sábado, 29 de agosto de 2009

El Día de los Abogados: Entre Alberdi y Nino



Siempre me han atraido las concidencias. Ellas ejercen sobre mi una fascinación casi mística. Por eso me atrae la obra de Paul Auster, muchas de cuyas novelas giran o explotan el tema de las casualidades... En su novela El libro de las ilusiones, Auster nos dice a través de uno de sus personajes: "Yo me considero un realista en el sentido más estricto de la palabra. El azar es parte de la realidad; continuamente nos vemos transformados por las fuerzas de la coincidencia"...

Un día como hoy, en 1810, nacía Juan Bautista Alberdi. En su honor se celebra en nuestro país el día del abogado y de la abogada. A pesar de los llamados de los amigos, que siempre reconfortan, este día tiene para mí un sabor un tanto amargo, pues también un 29 de agosto, pero de 1993, nos dejaba físicamente, a los 49 años, mientras trataba de contribuir al proceso constituyente boliviano en La Paz, otro enorme maestro del derecho, alguien que para muchos fue y sigue siendo un modelo de abogado preocupado por la construcción de una democracia constitucional fuerte y estable, un intelectual público que sin descuidar jamás el objetivo de dedicar su vida a la más sofisticada labor académica, también compartió los últimos años de su increiblemente productiva existencia a trabajar desde el gobierno o desde la sociedad civil para contribuir al mejoramiento de las instituciones de nuestro país, un ser generoso sobre todo con los más jóvenes, con los estudiantes y con esos abogados recién recibidos que tenían la rara idea de dedicarse a la academia y a la cosa pública. Me refiero a Carlos S. Nino.

Nino falleció el 29 de agosto de 1993, pocos días después de que almorzáramos con él, Owen Fiss, de visita por Buenos Aires, y algunos amigos y discípulos, la mayoría de los cuales jamás pudimos llamarlo Carlos. Comimos en el Café de Paso, un bar y restaurant sefaradí en Once, cerca de las oficinas del Centro de Estudios Institucionales, donde algunos de nosotros trabajábamos, en el elegante y alicaido edificio de los setenta balcones y ninguna flor de Pueyrredon y Corrientes. Un año después, en agosto de 1994, Owen Fiss volvió a Buenos Aires y volvimos a comer al Café de Paso. Owen recuerda aquel momento de este modo: "Ese agosto, cuando volví al Café de Paso, Carlos no estaba conmigo. Su ausencia fue dolorosa, y aquí no me refiero sólo al dolor personal, que fue mayor que el que puedo describir con palabras pues llegué a querer a Carlos como al hermano que nunca tuve, sino que hablo de un dolor público. Sabía que había tanto trabajo aún por hacer, no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo. Aunque Carlos no estaba conmigo, yo no estaba solo, pues había traído a ese lugar al que Carlos le gustaba ir a almorzar a los jóvenes: esta vez se sumaban a Martín Bohmer y Roberto Saba un grupo de alumnos americanos que participaban de un programa de intercambio que Carlos ayudó a poner en marcha entre Yale y el Centro de Estudios Institucionales... Que estuvieran los jóvenes conmigo me ayudo mucho. Mirando alrdedor de la mesa, me di cuenta que Carlos los había expuesto a libros e ideas nuevas para ellos y sobre los cuales nunca habían escuchado, ni siquiera soñado. Me di cuenta que él les había ampliado sus miradas del modo en que un maestro debe hacerlo. Supe que Carlos seguría vivo a través de sus enseñanzas y de las instituciones que el construyó y a las que dio forma. Aun más, me di cuenta que Carlos había credo para sí una forma de vida muy particular y que a través de su ejemplo le mostró a los jóvenes - no, en verdad a todos nosotros - cómo podíamos abrirnos paso en este mundo y quizá, si los dioses son generosos, lograr para nosotros la inspiradora nobleza que él tenía" (Owen Fiss, 1994).

Quiso el azar, ese aspecto crucial de la realidad, que por siempre recordemos en este mismo día a dos de los más grandes arquitectos de nuestro derecho constitucional, cuyas ideas tuvieron la fuerza imparable necesaria para seguir influyendo en nuestras discusiones, en nuestras clases, en nuestros escritos y en nuestras decisiones públicas hasta el presente. Desde Sabático, este humilde homenaje a ambos.



A continuación, reproduzco palabras de algunos de los mayores pensadores de nuestro tiempo sobre el que me enorgullese llamar mi maestro y mentor, aquel que me condujo hasta las puertas de un mundo y que, a pesar de haberse ido, sigue acompañandonos cada día que alguna de sus ideas nos ayuda a salir del laberinto en el que nos metimos...

Carlos Nino was a publicly engaged intellectual of rare integrity and brilliance. In his dedication to human rights, the rule of law, and constitutional legitimacy he combined passion with wisdom and analytic clarity. His inexhaustible courage in fighting to restore decency to his nation provides a model for others working in the wake of dictatorship. We are fortunate to have in his writings a record of his remarkable thought and experience.
Thomas Nagel

Carlos Nino was an extraordinary combination of theoretical philosopher, practical statesman, and heroic patriot. His work engages and repays attention at all three levels.
Ronald Dworkin

Carlos Nino was a brave man and an admirable philosopher who did his country notable service on the basis of a robust belief in liberal political values and universal human rights. His philosophy argues clearly and strongly for a foundation of the values which were expressed in his life.
Bernard Williams

The untimely death of Carlos Nino has deprived Latin America of one of its leading activists for constitutionalism, and it has torn from the international community of constitutional scholars one of its best and brightest. Carlos Nino was notably not only for his political wisdom and courage, but also for the unusual sophistication and cosmopolitanism of his constitutional thinking.
Stanley N. Katz

Carlos Santiago Nino died in 1993 at age 49. He was an unusual combination of philosopher, lawyer, activist, and scholar whose passion for ideas was equalled only by his passion for life. That life was cut short, but Nino's ideas on human rights, ethics, justice, and democracy are still here to enrich discussions and stimulate debate.
Dorothy V. Jones

Para más información sobre la obra de Nino, ver el site de Pablo Stafforini acá, de donde saque estas frases.

miércoles, 26 de agosto de 2009

Corte Suprema, Consumo de Drogas, Autonomía Personal y Nino... Otra vez Nino...

Continúa la deliberación intertemporal en materia de intepretación constitucional en torno al alcance de la protección de la autonomía personal y su expresión normativa en el artículo 19...

Nuevo Capítulo: el Fallo Arriola decidido ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ver texto completo en el Blog de Rondina acá.

Se cuela, una vez más, el maestro Carlos Nino, quizá el primero que se puso a pensar en esto seriamente y que con sus ideas influenció la mejor jurisprudencia de los mejores momentos de nuestra Corte Suprema. Recomiendo leer Arriola a la luz de su famoso artículo "¿Es la tenencia de drogas con fines de consumo personal una de “las acciones privadas de los hombres”?" LA LEY-1979-D-743/758, que apareción colgado también en el Blog de Rondina. Ver artículo acá.

sábado, 22 de agosto de 2009

Invitación Importante: El lunes 24 hablan Lorenzetti, Abramovich, Bertoni, Cantón y Sabatini en la UP



Lanzamiento de la edición de Verano
Americas Quarterly: Derechos Humanos
Buenos Aires 24 de agosto

El Americas Society y el Council of the Americas tienen el honor de invitarle al lanzamiento de su revista Americas Quarterly la cual conmemora los 50 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y explora los retos en el área de derechos humanos que afronta nuestra región hoy en día.

Discusión de Americas Quarterly:

Derechos Humanos: los avances y desafíos en el hemisferio

Lunes 24 de agosto 2009
Registro: 6:30 p.m. a 7:00 p.m.
Discusión: 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Universidad de Palermo
Mario Bravo 1050 – Piso 6º
Buenos Aires, Argentina

*Americas Quarterly: Human Rights
será vendida durante el evento.




