa frase, el responsable de velar por la salud de todos los argentinos parece ignorar que si bien hoy en la Argentina existe un plexo normativo que sólo le da legitimidad a un juez para disponer la internación forzosa o involuntaria de un paciente, haya tenido o no conductas delictivas, esa decisión es tomada sobre la base de informes periciales que elaboran los expertos (psiquiatras y psicólogos). Y una situación similar se produce cuando se trata de las altas. No puede ser sino un juez quien, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 34 y 482 del Código Civil, restrinja, en una situación excepcional, la libertad de una persona. Esa norma es de más rigurosa aplicación cuando la causa invocada para la detención es el padecimiento mental de las personas. Esta tendencia histórica fue reforzada por las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Caracas (1990) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)." Nota completa en: http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=965863
Del Resumen Ejecutivo del Informe de MDRI y CELS...
Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos documenta violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas4 en las instituciones psiquiátricas argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más.
Este informe registra graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial5 mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de violencia física y sexual. El informe también detalla condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución.
La institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en gran medida, a décadas de una politica de invertir en grandes instituciones que segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.
La segregación de las personas en las instituciones psiquiátricas
Hace muy poco tiempo estuve en Open Door, en la Colonia Cabred. Allí, hablando con su Director, me dijo acá hay alrededor de 1.064, o una cifra parecida, [de] internos. Me dijo, más o menos 750 están por pobres; es decir, están porque hace mucho que están y están porque nadie los va a buscar, y están porque no tienen adónde ir si salen. Se suma todo: el tiempo que llevan, la soledad, el acostumbramiento a esa soledad o a esa forma de vida y el no tener parientes interesados en ellos. Es decir que no son locos, son pobres y solos; que es una buena manera de volverse locos.
- Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires
La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas argentines contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, las personas pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial de las instituciones psiquiátricas, y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.
La segregación a gran escala de la que son objeto las personas institucionalizadas en el sistema de salud mental argentino es injustifi cada, dada la riqueza de profesionales de salud mental capacitados de los que dispone y la existencia de programas alternativos centrados en la comunidad en varias regiones del país. Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per capita del mundo. Amplios sectores de la población urbana argentina fi nancian individualmente su psicoterapia durante un largo período de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.
El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental —tales como el subsidio económico para la vivienda, rehabilitación psicosocial, y apoyo de los pares— ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad. No obstante, en Argentina estos servicios alternatives prácticamente no existen (aunque en este informe se presentan algunas excepciones a esta observación general, desarrolladas en las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires). Muchas de las personas con discapacidades mentales que carecen de recursos personales o de una familia que pueda fi nanciar una atención privada, no tienen otra opción que las instituciones asilares. El alto grado de hospitalización a largo plazo en grandes instituciones consume los recursos públicos que, en su lugar, deberían ser usados para desarrollar servicios integrados a la comunidad. Si bien existen algunos programas de atención comunitarios que demuestran que la Argentina dispone de los recursos técnicos necesarios para reformar los servicios e integrar a las personas con discapacidades mentales en la comunidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta las entrevistas a funcionarios y profesionales así como el análisis de las políticas en salud mental efectivamente implementadas, las organizaciones fi rmantes pueden concluir que aún no existe una política general conducente a la integración comunitaria de las personas con discapacidades mentales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las tres instituciones psiquiátricas más grandes absorben el 80 por ciento del presupuesto de salud mental.
Para ver el documento completo:
http://www.mdri.org/projects/americas/Argentina/MDRI.ARG.SPAN.NEW.pdf
También en la página del CELS, pero creo que hay un error en el link.
sábado, 19 de enero de 2008
The Fragility of the Law
By Owen Fiss
Sterling Professor of Law
Published in the last Yale Law Report
Sterling Professor of Law, Owen Fiss teaches procedure, legal theory, and constitutional law at Yale Law School. He is the author of many articles and books on these subjects, including more recently, A Way Out/America’s Ghettos and the Legacy of Racism, Adjudication and its Alternatives (with Judith Resnik), and The Law as it Could Be. Professor Fiss also co-directs Law School programs in Latin America and the Middle East.
In the following article, Professor Fiss identifies what he sees as challenges to the Constitution and the American rule of law brought on by the “War Against Terrorism.”
The phrase “War Against Terrorism” has no discrete legal content. It was politically inspired, and used to mobilize American society. Yet the declaration of the “War Against Terrorism” marked the beginning of a unique challenge to the rule of law that began on September 11, 2001, and continues to this very day.
-----
In speaking of the rule of law, I refer not to the statutes and regulations that serve the purposes of the state, but rather
to the Constitution itself, which creates the public morality of the nation. The Constitution is not exhausted by the
words appearing in the document executed in 1787 and its twenty-seven amendments. It also includes principles,
such as the separation of powers or the right to travel, that are inferred from the overall structure of the Constitution,
and certain enactments of Congress—the Civil Rights Act of 1964, for example—that articulate the governing principles
of American society. These principles are laden with a special normative value that derives from the role they play in defining our national identity—what it means to be American. Since September 11, at least three of these principles have
been put in issue. The first is the prohibition against torture, derived, as I see it, from the Eighth Amendment and our
participation in the Convention Against Torture. The challenge comes not so much from the grotesque treatment of
prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq, where disciplinary proceedings were brought against those responsible,
but from the Administration’s actions in the war against Al Qaeda itself.
In order to broaden the range of techniques that interrogators can use against prisoners allegedly linked to Al Qaeda,
an August 2002 Department of Justice memorandum argued that only acts causing pain “equivalent in intensity to the
pain accompanying physical injury, such as organ failure, impairment of body function, or even death” fell within
the legal definition of torture. The Department of Justice later distanced itself from this definition, but a separate
December 2002 Department of Defense memorandum establishing guidelines for the interrogation of prisoners held at
Guantánamo suggested that two practices almost universally understood as torture—the use of scenarios designed to
convince detainees that death was imminent, and use of a wet towel and dripping water to induce fear of suffocation—
though forbidden “as a matter of policy for the time being,” nonetheless “may be legally available.” The program of “extraordinary renditions,” in which American officials have abducted suspected Al Qaeda members and transferred them to countries that routinely engage in torture, suggests a similar disregard for the principle against torture. Indeed, it has become an open question whether the President even believes himself bound by the principle. In December 2005, when he signed a statutory ban on torture, President Bush said that he intended to construe the ban as consistent with his constitutional powers as Commander in Chief and his duty to protect against terrorist attacks, a statement that has been widely understood as indicating that he may not feel bound by the act’s language.
The President is entirely correct that statutes cannot constitutionally interfere with his powers as Commander in Chief,
but the statutory ban on torture merely codifies an underlying constitutional prohibition that is, of course, superior to
the President’s power to lead the military. As such, it is fully binding on his actions.
The second principle that has been put into doubt is the right of the people to communicate without fear of government
eavesdropping. This freedom is rooted in the Fourth Amendment and is not absolute: the Fourth Amendment
only prohibits unreasonable searches. Courts have historically protected this freedom by requiring the government,
if at all possible, to apply for a judicial warrant before listening in on private conversations.
In 2005, news media revealed that soon after the September 11 attacks the President had authorized the National Security Agency (nsa) to intercept communications between persons in the United States and persons abroad if the nsa believed that one of the parties was linked to Al Qaeda. This program has proven enormously controversial, and much of the controversy has centered on whether it violated a 1978 law, the Foreign Intelligence Surveillance Act (fisa), that prohibits such governmental surveillance without authorization by a special court. In a 2006 legal memorandum defending the program, the Attorney General argued that the wiretaps were much like any other strategic engagement with the enemy, exclusively within the President’s powers as Commander in Chief, and not subject to statutory regulation. This past January, the Attorney
General modified his position, perhaps in a nod to critics or to an unfavorable lower court decision denying the government’s motion to dismiss a challenge to the nsa program.