Palabras de Apertura:

Roberto Saba
Dean, Facultad de Derecho, Universidad de Palermo

Orador Principal:

Hon. Ricardo Lorenzetti
Presidente, Corte Suprema de Justicia de Argentina

Oradores:

Santiago Canton
Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Víctor Abramovich
Primero Vicepresidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Eduardo Bertoni
Director, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Aceso a la Información; Profesor, Universidad de Palermo

Christopher Sabatini
Director, Americas Quarterly; Director Principal de Políticas Públicas, AS/COA


Subscríbase a Americas Quarterly.
Visíte www.americasquarterly.org

Tribunal Constitucional de Chile: Venegas versus Sotomayor

Por Carlos Peña
Publicado en El Mercurio
Domingo 09 de Agosto de 2009

Venegas vs. Sotomayor

El miércoles que recién pasó, Marcelo Venegas fue elegido, por unanimidad, como presidente del Tribunal Constitucional de Chile. Al día siguiente, Sonia Sotomayor fue confirmada como integrante de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Hasta ahí llegan las semejanzas. El resto son alarmantes diferencias.

Sonia Sotomayor -nacida en el Bronx y graduada a punta de talento en Yale- fue nominada por Obama hace dos meses. Luego fue sometida a un intenso escrutinio en el Senado. Se le interrogó acerca del aborto, el activismo judicial y los derechos de las minorías y se le pidieron cuentas por otra serie de declaraciones suyas. Los profesores de derecho discutieron acerca de sus méritos y la prensa siguió de cerca el debate. En suma, se la allanó sin pudores y sin clemencia a fin de verificar que sus opiniones y sus actos estuvieran a la altura de lo que se espera de un juez constitucional.

Y es que ese tipo de jueces son quienes están a cargo de decir qué derechos tenemos y cuáles son las reglas en base a las cuales los diversos poderes del estado deben comportarse.

No es poco. Y eso justifica que en el Congreso de los Estados Unidos se registre a los nominados hasta los últimos intersticios.
El caso de Marcelo Venegas, recién elegido presidente del Tribunal Constitucional de Chile, es muy diferente.
Aunque tiene casi el mismo poder que el que tendrá Sotomayor, el proceso que lo condujo a ese cargo y los méritos que exhibe son muy distintos.

Su carrera pública -juzgada desde la altura en que hoy está- deja harto que desear. Toda su vida profesional la hizo como funcionario de la dictadura hasta culminarla como director de la Dinacos, el órgano que manejaba las comunicaciones del régimen y que, cuando era necesario, imponía la censura. Algo que Venegas hizo sin problema.
No parece un muy buen antecedente como para ser la cabeza del Tribunal que custodia la Constitución y los derechos de las personas.

Pero nada de eso importó. Y es que a la hora de designarlo, nadie -ni un solo diputado, ni un solo senador- miró siquiera el currículum del juez Venegas ni le consultó nada. Su nominación fue el resultado de un juego de toma y daca (hoy por ti mañana por mí) que le confería a cada sector político el derecho a llenar uno de los cupos del Tribunal. De escrutinio público ante los ojos de la ciudadanía, nada.

Y así Venegas se hizo de un sillón.

El resto fue más o menos sencillo. Una vez allí (y sentado en medio de otros jueces nombrados con similar método) surgió el inevitable espíritu corporativo que elude el debate y el control. De ahí a asignar el cargo de presidente sin ningún cuidado por las formas, en base a un sistema de turnos, y sin atender a la importancia pública del asunto -que es lo que ocurrió con la nominación del juez Venegas- hay un paso.

La pregunta por cuál era el estándar que debía cumplir un juez constitucional al margen de cualquier otra consideración, nadie se la hizo. Ni los senadores y diputados que participaron de su nombramiento, ni los jueces que acaban de designarlo. Ninguno estuvo a la altura. Los primeros trataron el asunto como si fuera un botín a repartir. Los segundos como si la Presidencia del Tribunal pudiera resolverse con criterios privados como la amistad y el compañerismo.

Mientras la brillante y esforzada jueza Sotomayor sudaba lágrimas cuando respondía preguntas y los senadores registraban su vida, el juez Venegas, sentado en su sillón, sólo esperaba que sus colegas del Tribunal cumplieran con el turno acordado. Mientras Sotomayor exhibía su vida como garantía de su fidelidad a la ley, Venegas guardaba silencio y cruzaba los dedos para que nadie recordara su época de funcionario de la dictadura. Mientras los senadores norteamericanos revisaban el desempeño de Sotomayor buscando algún tropiezo, los diputados y senadores chilenos ni se enteraron de qué cosa hacía Venegas antes de que fuera nominado.

Simplemente impresentable.

El único a quien no es posible reprender es al juez Venegas quien, en su defensa, siempre podrá decir que después de todo nunca nadie le preguntó nada.

"Ha habido un golpe de Estado, más que un fraude"

Publicado en El País
17 de junio de 2009


ENTREVISTA: Tensión en Irán MARJANE SATRAPI Autora del cómic 'Persépolis'

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas - 17/06/2009

Marjane Satrapi, de 39 años, artista y cineasta, alcanzó renombre mundial con Persépolis, una autobiografía de su infancia y adolescencia antes y después de la revolución iraní que vio la luz en 2000 y años sucesivos, primero en forma de novela gráfica y luego llevada con éxito al cine. Satrapi vive exiliada en París y aunque se define como 'no política' dice que se avergonzaría de no saltar ahora a la arena en defensa de la democracia en su país. Ayer utilizó en el Parlamento Europeo la plataforma que le ofreció el líder verde Daniel Cohn-Bendit. "En Irán ha habido un golpe de Estado", asegura. Según ella, la propia junta electoral adelantó a Mir Hosein Musaví su triunfo antes de que los militares le dijeran que el régimen no lo toleraba.

Pregunta. ¿Qué ha pasado en Irán?

Respuesta. Ha habido una votación y el voto se ha convertido en un fraude. Más que un fraude ha sido un golpe de Estado. En Irán ha habido un golpe de Estado. Durante un mes largo se ha pedido a la gente que saliera a la calle, que se manifestaran, que expresaran su deseo de cambio y cuando los iraníes votan se encuentran con que el régimen se ríe de su voto. La comunidad internacional no debe reconocer la legitimidad de Mahmud Ahmadineyad.

P. ¿Qué pruebas tiene de este golpe de Estado?

R. Innumerables. Que ha habido 13 millones de personas más en votar ahora que hace cuatro años y que han votado por el cambio; que Mehdi Karrubi, que en las anteriores elecciones tuvo más de cinco millones de votos, ahora sólo aparece con 280.000; que los candidatos han sido batidos incluso en sus localidades natales por porcentajes del 93%. Las cifras que salen del Ministerio del Interior en comunicación confidencial son completamente distintas a las oficiales. Musaví recibió una llamada de la comisión electoral en la que se le decía que había ganado y que fuera preparando su discurso y luego resultó que jefes militares le fueron a ver para decirle que no se iba a aceptar esa revolución. Según la ley electoral iraní, los resultados deben ser anunciados a las 72 horas, para que haya certeza de que los votos han sido bien contabilizados y aquí lo fueron rápidamente.

P. ¿No es mucha la diferencia de votos a favor de Ahmadineyad?

P. Se puede decir que los iraníes han elegido a Ahmadineyad porque es un populista, pero el barril no está a 100 dólares, sino a 40, el país es pobre, el precio de la cesta de la compra se ha triplicado Así que no me creo eso del voto populista. Son muchas los datos que demuestran que hubo fraude. Si de verdad hubo un 62% de iraníes que votaron por Ahmadineyad debería haber manifestaciones de millones de personas en Teherán y por todo el país en su favor. E incluso suponiendo que no hubo fraude, dado que ha habido tantas protestas por qué no volver a votar. Si un 62% votó por Ahmadineyad, volverá a hacerlo ¿o no?

P. El Consejo de los Guardianes va a hacer un recuento...

R. Pero para que haya un recuento creíble debe haber un arbitraje neutral, que confirme que el recuento se hace bien. Un país pertenece a su pueblo y es esa legitimidad popular la que aquí se cuestiona. Reconocer a Ahmadineyad significa no reconocer la legitimidad del pueblo iraní.

P. La UE ha pedido que se haga un recuento. ¿Debería haber ido más allá?

R. Hay un peligro con el exceso de presión. Porque los extremistas pueden hacer demagogia. Basta que la UE levante más la voz para que haya reacciones antioccidentales. Pero otra cosa es pedir que se anule esta elección, que haya una nueva elección, y que en ella haya observadores neutrales, no digo extranjeros, sino que cada partido tenga un representante en cada urna a la hora del recuenta.

P. El presidente del Parlamento iraní ha hablado de injerencia de Estados Unidos y de la UE.

R. Yo estoy en contra del intervencionismo, estuve contra la guerra de Irak, pero lo que pedimos no es intervencionismo. Si en un país hay un movimiento democrático, debe ser escuchado. Nada más.

P. Entonces, ¿o nueva votación o fraude?

R. Recuento sólo si se puede comprobar que se hace bien. Pero que hayan aceptado un recuento es una victoria para nosotros.

P. ¿Es creíble el Consejo de Guardianes como institución para hacer el recuento?

R. Eso es un asunto puramente político. Yo soy una artista. Estoy aquí como ciudadana que cree en la democracia para denunciar algo que estoy convencida es un fraude.

P. ¿Cree usted que el régimen puede caer?

R. No lo creo. Cuando el 85% de la gente va a las urnas es que el régimen no está a punto de caer. Los iraníes quieren cambio, evolución. Los que viven en la diáspora pueden tener grandes sueños, pero es la gente que vive en el país la que debe decidir. Pero debo decir que hay una gran diferencia entre Ahmadineyad y Musaví.

P. Usted procede de una familia laica, cosmopolita y de izquierda, y no parece indignada con la teocracia iraní.

R. Yo soy de izquierda, pero hoy hablo de la posibilidad de cambio que ofrecen las leyes. No sé si es realista decir ahora que hay que cambiar todo de arriba abajo. Lo realista es que si sólo se puede mejorar un poco, hay que hacer ese poco.

P. ¿Ve usted a los partidos laicos jugar en papel en el futuro de Irán?

R. Espero que haya una evolución poco a poco. Quizá sólo es un sueño. Pero ahora, en vez de especular sobre el futuro, hagamos valer el voto de los iraníes. Si no, la situación será muy dura para los iraníes.

P. ¿Les ve dispuestos a ir hasta el final por una democracia estable?

R. Llevan ya tres días de manifestaciones, sin que nadie dirija nada, porque las comunicaciones han sido cortadas. Pero se siguen manifestando. Y manifestarse en Irán no es como manifestarse en Europa. Allí les pueden matar. Los que se manifiestan son personas muy, muy valientes.

P. ¿Teme una matanza?

R. Todo es posible. No sé qué pasara. Pero hay que apoyarles.

P. ¿Tiene usted contactos con el interior?

R. Sí, con amigos. Pero hoy la cuestión no es si se es derecha, de izquierda, monárquico, comunista, partidario del régimen o contrario. Es sólo una cuestión de unión nacional para hacer valer una votación. Por una vez, estamos todos de acuerdo. Los iraníes nunca estamos de acuerdo entre nosotros.

P. En Persépolis alude a la manifestación de la revolución de 1979 como la mayor fiesta de la historia de Irán. La gran manifestación del martes en Teherán recordó a algunos lo de hace 30 años. ¿Hará usted una nueva novela gráfica sobre todo esto?

R. No lo creo. No me hace el mismo efecto. Hace 15 años que no vivo en Irán y diez desde que estuve por última vez. Con el libro y la película dije lo que tenía que decir. Yo soy una artista. La política no es para mí. Es algo sobre lo que no quiero volver. Desgraciadamente lo que está ocurriendo es muy grave y me avergonzaría de mí misma si no hiciera nada.

P. ¿Tienen ganas de volver a Irán?

R. Desde luego. Es una cuestión de geografía, de dónde se nace. Poco importa el sitio. La casa es siempre el lugar donde se nació, donde se creció. Aunque París sea maravilloso y aunque sea algo francesa, porque no se puede vivir tanto tiempo en un sitio y no sentir su influencia, algún día volveré a Irán. Espero.

miércoles, 19 de agosto de 2009

La Marea Verde, en blanco y negro

Publicado en El País
18 de agosto de 2009


Carmen G. Frigolet

No les cabe tanto estupor en la mirada. Son jóvenes y, sin embargo, visten de luto riguroso. Ellas no olvidan taparse con la túnica tradicional. Levantan los puños. El fuego enemigo les pisa los talones. Teherán arde. La iraní Marjane Satrapi dibujó esta secuencia para la novela gráfica Persépolis (Norma, 2002-2004), en cuyo primer tomo narra su infancia y la revolución islámica de 1979. Una demoledora autobiografía llevada al cine con nominación al Oscar incluida. Cinco años después, esas mismas viñetas han servido para contar lo que está pasando en Irán a partir de las elecciones del pasado 12 de junio. Dos exiliados iraníes, Sina y Payman, han relatado esta crisis política con las imágenes de Persépolis .



El resultado se llama Persepolis 2.0. Y puede descargarse gratis en www.spreadpersepolis.com . Un cómic en inglés de diez páginas al que ya han accedido más de 100.000 personas en 169 países. Antes de su publicación digital, los autores lograron la autorización legal de Marjane Satrapi. Aun así, algunos les reprochan "haber robado" su trabajo. "Queríamos explicar por qué Irán merece aparecer en las portadas de los periódicos de todo el mundo", cuenta Sina, uno de los artífices, que ronda la treintena. Prefiere no revelar su nombre completo. Tampoco quiere que se sepa dónde vive. Creció en California. "No sé qué hubiera sido de mí de haberme quedado en mi país", reflexiona por correo electrónico.

Hoy es el responsable de marketing en una empresa. Conoció a Payman, el otro autor del cómic, hace cuatro años. A pesar del exilio, no han tomado distancia de la política iraní. "Durante las votaciones fraudulentas nos sentíamos en una montaña rusa emocional", explica Sina. Tras la represión de las protestas del 21 de junio pensaron que debían hacer algo. "Moussavi representaba un cambio político. Creemos en la evolución del régimen y no en la revuelta contra éste." Persepolis 2.0 no ha sido el primer cómic polémico en Medio Oriente por satirizar el poder. En 2008, el caricaturista egipcio Magdy el Shafie fue censurado por Metro , la primera novela gráfica escrita en árabe. Contenía desnudos y un lenguaje malsonante. Un escándalo. El álbum aguantó en las estanterías de El Cairo unos meses. La policía asaltó la editorial Malameh para hacerse de los originales de Metro .

Dos personajes de Persepolis 2.0 debaten:
-¿Cómo han contado a mano 40 millones de votos en 24 horas?
-Muy sencillo... Ya sabían el resultado.
El cómic refleja la sociedad. Y el mundo árabe cada vez es más recurrente. Aunque allí no haya lectores adultos de novela gráfica. El experto en cómics Alvaro Pons revela nuevas vertientes narrativas. "Los dibujantes analizan la problemática política de Medio Oriente. Son historietas que se acercan al género del reportaje." Una transición al periodismo novelado llevada a cabo, entre otros, por Joe Sacco en Palestina: en la Franja de Gaza (Planeta DeAgostini, 2002) y por Guibert y Lefévre en El fotógrafo (Glénat, 2003), sobre Afganistán. El apagón informativo es otro blanco de las denuncias en Persepolis 2.0 . Javier Martín, periodista y autor del libro Suníes y chiíes , los dos brazos de Alá, hace un inciso al respecto. "No podíamos ser testigos directos, pero tampoco se nos impidió trabajar." El gobierno restringió Internet y bloqueó el envío de SMS; pero las redes sociales, opina el arabista, "actuaron como agentes movilizadores de la oposición".