The Attorney General indicated that he had, for the first time, begun to obtain judicial approval of the wiretaps under fisa. But he did not concede the issue of Presidential power, and left unresolved important questions about the scope of judicial oversight. The Attorney General did not disclose, for example, whether the special court is approving wiretaps on an individual basis, or whether it is granting blanket authorizations that cover multiple wiretaps. To my mind the focus of the inquiry should not be on whether the nsa program violates fisa, but rather whether it violates the Fourth Amendment itself. Admittedly, the Supreme Court has never spoken directly to the issue of whether the government must obtain a warrant before intercepting communications like those at issue in the nsa program, but the very reasons that the Supreme Court has
imposed a warrant requirement in other wiretapping cases— including those involving domestic threats to public order— are fully applicable. A warrant requirement does not prevent the President from thwarting terrorist attacks, but minimizes abuses and avoids the impairment of communicative freedom that comes from knowing that the President could tap the phone of anyone he claims is linked to Al Qaeda.
A third principle challenged by the “War Against Terrorism” is what I call the principle of freedom. This principle is rooted in the constitutional guarantee of the writ of habeas corpus and due process, and denies the government the power to incarcerate anyone without charging them with a crime and swiftly bringing them to trial. This principle contains an exception for the exigencies of war: As a matter of necessity, enemy combatants can be seized on the battlefield and imprisoned for the duration of hostilities. In the midst of the Afghanistan War, the President declared that alleged soldiers of the Taliban and Al Qaeda captured anywhere in the world were not ordinary prisoners of war but rather “illegal enemy combatants.” This special
designation allows the military to interrogate them on a protracted basis, to incarcerate them indefinitely, even beyond
the duration of hostilities, to put them on trial before military commissions, and to punish them for the simple act of fighting. Traditionally the designation of “illegal enemy combatant” applied to individual spies or saboteurs, or to irregular militias, never to entire armies.
Because they are being held as “illegal enemy combatants,” prisoners at Guantánamo have had little ability to press their claim for freedom. Some insisted, for example, that they never fought for the Taliban or Al Qaeda, but had been wrongly seized by local authorities or bounty hunters. At first there was no procedure to adjudicate these claims, but in July 2004 the Administration established a system of administrative tribunals to review individual cases. These tribunals were staffed by the military, freed of many of the ordinary rules of evidence, and though military personnel serve as personal representatives, the prisoners were not allowed the assistance of counsel. The Administration is now putting some of the Guantánamo prisoners on trial, using military commissions instead of courts martial or ordinary civilian courts. Traditionally military commissions were used to try persons caught red-handed in a theater of war, and, in response to litigation challenging their use at
Guantánamo, the Supreme Court expressed the fear that the Administration had transformed them “from a tribunal of true exigency into a more convenient adjudicatory tool.” But the Court stopped short of declaring these tribunals an offense to due process, holding only that they conflicted with a statute. In October 2006, Congress responded to this decision by enacting a law specifically granting the Administration authority to continue with its use of military tribunals. This statute came on the heels of an earlier use of administrative tribunals to review the status of the Guantánamo prisoners and denied them the right to petition for a writ of habeas corpus.
The Administration has not been content to confine the “illegal enemy combatant” designation to those seized in Afghanistan or another theater of armed conflict. The war against Al Qaeda knows no bounds, and the Administration has thus invited us to view the United States itself as a battleground and subject to the same rules. As a result, a citizen of Qatar studying at Butler University in Indiana (Ali Saleh Kahlah al-Marri) was seized and is now being held incommunicado at a naval brig
in South Carolina. Similarly, an American citizen (Jose Padilla) was arrested at O’Hare airport and held in the same brig for more than three years before being charged with a crime in federal court.
One could accept that the war against Al Qaeda is a war, and resist the conclusion—that the United States is a battleground similar to Afghanistan—not just as a matter of ordinary usage, but because of the consequences that conclusion would have for American society. To treat the United States as a battleground in the same sense as Afghanistan would threaten the fabric of ordinary life and put the exception to the principle of freedom for enemy combatants in the position of eating up the rule. The Administration would be able to imprison anyone living within our midst—citizens and non-citizens alike—without ever charging them with a crime and putting them on trial. Many have decried these developments as an abuse of executive power. Yet while the Executive Branch is the driving force, the other branches are complicit in these challenges to the rule of law. When Congress enacted the 2005 statute affirming the ban against torture, legislators failed to provide any remedy for violations. Congress has not taken any steps to stop the NSA wiretapping program, though the Administration’s about-face in January 2007 made such measures less urgent. When it comes to the principle of freedom, Congress became a full partner with the Administration, passing legislation to deny aliens deemed “illegal enemy combatants” access to the protection
of the writ of habeas corpus and authorizing their trial by military commissions.
The Supreme Court’s performance has been no better. Its decisions have caught the headlines because they rebuffed the Administration, but they are hardly victories for the Constitution. In one case, the Court ruled that that an American citizen (Yasser Hamdi) held as an illegal enemy combatant in the South Carolina naval brig was entitled to the assistance of counsel and an evidentiary hearing regarding his claim that he had not taken up arms against the United States. This ruling was based on due process, yet it left the prisoner to carry most of the evidentiary burden and four Justices expressed their view that a military tribunal offered a sufficient forum for the prisoner to press his claim for freedom. In other cases, the Court’s performance has even been more timid. When Jose Padilla challenged his detention, the Supreme Court refused to rule on the merits and instead held that he had initially filed his habeas petitionin the wrong court. Even more significantly, the Court has
refused, at least so far, to address a ruling that the Court of Appeals in Washington, D.C., first advanced in 2003 and reaffirmed this February, that aliens held at Guantánamo do not have any constitutional rights that can be vindicated by the writ of habeas corpus. On April 2, 2007, the Supreme Court denied a writ of certiorari seeking review of this judgment. In so doing, the Court allowed the program of the elected branches to run its course, but it failed, yet again, in its duty to safeguard the Constitution and the values it embodies.
Sterling Professor of Law
Published in the last Yale Law Report
Sterling Professor of Law, Owen Fiss teaches procedure, legal theory, and constitutional law at Yale Law School. He is the author of many articles and books on these subjects, including more recently, A Way Out/America’s Ghettos and the Legacy of Racism, Adjudication and its Alternatives (with Judith Resnik), and The Law as it Could Be. Professor Fiss also co-directs Law School programs in Latin America and the Middle East.
In the following article, Professor Fiss identifies what he sees as challenges to the Constitution and the American rule of law brought on by the “War Against Terrorism.”
The phrase “War Against Terrorism” has no discrete legal content. It was politically inspired, and used to mobilize American society. Yet the declaration of the “War Against Terrorism” marked the beginning of a unique challenge to the rule of law that began on September 11, 2001, and continues to this very day.
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In speaking of the rule of law, I refer not to the statutes and regulations that serve the purposes of the state, but rather
to the Constitution itself, which creates the public morality of the nation. The Constitution is not exhausted by the
words appearing in the document executed in 1787 and its twenty-seven amendments. It also includes principles,
such as the separation of powers or the right to travel, that are inferred from the overall structure of the Constitution,
and certain enactments of Congress—the Civil Rights Act of 1964, for example—that articulate the governing principles
of American society. These principles are laden with a special normative value that derives from the role they play in defining our national identity—what it means to be American. Since September 11, at least three of these principles have
been put in issue. The first is the prohibition against torture, derived, as I see it, from the Eighth Amendment and our
participation in the Convention Against Torture. The challenge comes not so much from the grotesque treatment of
prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq, where disciplinary proceedings were brought against those responsible,
but from the Administration’s actions in the war against Al Qaeda itself.