En ese movimiento reformista, conocido como la marea verde por el color de la campaña de Moussavi, las mujeres han sido protagonistas. Entre ellas, Neda Agha-Soltan, una estudiante de filosofía de 26 años, homenajeada en Persepolis 2.0 . El 20 de junio, Neda se encontraba en medio de una protesta en el centro de Teherán. Una bala, disparada por un miliciano basij, acabó con su vida en apenas un minuto. La cámara de un celular exportó la escena al resto del mundo: ese último segundo en el que su mirada se detiene sobre el asfalto teñido con su propia sangre. La misma sangre que mancha sus zapatillas blancas y los vaqueros que cubren sus piernas bajo el chador negro. Es una de las 20 víctimas que han reconocido las autoridades como resultado de las revueltas. "Tu muerte no será en vano", proclama Persepolis 2.0 . ¿Por qué Neda -que significa "la voz" en farsi- se ha convertido en un símbolo? Sina señala: "El pueblo la honra como mártir. Encarna esa juventud que desea demostrar su potencial". Dos terceras partes de la población iraní tienen menos de 32 años. Muchos confían en que el cambio llegará pronto. Los autores de Persepolis 2.0 concluyen: "Los dirigentes conservadores tendrán que asumir que la supervivencia de la República Islámica pasa por crear oportunidades para las nuevas generaciones y no por la represión de sus libertades".

© EL PAIS, SL

domingo, 16 de agosto de 2009

Sotomayor y Política de Indentidad

Perdón que está en inglés, pero es alucinante... Los Repúblicanos estaban como locos con el comentario de Sotomayor de 2001 sobre la mayor capacidad de las mujeres latinas respecto de los jueces blancos para juzgar casos que involucran a minorías. Ver acá.

Primero, fíjense en la intervención del Senador Republicano Grassley diciendo que una jueza que dijo eso está defendiendo la posibilidad de que un juez ponga su pulgar en la balanza de la justicia desequilibrandola a favor de una de las partes... Otro sostiene que decir eso es ser racista... (el comentario del conductor sobre "raceless" es muy bueno). Luego, MacCain dice que es la candidata es bárbara, con una vida "inspiradora", pero que eso no la hará una buena jueza (?????)... Y los demócratas sólo hablan de su pasado en el Bronx, de su paciencia para soportar las audiencias sin sacarse, de su vida ejemplar, de sus sacrificios, y hasta de como tener diabetes la vuelve una persona disciplinada y una mejor jueza.... El conductor del programa se queja de que nadie hable de cómo será como jueza, en una crítica directa y explícita a la "política de la identidad", algo que también deja mucha tela para cortar... Lo bueno: que este debate se dio y que hasta desde este rincón del mundo podemos reirnos de él, criticarlo, analizarlo y hasta discutirlo en mi curso sobre Igualdad ... Todos los temas del curso estan allí (igualdad y grupos, acción afirmativa, cuotas, política de identidad, multicuturalismo, etc..).

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
White Men Can't Judge - Sotomayor Confirmation
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorSpinal Tap Performance

sábado, 15 de agosto de 2009

Sonia Sotomayor, una “latina inteligente”

DESIGNACIÓN EN LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS
Sonia Sotomayor, una “latina inteligente”
Por Roberto Saba

Publicado en Revista Debate
15 de agosto de 2009




En el sistema democrático de Estados Unidos, al igual que en el de la Argentina, todos los jueces tienen la facultad de impedir la aplicación de las decisiones tomadas por el Congreso o el presidente si entienden que ellas se encuentran en contradicción con la Constitución. Este poder enorme en cabeza del Poder Judicial busca evitar que los derechos de las minorías estén a merced de la voluntad de las mayorías en el gobierno. Por otro lado, la Constitución es un texto altamente indeterminado, diseñado para soportar el paso del tiempo, por lo que es inevitable que, al aplicarlo, los jueces deban interpretarlo y, para ello, tomar decisiones que involucran juicios de valor.

Por ello, la elección de un juez no puede ser jamás una decisión políticamente aséptica. Ella requiere realizar consideraciones respecto de sus posiciones políticas y morales, y no meramente de índole técnica. La Constitución de Estados Unidos de 1787, y la de nuestro país de 1853, así lo entienden desde que todos los jueces en ambos casos deben ser propuestos por el presidente y aprobados por el Senado, donde se espera que se dé un debate profundamente político sobre los candidatos.
Un suceso que tuvo lugar en Estados Unidos en las últimas diez semanas es muestra cabal de ello. De él podemos extraer algunas ideas para la reflexión local. El Senado de ese país acaba de aprobar la designación de Sonia Sotomayor como la jueza número 111 de la Corte Suprema de Estados Unidos, propuesta por el presidente Barack Obama para cubrir la vacante producida por la renuncia del juez David Souter.

Sotomayor es de ascendencia hispana, se recibió de abogada en la Universidad de Yale y fue magistrada por 17 años en la ciudad de Nueva York. La jueza se enfrentó en el mes de julio durante cuatro días completos a las preguntas formuladas públicamente por el Comité de Justicia del Senado -compuesto por doce demócratas y siete republicanos- encargado de aprobar su nominación al pleno de la Cámara. Todos los medios del país cubrieron en profundidad los debates.

El mundo entero pudo seguir esas discusiones por Internet. Los senadores escrutaron al detalle las ideas de la candidata sobre cómo debería interpretarse la Constitución y qué valor debe darse a los precedentes. Los medios interpelaban a sus lectores: ¿son los jueces meros árbitros de un juego en el que se aplican las reglas de la Constitución, o deben ser ellos “activistas” en el sentido de decidir los casos que les someten de acuerdo con el valor justicia? ¿Es factible hacer esta distinción? ¿Es posible aplicar la ley sin comprometer valoraciones del que la aplica?




El debate se tensó a raíz de una afirmación que la jueza había realizado en 2001, cuando dijo públicamente que ella pensaba, en referencia a la situación de algunas minorías, que una “latina inteligente” podía llegar a mejores conclusiones que un hombre blanco que no había vivido las experiencias que seguramente tuvo la primera. Esta afirmación generó la excusa para la oposición de sectores conservadores que sostuvieron que no sería una jueza imparcial. Un senador republicano sostuvo que la afirmación de la nominada implicaba que ella creía que un juez hombre decide de un modo diferente a como lo hace una jueza mujer, y eso, afirmó, es “filosóficamente incompatible con el sistema de justicia de Estados Unidos”. Sotomayor dijo haber cometido un error al hacer su comentario, lo que le valió algunas críticas desde la izquierda.

Sin embargo, este arrepentimiento sumado a su aparente desacuerdo con la afirmación del presidente Obama de que un juez necesita tener empatía por aquéllos que se presentan ante la Corte, le ganaron algunos votos republicanos en el Senado.
Participaron de la audiencia pública, además de los miembros de la Comisión, 31 testigos que dieron su opinión sobre la candidata, tanto a favor como en contra. Finalmente, la Comisión del Senado aprobó su nominación a finales de julio y, la primera semana de agosto, el pleno de esa Cámara la confirmó en el cargo con el voto positivo de 68 senadores (todos los demócratas votaron por ella y 31 de los 40 republicanos votaron en su contra). Sotomayor se convirtió así en la tercera jueza mujer de la Corte Suprema de Estados Unidos y la primera de ascendencia hispana en la historia del Tribunal.

La legitimidad, la credibilidad y la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general se logran, en parte, a partir del modo en que designan sus miembros. Debates robustos como el descripto son imprescindibles para reconstruir una magistratura en la que podamos confiar, por eso es preciso crear las condiciones institucionales para que ellos tengan lugar.

Transparencia para elegir jueces

Publicado en Clarín
12 de agosto de 2009


El método usado en la Argentina y en los EE.UU. para designar a miembros de la Corte Suprema es mejor que el oscuro sistema que existía aquí hasta hace poco. Por eso, convendría usarlo también para escoger al resto de los magistrados.