In order to broaden the range of techniques that interrogators can use against prisoners allegedly linked to Al Qaeda,
an August 2002 Department of Justice memorandum argued that only acts causing pain “equivalent in intensity to the
pain accompanying physical injury, such as organ failure, impairment of body function, or even death” fell within
the legal definition of torture. The Department of Justice later distanced itself from this definition, but a separate
December 2002 Department of Defense memorandum establishing guidelines for the interrogation of prisoners held at
Guantánamo suggested that two practices almost universally understood as torture—the use of scenarios designed to
convince detainees that death was imminent, and use of a wet towel and dripping water to induce fear of suffocation—
though forbidden “as a matter of policy for the time being,” nonetheless “may be legally available.” The program of “extraordinary renditions,” in which American officials have abducted suspected Al Qaeda members and transferred them to countries that routinely engage in torture, suggests a similar disregard for the principle against torture. Indeed, it has become an open question whether the President even believes himself bound by the principle. In December 2005, when he signed a statutory ban on torture, President Bush said that he intended to construe the ban as consistent with his constitutional powers as Commander in Chief and his duty to protect against terrorist attacks, a statement that has been widely understood as indicating that he may not feel bound by the act’s language.
The President is entirely correct that statutes cannot constitutionally interfere with his powers as Commander in Chief,
but the statutory ban on torture merely codifies an underlying constitutional prohibition that is, of course, superior to
the President’s power to lead the military. As such, it is fully binding on his actions.
The second principle that has been put into doubt is the right of the people to communicate without fear of government
eavesdropping. This freedom is rooted in the Fourth Amendment and is not absolute: the Fourth Amendment
only prohibits unreasonable searches. Courts have historically protected this freedom by requiring the government,
if at all possible, to apply for a judicial warrant before listening in on private conversations.
In 2005, news media revealed that soon after the September 11 attacks the President had authorized the National Security Agency (nsa) to intercept communications between persons in the United States and persons abroad if the nsa believed that one of the parties was linked to Al Qaeda. This program has proven enormously controversial, and much of the controversy has centered on whether it violated a 1978 law, the Foreign Intelligence Surveillance Act (fisa), that prohibits such governmental surveillance without authorization by a special court. In a 2006 legal memorandum defending the program, the Attorney General argued that the wiretaps were much like any other strategic engagement with the enemy, exclusively within the President’s powers as Commander in Chief, and not subject to statutory regulation. This past January, the Attorney
General modified his position, perhaps in a nod to critics or to an unfavorable lower court decision denying the government’s motion to dismiss a challenge to the nsa program.
The Attorney General indicated that he had, for the first time, begun to obtain judicial approval of the wiretaps under fisa. But he did not concede the issue of Presidential power, and left unresolved important questions about the scope of judicial oversight. The Attorney General did not disclose, for example, whether the special court is approving wiretaps on an individual basis, or whether it is granting blanket authorizations that cover multiple wiretaps. To my mind the focus of the inquiry should not be on whether the nsa program violates fisa, but rather whether it violates the Fourth Amendment itself. Admittedly, the Supreme Court has never spoken directly to the issue of whether the government must obtain a warrant before intercepting communications like those at issue in the nsa program, but the very reasons that the Supreme Court has
imposed a warrant requirement in other wiretapping cases— including those involving domestic threats to public order— are fully applicable. A warrant requirement does not prevent the President from thwarting terrorist attacks, but minimizes abuses and avoids the impairment of communicative freedom that comes from knowing that the President could tap the phone of anyone he claims is linked to Al Qaeda.
A third principle challenged by the “War Against Terrorism” is what I call the principle of freedom. This principle is rooted in the constitutional guarantee of the writ of habeas corpus and due process, and denies the government the power to incarcerate anyone without charging them with a crime and swiftly bringing them to trial. This principle contains an exception for the exigencies of war: As a matter of necessity, enemy combatants can be seized on the battlefield and imprisoned for the duration of hostilities. In the midst of the Afghanistan War, the President declared that alleged soldiers of the Taliban and Al Qaeda captured anywhere in the world were not ordinary prisoners of war but rather “illegal enemy combatants.” This special
designation allows the military to interrogate them on a protracted basis, to incarcerate them indefinitely, even beyond
the duration of hostilities, to put them on trial before military commissions, and to punish them for the simple act of fighting. Traditionally the designation of “illegal enemy combatant” applied to individual spies or saboteurs, or to irregular militias, never to entire armies.
Because they are being held as “illegal enemy combatants,” prisoners at Guantánamo have had little ability to press their claim for freedom. Some insisted, for example, that they never fought for the Taliban or Al Qaeda, but had been wrongly seized by local authorities or bounty hunters. At first there was no procedure to adjudicate these claims, but in July 2004 the Administration established a system of administrative tribunals to review individual cases. These tribunals were staffed by the military, freed of many of the ordinary rules of evidence, and though military personnel serve as personal representatives, the prisoners were not allowed the assistance of counsel. The Administration is now putting some of the Guantánamo prisoners on trial, using military commissions instead of courts martial or ordinary civilian courts. Traditionally military commissions were used to try persons caught red-handed in a theater of war, and, in response to litigation challenging their use at
Guantánamo, the Supreme Court expressed the fear that the Administration had transformed them “from a tribunal of true exigency into a more convenient adjudicatory tool.” But the Court stopped short of declaring these tribunals an offense to due process, holding only that they conflicted with a statute. In October 2006, Congress responded to this decision by enacting a law specifically granting the Administration authority to continue with its use of military tribunals. This statute came on the heels of an earlier use of administrative tribunals to review the status of the Guantánamo prisoners and denied them the right to petition for a writ of habeas corpus.
The Administration has not been content to confine the “illegal enemy combatant” designation to those seized in Afghanistan or another theater of armed conflict. The war against Al Qaeda knows no bounds, and the Administration has thus invited us to view the United States itself as a battleground and subject to the same rules. As a result, a citizen of Qatar studying at Butler University in Indiana (Ali Saleh Kahlah al-Marri) was seized and is now being held incommunicado at a naval brig
in South Carolina. Similarly, an American citizen (Jose Padilla) was arrested at O’Hare airport and held in the same brig for more than three years before being charged with a crime in federal court.
One could accept that the war against Al Qaeda is a war, and resist the conclusion—that the United States is a battleground similar to Afghanistan—not just as a matter of ordinary usage, but because of the consequences that conclusion would have for American society. To treat the United States as a battleground in the same sense as Afghanistan would threaten the fabric of ordinary life and put the exception to the principle of freedom for enemy combatants in the position of eating up the rule. The Administration would be able to imprison anyone living within our midst—citizens and non-citizens alike—without ever charging them with a crime and putting them on trial. Many have decried these developments as an abuse of executive power. Yet while the Executive Branch is the driving force, the other branches are complicit in these challenges to the rule of law. When Congress enacted the 2005 statute affirming the ban against torture, legislators failed to provide any remedy for violations. Congress has not taken any steps to stop the NSA wiretapping program, though the Administration’s about-face in January 2007 made such measures less urgent. When it comes to the principle of freedom, Congress became a full partner with the Administration, passing legislation to deny aliens deemed “illegal enemy combatants” access to the protection
of the writ of habeas corpus and authorizing their trial by military commissions.