Por: Roberto Saba
Fuente: DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PALERMO

En 2003 el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación tomaron decisiones tendientes a hacer más transparente y participativo el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema. A través del decreto 222, el presidente Kirchner se "autolimitó" comprometiéndose a hacer públicos los nombres de los candidatos por él propuestos para cubrir las vacantes que surgieran en ese Tribunal. El objeto de esta decisión fue someter a las personas nominadas al escrutinio público y a la crítica de la ciudadanía, antes de decidir si se enviarían o no sus pliegos al Senado para su aprobación.


http://www.horaciocardo.com/cardo.asp

Esa Cámara, por otra parte, modificó su reglamento y abrió una etapa en la que los miembros de la Comisión de Acuerdos, en audiencia pública, interrogarían a los candidatos sobre sus ideas acerca de cómo interpretarían y aplicarían la Constitución. Este procedimiento se aplicó por primera vez a las nominaciones de los últimos cuatro Jueces designados en la Corte, reestableciendo la legitimidad y credibilidad perdidas por el Alto Tribunal durante la década del 90.

Estas medidas, si bien fundamentales, no hacían más que tratar de forzar la puesta en práctica de un procedimiento que ya establecía la Constitución Nacional de 1853 y que ésta tomó de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, país en el que, a diferencia del nuestro, el proceso se aplicó y perfeccionó con la práctica. En los días que corren tenemos la inusual oportunidad de poder comparar procesos y extraer conclusiones gracias al hecho de que la Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos acaba de terminar con las audiencias públicas en las que interpelaron a Sonia Sotomayor, la candidata propuesta por el presidente Obama para cubrir la vacante producida en la Corte Suprema por la renuncia del juez David Souter.

Sotomayor enfrentó durante casi una semana a la Comisión que debía aceptar su nominación, obteniendo finalmente los votos favorables de los 12 integrantes Demócratas y uno de los 7 Republicanos.



Dos lecciones pueden extraerse de este suceso que podrían sernos de utilidad al momento de debatir en nuestro país sobre el proceso de designación de jueces, no sólo de la Corte Suprema.

En primer lugar, fue realmente impresionante la cobertura de los medios. El New York Times y el Washington Post, por citar sólo dos ejemplos, informaron exhaustivamente sobre los debates que tuvieron lugar durante los cuatro días de audiencias. Un periodista y abogado del segundo de estos diarios reportaba en un blog en tiempo real lo que iba sucediendo. El canal de televisión C-SPAN transmitió en directo las audiencias y las subió también a su página de Internet, algo que aún hoy puede verse.

En segundo lugar, llamaba la atención la robustez y calidad del debate, aunque los expertos dicen que hubo mejores. Fue profundamente educativo ver por Internet a los senadores y a la candidata sumergirse en discusiones sofisticadas sobre lo que se espera de un juez de la Corte: ¿debería ser un árbitro "neutral" o un activista de derechos?; ¿en qué debería consistir su teoría sobre la interpretación de la Constitución?; ¿qué valor debería darle a los precedentes o a sus propias convicciones?

La evidencia de este debate fueron las sentencias, los dichos y los escritos pasados de la candidata. Participaron de la audiencia, además de los senadores, 31 "testigos" que dieron su opinión sobre la nominada, entre ellos, juristas con opiniones favorables, ONGs críticas y partes involucradas en casos que ella había decidido durante los 17 años durante los que ejerció la judicatura. A su tiempo, el Senado confirmó la designación que convirtió a Sotomayor en la tercera mujer en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos y la primera de ascendencia hispana en la historia del Tribunal.

Es claro que este procedimiento es mejor que el oscuro método que usamos en nuestro país para designar jueces de la Corte hasta muy recientemente. Nos dio resultado para elevar la calidad y la credibilidad de nuestra Corte Suprema y podría usarse también para elegir al resto de los jueces, tal como lo requiere nuestra Constitución.

Es más, podría extenderse su utilización para designar al Defensor del Pueblo, al Procurador General, al Jefe de la Oficina Anticorrupción o a la cabeza de una futura agencia electoral o de acceso a la información pública, todos estos casos equivalentes de organismos que requieren de un elevado grado de imparcialidad.

Quizá sean estos los componentes posibles de la tan requerida reforma política

domingo, 12 de julio de 2009

El valor probatorio del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Por José Zalaquett
Publicado en www.revistaideele.com

La sentencia elaborada por el juez San Martín Castro, por la cual se condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de privación de libertad, ha motivado controversia, entre otros puntos, sobre el valor probatorio que en ella se asigna a hallazgos y conclusiones contenidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En mi opinión, la valoración que el juez hace del contenido de dicho documento es acertada. Me baso para ello en las siguientes consideraciones:

1. El crimen de Estado.

Es cierto que son las personas quienes cometen crímenes, no los estados. Sin embargo, la expresión “crimen de Estado” tiene pleno sentido, en cuanto denota la perpetración de ilícitos penales por quien o quienes ostentan los poderes del Estado y se valen de tales potestades no solo para ejecutar hechos delictuosos, sino también para intentar ocultarlos, negarlos y, en todo caso, para eludir su propia responsabilidad.

Bien recordaba en sus primeros párrafos el informe Nunca Más, emitido en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina, lo que Hobbes sostuvo en su obra capital, Leviatán: no hay peor crimen que aquél cometido a conciencia de su impunidad. En nuestros tiempos, el sentido de este aserto se ha hecho dramáticamente patente. Es claro que el asesinato perpetrado por un particular vulnera el valor o bien jurídico “vida humana” de igual modo que un asesinato político ordenado por la autoridad, y ambos pueden revestir similares características de crueldad o premeditación. Sin embargo, para los efectos de la salvaguarda general de los derechos de las personas y del Estado de Derecho, el crimen que se comete en la esperanza de no ser descubierto es menos grave que el que perpetran las autoridades del Estado que, valiéndose del monopolio de la fuerza, la que se puede aplicar legítimamente solo para respaldar el cumplimiento de las leyes y para proteger los derechos fundamentales, vulneran tales derechos, confiando en la impunidad que su posición de poder parece garantizarles. En este segundo caso, nos encontramos en una situación de suprema indefensión de las personas, pues el pastor se ha transformado en lobo.

Precisamente porque las autoridades estatales cuentan con poderes que les permiten dar el golpe y ocultar la mano, la prueba de la responsabilidad criminal de los más altos agentes del Estado ofrece, con mucha frecuencia, particulares dificultades. La respuesta a este problema no consiste, por cierto, en echar por la borda principios jurídicos largamente asentados, como los que consagran la presunción de inocencia y el valor de ciertos medios de prueba; pero sí exige una rigurosa labor de investigación, ponderación y raciocinio judicial que aplique tales principios a la compleja realidad del crimen cometido u ordenado por altas autoridades del Estado.


2. Hechos de contexto y valor probatorio del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

El juzgador del caso Fujimori alude al Informe Final de la CVR recordando que se trata de un instrumento de justicia transicional de carácter interdisciplinario, cuya labor se centró en reconstruir la historia de los años de violencia y, además, tuvo por fin contribuir a que haya una recomposición del país desgastado y quebrado durante esos años, y a que no se repitan tales experiencias. Estos objetivos, nos advierte el juez, son “distintos a los estrictamente judiciales”. Así es: lo que se ha dado en llamar “justicia transicional” en foros académicos internacionales y en el debate público que ha tenido lugar en muchas naciones que se esfuerzan por superar un pasado reciente de graves conflictos y crímenes políticos, es un conjunto de principios y políticas que se han aplicado con variados matices y modalidades, en distintos países, durante las últimas tres décadas; no obstante ellas tienen el propósito común de forjar o reconstruir una institucionalidad y una convivencia social quebrantadas por dictaduras políticas, conflictos armados y otras situaciones semejantes. Se trata de una tarea de refundación moral y política, cuya piedra angular suele ser el establecimiento de una Comisión de la Verdad con la misión de revelar, de manera fundada y creíble, la magnitud de las atrocidades perpetradas, los daños causados a personas determinadas y a la nación en su conjunto, y proponer medidas de reparación y de prevención con el fin de hacer justicia a las víctimas y asegurar que tales hechos no se repitan.

Tal comisión, por tanto, no es un tribunal, sino un órgano estatal, autónomo y transitorio, cuyo sentido es de carácter histórico y moral. Sin perjuicio de ello, sus conclusiones, si efectivamente ha actuado con rigor y honestidad, como ciertamente fue el caso de la Comisión peruana, pueden servir de base para adoptar políticas y medidas de reparación, justicia y reforma institucional.


3. Presunciones judiciales

Una presunción judicial, medio de prueba ampliamente aceptado en la legislación comparada, consiste en tomar pie en hechos conocidos para deducir de ellos, lógicamente, hechos no conocidos que son sustanciales, pertinentes y controvertidos en el proceso.

De este modo, el informe de una comisión de la verdad, debidamente ponderado por el juez de una causa criminal, bien puede contribuir decisivamente a probar hechos de contexto, como el carácter sistemático y generalizado de los actos criminales perpetrados por agentes estatales y el hecho de que tales prácticas responden a una política del gobierno. Así lo hace la sentencia que comentamos, en sus apartados 123 y siguientes.


4. Teorías de la responsabilidad del mando y del dominio del hecho

A partir del desarrollo de la jurisprudencia penal internacional, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y fruto también del desarrollo de doctrinas penales recientes, han surgido teorías jurídicas sobre la responsabilidad de los mandos militares superiores, así como de actores que, sin haber perpetrado materialmente un crimen, controlan los factores y circunstancias que hicieron posible su comisión. No contamos con el espacio para abundar sobre estas teorías. En definitiva, en mi opinión, ellas (principalmente la segunda) constituyen un enriquecimiento necesario del concepto de autor indirecto o mediato.

El fallo que comentamos constituye un destacado ejemplo de razonamiento judicial que se adentra en las complejidades fácticas y probatorias del crimen de Estado, para llegar a conclusiones que, a mi parecer, son justas y sólidas. No crea, como pretenden muchos de quienes lo atacan, evidencias artificiales ni extiende indebidamente las que han quedado establecidas. Por el contrario, esta sentencia es una pieza jurídica seria y docta, que aplica correctamente presunciones judiciales (además de otros medios de prueba), así como conceptos legales sobre autoría mediata a los hechos examinados, logrando, en definitiva, que Fujimori no eluda sus responsabilidades penales como autor, al amparo de interpretaciones inaceptablemente estrechas del derecho y la justicia.

jueves, 9 de julio de 2009

Colombia: Corte Constitucional amplía el alcance de la veracidad como defensa en injuria y calumnia

2009-07-03
Publicado por FLIP

Los periodistas y medios de comunicación no tendrán que responder penalmente por la información veraz que divulguen sobre personas que hayan sido absueltas judicialmente. El anterior es el efecto más importante que tiene la decisión de la Corte Constitucional, del 26 de junio pasado y divulgada el 2 de julio, al declarar contrario a la Constitución el numeral 1 del artículo 224 del Código Penal.

La decisión, de cinco votos contra cuatro, se adoptó como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad adelanta por el Grupo de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La demanda fue igualmente apoyada, a través de intervenciones ciudadanas, por universidades y organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.

La demanda cuestionó la norma mencionada, según la cual una persona denunciada por injuria y calumnia no se podía eximir de responsabilidad, aún cuando probara la veracidad de sus afirmaciones, si se trataba de hechos que hubieran sido objeto de una sentencia absolutoria, de preclusión o cesación del procedimiento. Con la decisión de la Corte la prueba de la veracidad de los hechos sí será admisible.

La Corte explicó, en otras palabras, esta restricción: “cuando ya se había producido una sentencia (…) no podía informarse más sobre el punto que fue objeto del proceso penal, a pesar de que puede estar relacionado con temas como (…) la vulneración del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, o para el funcionamiento de la democracia y las instituciones, como ocurre con las acusaciones contra figuras públicas o con las investigaciones penales sobre hechos de gran relevancia pública”.

Para la Corte Constitucional, la norma era desproporcionada para proteger los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre frente a la libertad de expresión y el derecho a la información: “(…) el ejercicio apropiado de esa libertad [de expresión] no puede sancionarse penalmente, esto es, cuando la información difundida sea veraz – o por lo menos se base en hechos reales y haya sido contrastada con las fuentes requeridas – pues configura una vulneración del derecho preferente de la información”.

Con esta decisión, la Corte no despenaliza la injuria y la calumnia, pero sí retoma la discusión sobre la proporcionalidad de la sanción penal frente a la libertad de expresión. Este derecho prevalece, en principio, sobre la honra y el buen nombre de las personas. Igualmente, subraya la importancia de la investigación periodística – veraz e imparcial – frente a temas de interés público, independientemente de que hayan sido resueltos judicialmente.

* Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Grupo de Interés Público (G-DIP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

Derecho a no morir

Por Sandra Chaher | 7.7.2009
Publicado en Artemisanoticias.com.ar

Mientras las mujeres se siguen muriendo por causas evitables, el país patrocinó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que por primera vez se relacionan las muertes con la vulneración de sus derechos humanos. ¿Se traducirá este apoyo en políticas de Estado que protejan los derechos de las mujeres?

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 16 de junio una resolución sobre mortalidad materna en la que por primera vez ese organismo habla de la vulneración a los derechos humanos de las mujeres. El documento fue patrocinado por la Argentina, lo cual implicaría la decisión de tomar el tema como política de Estado, en el marco de la imposibilidad del país de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

“Es muy importante que haya sido aprobada esta resolución, y que Argentina la haya patrocinado, porque quiere decir que el tema es parte de nuestra política pública. Sabemos que los organismos internacionales siempre legislan hacia delante, y que entre lo deseado y lo alcanzado hay un trecho, pero una resolución como esta inevitablemente debería empujar el tema hacia dentro del país”, señala Fabiana Loguzzo, directora de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las áreas que fueron consultadas por la representación argentina en Ginebra a la hora de apoyar la resolución.

“El Consejo de Derechos Humanos tiene una conformación difícil para los temas de mujeres debido a la presencia de los países musulmanes –explica Loguzzo-. Esta resolución no salió de la nada. Hay detrás mucho trabajo de los gobiernos y de las organizaciones de mujeres. Desde la reunión anterior del Consejo se venía trabajando en este tema. Ya en ese momento Nueva Zelanda había propuesto una intervención. Y lo más probable es que en las próximas reuniones en que se toquen temas de género se siga profundizando, hilando cada vez más fino.”

En la reunión del 16 de junio, fue nuevamente la representación de Nueva Zelanda la que insistió con el tema, presentando esta vez un proyecto de resolución que fue apoyado por Argentina desde el inicio. En él se señala que frente a la muerte diaria de 1500 mujeres y niñas como resultado de complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio, y reconociendo que la mayoría de estas muertes son prevenibles, y que representan un desafío a la salud, al desarrollo y a los derechos humanos, se exhorta a los estados a asumir políticas públicas que la prevengan y que cumplan con los acuerdos internacionales, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Estos objetivos fueron establecidos en la Declaración del Milenio, aprobada por 189 países en el año 2000. Se trata de 8 ambiciosos objetivos de los cuales todos los países deberán dar cuenta en el 2015. El quinto se refiere a la salud materna y, en cuanto a mortalidad, propone reducirla en tres cuartas partes de acuerdo al índice que cada país tenía al momento de la firma.

Para Argentina, alcanzar los ODM implicaría tener una tasa de mortalidad materna de 13 aproximadamente, cuando la última medición, dada a conocer en el 2008, dio 44 (muertes cada cien mil nacimientos). Todo indica que será muy difícil cumplir la meta.

“Lo primero que vamos a reclamarle al Estado a partir de esta resolución de la ONU es que se atiendan los abortos no punibles en los hospitales de todo el país, ya que el aborto es la primera causa de mortalidad materna” señala la médica epidemióloga Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). “También reclamaremos que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tenga recursos, que haya educación sexual, y que mejore la atención de la emergencia obstétrica, que es el indicador que se disparó en la última medición. Pero lo fundamental son los abortos.”