The Supreme Court’s performance has been no better. Its decisions have caught the headlines because they rebuffed the Administration, but they are hardly victories for the Constitution. In one case, the Court ruled that that an American citizen (Yasser Hamdi) held as an illegal enemy combatant in the South Carolina naval brig was entitled to the assistance of counsel and an evidentiary hearing regarding his claim that he had not taken up arms against the United States. This ruling was based on due process, yet it left the prisoner to carry most of the evidentiary burden and four Justices expressed their view that a military tribunal offered a sufficient forum for the prisoner to press his claim for freedom. In other cases, the Court’s performance has even been more timid. When Jose Padilla challenged his detention, the Supreme Court refused to rule on the merits and instead held that he had initially filed his habeas petitionin the wrong court. Even more significantly, the Court has
refused, at least so far, to address a ruling that the Court of Appeals in Washington, D.C., first advanced in 2003 and reaffirmed this February, that aliens held at Guantánamo do not have any constitutional rights that can be vindicated by the writ of habeas corpus. On April 2, 2007, the Supreme Court denied a writ of certiorari seeking review of this judgment. In so doing, the Court allowed the program of the elected branches to run its course, but it failed, yet again, in its duty to safeguard the Constitution and the values it embodies.
sábado, 12 de enero de 2008
Balance de Libertad de Expresion en el Mundo segun IFEX
PRIMER PLANO DE LIBRE EXPRESIÓN
IFEX
EL AÑO 2007 FUE UNO DE LOS MAS MORTÍFEROS REGISTRADOS, ENCUENTRAN
MIEMBROS DE IFEX
Un día antes de Navidad, el locutor Fernando Lintuan fue baleado por dos hombres en Davao, Filipinas, unos momentos después de terminar su programa matutino en la radio local, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR). Según el gerente de la estación de Lintuan, el asesinato "definitivamente tuvo relación con el trabajo": Lintuan había criticado recientemente un nuevo y costoso parque presentado por el alcalde y con frecuencia informaba de actividades de tala ilegal en la zona.
Con la muerte del presentador de radio filipino termina uno de los años más mortíferos para los periodistas que se hayan registrado, informan varios miembros de IFEX en sus informes de fin de año.
Según su análisis de fin de año, el CPJ registró 65 periodistas muertos en relación directa con su trabajo en 2007, la cifra de muertes más alta en más de un decenio. Los números del año pasado sólo van a la zaga de los de 1994, cuando 66 periodistas fueron muertos en conflictos en Argelia, Bosnia y Rwanda. El CPJ está investigando las muertes de otros 23 periodistas en 2007 para determinar si se estuvieron relacionadas con el trabajo.
- CPJ: http://www.cpj.org/Briefings/2007/killed_07/killed.html
Reporteros sin Fronteras (RSF) contó al menos 86 periodistas muertos en el cumplimiento de su labor: un aumento de 244 por ciento en cinco años. Y al menos dos fueron arrestados en promedio cada día y más de 2,600 sitios web fueron bloqueados, dice RSF. Por desgracia, cerca de nueve de cada diez asesinos de periodistas quedan impunes. Pero dos casos clave en 2008 pueden alterar la tendencia de impunidad, dice RSF: los juicios de los supuestos asesinos de Hrant Dink en Turquía y Anna Politkovskaya en Rusia.
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24909
Mientras tanto, Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (CJFE) dice en su revisión anual que para mediados de diciembre "una aterradora cifra de 102 periodistas habían escrito sus últimas palabras y difundido sus últimos informes". CJFE dice que el único destello de esperanza era que los medios no dejaran de hacer su trabajo. Un buen ejemplo: la imagen del periodista japonés Kenji Nagai mientras agonizaba en una calle en Rangún, Birmania, cámara en mano, tras ser baleado a quemarropa durante las manifestaciones de septiembre.
- CJFE: http://tinyurl.com/2zf97g
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que compila cifras en colaboración con el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI), dice que 171 periodistas y trabajadores de los medios fueron muertos el año pasado. La FIP incluye a todos los periodistas muertos debido a su trabajo así como a los muertos en accidentes mientras se encontraban cumpliendo una misión o se dirigían o volvían de cubrir una noticia. Abdulkadir Ali Hosh, editor en línea de AllDarwish.com en Somalia, fue incluido en la lista el 24 de diciembre. Fue muerto en un accidente de automóvil cerca de Garowe, la capital de Puntlandia, Somalia, mientras se dirigía a cubrir una noticia.
- FIP: http://www.ifj.org/default.asp?Index=5638&Language=EN
- INSI: http://tinyurl.com/269zn9
A pesar de la variación en las cifras, todas están de acuerdo en que en 2007, la violencia contra periodistas alcanzó niveles extremos.
Una vez más, Irak fue el país más peligroso del mundo para la prensa. Al menos 31 periodistas - excepto uno, todos iraquíes - fueron muertos por hacer su trabajo, dicen miembros de IFEX, y representan cerca de la mitad de la cifra de muertes de 2007. Muchos de ellos fueron atacados; no fueron víctimas del fuego cruzado.
Como Ali Shafeya al-Moussawi, un corresponsal del premiado sitio web de noticias Alive in Baghdad, quien fue encontrado asesinado en su casa en Bagdad con 31 orificios de bala en la cabeza y pecho el 14 de diciembre. Según RSF, el ejército iraquí había practicado una redada su calle.
El CPJ informa que desde la invasión encabezada por Estados Unidos a Irak en marzo de 2003, cerca de 175 periodistas y trabajadores de los medios han sido muertos, lo que hace de éste el conflicto más mortífero para la prensa en la historia reciente. RSF ubica el número más de 200.
Los siguientes tres países más mortíferos para los medios fueron Somalia con al menos siete periodistas muertos por hacer su trabajo, y Sri Lanka y Pakistán, ambos con al menos cinco muertos. Según CJFE, los tres países comparten un rasgo en común: "Gobiernos inestables con propósitos contra la libre expresión que buscan aplastar el disenso. En esos países, los
periodistas son retratados como 'alborotadores' que actúan contra el interés nacional".
En un terrible caso en Pakistán, tres miembros de una familia fueron muertos en tres ataques separados, informa CJFE. El cuerpo de Hayat Ullah Khan fue encontrado lleno de balas en junio de 2006. Su hermano de 11 años fue muerto varios meses después. Luego, en noviembre pasado, la esposa de Khan, Mehr-un-Nisa, fue muerta por una bomba plantada cerca de su casa. Se cree que los asesinatos son un intento de evitar que la familia denuncie a
los asesinos de Khan.
Los miembros informan, sin embargo, de una buena noticia: por primera vez en quince años, no hubo periodistas asesinados en Colombia debido a su trabajo.
Por desgracia, la lista de periodistas muertos en 2008 ya cuenta con un nombre.
PROBIDAD informa que el Año Nuevo, dos hombres entraron en la estación Radio Mega en Santa Bárbara, Honduras, y balearon repetidamente al propietario de la estación, José Fernando Gonzáles, y lo mataron en el acto. La policía dice que Gonzáles puede haber sido muerto por hacer su trabajo: había estado ampliando sus empresas de medios en la región.
Pero el futuro no tiene que ser tan sombrío. INSI señala algunos hechos alentadores en 2007 que podrían marcar un punto de viraje: más consciencia de la grave situación de la libertad de prensa; varios países del Norte que prometen mejorar la seguridad para periodistas que cubren los conflictos; organismos internacionales que prometen combatir la impunidad para los que atacan a reporteros; la ONU respaldando las maniobras para mejorar la seguridad de periodistas; y las organizaciones de noticias proporcionado capacitación en seguridad profesional y equipo de protección moderno.