Hasta el 2007, las muertes por complicaciones de abortos fueron la primera causa de muerte materna. Sin embargo, la última medición del Ministerio de Salud, del 2008, indica que la mortalidad materna bajó de 48 a 44 muertes cada cien mil nacimientos y que el aborto pasó a ser la segunda causa de mortalidad materna (con el 24,2% de los casos) detrás de las causas obstétricas indirectas (26%).

Pero habría que esperar al menos tres mediciones consecutivas para hablar de una tendencia en los índices. “El descenso en un año no marca tendencia. No podemos alegrarnos. Más bien diría que estemos atentas a las próximas mediciones”, señala la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios del Estado y la Sociedad, que saluda la resolución de la ONU como un reconocimiento a la tarea que desde hace años se hace desde el movimiento de mujeres para instalar la problemática de la mortalidad materna como un derecho humano además de un tema de salud pública. “La mortalidad materna es prevenible y evitable. Tener mujeres que se mueren por esta causa es un acto discriminatorio.”

Ana Ferrarotti, a cargo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, señala que los índices de mortalidad materna no tienen relación con otros indicadores del país como la tasa de escolaridad o de pobreza. “Tendríamos que tener una MM con tasas mucho más bajas.” ¿Qué falla entonces? Según un estudio en marcha, citado por Ferrarotti, las maternidades más grandes tienen índices mucho más bajos, lo que estaría indicando que las muertes se producirían en las más pequeñas por falta de entrenamiento del personal y de insumos.

En este panorama se inscribe el aumento de las causas obstétricas indirectas como causal de MM, que pasaron de 19% en el 2006 a 26% en el 2007 y que, según Ferrarotti, estarían hablando de problemas de tecnología y de entrenamiento a la hora de atender a mujeres embarazadas o puérperas.

El rumor sobre el bajísimo presupuesto del que dispondría la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación no mejora las cosas, y hace dudar de que el apoyo dado por el gobierno argentino a la resolución de la ONU en Ginebra se transforme efectivamente en política de estado.

Uruguay: El Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Prensa

El Poder Ejecutivo de Uruguay promulgó esta mañana la reforma a la ley de prensa que introduce los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana en la interpretación de los conflictos penales y civiles relativos a la libertad de expresión.

Además, se despenaliza la información y opinión sobre funcionarios públicos y asuntos de interés público y deroga el desacato por ofensas, discrepancias, vilipendio de símbolos y banderas, entre otras situaciones similares.

Se introduce el concepto de real malicia y se modera el derecho de respuesta.

martes, 23 de junio de 2009

Robert Post: Nuevo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale

Estoy muy pero muy orgulloso de comunicar que mi querido amigo y profesor, Robert Post, ha sido elegido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Esta designación habla, una vez más, de los compromisos de la Yale Law School con los valores centrales de la libertad y la igualdad, con la enseñanza del derecho que prioriza el pensamiento y el análisis crítico, con una academia jurídica independiente, y con la tradición constitucionalista liberal e igualitaria.

Robert se graduó de abogado (JD) en 1977 en la Facultad de Derecho de Yale. Luego de una brillante carrera volvió a Yale en 2003 como David Boies Professor of Law y es un especialista en derecho constitucional, especialmente en libertad de expresión, Primera Enmienda, igualdad ante la ley e historia del derecho.

Robert ha escrito numerosos libros, como su reciente obra conjunta con Matthew M. Finkin, For the Common Good: Principles of American Academic Freedom (Yale University Press, 2009). Otros dos libros memorables son Two others are Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law (con K. Anthony Appiah, Judith Butler, Thomas C. Grey, and Reva Siegel, 2001), y Constitutional Domains: Democracy, Community, Management (1995). También es el autor de docenas de artículos tales como “Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash,” with Reva Siegel (Harvard Civil-Rights Civil-Liberties Law Review, 2007), “Federalism, Positive Law, and the Emergence of the American Administrative State: Prohibition in the Taft Court Era” (William & Mary Law Review, 2006), “Foreword: Fashioning the Legal Constitution: Culture, Courts, and Law” (Harvard Law Review, 2003), y “Subsidized Speech” (Yale Law Journal, 1996). Robert Post recibió en 1998 el premio Hughes-Gossett Award al mejor artículo en el Journal of Supreme Court History.

Professor Post es actualmente Trustee del National Humanities Center y Librarian of the American Academy of Arts and Sciences, así como también consultor del Comité de la Association of American University Professors encargada de investigar las denuncias relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad académica. Durante cuatro años Robert fue Executive Council de la American Association of Law Schools, y ha estado en numerosos Directorios de instituciones. Recibió el John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship y el fellowship del American Council of Learned Societies.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo tuvimos el honor de contar con su visita por tres semanas en el mes de Junio de 2009 cuando dictó conferencias conjuntamente con la Profesora de Yale Law School, Reva Siegel, sobre derecho a la igualdad.

Robert asumirá sus funciones el 1ro de Julio.

A continuación, la carta del Presidente de la Universidad de Yale festejando la designación.


From: Richard C. Levin
Sent: Monday, June 22, 2009 10:50 AM
To: The Law School Community
Subject: Announcement - Law School Dean

To the Yale Law School Community:

It gives me great pleasure to announce the appointment of Robert C. Post ‘77JD as the Dean and Sol and Lillian Goldman Professor of Law, effective July 1, 2009. Professor Post, who returned to Yale in 2003 as the David Boies Professor of Law, is a distinguished scholar of constitutional law, in particular the First Amendment, equal protection, and legal history. As a leading scholar and a respected citizen of the legal profession, he is ideally positioned to move the Yale Law School forward. He is greatly admired by his colleagues for his wisdom and judgment, and his commitment to sustaining the excellence of the Law School is unwavering.

Professor Post earned both a BA (summa cum laude) and a Ph.D. (History of American Civilization) from Harvard, but between the two he received his law degree at Yale, where he was Note Editor of the Yale Law Journal and won the Michael Egger Prize. Immediately after graduating, he served as a Law Clerk to Chief Judge David L. Bazelon, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, following that year with a clerkship for Justice William J. Brennan, Jr. of the United States Supreme Court. He worked for nearly three years as an Associate at Williams & Connolly, and, in January 1983 moved to California to become Acting Professor of Law at Boalt Hall, University of California, Berkeley. He remained at Boalt Hall for twenty years, serving for the last nine years as the Alexander F. and May T. Morrison Professor of Law.

Robert has written and edited numerous books, including the most recent with Matthew M. Finkin, For the Common Good: Principles of American Academic Freedom (Yale University Press, 2009). Two others are Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law (with K. Anthony Appiah, Judith Butler, Thomas C. Grey, and Reva Siegel, 2001), and Constitutional Domains: Democracy, Community, Management (1995). He also has authored dozens of articles that have appeared in legal journals and other publications, including “Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash,” with Reva Siegel (Harvard Civil-Rights Civil-Liberties Law Review, 2007), “Federalism, Positive Law, and the Emergence of the American Administrative State: Prohibition in the Taft Court Era” (William & Mary Law Review, 2006), “Foreword: Fashioning the Legal Constitution: Culture, Courts, and Law” (Harvard Law Review, 2003), and “Subsidized Speech” (Yale Law Journal, 1996). Professor Post received the 1998 Hughes-Gossett Award for best article in the Journal of Supreme Court History.

Professor Post is currently a Trustee of the National Humanities Center and Librarian of the American Academy of Arts and Sciences, and a consultant to the committee of the Association of American University Professors charged with investigating claims concerning academic freedom. Prior to becoming Librarian, he was Councilor of the AAA&S. For four years Robert served on the Executive Council of the American Association of Law Schools, and he has been a member of or the chair of numerous other boards and committees. While at Boalt Hall, he received a John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship and a fellowship from the American Council of Learned Societies.