Lea más acerca de las recientes muertes de periodistas:
- CMFR sobre Lintuan (Filipinas): http://tinyurl.com/28rvuy
- INSI sobre Hosh (Somalia): http://tinyurl.com/ysj9nj
- RSF sobre al-Moussawi (Irak): http://tinyurl.com/yvtngv
- PROBIDAD sobre Gonzáles (Honduras): http://tinyurl.com/2g4mmy
Vea también las siguientes alertas de IFEX para leer análisis de fin de año de un país o región en particular:
- CHINA: Más de 180 periodistas extranjeros acosados en 2007, dice RSF
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89375/
- PARAGUAY: Un periodista asesinado, pero la lucha para democratizar los
medios continuó en 2007, dice la SPP http://www.ifex.org/en/content/view/full/89362/
- PERÚ: Informe de IPYS muestra un periodista asesinado, más de 100 violaciones a la prensa en 2007
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89364/
- SOMALIA: Situación de prensa se deterioró drásticamente, dice informe anual del NUSOJ
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89370/
- SURESTE ASIÁTICO: Libertad de prensa y libre expresión declinan en 2007, dice informe de SEAPA
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89348/
IFEX
EL AÑO 2007 FUE UNO DE LOS MAS MORTÍFEROS REGISTRADOS, ENCUENTRAN
MIEMBROS DE IFEX
Un día antes de Navidad, el locutor Fernando Lintuan fue baleado por dos hombres en Davao, Filipinas, unos momentos después de terminar su programa matutino en la radio local, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR). Según el gerente de la estación de Lintuan, el asesinato "definitivamente tuvo relación con el trabajo": Lintuan había criticado recientemente un nuevo y costoso parque presentado por el alcalde y con frecuencia informaba de actividades de tala ilegal en la zona.
Con la muerte del presentador de radio filipino termina uno de los años más mortíferos para los periodistas que se hayan registrado, informan varios miembros de IFEX en sus informes de fin de año.
Según su análisis de fin de año, el CPJ registró 65 periodistas muertos en relación directa con su trabajo en 2007, la cifra de muertes más alta en más de un decenio. Los números del año pasado sólo van a la zaga de los de 1994, cuando 66 periodistas fueron muertos en conflictos en Argelia, Bosnia y Rwanda. El CPJ está investigando las muertes de otros 23 periodistas en 2007 para determinar si se estuvieron relacionadas con el trabajo.
- CPJ: http://www.cpj.org/Briefings/2007/killed_07/killed.html
Reporteros sin Fronteras (RSF) contó al menos 86 periodistas muertos en el cumplimiento de su labor: un aumento de 244 por ciento en cinco años. Y al menos dos fueron arrestados en promedio cada día y más de 2,600 sitios web fueron bloqueados, dice RSF. Por desgracia, cerca de nueve de cada diez asesinos de periodistas quedan impunes. Pero dos casos clave en 2008 pueden alterar la tendencia de impunidad, dice RSF: los juicios de los supuestos asesinos de Hrant Dink en Turquía y Anna Politkovskaya en Rusia.
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24909
Mientras tanto, Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (CJFE) dice en su revisión anual que para mediados de diciembre "una aterradora cifra de 102 periodistas habían escrito sus últimas palabras y difundido sus últimos informes". CJFE dice que el único destello de esperanza era que los medios no dejaran de hacer su trabajo. Un buen ejemplo: la imagen del periodista japonés Kenji Nagai mientras agonizaba en una calle en Rangún, Birmania, cámara en mano, tras ser baleado a quemarropa durante las manifestaciones de septiembre.
- CJFE: http://tinyurl.com/2zf97g
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que compila cifras en colaboración con el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI), dice que 171 periodistas y trabajadores de los medios fueron muertos el año pasado. La FIP incluye a todos los periodistas muertos debido a su trabajo así como a los muertos en accidentes mientras se encontraban cumpliendo una misión o se dirigían o volvían de cubrir una noticia. Abdulkadir Ali Hosh, editor en línea de AllDarwish.com en Somalia, fue incluido en la lista el 24 de diciembre. Fue muerto en un accidente de automóvil cerca de Garowe, la capital de Puntlandia, Somalia, mientras se dirigía a cubrir una noticia.
- FIP: http://www.ifj.org/default.asp?Index=5638&Language=EN
- INSI: http://tinyurl.com/269zn9
A pesar de la variación en las cifras, todas están de acuerdo en que en 2007, la violencia contra periodistas alcanzó niveles extremos.
Una vez más, Irak fue el país más peligroso del mundo para la prensa. Al menos 31 periodistas - excepto uno, todos iraquíes - fueron muertos por hacer su trabajo, dicen miembros de IFEX, y representan cerca de la mitad de la cifra de muertes de 2007. Muchos de ellos fueron atacados; no fueron víctimas del fuego cruzado.
Como Ali Shafeya al-Moussawi, un corresponsal del premiado sitio web de noticias Alive in Baghdad, quien fue encontrado asesinado en su casa en Bagdad con 31 orificios de bala en la cabeza y pecho el 14 de diciembre. Según RSF, el ejército iraquí había practicado una redada su calle.
El CPJ informa que desde la invasión encabezada por Estados Unidos a Irak en marzo de 2003, cerca de 175 periodistas y trabajadores de los medios han sido muertos, lo que hace de éste el conflicto más mortífero para la prensa en la historia reciente. RSF ubica el número más de 200.
Los siguientes tres países más mortíferos para los medios fueron Somalia con al menos siete periodistas muertos por hacer su trabajo, y Sri Lanka y Pakistán, ambos con al menos cinco muertos. Según CJFE, los tres países comparten un rasgo en común: "Gobiernos inestables con propósitos contra la libre expresión que buscan aplastar el disenso. En esos países, los
periodistas son retratados como 'alborotadores' que actúan contra el interés nacional".
En un terrible caso en Pakistán, tres miembros de una familia fueron muertos en tres ataques separados, informa CJFE. El cuerpo de Hayat Ullah Khan fue encontrado lleno de balas en junio de 2006. Su hermano de 11 años fue muerto varios meses después. Luego, en noviembre pasado, la esposa de Khan, Mehr-un-Nisa, fue muerta por una bomba plantada cerca de su casa. Se cree que los asesinatos son un intento de evitar que la familia denuncie a
los asesinos de Khan.
Los miembros informan, sin embargo, de una buena noticia: por primera vez en quince años, no hubo periodistas asesinados en Colombia debido a su trabajo.
Por desgracia, la lista de periodistas muertos en 2008 ya cuenta con un nombre.
PROBIDAD informa que el Año Nuevo, dos hombres entraron en la estación Radio Mega en Santa Bárbara, Honduras, y balearon repetidamente al propietario de la estación, José Fernando Gonzáles, y lo mataron en el acto. La policía dice que Gonzáles puede haber sido muerto por hacer su trabajo: había estado ampliando sus empresas de medios en la región.
Pero el futuro no tiene que ser tan sombrío. INSI señala algunos hechos alentadores en 2007 que podrían marcar un punto de viraje: más consciencia de la grave situación de la libertad de prensa; varios países del Norte que prometen mejorar la seguridad para periodistas que cubren los conflictos; organismos internacionales que prometen combatir la impunidad para los que atacan a reporteros; la ONU respaldando las maniobras para mejorar la seguridad de periodistas; y las organizaciones de noticias proporcionado capacitación en seguridad profesional y equipo de protección moderno.
Lea más acerca de las recientes muertes de periodistas:
- CMFR sobre Lintuan (Filipinas): http://tinyurl.com/28rvuy
- INSI sobre Hosh (Somalia): http://tinyurl.com/ysj9nj
- RSF sobre al-Moussawi (Irak): http://tinyurl.com/yvtngv
- PROBIDAD sobre Gonzáles (Honduras): http://tinyurl.com/2g4mmy
Vea también las siguientes alertas de IFEX para leer análisis de fin de año de un país o región en particular:
- CHINA: Más de 180 periodistas extranjeros acosados en 2007, dice RSF
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89375/
- PARAGUAY: Un periodista asesinado, pero la lucha para democratizar los
medios continuó en 2007, dice la SPP http://www.ifex.org/en/content/view/full/89362/
- PERÚ: Informe de IPYS muestra un periodista asesinado, más de 100 violaciones a la prensa en 2007
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89364/
- SOMALIA: Situación de prensa se deterioró drásticamente, dice informe anual del NUSOJ
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89370/
- SURESTE ASIÁTICO: Libertad de prensa y libre expresión declinan en 2007, dice informe de SEAPA
http://www.ifex.org/en/content/view/full/89348/
viernes, 11 de enero de 2008
Libertad de Expresion en Africa
Around Africa
December 2007
Unusually high numbers of journalists have been killed worldwide in 2007, as shown in an analysis conducted by the Committee to Protect Journalists which states that the number has increased from 56 in 2006 to 65 (86 unconfirmed deaths). Alarmingly the confirmed death toll in Africa has increased from 2 to 10, of which 7 have occurred in Somalia.
2007 Backsliders
Reports from the past year have shown a grave deterioration in press freedom in Somalia, a country whose fragile state has seen it declared the most dangerous country for journalists in Africa and ranked the second most dangerous worldwide. Journalists are frequently subjected to harassment, attacks, and censorship resulting in significant numbers fleeing to neighbouring countries. Media institutions are also regularly threatened with closure and confiscation of equipment by government authorities.
In further news on Somalia in December 2007, the Transitional Federal Parliament has approved a new National Media Law. ARTICLE 19’s critique of the law before it was passed is available here: http://www.article19.org/pdfs/analysis/somalia-notes-on-draft-media-law.pdf. Also this month, ARTICLE 19, together with the National Union of Somali Journalists, UN Somalia, Amnesty international and the East & Horn of Africa Human Rights Defenders Network displayed solidarity with Somali journalists at an event celebrating Human Rights Day on 10 December 2007.
ARTICLE 19 in December 2007
Following on from the 10 December Human Rights Day celebrations, ARTICLE 19 facilitated a ten day training course in Nairobi, Kenya, for 40 exiled Somali Journalists, in coordination with the UN Human Rights Advisor for Somalia. The training transferred skills on media ethics and self-regulation, conflict reporting and gender equity in the media. We plan to continue these activities in the New Year.
ARTICLE 19 also assisted in the renewal of a joint declaration which was first signed by the four special mandates; the Special Rapporteurs on Freedom of Expression for the OSCE, UN, OAS and ACHPR in 1999 and has been renewed every year since its initiation. In addition to this declaration the ACHPR Special Rapporteur upholds the Declaration of Principles for Freedom of Expression in Africa; this outlines the fundamental free expression rights of the individual and the rights and standards for the media.
The ARTICLE 19 sponsored documentary ‘Silence is Golden’ had its London launch on 3 December 2007. The documentary, directed by former ARTICLE 19 employee, Alexandra Sicotte-Levesque, exposed the opaque practices of the mining industry in Ghana and their affect on the poverty stricken and silenced mining communities. The trailer for the documentary, in which ARTICLE 19 calls for greater transparency by extractive industries, can be found here: http://www.youtube.com/watch?v=ewSuZTZOunQ
December also saw ARTICLE 19 with our partner International Commission of Jurists – Kenya, publish a guidebook for the media on elections coverage. The guidebook can be accessed here: http://www.article19.org/pdfs/tools/kenya-elections.pdf
The Kenyan Presidential and legislative elections were held on 27th December 2007. the outbreak of violence and chaos that has ensued since the controversial re-election of Mwai Kibaki as President has also impacted on the media with an order issued on 30 December, banning live broadcasts – effectively imposing a media blackout. The situation in Kenya remains tense, with deadly clashes being reported in Nairobi and several provincial cities. Local journalists have reported that news is now circulating mainly by means of SMS messages.
Intolerance and Defamation
Zambian authorities have banned a radio station from broadcasting a live phone-in show for allegedly “becoming a platform for confrontation, controversies and a channel of insults and misinformation”; MISA Zambia have called the decision an “assault on media freedom and freedom of expression, and contrary to democratic reforms”.
In Egypt, 6 lawsuits for insult and defamation were brought before the Court on 10 December against journalist Wael El Ibrashi, chief editor of Sawt El-Omma, an independent newspaper. El Ibrashi is used to facing trial as a result of the candid content of the newspaper, which is considered a free platform for fighting corruption in Egypt. In an earlier case, El Ibrashi, among other chief editors, was sentenced to a one year imprisonment term in a lawsuit that will be brought to the El Agouza Appeal Court on 26 January. Further cases of defamation have arisen in Chad,
To learn more about defamation globally follow this link for a global defamation tool launched by ARTICLE 19 in December 2007: http://www.article19.org/advocacy/defamationmap/map/
Meanwhile in the Gambia two newspapers and two radio stations remain forcibly and arbitrary closed. The Gambia’s press freedom record remains a concern to ARTICLE 19, the journalist Chief Ebrima Manneh is still imprisoned and there has been little progress towards justice for the death of journalist Deyda Hydara despite renewed calls for an investigation by freedom of expression NGOs in December. Further cases of intolerance of the media have arisen in the Congo, Sudan, Liberia, and Morocco among others.
Media Improvements 2007
The outlook for Africa is, however, not so bleak; ARTICLE 19 partner, Media Foundation for West Africa, has reported overall improvements in the West African region for press freedom with a decline in incidents of press freedom violations in 2007. In the Horn of Africa, Ethiopia’s first private commercial radio station, Sherger Radio, is launched and running. Addis Neger, a private weekly, was also launched in Ethiopia – demonstrating greater awareness and concern for freedom of expression in the country, in what is the first independent political publication for two years.
Around Africa is compiled of news alerts from various sources.
December 2007
Unusually high numbers of journalists have been killed worldwide in 2007, as shown in an analysis conducted by the Committee to Protect Journalists which states that the number has increased from 56 in 2006 to 65 (86 unconfirmed deaths). Alarmingly the confirmed death toll in Africa has increased from 2 to 10, of which 7 have occurred in Somalia.
2007 Backsliders
Reports from the past year have shown a grave deterioration in press freedom in Somalia, a country whose fragile state has seen it declared the most dangerous country for journalists in Africa and ranked the second most dangerous worldwide. Journalists are frequently subjected to harassment, attacks, and censorship resulting in significant numbers fleeing to neighbouring countries. Media institutions are also regularly threatened with closure and confiscation of equipment by government authorities.
In further news on Somalia in December 2007, the Transitional Federal Parliament has approved a new National Media Law. ARTICLE 19’s critique of the law before it was passed is available here: http://www.article19.org/pdfs/analysis/somalia-notes-on-draft-media-law.pdf. Also this month, ARTICLE 19, together with the National Union of Somali Journalists, UN Somalia, Amnesty international and the East & Horn of Africa Human Rights Defenders Network displayed solidarity with Somali journalists at an event celebrating Human Rights Day on 10 December 2007.
ARTICLE 19 in December 2007
Following on from the 10 December Human Rights Day celebrations, ARTICLE 19 facilitated a ten day training course in Nairobi, Kenya, for 40 exiled Somali Journalists, in coordination with the UN Human Rights Advisor for Somalia. The training transferred skills on media ethics and self-regulation, conflict reporting and gender equity in the media. We plan to continue these activities in the New Year.
ARTICLE 19 also assisted in the renewal of a joint declaration which was first signed by the four special mandates; the Special Rapporteurs on Freedom of Expression for the OSCE, UN, OAS and ACHPR in 1999 and has been renewed every year since its initiation. In addition to this declaration the ACHPR Special Rapporteur upholds the Declaration of Principles for Freedom of Expression in Africa; this outlines the fundamental free expression rights of the individual and the rights and standards for the media.