I want to thank the Law School Dean’s Search Committee for their insights and reflection on the condition of the School and for their thoughtful consideration of possible candidates. The committee, ably chaired by Paul Kahn, Robert W. Winner Professor of Law and the Humanities, also included Robert Ellickson, Douglas Kysar, John Langbein, Daniel Markovits, Tracey Meares, Susan Rose-Ackerman, James Whitman, and Michael Wishnie.

I want to express my deep gratitude for the devoted and indefatigable service of Harold Hongju Koh, who became dean of the Yale Law School in 2004 and who currently awaits Senate confirmation as Legal Adviser to the U.S. State Department. I have greatly enjoyed working with Dean Koh these past five years, and I look forward to the contributions he will make to the nation in his important new role. I also want to thank Kate Stith, Lafayette S. Foster Professor of Law, who has served with wisdom and discernment as the Law School’s Acting Dean since March.

I know the entire Law School community will join me in welcoming Professor Post to his new position.

Sincerely yours,

Richard C. Levin

Irán: La represión se intensifica contra la prensa, nacional y extranjera

Del site de Reporteros sin Fronteras
Publicado el 18 de junio de 2009

Reporteros sin Fronteras condena firmemente la intensificación de la represión contra los periodistas iraníes y extranjeros independientes que quieren transmitir la voz de la calle, y permitir que el mundo conozca la situación en Teherán y en las demás provincias de Irán.

Cinco días después de los resultados de las elecciones presidenciales, diez han sido arrestados.

« Los arrestos se multiplican. Estamos sin noticias de muchos periodistas. La presión ejercida sobre los periodistas extranjeros sobrepasa toda ponderación. Las autoridades tienen la neta intención de expulsar a esos testigos indeseables. ¿Realmente espera el régimen disimular al mundo un acontecimiento de tal amplitud? », declara la organización.

Desde el 15 de junio, una decena de activistas de la oposición así como personalidades políticas y de la sociedad civil fueron arrestadas en las grandes ciudades del país: Teherán, Tabriz, Ispahán, y Shiraz. Se informó a Reporteros sin Fronteras de muchos casos de malos tratos a las personas arrestadas y detenidas.

Mohamad Atryanfar, director de varias publicaciones tales como Hamshary, Shargh, Shahrvand Emrouz, lleva detenido desde el 15 de junio. Habría sido transferido a la unidad de seguridad de la prisión de Evin.

A pesar de su minusvalía, Saïd Hajarian, ex director del periódico Sobh-e-Emrouz, fue arrestado por las fuerzas del orden durante la noche del 15 al 16 en su domicilio de Teherán. Diario reformista fundado en junio de 1997, tras las elecciones de Mohammad Khatami, Sobh-e-Emrouz se hizo ilustre en particular gracias a sus revelaciones sobre la implicación de algunos círculos del poder en la serie de crímenes contra periodistas e intelectuales a finales de 1998. En marzo de 2000, Saïd Hajarian, considerado como un de los teóricos de los reformistas iraníes, fue víctima de un intento de asesinato en Teherán.

Mohammad Ali Abtahi, al que llaman “Mollah bloguero”, conoció la misma suerte durante la mañana del 16 de junio, en su domicilio de Teherán. Este ex viceministro de Khatami también era el asesor de Mehdi Karubi, candidato de la oposición. Se anunció su arresto en su blog webneveshta (http://www.webneveshteha.com/).Mohammad Ali Abtahi es el segundo bloguero arrestado desde el 13 de junio, después de la ciberdisidente Somaieh Tohidlou (http://smto.ir) el 14 de junio de 2009.

También el 16 de junio, el Tribunal Revolucionario de Teherán dictó un auto de prisión a Aldolfatah Soltani, abogado de varios periodistas encarcelados y miembro del Círculo de Defensores de los Derechos Humanos. Al igual que a su compañero, se le habría transferido a la unidad de seguridad de la cárcel de Evin.

Saide Lylaz, periodista de Sarmayeh, fue arrestado el 17 de junio, en su domicilio de la capital. Este especialista en cuestiones económicas se mostró muy crítico con la política de Ahmadineyad. Contactada, su esposa ignoraba donde se lo habían llevado. Rohollah Shassavar, periodista de la ciudad de Mashad, lleva detenido desde el mismo día.

Reporteros sin Fronteras recuerda los arrestos, el 14 de junio, de los periodistas Somaieh Tohidlou, Ahmad Zeydabadi, Kivan Samimi Behbani, Abdolreza Tajik, Mahssa Amrabadi. Detenidos el mismo día, Said Shariti y Hoda Sabaer han sido liberados desde entonces.

A partir del 13 de junio, se les impidió a los periodistas extranjeros presentes en el lugar cubrir las manifestaciones que siguieron el anuncio de la “victoria” de Mahmud Ahmadineyad. Algunos fueron agredidos físicamente, tal fue el caso del enviado especial de France 3, el de la RAI, o el reportero de Reuters. Otros fueron arrestados antes de ser expulsados, como el equipo español de RTVE, los belgas de RTBF, los alemanes de ARD y de ZDF o bien los neerlandeses de Neerland 2.

El 16 de junio, Mohammad Sfar Sarandi, ministro de Cultura y Orientación Islámica, prohibió a los medios de comunicación extranjeros «que participasen o cubriesen las concentraciones organizadas sin la autorización del Ministerio del Interior». “Somos unos testigos inoportunos (…), quieren eliminar cualquier presencia de la prensa extranjera (…). Ayer por la noche, las calles estaban totalmente ocupadas por tropas antidisturbios”, declara Yolanda Álvarez, de RTVE, expulsada de Irán con todo su equipo el 15 de junio.

El 17 de junio de 2009, el Consejo de vigilancia de los delitos organizados de los Guardianes de la Revolución ha requerido, por escrito, a todos los directores de sitios web que supriman «los contenidos que induzcan a la población a rebelarse, propagando amenazas y rumores». El comunicado añade que se recogió en Internet “varios casos de sitios y blogs personales donde se publicaban artículos incitando a perturbar el orden público, e invitando a la población a rebelarse. Esos sitios, creados con la ayuda de sociedades americanas y canadienses, se benefician del apoyo de los medios de comunicación protegidos por los servicios de seguridad americanos y británicos, tales como la BBC, Radio Farda (Free Europe) y Radio Zamaneh”. El Consejo de vigilancia pretende hacer importantes revelaciones, en los próximos días, sobre esas redes calificadas de “destructoras”.

Por otra parte, las autoridades iraníes siguen con la demonización de los medios de comunicación extranjeros, sobre todo occidentales, acusándolos de ser los «portavoces de los agitadores». En un comunicado del 17 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores los califica de “enemigos”, avisándolos de que pronto se les pondría en “jaque mate”.

lunes, 22 de junio de 2009

Prensa Libre

Por John Ackerman, a propósito del fallo de la Corte mexicana.

(Proceso, 21 de junio de 2009)

En el actual contexto caracterizado por la profunda crisis económica, la abierta polarización política y el claro desprestigio institucional, las buenas noticias se agradecen como un vaso de agua fresca en un árido desierto.

El pasado miércoles, 17 de junio la Primera Sala de la SCJN dio una muy grata sorpresa al defender de manera contundente la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala respaldaron el proyecto presentado por el Ministro José Ramón Cossío, y elaborado por los Secretarios de Estudio y Cuenta Francisca Pou y Roberto Lara, que otorga un amparo definitivo al director de un periódico local de Guanajuato, Jesús Orozco Herrera en contra de las denuncias del ex-presidente municipal de Acámbaro, Guanajuato, Antonio Novoa.

El único delito que supuestamente había cometido Orozco, director del periódico “La Antorcha” de Acámbaro, era permitir la publicación de una entrevista al ex-chofer del presidente municipal en que le acusaba a su anterior jefe del desvío de recursos públicos así como de haber sostenido relaciones sexuales con importantes figuras públicas del sexo masculino. Enfadado, Novoa echó mano de la retrógrada y autoritaria Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato para demandar penalmente a Orozco por daño moral y así obligarlo a realizar una travesía de casi tres años por las diferentes estancias de la justicia local y federal.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/impreso_analisis.php?impreso=1703

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