The ARTICLE 19 sponsored documentary ‘Silence is Golden’ had its London launch on 3 December 2007. The documentary, directed by former ARTICLE 19 employee, Alexandra Sicotte-Levesque, exposed the opaque practices of the mining industry in Ghana and their affect on the poverty stricken and silenced mining communities. The trailer for the documentary, in which ARTICLE 19 calls for greater transparency by extractive industries, can be found here: http://www.youtube.com/watch?v=ewSuZTZOunQ
December also saw ARTICLE 19 with our partner International Commission of Jurists – Kenya, publish a guidebook for the media on elections coverage. The guidebook can be accessed here: http://www.article19.org/pdfs/tools/kenya-elections.pdf
The Kenyan Presidential and legislative elections were held on 27th December 2007. the outbreak of violence and chaos that has ensued since the controversial re-election of Mwai Kibaki as President has also impacted on the media with an order issued on 30 December, banning live broadcasts – effectively imposing a media blackout. The situation in Kenya remains tense, with deadly clashes being reported in Nairobi and several provincial cities. Local journalists have reported that news is now circulating mainly by means of SMS messages.
Intolerance and Defamation
Zambian authorities have banned a radio station from broadcasting a live phone-in show for allegedly “becoming a platform for confrontation, controversies and a channel of insults and misinformation”; MISA Zambia have called the decision an “assault on media freedom and freedom of expression, and contrary to democratic reforms”.
In Egypt, 6 lawsuits for insult and defamation were brought before the Court on 10 December against journalist Wael El Ibrashi, chief editor of Sawt El-Omma, an independent newspaper. El Ibrashi is used to facing trial as a result of the candid content of the newspaper, which is considered a free platform for fighting corruption in Egypt. In an earlier case, El Ibrashi, among other chief editors, was sentenced to a one year imprisonment term in a lawsuit that will be brought to the El Agouza Appeal Court on 26 January. Further cases of defamation have arisen in Chad,
To learn more about defamation globally follow this link for a global defamation tool launched by ARTICLE 19 in December 2007: http://www.article19.org/advocacy/defamationmap/map/
Meanwhile in the Gambia two newspapers and two radio stations remain forcibly and arbitrary closed. The Gambia’s press freedom record remains a concern to ARTICLE 19, the journalist Chief Ebrima Manneh is still imprisoned and there has been little progress towards justice for the death of journalist Deyda Hydara despite renewed calls for an investigation by freedom of expression NGOs in December. Further cases of intolerance of the media have arisen in the Congo, Sudan, Liberia, and Morocco among others.
Media Improvements 2007
The outlook for Africa is, however, not so bleak; ARTICLE 19 partner, Media Foundation for West Africa, has reported overall improvements in the West African region for press freedom with a decline in incidents of press freedom violations in 2007. In the Horn of Africa, Ethiopia’s first private commercial radio station, Sherger Radio, is launched and running. Addis Neger, a private weekly, was also launched in Ethiopia – demonstrating greater awareness and concern for freedom of expression in the country, in what is the first independent political publication for two years.
Around Africa is compiled of news alerts from various sources.
martes, 8 de enero de 2008
Fish y Kronman: Humanidades y Ciudadania
Will the Humanities Save Us?
By Stanley Fish
The New York Times
January 6, 2008, 5:31 pm
In the final paragraph of my last column, I observed that the report of the New York State Commission on Higher Education slights – indeed barely mentions – the arts and humanities, despite the wide-ranging scope of its proposals. Those who posted comments agreed with David Small that “the arts and the humanities are always the last to receive any assistance.”
There were, however, different explanations of this unhappy fact. Sean Pidgeon put the blame on “humanities departments who are responsible for the leftist politics that still turn people off.” Kedar Kulkarni blamed “the absence of a culture that privileges Learning to improve oneself as a human being.” Bethany blamed universities, which because they are obsessed with “maintaining funding” default on the obligation to produce “well rounded citizens.” Matthew blamed no one, because in his view the report’s priorities are just what they should be: “When a poet creates a vaccine or a tangible good that can be produced by a Fortune 500 company, I’ll rescind my comment.”
Although none of these commentators uses the word, the issue they implicitly raise is justification. How does one justify funding the arts and humanities? It is clear which justifications are not available. You can’t argue that the arts and humanities are able to support themselves through grants and private donations. You can’t argue that a state’s economy will
benefit by a new reading of “Hamlet.” You can’t argue – well you can, but it won’t fly – that a graduate who is well-versed in the history of Byzantine art will be attractive to employers (unless the employer is a museum). You can talk as Bethany does about “well rounded citizens,” but that ideal belongs to an earlier period, when the ability to refer knowledgeably to
Shakespeare or Gibbon or the Thirty Years War had some cash value (the sociologists call it cultural capital). Nowadays, larding your conversations with small bits of erudition is more likely to irritate than to win friends and influence people.
At one time justification of the arts and humanities was unnecessary because, as Anthony Kronman puts it in a new book, “Education’s End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the Meaning of Life,” it was assumed that “a college was above all a place for the training of character, for the nurturing of those intellectual and moral habits that together from
the basis for living the best life one can.” It followed that the realization of this goal required an immersion in the great texts of literature, philosophy and history even to the extent of memorizing them, for “to acquire a text by memory is to fix in one’s mind the image and example of the author and his subject.”
It is to a version of this old ideal that Kronman would have us return, not because of a professional investment in the humanities (he is a professor of law and a former dean of the Yale Law School), but because he believes that only the humanities can address “the crisis of spirit we now confront” and “restore the wonder which those who have glimpsed the human condition have always felt, and which our scientific civilization, with its gadgets and discoveries, obscures.”
As this last quotation makes clear, Kronman is not so much mounting a defense of the humanities as he is mounting an attack on everything else. Other spokespersons for the humanities argue for their utility by connecting them (in largely unconvincing ways) to the goals of science, technology and the building of careers. Kronman, however, identifies science, technology and careerism as impediments to living a life with meaning. The real enemies, he declares, are “the careerism that distracts from life as a whole” and “the blind acceptance of science and technology that disguise and deny our human condition.” These false idols, he says, block the way to understanding. We must turn to the humanities if we are to “meet the need for meaning in an age of vast but pointless powers,” for only the humanities can help us recover the urgency of “the question of what living is for.”
The humanities do this, Kronman explains, by exposing students to “a range of texts that express with matchless power a number of competing answers to this question.” In the course of this program – Kronman calls it “secular humanism” – students will be moved “to consider which alternatives lie closest to their own evolving sense of self.” As they survey “the different ways of living that have been held up by different authors,” they will be encouraged “to enter as deeply as they can into the experiences, ideas, and values that give each its permanent appeal.” And not only would such a “revitalized humanism” contribute to the growth of the self, it “would put the conventional pieties of our moral and political world in question” and “bring what is hidden into the open – the highest goal of the humanities and the first responsibility of every teacher.”
Here then is a justification of the humanities that is neither strained (reading poetry contributes to the state’s bottom line) nor crassly careerist. It is a stirring vision that promises the highest reward to those who respond to it. Entering into a conversation with the great authors of the western tradition holds out the prospect of experiencing “a kind of immortality” and achieving “a position immune to the corrupting powers of time.”
Sounds great, but I have my doubts. Does it really work that way? Do the humanities ennoble? And for that matter, is it the business of the humanities, or of any other area of academic study, to save us?
The answer in both cases, I think, is no. The premise of secular humanism (or of just old-fashioned humanism) is that the examples of action and thought portrayed in the enduring works of literature, philosophy and history can create in readers the desire to emulate them. Philip Sydney put it as well as anyone ever has when he asks (in “The Defense of Poesy,”
1595), “Who reads Aeneas carrying old Anchises on his back that wishes not it was his fortune to perform such an excellent act?” Thrill to this picture of filial piety in the Aeneid and you will yourself become devoted to your father. Admire the selfless act with which Sidney Carton ends his life in “A Tale of Two Cities” and you will be moved to prefer the happiness of others
to your own. Watch with horror what happens to Faust and you will be less likely to sell your soul. Understand Kant’s categorical imperative and you will not impose restrictions on others that you would resist if they were imposed on you.
It’s a pretty idea, but there is no evidence to support it and a lot of evidence against it. If it were true, the most generous, patient, good-hearted and honest people on earth would be the members of literature and philosophy departments, who spend every waking hour with great books and great thoughts, and as someone who’s been there (for 45 years) I can tell
you it just isn’t so. Teachers and students of literature and philosophy don’t learn how to be good and wise; they learn how to analyze literary effects and to distinguish between different accounts of the foundations of knowledge. The texts Kronman recommends are, as he says, concerned with the meaning of life; those who study them, however, come away not with a life
made newly meaningful, but with a disciplinary knowledge newly enlarged.
And that, I believe, is how it should be. Teachers of literature and philosophy are competent in a subject, not in a ministry. It is not the business of the humanities to save us, no more than it is their business to bring revenue to a state or a university. What then do they do? They don’t do anything, if by “do” is meant bring about effects in the world. And if they don’t bring about effects in the world they cannot be justified except in relation to the pleasure they give to those who enjoy them.
To the question “of what use are the humanities?”, the only honest answer is none whatsoever. And it is an answer that brings honor to its subject. Justification, after all, confers value on an activity from a perspective outside its performance. An activity that cannot be justified is an activity that refuses to regard itself as instrumental to some larger good. The humanities are their own good. There is nothing more to say, and anything that is said – even when it takes the form of Kronman’s inspiring cadences – diminishes the object of its supposed praise.
By Stanley Fish
The New York Times
January 6, 2008, 5:31 pm
In the final paragraph of my last column, I observed that the report of the New York State Commission on Higher Education slights – indeed barely mentions – the arts and humanities, despite the wide-ranging scope of its proposals. Those who posted comments agreed with David Small that “the arts and the humanities are always the last to receive any assistance.”
There were, however, different explanations of this unhappy fact. Sean Pidgeon put the blame on “humanities departments who are responsible for the leftist politics that still turn people off.” Kedar Kulkarni blamed “the absence of a culture that privileges Learning to improve oneself as a human being.” Bethany blamed universities, which because they are obsessed with “maintaining funding” default on the obligation to produce “well rounded citizens.” Matthew blamed no one, because in his view the report’s priorities are just what they should be: “When a poet creates a vaccine or a tangible good that can be produced by a Fortune 500 company, I’ll rescind my comment.”
Although none of these commentators uses the word, the issue they implicitly raise is justification. How does one justify funding the arts and humanities? It is clear which justifications are not available. You can’t argue that the arts and humanities are able to support themselves through grants and private donations. You can’t argue that a state’s economy will
benefit by a new reading of “Hamlet.” You can’t argue – well you can, but it won’t fly – that a graduate who is well-versed in the history of Byzantine art will be attractive to employers (unless the employer is a museum). You can talk as Bethany does about “well rounded citizens,” but that ideal belongs to an earlier period, when the ability to refer knowledgeably to
Shakespeare or Gibbon or the Thirty Years War had some cash value (the sociologists call it cultural capital). Nowadays, larding your conversations with small bits of erudition is more likely to irritate than to win friends and influence people.
At one time justification of the arts and humanities was unnecessary because, as Anthony Kronman puts it in a new book, “Education’s End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the Meaning of Life,” it was assumed that “a college was above all a place for the training of character, for the nurturing of those intellectual and moral habits that together from
the basis for living the best life one can.” It followed that the realization of this goal required an immersion in the great texts of literature, philosophy and history even to the extent of memorizing them, for “to acquire a text by memory is to fix in one’s mind the image and example of the author and his subject.”
It is to a version of this old ideal that Kronman would have us return, not because of a professional investment in the humanities (he is a professor of law and a former dean of the Yale Law School), but because he believes that only the humanities can address “the crisis of spirit we now confront” and “restore the wonder which those who have glimpsed the human condition have always felt, and which our scientific civilization, with its gadgets and discoveries, obscures.”
As this last quotation makes clear, Kronman is not so much mounting a defense of the humanities as he is mounting an attack on everything else. Other spokespersons for the humanities argue for their utility by connecting them (in largely unconvincing ways) to the goals of science, technology and the building of careers. Kronman, however, identifies science, technology and careerism as impediments to living a life with meaning. The real enemies, he declares, are “the careerism that distracts from life as a whole” and “the blind acceptance of science and technology that disguise and deny our human condition.” These false idols, he says, block the way to understanding. We must turn to the humanities if we are to “meet the need for meaning in an age of vast but pointless powers,” for only the humanities can help us recover the urgency of “the question of what living is for.”
The humanities do this, Kronman explains, by exposing students to “a range of texts that express with matchless power a number of competing answers to this question.” In the course of this program – Kronman calls it “secular humanism” – students will be moved “to consider which alternatives lie closest to their own evolving sense of self.” As they survey “the different ways of living that have been held up by different authors,” they will be encouraged “to enter as deeply as they can into the experiences, ideas, and values that give each its permanent appeal.” And not only would such a “revitalized humanism” contribute to the growth of the self, it “would put the conventional pieties of our moral and political world in question” and “bring what is hidden into the open – the highest goal of the humanities and the first responsibility of every teacher.”
Here then is a justification of the humanities that is neither strained (reading poetry contributes to the state’s bottom line) nor crassly careerist. It is a stirring vision that promises the highest reward to those who respond to it. Entering into a conversation with the great authors of the western tradition holds out the prospect of experiencing “a kind of immortality” and achieving “a position immune to the corrupting powers of time.”
Sounds great, but I have my doubts. Does it really work that way? Do the humanities ennoble? And for that matter, is it the business of the humanities, or of any other area of academic study, to save us?
The answer in both cases, I think, is no. The premise of secular humanism (or of just old-fashioned humanism) is that the examples of action and thought portrayed in the enduring works of literature, philosophy and history can create in readers the desire to emulate them. Philip Sydney put it as well as anyone ever has when he asks (in “The Defense of Poesy,”
1595), “Who reads Aeneas carrying old Anchises on his back that wishes not it was his fortune to perform such an excellent act?” Thrill to this picture of filial piety in the Aeneid and you will yourself become devoted to your father. Admire the selfless act with which Sidney Carton ends his life in “A Tale of Two Cities” and you will be moved to prefer the happiness of others
to your own. Watch with horror what happens to Faust and you will be less likely to sell your soul. Understand Kant’s categorical imperative and you will not impose restrictions on others that you would resist if they were imposed on you.
It’s a pretty idea, but there is no evidence to support it and a lot of evidence against it. If it were true, the most generous, patient, good-hearted and honest people on earth would be the members of literature and philosophy departments, who spend every waking hour with great books and great thoughts, and as someone who’s been there (for 45 years) I can tell
you it just isn’t so. Teachers and students of literature and philosophy don’t learn how to be good and wise; they learn how to analyze literary effects and to distinguish between different accounts of the foundations of knowledge. The texts Kronman recommends are, as he says, concerned with the meaning of life; those who study them, however, come away not with a life
made newly meaningful, but with a disciplinary knowledge newly enlarged.
And that, I believe, is how it should be. Teachers of literature and philosophy are competent in a subject, not in a ministry. It is not the business of the humanities to save us, no more than it is their business to bring revenue to a state or a university. What then do they do? They don’t do anything, if by “do” is meant bring about effects in the world. And if they don’t bring about effects in the world they cannot be justified except in relation to the pleasure they give to those who enjoy them.
To the question “of what use are the humanities?”, the only honest answer is none whatsoever. And it is an answer that brings honor to its subject. Justification, after all, confers value on an activity from a perspective outside its performance. An activity that cannot be justified is an activity that refuses to regard itself as instrumental to some larger good. The humanities are their own good. There is nothing more to say, and anything that is said – even when it takes the form of Kronman’s inspiring cadences – diminishes the object of its supposed praise.
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